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31

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2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936. Balance provisional de las víctimas afectadas por la represión franquista entre 1936 y 1948 en las localidad

Estas croniquillas, conforme a lo previsto a mediados de julio pasado, tocan a su fin. Es de justicia agradecer a los medios de comunicación digital que las han publicado y a los lectores que las han seguido y, de una u otra manera, han respondido al objetivo buscado. Como se recordará, se ofrecían  como un complemento de información necesaria de La represión franquista en el sudoeste de Salamanca (1936-1948), libro presentado el pasado 23 de julio y en seguida agotado. Y se esperaba que constituyeran un estímulo para que los eventuales lectores se animaran a librar testimonios o comentarios que ayudaran a mejorar el conocimiento de aquellos sucesos de la historia de España, nada ejemplares, que, por ello y presumiblemente con la mejor intención, mucha gente quisiera dejar en la opacidad oficial, nada inocua (por parte de quienes la han fomentado), en la que han permanecido casi hasta ahora.

 

 

El balance, de un modo global, es bastante satisfactorio en lo que atañe al seguimiento, así como a la respuesta de los lectores, sobre todo para aquello que era prioritario en la implantación del Nuevo Estado, antirrepublicano y basado en la violencia; un estado policial y autoritario casi inamovible mientras vivió “el Caudillo” (autoproclamado Regente y promotor del futuro rey de España en 1947). En la memoria familiar y colectiva, al cabo de ochenta años y cuando ya escasea la memoria personal de los testigos directos, perdura el recuerdo del terror de aquel verano y otoño sangriento; en menor medida otras facetas de la represión perpetuada después. La secuela más palpable del calado de aquella represión es el miedo que, casi medio siglo después de la muerte de Franco, reconocen bastantes informantes para hablar en público de lo que saben unos y otros en sus propios domicilios (“mi madre no quiere que se hable de esto”), incluido el recelo ante revanchas de presuntos tardo-franquistas (“soy autónomo y dependo del trabajo que me encarguen”). Es una actitud timorata comparable al de aquellas autoridades municipales que pretenden  justificar su escasa para retirar los nombres y signos de exaltación del franquismo, ilegales, en sus municipios (“recibimos amenazas de los otros concejales”). Son formas de autocensura o sirven de livianas excusas que, en cierto modo, hacen eco al clamoroso silencio de algunos medios de comunicación que dejan entrever el plumero al no informar sobre homenajes a las víctimas o sobre los trabajos  de memoria histórica, a no ser cuando pretenden difamarlos. En general, el pertinaz silencio de ese tipo de informantes se ablanda en el ámbito privado.  

Además de las eliminaciones físicas por la vía judicial (ejecuciones por sentencia de consejos de guerra) o extrajudicial (detenciones sangrientas, sacas domiciliarias o carcelarias), los informantes actuales, sobre todo a nivel local y aunque de un modo algo confuso, conocen detalles relativos a las circunstancias de las detenciones y ejecuciones extrajudiciales, así como la identidad de los responsables y ejecutores. Otro tanto cabe decir de la represión carcelaria y de sus víctimas. Las depuraciones y las sanciones económicas, salvo contados casos, las recuerdan solo los familiares de las víctimas perseguidas. Quizá resulte superfluo añadir que, si bien las croniquillas se centraban en la represión sangrienta de 1936, ésta se prosiguió después, así como las otras modalidades represivas se practicaron entonces y después. Así que no vendría a cuento desperdiciar la información recibida o adquirida sobre los castigos incruentos.

Como fruto de la colaboración solicitada, cotejada con la documentación de archivo, se ha identificado más de medio centenar de personas afectadas en este territorio que no lo habían sido en el mes de abril de 2016. Entonces el total ascendía a 913 afectados entre naturales, vecinos y represaliados en la zona estudiada (antiguo y nuevo partido judicial de Ciudad Rodrigo). Hoy ascienden a 971. Por supuesto, los actos de represión (1.117) son más numerosos que el de represaliados, pues con frecuencia éstos fueron castigados por partida doble o triple. 

A pesar de los avances conseguidos, a día de hoy todavía se está lejos de conocer todo el alcance de la represión franquista en la comarca de Ciudad Rodrigo y la Sierra, como sucede en otros territorios de lo que fue la retaguardia “nacional”. La inmensa documentación de archivo terminará por ser más accesible y librará los secretos de los injustos castigos administrados por la vía jurídico-militar y la gubernativa. Al contrario, la información oral será cada vez más frágil, más difícil de obtener y de analizar. Sin embargo no hay que darla por perdida antes de tiempo, precisamente porque por ese conducto cabe obtener indicios de la represión menos conocida o no reconocida en la historia académica, donde los estragos de la guerra a menudo se presentan como corolarios anodinos de la misma y se dejan de lado otras formas represivas y sus secuelas. Así sucede con toda la labor vejatoria, centrada especialmente contra las mujeres (con frecuencia injuriadas e incluso violadas) y los malos tratos; el hambre, el desamparo, la enfermedad y la muerte de padres, esposas y huérfanos; los exilios, no ya obligados para los combatientes republicanos que no se arriesgaron a caer prisioneros (muchos de ellos ejecutados), sino provocados en muchos individuos y familias enteras, por sentirse aislados en su lugar de origen dentro de una sociedad implicada en el castigo y en concreto bajo la presión permanente de los represores, incluidos a veces notorios victimarios.

Por esta razón, como apuntábamos en una charla del CEM  (“Acordaos de San Bartolomé”), cuya versión escrita se publicará en el próximo anuario de Carnaval (2017), no se puede dar por cerrada esta tarea cuando todavía apenas se ha aplicado la Ley de Memoria Histórica en este Comunidad Autónoma, donde, sin ir más  lejos, antropónimos, topónimos, efigies y símbolos franquistas pululan por doquier en el entorno de Ciudad Rodrigo. No sabemos en qué forma se proseguirá esta labor de información y de denuncia de crímenes franquistas contra la humanidad (imprescriptibles y, sin embargo, impunes en España), pero no será óbice la acusación de fomentar con ello el odio y el dolor, teoría a la que, a juzgar por lo que dejó entrever en el discurso de Navidad (con su alusión a los “viejos rencores” y “abrir heridas cerradas”), se apunta el jefe de Estado. En dicho artículo aludimos a la manida metáfora de las “heridas” que unos quieren “cerrar” y, por tanto, las consideran “abiertas” (los partidarios de la recuperación de la memoria histórica) y otros no quieren “abrir”, dándolas por “cerradas” (adversarios de la recuperación de la memoria histórica). Al parecer, el Rey de todos los españoles es de los que piensan como estos últimos, pero solo él sabrá qué ha hecho la Monarquía desde que, por herencia ejerce esa función, para cerrar esas “heridas” que la mencionada Ley de 2007, en la exposición de motivos, consideraba “todavía abiertas en los españoles”. El Rey opina, es un derecho que tiene (como todo el mundo), pero no se le reconocen poderes taumatúrgicos (como a sus antepasados franceses), ni el don de la infalibilidad (como el Papa para los católicos), ni el privilegio de no respetar las leyes (que están por encima de los reyes, salvo en las monarquías absolutas), incluida la que atañe a la memoria histórica. “Porque -en palabras del mismo Monarca-, el progreso, la modernización, el bienestar, requieren siempre de una convivencia democrática basada en el respeto a la Ley” (“Discurso íntegro de Felipe VI”, El País, 25/12/2016).

En suma, compartimos la opinión de que se respete y se aplique la Ley que proclama el derecho al conocimiento de las víctimas del franquismo y su reconocimiento como tales, así como el deber, por parte de las autoridades competentes, de suprimir cualquier símbolo o expresión pública de exaltación de la represión y los represores. Porque entendemos que la negación (el olvido) de las víctimas y la impunidad de los victimarios son las verdaderas lacras permanentes que arrastra la democracia española. Nuestras publicaciones recientes, el libro sobre la represión y las croniquillas tenían como objetivo básico contribuir a paliar las deficiencias comprobadas en este territorio salmantino. Y como muestra se ofrece el siguiente listado que establece el inventario provisional de las 67 localidades que sufrieron alguna forma de represión franquista entre 1936 y 1948, con el susodicho total de personas afectadas (971) por actos represivos (1.117), desglosados por modalidades represivas, todo lo cual se expresa con la brevedad posible, lo que sin duda requiere alguna aclaración previa para su comprensión.

 

LISTADO DEL NÚMERO DE AFECTADOS Y DE ACTOS REPRESIVOS POR LOCALIDADES

   

Conforme a lo expuesto, este listado incluye las localidades que fueron afectadas por alguna modalidad de represión conocida (todos los municipios del antiguo y nuevo partido judicial de Ciudad Rodrigo, menos San Miguel de Robledo) y cuyas víctimas fueron naturales, vecinos o forasteros de paso por aquellas en el momento de los hechos. Estos forasteros pueden ser naturales o vecinos de otros pueblos del Partido, de otros territorios de la provincia de Salamanca o de otras provincias. Son circunstancias a tener en cuenta cuando se establezca el cómputo general por Provincias, Comunidades Autónomas o en todo el Estado. En todo caso, se ha tenido la precaución de no contarlos aquí más que una vez a los afectados, para lo cual se da prioridad a la vecindad en la localización de las víctimas, aunque eventualmente se ofrece alguna breve alusión a la naturaleza o carácter foráneo de las mismas.

El modelo de descripción por localidades se dispone en forma lineal, con el topónimo, el total de actos represivos y de afectados, la especificación de las modalidades habituales de represión conocida, mediante abreviaturas (mayúsculas) y las cantidades siempre con número arábigos: Topónimo. Total: VM; VC; VD; VS. Esto debe entenderse así:

Topónimo = localidad del entorno de Ciudad Rodrigo (incluida ésta) donde hubo afectados por la represión franquista entre 1936 y 1948.

Act. repr. = total de actos represivos aplicados a naturales, vecino o forasteros en la  localidad (se obtiene por la adición de las cantidades no incluidas en los paréntesis)

Afect. = total de personas afectadas naturales, vecinos o forasteros por actos represivos (se restan del total de actos represivos los que en los paréntesis se califica como redundantes, abreviatura “red.”)

VC = víctimas carcelarias

VD = víctimas de depuración

VM = víctimas mortales elegidas o indirectas (abreviatura “ind.”)

VS = víctimas  de sanción económica (multas, embargos, requisas)

(desc.) = descontados los afectados contabilizados en otra localidad

(ind.) = víctima mortales indirectas (no elegidas, pero alcanzadas por los efectos previsibles de la represión)

(red.) = acto represivo redundante (cuando la víctima ha sufrido más de una modalidad represiva)

 (vec.) = vecino o vecinos de otra localidad

 

Abusejo. Act. repr., 5; Afect., 5: VM, 0; VC, 3; VD, 1; VS, 1.

Agallas. Act. repr., 5; Afect., 5: VM, 2; VC, 2; VD, 1; VS, 0.

Alameda de Gardón (La). Act. repr., 10; Afect.,  6: VM, 0; VC, 5; VD, 3 (3 red); VS, 2 (1 red).

Alamedilla. Act. repr., 7; Afect., 5; VM, 0; VC, 2; VD, 3 (2 red.); VS, 2.

Alba de Yeltes. Act. repr., 1; Afect., 1: VM, 0; VC, 1; VD, 0; VS, 0.

Alberca (La). Act. repr., ¿40?; Afect.,¿40? : VM, 20 (3 forasteros, 1 ind.); VC, 13; VD, 2; VS, 1 + varios.

Alberguería de Argañán (La). Act. repr., 24; Afect.,  22: VM,  5 a 9; VC, 8; VD, 1 (red.); VS, 10 (2 red.).

Aldea del Obispo. Act. repr., 18; Afect.,  17: VM, 6 (3 ind.); VC, 11; VD, 1 (red.); VS, 0.

Aldehuela de Yeltes. Act. repr., 2; Afect.,  1: VM, 0; VC, 1; VD, 1 (red.); VS, 0.

Atalaya (La). Act. repr., 3; Afect.,  3: VM, 0; VC, 1; VD, 0; VS, 2.

Boada. Act. repr., 10; Afect., 10: VM, 2 (ind.); VC, 5; VD, 1; VS, 2.

Boadilla. Act. repr., 1; Afect.,  1: VM, 1 (ind., desc. 4 vec. Robleda); VC, 0; VD, 0; VS, 0.

Bocacara. Act. repr., 3; Afect.,  2: VM, 0 (desc. 1 vec. Ciudad Rodrigo, 1 vec. Castillejo de Dos Casas, 3 vec. Fuente de San Esteban); VC, 2; VD, 0; VS, 1 (red.).

Bodón (El). Act. repr., 46; Afect., 42: VM, 24 (3 ind., 2 forasteros, desc. 1 vec. Martiago, 1 vec. Moraleja, 1 vec. Robleda); VC, 14; VD, 4 (2 red.); VS, 4 (2 red.).

Bouza (La). Act. repr., 3; Afect.,  2: VM, 0; VC, 2; VD, 1 (red.); VS, 0.

Cabaco (El). Act. repr., 1; Afect., 1: VM, 0 (desc. 3 vec. Alberca); VC, 1; VD, 0; VS, 0.

Cabrillas. Act. repr., 14; Afect.,  14: VM, 1; VC, 7; VD, 2; VS, 4.

Campillo de Azaba. Act. repr., 15; Afect., 9: VM, 0; VC, 5; VD, 3 (2 red.); VS, 7 (4 red.).

Carpio de Azaba. Act. repr., 16; Afect., 11: VM, 1 (forastero, desc. otros); VC, 7; VD, 5 (2 red.); VS, 3 (3 red.).

Casas del Conde (Las). Act. repr., 17; Afect.,  14: VM, 1; VC, 12; VD, 1 (red,); VS, 3 (2 red.).

Casillas de Flores. Act. repr., 39; Afect.,  33: VM, 12 (3 ind.); VC, 14; VD, 4 (1 red.); VS, 9 (5 red.).

Castillejo de Dos Casas. Act. repr., 4; Afect.,  3: VM, 1; VC, 2 ; VD, 0; VS, 1 (red.).

Castillejo de Martín Viejo. Act. repr., 5; Afect.,  5 (desc. 5 vec. Ciudad Rodrigo): VM, 4 (3 forasteros); VC, 1; VD, 0; VS, 0.

Cilleros de la Bastida. Act. repr., 2; Afect.,  2: VM, 0; VC, 2; VD, 0; VS, 0.

Ciudad Rodrigo. Act. repr., 203; Afect.,  189: VM, 73 (2 desconocidos, 3 ind., desc. 1 vec. Tenebrón, 1 vec. Agallas); VC, 95; VD, 25 (8 red.); VS, 10 (6 red.).

Dios le Guarde. Act. repr., 2; Afect., 2: VM, 0; VC, 0; VD, 0; VS, 2.

Encina (La). Act. repr., 3; Afect., 3: VM, 1 (ind., desc. 1 vec. Herguijuela); VC, 0; VD, 1; VS, 1.

Espeja. Act. repr., 40; Afect.,  31: VM, 1 ( ind.); VC, 25; VD, 7 (2 red.); VS, 7 (7 red.).

Fuente de San Esteban (La). Act. repr., 23; Afect., 19: VM, 6 (1 ind., desc. 1 vec. Bodón); VC, 3; VD, 3 (2 red.); VS, 11 (2 red.).

Fuenteguinaldo. Act. repr., 30; Afect., 29: VM, 17 (2 ind., 3 forasteros, desc. 1 vec. Ciudad Rodrigo); VC, 6; VD, 2 (1 red.); VS, 5.

Fuentes de Oñoro. Act. repr., 61; Afect., 37: VM, 1 (vec. Tejares); VC, 27; VD, 20 (17 red.; VS, 13 (7 red.).

Gallegos de Argañán. Act. repr., 11; Afect., 9: VM, 1 (desc. 1 vec. Ciudad Rodrigo); VC, 4; VD, 1 (red.); VS, 5 (1 red.).

Herguijuela de Ciudad Rodrigo (La). Act. repr., 1; Afect., 1: VM, 1; VC, 0; VD, 0; VS, 0.

Ituero de Azaba. Act. repr., 8; Afect.,  8: VM, 2 (ind.); VC, 4; VD, 0; VS, 2.

Maíllo (El). Act. repr., 1; Afect.,  1: VM, 0 (desc. 3 vec. Mogarraz); VC, 0; VD, 1; VS, 0.

Martiago. Act. repr., 12; Afect., 10: VM, 2 (1 ind.); VC, 7; VD, 1; VS, 2 (2 red.).

Martín de Yeltes. Act. repr., 4; Afect., 4: VM, 0 (desc. 2 vec. Bodón); VC, 1; VD, 1; VS, 2.

Mogarraz. Act. repr., 23; Afect.,  20: VM, 3; VC, 16; VD, 2 (2 red.); VS, 2 (1 red.).

Monforte de la Sierra. Act. repr., 1; Afect., 1: VM, 0; VC, 0; VD, 1; VS, 0.

Monsagro. Act. repr., 1; Afect.,  1: VM, 0; VC, 1; VD, 0; VS, 0.

Morasverdes. Act. repr., 4; Afect., 4: VM, 1 (ind.); VC, 3; VD, 0; VS, 0.

Muñoz. Act. repr., 9; Afect.,  8: VM, 0 (desc. 1 vec. Retortillo, 3 vec. Robleda); VC, 8; VD, 0; VS, 1 (red.).

Nava de Francia. Act. repr., 2; Afect., 2: VM, 0 (desc. 9 vec. Alberca); VC, 2; VD, 0; VS, 0.

Navasfrías. Act. repr., 23; Afect.,  20: VM, 10 (1 forastero, 7 ind,); VC, 7; VD, 4 (1 red.); VS, 2 (2 red.).

Pastores. Act. repr., 0; Afect., 0 (desc. 1 muerto vec. Ciudad Rodrigo y un preso vec. Fuentes Oñoro)

Payo (El). Act. repr., 9; Afect., 8: VM, 3 (1 forastero, 1 ind., desc. numerosos desconocidos forasteros); VC, 5; VD, 1 (red.); VS, 0.

Peñaparda. Act. repr., 63; Afect., 49: VM, 17 (5 forasteros, 2 ind.); VC, 32; VD, 3 (3 red.); VS, 11 (red.).

Puebla de Azaba. Act. repr., 16; Afect., 14: VM, 2; VC, 2; VD, 2 (2 red.); VS, 10.

Puebla de Yeltes. Act. repr., 5; Afect.,  5: VM, 1 (vec. Vecinos); VC, 3; VD, 1; VS, 0.

Puerto Seguro. Act. repr., 12; Afect., 12: VM, 5 (3 vec. Salamanca, 2 ind.); VC, 6; VD, 0; VS, 1.

Retortillo. Act. repr., 55; Afect., 55: VM, 5; VC, 46; VD, 1; VS, 3.

Robleda. Act. repr., 84; Afect., 74: VM, 39 (6 forasteros, 12 ind.); VC, 6; VD, 5 (4 red.); VS, 34 (6 red.).

Saelices el Chico. Act. repr., 21; Afect., 17: VM, 5; VC, 12; VD, 0; VS, 4 (red.).

Santa Olalla de Yeltes. Act. repr., 0; Afect., 0 (desc. 1 preso, vecino de Cabrillas).

Sahugo (El). Act. repr., 2; Afect., 2: VM, 0 (desc. 1 vec. Ciudad Rodrigo); VC, 0; VD, 0; VS, 2.

San Martín del Castañar. Act. repr., 5; Afect., 4: VM, 0; VC, 4; VD, 0; VS, 1 (red.).

Sancti-Spíritus. Act. repr., 13; Afect.,  11: VM, 0 (desc. 1 vec. Robleda); VC, 8; VD, 0; VS, 5 (2 red.).

Sepulcro-Hilario. Act. repr., 3; Afect., 3: VM, 0 (desc. 1 muerto vec. Fuente de San Esteban); VC, 1; VD, 2; VS, 0.

Serradilla del Arroyo. Act. repr., 7; Afect., 6: VM, 1 (ind., vec. Villares de la Reina); VC, 4; VD, 0; VS, 2 (1 red.).

Serradilla del Llano. Act. repr., 5; Afect., 5: VM, 1; VC, 2; VD, 0; VS, 2.

Sexmiro. Act. repr., 1; Afect., 1: VM, 0; VC, 0; VD, 0; VS, 1.

Tenebrón. Act. repr., 3; Afect., 3: VM, 1; VC, 0; VD, 0; VS, 2.

Villar de Argañán. Act. repr., 1; Afect., 1: VM, 0; VC, 1; VD, 0; VS, 0.

Villar de Ciervo. Act. repr., 39; Afect., 30: VM, 4 (1 forastero); VC, 25; VD, 1 (red.); VS, 9 (8 red.).

Villar de la Yegua. Act. repr., 2; Afect., 2: VM, 0 (desc. 1 vec. de Ciudad Rodrigo); VC, 2; VD, 0; VS, 0.

Villasrubias. Act. repr., 16; Afect., 14: VM, 1 (ind.); VC, 8; VD, 0; VS, 7 (2 red.)

Zamarra. Act. repr., 2; Afect., 2: VM, 0 (desc. 1 vec. Robleda, 1 vec. Ciudad Rodrigo); VC, 1; VD, 0; VS, 1.

 

Así pues, de acuerdo con la información manejada, de momento el total de afectados se distribuye así:

-localidades: 67

-acciones de represión: 1.117

-personas represaliadas: 971

-muertos: 284 (49 indirectas)

-presos: 498

-depurados: 119 (62 red.)

 

-sancionados: 214 (85 red.)

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dom

25

dic

2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936: Sacas esporádicas o no contabilizadas (II): pueblos de la comarca de Ciudad Rodrigo Ángel Iglesias Ovejero

 

En las croniquillas hasta ahora presentadas, por olvido o falta de oportunidad, se han pasado por alto las víctimas mortales de tres o cuatro pueblos en lo que atañe a las que fueron elegidas directamente y cinco de los que cuentan con vecinos que sucumbieron indirectamente a consecuencia de la represión. Estas localidades se sitúan principalmente en los campos de Yeltes, Camaces y Agadones, en los que se daban los mismos contrastes sociales que en otros territorios del partido judicial antes del Alzamiento, las mismas reivindicaciones de los jornaleros en paro y sin tierras, pero el injusto castigo quizá sería menos intenso por razones concretas todavía mal conocidas. Cuando se disponga de más información se podrá aclarar si esta presunta limitación de la represión cruenta es o no un mero espejismo, porque las formas incruentas del terror también dejaron huellas en dichas localidades. Lo cierto es que las cinco víctimas mortales elegidas eran forasteras o naturales con residencia en Salamanca.

 

En Castillejo de Martín Viejo no se han registrado eliminaciones de vecinos o naturales, pero sí cadáveres de personas abandonados en su término y enterrados en su cementerio (croniquillas del pasado 6 de agosto): Cuatro cadáveres de vecinos de Ciudad Rodrigo, así como el de otro mirobrigense conocido por el apodo de el Confitero o el Cojo (croniquillas de los días  6 y 10 de  agosto), restos de Tres cadáveres hallados en la finca de Aldeanueva de Portanobis, que podrían ser de dos vecinos de Casillas de Flores y uno de Fuenteguinaldo, víctimas de la saca del 8 de octubre de 1936  (croniquilla del pasado 16 de julio), los cuales se contabilizan con los represaliados de las localidades en cuestión. En cambio, hay otros forasteros totalmente desconocidos, que provisionalmente se incluyen aquí (también mencionados en la croniquilla del pasado 6 de agosto). También se cuenta una mujer nacida en este pueblo y asesinada en Asturias:

Dos desconocidos hallados cadáveres el 24 de agosto de 1936 sobre el puente del río Águeda (Siega Verde)

Un Pastor desconocido, que, según testimonios, en fecha incierta de 1936 fue arrojado desde el mismo puente (E 2015)

Candelaria González Prieto, de 35 años, hija de Agustín e Isabel, vecina de Caborana (Asturias), aguadora, dirigente de la agrupación socialista local, viuda de Mariano Pérez Rodríguez.  Falleció en fecha incierta, entre noviembre de 1937 y febrero de 1938, víctima de una saca domiciliaria en el término de su lugar de residencia  (testimonio de su nieto Avelino Gómez Pérez, registrado en la ASMJ).

Incluidos los forasteros mencionados y excluidos los naturales contabilizados con vecinos de otras localidades, el número de afectados por la represión en este pueblo es de 5 personas:

-víctimas mortales: 4 (tres forasteros)

-víctimas carcelarias: 1 (vicepresidente de la Sociedad Obrera). 

 

En el término de Monforte de la Sierra se hallaron Tres cadáveres de forasteros, víctimas de alguna saca domiciliaria, que serían identificados como vecinos de Molinillo de la Sierra, un pueblo cercano que tuvo una represión muy intensa, incluido el casi exterminio de una familia de la que podría formar parte  alguno de los muertos mencionados a continuación. El cotejo de datos del Archivo Diocesano de Salamanca y de la ASMJ no permite resolver completamente el problema de la identificación. Según esta última fuente, alguno de ellos sería de los sacados en La Alberca el día 12 de agosto y enterrados en el cementerio de este pueblo, donde en el regato de Las Marquesas se hallaron tres cadáveres (uno de mujer) de personas entonces desconocidas y después identificadas (croniquilla del pasado 12 de agosto):

Santiago López, jornalero, casado con Sinforosa López Gómez. Falleció el 12 de agosto de 1936, víctima de una saca, en el regato de Las Marquesas, término de La Alberca (act. def. 13/08/36, ASMJ).

Santiago (a) el Perro, sin otros datos

Un hombre, que en la ASMJ se identifica con Santiago López.

Aparte de estas víctimas mortales forasteras (que en el cómputo general de la Provincia deben figurar con los represaliados de Molinillo de la Sierra), en este pueblo serrano la represión en general fue poco intensa:

-1 maestro depurado.

 

En Puebla de Yeltes se menciona una persona mayor nacida en este pueblo:

Romualdo de la Nava García, 76 años, hijo de Ángel y Catalina, vecino de Vecinos, labrador, viudo de Cipriana Hernández García. Falleció el 1 de enero de 1939, víctima de una saca en lugar desconocido (act. def. 24/09/1955, ASMJ).

En esta localidad se registra un total provisional de 5 personas afectadas (no se cuenta Elías González Rodríguez, vecino de Muñoz):

-víctimas mortales: 1

-víctimas carcelarias: 3

-depurados: 1  

 

En Serradilla del Llano hubo un joven socialista asesinado, natural de esta localidad:

Felícisimo Carreño de Anta, de 21 años, vecino de Aldealengua, estudiante, afiliado a las Juventudes Socialistas, soltero. Falleció el día 8 de agosto de 1936, vctima de una saca carcelaria en el término de Villares de la Reina (act. def. 11/08/36, ASMJ).    

 El total provisional de afectados en este pueblo es de 5 personas:

-víctimas mortales: 1

-víctimas carcelarias: 2

-sancionados económicos: 2

 

Las localidades donde se han comprobado víctimas mortales indirectas a causa de la represión (no mencionadas hasta ahora) son las siguientes:

 

Boada

Estanislao Díez Fernández, de 61 años, hijo de Andrés y Anita, vecino de Salamanca,  jornalero, casado con Santiaga Miguel Velasco, padre de tres hijos. Falleció el 22 de enero de 1938 en el hospital militar, a consecuencia de un bombardeo republicano (21/01/38) y fue enterrado en el cementerio de la ciudad (act. def. 25/01/38, ASMJ)

José Manuel Moro García, de 74 años, hijo de Francisco y Manuela, jornalero, casado, sin descendencia. Falleció el 6 de abril de 1940 en la prisión de Salamanca, donde había ingresado el 20 de junio de 1939  y cumplía condena impuesta en un consejo de guerra  (FCS).

Descontados los naturales represaliados avecindados en otros lugares (José Manuel Sánchez Sánchez en Robleda, Victorino García Calzada y Vidal Díez Álamo en Retortillo), el total provisional de afectados por la represión en este pueblo es de 10 personas:

-víctimas mortales: 2 (indirectas)

-víctimas carcelarias: 5

-depuraciones: 1

-sanciones económicas: 2.

 

Boadilla

Julián Serrano Domínguez, de 81 años, hijo de Julián y Eustaquia, jornalero, viudo. Falleció en la prisión de Ciudad Rodrigo (23/01/38), donde se hallaba a raíz de una detención posterior a un registro domiciliario, efectuado por la Guardia Civil (11/01/38) al mando de Matías Hernández Alejo, brigada jefe del puesto de Aldehuela de la Bóveda. Le hallaron un “cachorrillo viejo, envuelto en otros hierros viejos”. Por ello estuvo detenido primero en La  Fuente de San Esteban y después en la cárcel del Partido (13/01/38). Cuando lo citó el teniente instructor Esteban Bravo (juzgado militar nº 5 de Salamanca), el anciano Julián ya había muerto, de colapso cardíaco (P.prev.Boa/38, AHPS: 194/36; act. def. 24/01/38, ASMJ: de hecho tendría 78 años).

El total provisional de afectados en Boadilla, en el que no se incluyen los cuatro vecinos de Robleda enterrados en su cementerio (croniquillas del día 6 y 13 de agosto), se reduce a dicha persona:

-víctimas mortales: 1 (indirecta)

 

Morasverdes

Juana Hernández Estévez, de 55 años, de profesión sus labores, casada. Falleció de cáncer en la cara (08/03/39) en la cárcel de Salamanca, donde había ingresado en 1937 (López-Delgado 2001: 295; 2007: 171)

El total provisional de afectados en Morasverdes es de 4 personas:

-víctimas mortales: 1 (indirecta)

-víctimas carcelarias: 3.

 

Serradilla del Arroyo

Agustín Lázaro, de unos 15 años, pastor. Falleció por herida de arma de fuego el 19 de mayo de 1942, al disparársele accidentalmente una escopeta a un compañero de su edad, cuando estaban reunidos con otros dos que, como ellos, guardaban ovejas en el paraje de “El Guindo”. De hecho este accidente fue consecuencia del descontrol de armas, durante y a continuación de la guerra civil, como reconoció implícitamente la jurisdicción militar al procesar a Nemesio Hernández Lucas, padre del muchacho causante de la muerte, “por  tenencia ilícita de armas” (P.sum.608/42). Nemesio, para su descargo, explicó que la escopeta había sido regalada por un cuñado suyo, que era guardia civil, pero éste lo negó. En definitiva, Nemesio estuvo detenido, sin mayores consecuencias, pues el consejo de guerra (24/03/43) lo absolvió. Al parecer, en este asunto nadie volvió a interesarse por  Agustín Lázaro, tanto que ni siquiera se menciona su segundo apellido en las actuaciones procesales.

El total provisional de afectados en Morasverdes es de 6 personas:

-víctimas mortales: 1 (indirecta)

-víctimas carcelarias: 4

-sancionados: 2 (1 también preso).

 

Villasrubias

Laureano Amado Ramos, de 50 años, labrador, casado, padre del informante Calixto Amado Domínguez (V 2003). Después de perseguirlo en 1936, porque tenía una pistola, que guardaba de cuando estuvo emigrado en Francia y Argentina, y de imponerle una multa de 4.000 pesetas, como condición para respetarle la vida, los falangistas le siguieron propinando malos tratos, palizas terribles, como a Agustín Sánchez y a un tal Inocencio, lo cual le agravaría la enfermedad de la que vino a morir oficialmente, “bronconeumonía”, el 15 de febrero de 1938 (RCV, act. def., sec. 3, t. 12, f. 49rº, Iglesias 2008a).

El total provisional de afectados en Villasrubias asciende a 14 personas:

-víctimas mortales: 1 (indirecta)

-víctimas carcelarias: 8

-sancionados: 7 (muerto uno de ellos y otro también preso).

 

 

Para el total provisional de víctimas mortales registradas en los pueblos del antiguo partido judicial y de los pueblos serranos que hoy lo integran se remite al listado general de afectados por la represión franquista, previsto para los próximos días.

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21

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2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936: Sacas esporádicas o no contabilizadas (I): Ciudad Rodrigo. Total provisional de afectados por la represión e

Después de la saca carcelaria en la noche del 15 al 16 de diciembre (croniquilla de este día) no se han comprobado claramente otras de este tipo, aunque hubo excarcelaciones en Ciudad Rodrigo hasta finales del 1936, algunas de las cuales dejan margen para la duda (Iglesias, Represión franquista: 310). Sin embargo, antes de pensar en un balance sobre la represión sangrienta del verano y otoño de aquel año, dado que la encuesta en modo alguno puede darse por concluida, conviene echar un vistazo atrás, para comprobar los olvidos y casos esporádicos que afectan a vecinos y forasteros en Ciudad Rodrigo y su comarca. Son bastante numerosos y ello obliga a una descripción desdoblada entre los afectados de la cabecera y los del partido judicial.  

En Ciudad Rodrigo, hasta abril de 2016 se habían contabilizado 69 personas (no incluidas por nosotros con represaliados de otra localidad) entre naturales, vecinas  o forasteras represaliadas aquí, sin tener en cuenta los casos dudosos (Represión franquista: 576), a los cuales hay que añadir tres víctimas mortales indirectas. De estas últimas no se ha tratado en las croniquillas hasta ahora y entre las primeras se comprueba el olvido de algunas (el olvido más llamativo es el de Félix González Cabrera, presidente de la Sociedad Obrera). Esta deficiencia se corrige a continuación, aunque, aparte de la identificación nominal, las fuentes utilizadas ofrecen escasos datos. Por esta razón, ahora más si cabe que al principio, se espera que los eventuales lectores ofrezcan la información detallada que les parezca oportuna.

 

Victoriano Gómez Iglesias, jornalero, casado, padre de una hija. Según ésta fue fusilado. La ASMJ no ofrece otros datos de su expediente de huérfanos (AMRC, 10-3).

Félix González Cabrera, de 31 años, presidente de la STT (Viudas / Desaparecidos), casado, sin indicación de filiación, nombre de la esposa y eventual descendencia, domicilio y profesión. Había ingresado en la cárcel del partido judicial, como “detenido [militar]”, el 31 de julio de 1936, y salió el mismo día; reingresó el 1º de agosto de 1936 y fue excarcelado el 15 de septiembre de 1936 (Desaparecidos 1936), en una saca clandestina (descrita en la croniquilla del pasado 15 de septiembre). Falleció “en la dehesa de Aceñuelas de este término municipal [de Ciudad Rodrigo] el día de hoy [15 de septiembre de 1936] a las 5 horas y 30 minutos”, “a consecuencia de heridas producidas por arma de fuego”, y fue enterrado en el cementerio municipal de Ciudad Rodrigo (RCCR, act. def. 15/09/1936, “en virtud de oficio dirigido a este Registro Civil de fecha de hoy por el Cap. Instr. Marcelino Ibero”). Se menciona entre los responsables políticos y sindicales que asistieron a las reuniones del Ayuntamiento los días 18 y 19 de julio de 1936 (Ju.Sum.265/36: f. 18). Y según la certificación de una declaración del concejal Francisco Oliva Pastor (04/08/38) en el Procedimiento sumarísimo 84/37, Félix González fue destinatario de uno de los tres revólveres que el 19 de julio fueron entregados por el jefe la Policía Urbana, ninguno de los cuales sería usado.

[X] López Andrés, hijo de Celedonio López “el Barrendero” (asesinado el 12 de mayo de 1936). Fue víctima de una saca en fecha indeterminada de los primeros meses del Alzamiento y en lugar desconocido, según el expediente de su hermana Francisca (AMRC,  450). Datos incompletos en el listado de la ASMJ.

Juan Martín Prieto, de 54 años, natural de Fregeneda, hijo de  Raimundo y María, vecino de Ciudad Rodrigo, “viudo en primeras nupcias de Adoración (¿?) del Río, de cuyo matrimonio existen tres hijos (…), mayores de edad los primeros y menor el tercero, y casado en segundas nupcias con Aurora Prieto Rubio, de cuyo matrimonio no existe descendencia”. “Falleció en el término de San Felices de los Gallegos el día 10 de septiembre de 1936”, sin indicación de la causa y lugar de enterramiento (RCCR, act. def. 11/08/1939, según “expediente tramitado a instancia de Doña Aurora Prieto Rubio”). En la causa seguida contra Agustín Calzada, Jefe comarcal y local de Falange, Emeterio Martín García, agente del juzgado de 1ª instancia de Ciudad Rodrigo, declara que dicho jefe le pidió a Aurora Prieto Rubio 3.000 pesetas, para no matar a su marido, quien tres días después “desapareció”, según rumor público (02/07/38, C.2133/37 : f. 421).

Isidro Moro Francisco, de 32 años, hijo de Juan Antonio y Joaquina, jornalero, casado con María Morán Cepa, con quien tenía cuatro hijos. Falleció el 9 de setiembre de 1936 en San Felices de los Gallegos, víctima de una presumible saca (act. def. 27/04/1944 y 02/06/1957, ASMJ).

Juan José Román García, vecino de CR, casado con Asunción Benito, víctima de una saca en fecha indeterminada y lugar desconocido, según datos insuficientes de los expedientes de viudas y de huérfanos (AMCR, 458 y 10-3) recogidos en la base de datos de la ASMJ.

Ángel Sierro Díaz, vecino de CR, jornalero, casado con Salud Perancho, víctima de una saca el 16 de septiembre en lugar ignorados (expediente personal de su viuda, 460, AMRC). Datos incompletos en el listado de la ASMJ.

Francisco Soto Rico, vecino de CR, carpintero, casado con Esperanza Sánchez víctima de una saca el en fecha y lugar ignorados, aunque según el expediente de su viuda habría sido “condenado a muerte como elemento de izquierdas”  (AMRC, 460, y expediente de huérfanos, 10-3). Datos incompletos en el listado de la ASMJ.

 

El necrologio mirobrigense provisionalmente se completa con tres víctimas indirectas.

 

Victoriano Cabrera Hernández, de 24 años, hijo de Julián y Antonia, jornalero, soldado. Falleció a sus 28 años, de enfermedad contraída en la cárcel (31/08/41). Había sido procesado cuando servía en el  en Rgto. La Victoria, nº 28,  por efectuar un saludo “puño en alto”, dirigido al cabo José Moreiro Acosta, que le correspondió con una sonrisa (C. 875/37). Las explicaciones de Victoriano y de José no bastaron para evitarles, después de la detención en el Cuartel de Infantería (11/03/37), el procedimiento que pondría en evidencia su pasado izquierdista y los llevaría al Consejo de Guerra (23/06/37), en el que fueron condenados ambos a la pena de 12 años de prisión mayor y destino al Cuerpo de disciplina para los dos durante el tiempo de la condena. Los condenados ingresaron en la Prisión Provincial (02/09/37), procedentes del Cuartel de Infantería. La notificación (1944) de la conmutación de la pena de 12 años por la de 6 años y un día  nunca le llegaría a  Victoriano, pues había fallecido en Ciudad Rodrigo (31/08/41), donde la muerte quizá le sorprendería “en libertad condicional”, sin que conste la importancia que tuviera en este destino fatal su paso por los Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares un año antes (02/12/40), adonde había sido trasladado de la Prisión de Salamanca, según oficio de ésta (07/05/44).

Martina Iglesias Molinero, de 29 años, natural de Espeja, vecina de Ciudad Rodrigo Espeja, hija de Nicolás y Petra (vecinos de Espeja, ambos represaliados), ama de casa (“sus labores”), casada con Leonardo Ángel García González, madre de tres hijos menores. Oficialmente falleció de enfermedad (25/03/40) en la prisión de Saturrarán (C.1591/37), aunque también se ha especulado con la posibilidad de que fuera ejecutada. Este aspecto se evoca y su trágico destino, así como el ensañamiento de sus represores que después de muerta la sancionaron con 100 pts de multa aun siendo insolvente (AHPS: 414), se describe con cierto detalle en La represión franquista (Iglesias 2016b: 573-575). Pero aquí puede ser de interés pedagógico la descripción del proceso que se le siguió, porque ilustra bien el ambiente que se vivía en la retaguardia franquista dentro de aquel sistema represivo y policial en que se asentaba el estado franquista.

El 5 de agosto de 1937 Agustín Calzada Hernández, jefe local de Falange, denunció a su vecina Martina Iglesias por unos gritos subversivos presuntamente pronunciados unos días antes por un hijo suyo de corta edad (4 años), sin que ella se lo reprendiera. La denuncia le atribuía “ideas extremistas”, expresadas antes del Movimiento en mítines, manifestaciones y reuniones, particularmente con el intento de aviso a los obreros para que castigaran a los hermanos Domínguez, a raíz de la muerte del famoso “barrendero” (Iglesias, en Carnaval 2016: 385). Según el atestado instruido por José Boada Marcos, jefe de la Policía Gubernativa en Ciudad Rodrigo, esta denuncia se hacía eco de las acusaciones de varias vecinas de Martina en la calle del Rincón de la Pasión: Magdalena Blanco Regato, Felicidad Jiménez Cruz, Antonia Mederos Cañada y Antonia Jiménez Cruz; pero el mencionado responsable de la represión en la Ciudad tergiversaba los hechos evocados, ocultando la identidad de los agentes y pacientes, pero  sin olvidar de poner en el saldo negativo de Martina su escaso entusiasmo por el “triunfo de los Nacionales”, que a ella le parecía “dudoso”.

Aunque las vecinas mencionadas rivalizan en entusiasmo por acusar a Martina Iglesias, la más explícita es Magdalena Blanco. Para empezar, trae a colación una manifestación de júbilo de la denunciada por la muerte del general Sanjurjo, siendo además, a pesar de su analfabetismo, referencia informativa de alguna de las otras denunciantes, como Felicidad Jiménez. Esta última, esposa del mencionado jefe de Falange, cree saber por aquélla que Martina había confeccionado “banderas marxistas” para Espeja, pero también conoce, como testigo directo, la falta de entusiasmo de la misma por el éxito del Ejército nacionalista en la toma de Bilbao (19/06/37), así como los gritos subversivos del niño (Antonio García Iglesias) porque éste juega con uno de la declarante. La hermana de esta última, Antonia Jiménez Cruz, tratará de implicar en la tolerancia de dichos gritos al padre del niño, aunque el testimonio de un agente de Seguridad lo dejará fuera de sospecha.

Estas rencillas y comidillas entre vecinas y vecinos, que tendrán graves consecuencias para la denunciada, vienen a ser  una especie de cuento de nunca acabar, pues las declaraciones de unos acarrean las de otros, así como ratificaciones redundantes. Magdalena Blanco insiste en el desafecto de Martina por el Ejército, manifiesto desde la llegada de soldados de Salamanca, para proclamar el estado de guerra, circunstancia en que Martina incluso habría proferido amenazas contra quienes los aplaudían. Felicidad Jiménez describe un caso análogo con la llegada de soldados heridos en el frente de Brunete, sin que Martina respondiera a los gritos nacionalistas ni saludara “a la romana” (C.1591/37: f. 9). Los nuevos declarantes confirman en todo o en parte las acusaciones contra Martina: María Aranda Río sólo recuerda las frases sobre la muerte del general Sanjurjo; Faustina González Aranda está al corriente de todos los cargos, incluido el izquierdismo de Martina, visible en todas las manifestaciones y mítines; Teresa Domínguez García confirma el episodio de los hermanos Domínguez y el asunto de las banderas; pero las declaraciones de Valeriano Encinas no aparecen en la copia del expediente. Es muy desfavorable el informe del Sargento Jefe del Cuerpo de Seguridad, que por añadidura pone de relieve que Martina no dejaba descansar a un guardia, con “cantares que sólo son insultos para él”, como el guardia en cuestión, Ildefonso García, viene a confirmar más tarde, corroborado por otro agente, que con más o menos pertinencia recuerda que Martina antes del Movimiento era contertulia de la maestra Antonia García Martín, que también había sido detenida (Iglesias 2016: 541)

De la instrucción de la C.1591/37 en el juzgado militar nº 1 de los do que funcionaban en Ciudad Rodrigo se encargó Antonio Cordobés Pacheco, capitán de Infantería retirado, En las sucesivas declaraciones ante este juez militar, Martina Iglesias se limita a negar todos los cargos que se le imputan, contradiciendo algunos testimonios adversos, pero sin molestarse en dar muchas aclaraciones, aparte del caso de la “bandera roja”, sobre el cual ofrece una explicación coherente en la segunda declaración. Había sido un encargo de Nicolás Méndez Álvarez, un vecino de Espeja, para la Sociedad Obrera local, con el fin de que se estrenara el primero de mayo (f. 20vº). Dicho vecino de  Espeja a la sazón estaba preso en Salamanca, en relación con este asunto, así como Vicente José Juan, “elemento de la directiva” y hermano del presidente de dicha Sociedad, aunque la bandera  no había sido hallada en las pesquisas efectuadas por Guardia Civil al comienzo del Alzamiento, porque los sindicalistas la habrían quemado (f. 37). La confección corrió a cargo de una modista de la Colada, que Martina designa por el mote de “la Cubana”, siendo su verdadero nombre Aurelia Sánchez Álvarez, que, por ser natural de Fuenteguinaldo y llevar los mismos apellidos, cabe suponer que era hermana del alcalde republicano, Francisco Sánchez Álvarez, quien por esas fechas estaba procesado también. Esta modista corrobora la declaración de Martina, sin entrar en demasiados detalles, pero revelando que la bandera se destinaba a la “Sección de la Tierra del pueblo de Espeja”, inscripción que ella misma bordó, habiendo sido remunerada por ello (f. 24). Tampoco son muy pródigas en sus declaraciones las otras personas que la propia Martina menciona como testigos: Fernanda Romero Gomezcaro, Amalia Parra Regidor, María Martín Ramos y Ángeles Ortega Soler. Todas ellas muestran una gran discreción, conforme a una estrategia prevista para no dar motivo a nuevas preguntas capciosas. No saben o no han oído nada de lo que se cuenta de Martina, si bien la más notable por su falta de curiosidad es Ángeles Ortega, quien, refiriéndose a los sucesos del día 13 de mayo de 1936, afirma que, después de asomarse con sus hermanas al balcón al oír las campana del reloj y los gritos obreristas en la calle, lo cerró y se fue a descansar, sin enterarse de lo que pasaba, porque “con motivo de oír decir U.H.P. tomaron miedo” (f. 23).

Martina Iglesias Molinero tenía las ideas obreristas bien arraigadas, sin duda adquiridas en su casa natal de Espeja, de donde partió para servir en Ciudad Rodrigo a sus 14 ó 16 años, según el informe de la Guardia Civil (21/08/37). Éste señala que el padre, Nicolás Iglesias Vicente (a) “Puchana”, perteneció y fue vicepresidente de la sociedad de “La Tierra y Oficios Varios” y trabajó por el triunfo del Frente Popular, y su madre, Petra Molinero Sánchez, era “mujer habladora y provocativa”, asidua de actos y manifestaciones izquierdistas, y por ello ambos estaban detenidos en la cárcel de Salamanca. Pero los dichos atribuidos a Martina Iglesias, cuya veracidad era difícil de comprobar, no habrían pesado tanto en su destino a no ser por el asunto que realmente importaba en este expediente. De hecho, la hostilidad de sus convecinos remontaba al asunto de “la muerte del Barrendero” el 12 de mayo de 1936, más arriba evocada, que había obligado a los implicados a esconderse. Martina Iglesias había querido denunciarlos ante los compañeros de la víctima. En la instrucción del proceso los jueces e instructores militares, fieles al mecanismo que protegía la impunidad de los represores, no identifican a la víctima ni a sus agresores, pero en este caso ya se conocían de antes.

A Martina la detuvieron el 6 de agosto de 1937. Después del atestado, el juez ordenó su procesamiento, que terminaría en un Consejo de Guerra (Salamanca, 25/09/37), presidido por Federico Acosta Roldán, coronel de Infantería. La condenaron a 20 años y un día de prisión por “adhesión a la rebelión”. En seguida fue devuelta a la cárcel de Ciudad Rodrigo, donde había estado detenida durante el proceso. Por estar embarazada, ingresó en la Casa de Maternidad (16/01/38) hasta dar a luz a una niña (16/03/38), después devuelta a su cautiverio (31/03/38). Sus avatares carcelarios terminaron en Saturrarán (Guipúzcoa). Nunca le llegaría allí la notificación de que la pena inicial le había sido conmutada por 12 años de prisión (12/02/44), pues estaba muerta desde hacía casi cuatro años, según un oficio del centro penitenciario: “falleció en la enfermería de dicha prisión el 25 de marzo de 1940”. Pero, como se apuntó al principio, la veracidad de tal aserto está en tela de juicio.

Amador Moreno Matilla, de 25 años, natural de Ciudad Rodrigo, vecino de Salamanca, peluquero. Falleció de enfermedad (31/03/42) en la cárcel provincial, donde había ingresado en 1941 (López-Delgado 2007: 176).

 

El total provisional de personas afectadas por la represión cruenta y otras modalidades en Ciudad Rodrigo (naturales, vecinos o forasteros represaliados en esta localidad no contabilizados en otros listados locales) asciende a 188:

-víctimas mortales: 72 (tres de ellas indirectas)

-víctimas carcelarias: 95

-víctimas de la depuración: 25 (dos de ellas asesinadas y 6 también presas)

-sancionadas: 10 (una víctima muerta y 5 también presas).

 

En Ciudad Rodrigo, como en las otras localidades, existe una represión ignorada o no reconocida, que es una inmensa y dificultosa labor que está por hacer, aunque se tienen algunos indicios que se pueden exponer aparte. 

 

 

 

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2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936: la saca carcelaria del 16 de diciembre de 1936. Ángel Iglesias Ovejero

La última saca comprobada de la cárcel de Ciudad Rodrigo tuvo lugar cuando, al cabo de varias semanas, parecía terminado el recurso a esta vía criminal expeditiva. Por la extracción social de las víctimas elegidas tiene algún carácter de “limpieza” selectiva, pues se trata de vecinos mirobrigenses, con cierta holgura económica, funcionarios o profesionales, varios emparentados entre sí o con otras personas ya eliminadas por la vía judicial o extrajudicial. Eran personas conocidas, cuyo destino trágico ha dejado huellas perceptibles en la memoria familiar y local. Tanto es así que, contrariamente a otras sacas, en esta se conocen antecedentes y consecuentes. Entre las motivaciones, la información oral y escrita confirman que algunos eliminados, por sus ideas republicanas, habían tenido encontronazos con Antonio Cejudo, capitán de la Guardia Civil, que había sido trasladado a Badajoz y ahora había vuelto sin duda resabiado. Este capitán, en la tarde del día 15, ordenó el ingreso en dicha prisión de ocho vecinos, siete de los cuales fueron sacados en la madrugada del día 16:

 

1 Serapio García Alaejos, 2 Avelino Martín Cascón, 3 Evaristo Pino Castaño, 4 Eduardo Aparicio Fernández, 5 Olegario Niño Caballero, 6 Alfredo Miguel Plaza, 7 Emilio Martín Donoso, 8 José María Sevillano Piñero.

 

A excepción de Serapio García (nº 1), que era director de la banda municipal y se libraría de la ejecución gracias al apoyo de personas influyentes, estas personas el día 16 compartieron los avatares finales en una “finca del camino de Gazapos” o en la “finca de Ravida”, pues existen versiones divergentes sobre este detalle. Antonio López en sus informes policiales de 1979 se pronuncia por el primer paradero, sobre todo en el de Emilio Martín (nº 7, de quien al parecer era yerno dicho policía), muy explícito en detalles (infra). Describe la ejecución y enterramiento de las siete víctimas en una “finca de un tal Dionisio” en el “Camino a Finca de Gazapos” (Pedrotoro), que sale a la izquierda de la carretera de Zamarra-Serradilla (y por tanto a la altura de La Caridad) a unos 300 metros. Según el testimonio de Juan José Aparicio (2004), hijo de una de las víctimas, Eduardo Aparicio, la denominación exacta del lugar del asesinato y enterramiento es la dehesa de Ravida, propiedad de la familia Casanueva, cuyo montaraz y rentero, Manuel Vicente Barrado, fue quien informó a algunos familiares de las víctimas del lugar exacto de la fosa (CR 2009). La familia de Eduardo recibió autorización verbal para llevarse su cadáver a Béjar, en cuyo cementerio fue enterrado. Los otros seis cadáveres permanecieron allí poco tiempo, en el denominado “Paraje de los Muertos”, hasta una fecha indeterminada en que misteriosamente desaparecieron, sin constancia de la autoría del hecho ni del destino de aquéllos, aunque hubo rumores de que habían sido llevados al puerto de Perales (López-Delgado 2004: 167-171). En este supuesto es posible que esta vaga indicación se refiera al paraje de Carvajales (Iglesias, Represión franquista: 288-294). En el procedimiento incoado en 1937 para la aclaración de las causas de la desaparición de Eduardo las personas implicadas se inhibieron con la excusa de que había sido “puesto en libertad” (Ibíd.: 308-311, 380-381, 161).

La identificación nominal, el perfil social y algunas circunstancias particulares de cada uno se conocen por la doble información apuntada, escrita y oral. En los expedientes personales de 1979 se añade el dato de la religión, que en otros casos no se indicaba. A excepción de Alfredo Miguel, cuya religión no se especifica, todos ellos pertenecían a la Iglesia Católica Apostólica Romana (“C.A.R.”).  

 

Avelino Martín Cascón, de 41 años, hijo de Lino y Teresa, con instrucción, agricultor, religión C.A.R., soltero (Exp.1979 / Desaparecidos 1936). Era hermano del alcalde Manuel Martín Cascón, ejecutado por sentencia de consejo de guerra (croniquilla del 30 de agosto) y primo hermano de Isabel Cascón Briega, esposa de Eduardo Aparicio, compañero de saca.

Evaristo Pino Castaño, de 62 años, natural de El Bodón, vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Luis y Agustina, con instrucción, funcionario municipal (empleado del Ayto.), religión C.A.R., viudo de Nieves González Manzano (act. matr. 13/02/1904, act. def. 11/03/1928), padre de dos hijos, uno de ellos menor (Exp.1979 / Desaparecidos 36).

Lo había llamado a declarar el juez de instrucción de Ciudad Rodrigo el 28 de julio, para que informara sobre la autoría de la requisa de coches cuyos oficios había redactado él mismo, con otros funcionarios, y fueron firmados por el Alcalde (J.Sum. 265/36: f. 46). Pero no consta que fuera detenido entonces. Posteriormente, en documentación reunida en 1987, se confirma que falleció en el término de Ciudad Rodrigo el 16/12/1936. Su acta de defunción (25/11/1938, “a instancia de D. Ladislao Rodríguez Manzano”) no indicaba la causa. En la información testifical (01/12/1987), Julián Gutiérrez Lorenzo, jubilado, declara que:

(…) le consta que en el mes de diciembre de 1936 fue detenido Evaristo Pino Castaño y sabe que posteriormente fue trasladado a esta Ciudad, ingresando en la cárcel del Partido, y al ser puesto en libertad, según consta en los archivos de la Policía Municipal de esta Ciudad, el día 16 de diciembre de 1936 fue muerto violentamente por mano del hombre y como consecuencia natural de la guerra de 1936-1939.

Y Antonio López Ramos, que en 1978 quizá sería jefe de la policía municipal, también ya jubilado en 1987, se expresa en términos parecidos, más precisos:

(…) le consta que en la noche del 15 al día 16 de diciembre de 1936, al salir de un grupo de detenidos de la Cárcel del Partido, fueron montados en una camioneta, enterándose al día siguiente que dicho grupo, entre el que se encontraba el Sr. Evaristo Pino Castaño, habían (sic) sido muertos violentamente por acción directamente del hombre en las proximidades de La Caridad, de este término municipal, todo ello como consecuencia de la guerra civil de 1936-1939” (Viudas, AMCR).

Eduardo Aparicio Fernández, de 39 años, natural de Béjar, vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Juan y María, con instrucción, director del Banco del Oeste, religión C.A.R., casado con Isabel Cascón Briega, padre de dos hijos menores (Exp.1979 / Desaparecidos 36), y, por tanto emparentado con los hermanos Manuel y Avelino Martín Cascón. A diferencia de los otros cadáveres, el suyo fue enterrado en Béjar, previa autorización verbal (supra, testimonio de su hijo Juan José; infra, cita del expediente de Emilio Martín Donoso).

Olegario Niño Caballero, de 55 años, natural de Cardenete (Cuenca) y vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Pedro y Anastasia, con instrucción, veterinario, religión C.A.R., “casado en primeras nupcias con Dª Esperanza Hernández Vallejo, de cuyo matrimonio no queda sucesión” (Exp.1979 / Desaparecidos 36). Según testimonios, Olegario Niño, veterinario municipal de Ciudad Rodrigo, era  dueño de un coche que le sería requisado. Había celebrado ostensiblemente el quinto aniversario de la República (CR 2009). Fue detenido en Malpartida y preso en Peñaranda de Bracamonte del 29 de julio al 4 de agosto. Falleció “en este término municipal [de Ciudad Rodrigo] el día 16 de diciembre de 1936”, “a consecuencia (tachado pero legible) de heridas de arma de fuego”, sin indicación de lugar de sepultura (RCCR, act. def. 22/04/1938). Lleva una nota marginal idéntica a la del acta de defunción de Alfredo Miguel Plaza (infra).

Alfredo Miguel Plaza, de 49 años, natural y vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Primo y Ana, con instrucción, industrial (comerciante), sin indicación de religión, interventor interino municipal, casado con  María Abril Contreras, padre de cinco hijos menores de edad (Exp.1979 / Desaparecidos 36). Antes de esta saca, había ingresado en la prisión del partido judicial el día 8 de octubre de 1936, como “detenido [militar]”, y salido el 16 de octubre de 1936. Falleció “en este término municipal el día 16 de diciembre de 1936”, “a consecuencia (tachado pero legible) de disparos de arma de fuego”, sin indicación de lugar de sepultura (RCCR, act. def. 13/04/1938, “a instancia de Dª María Abril Contreras”). En nota al margen del acta de defunción se indica:

En cumplimiento de lo dispuesto en la circular de los Registros y secretariado, publicada en el B. O. 10 de abril del actual se procede a tachar de oficio las palabras para precisar las causas de la muerte en la inscripción a que se refiere este folio. Ciudad Rodrigo, 30 de junio de 1939 (firma ilegible del visitador, que por cotejo de la misma se identifica con el juez de instrucción de Ciudad Rodrigo, Fausto Sánchez).

Su esposa fue llamada a declarar en la causa contra Agustín Calzada, jefe comarcal y local de Falange (C.2133/37), a quien conocía por ser cliente incapaz de satisfacer sus deudas, “por carecer de bienes”, en la ferretería de “Alfredo Corral”, como era conocido el establecimiento de Alfredo Miguel. A la familia le requisarían una bicicleta y una radio, sin vuelta. Todo ello, al parecer, antes de que a su marido los falangistas “lo mataran en una carretera próxima”, hallándose presente Calzada, y aparecieran las botas de aquél colgadas como trofeo en una taberna:

(...) que su esposo Alfredo Miguel Plaza, afiliado únicamente a la Congregación del Corazón de María y a la Cofradía del Silencio, sin pertenecer a sociedad política de ninguna clase, fue llevado un día de su casa por unos falangistas que dijeron le llevaban a dar un recado y después lo mataron en una carretera próxima, habiéndose enterado que de los que se hallaban presentes figuraba el señor Calzada y que prendas de vestir como las botas que su esposo llevaba puestas le han manifestado que han estado puestas en una taberna de esta Ciudad (…) que su esposo murió en diciembre de 1936 (Declaración de María Abril Contreras, Ciudad Rodrigo, 02/07/38, C. 2133/1937: f. 428vº).

Uno de los flechas llamados a declarar, Manuel Hernández Pérez, confirma que la requisa de la bicicleta se efectuó por orden de la Jefatura local de Falange, aunque no recuerda si emanó de A. Calzada o de E. Bravo (f. 433). Otro flecha, Víctor Guitián Fernández, ya había declarado que recogió dicha bicicleta en el Hotel Machero, por orden de Bravo (f. 433). Más tarde a la viuda le requisaron platos y cubiertos. Y esto se habría hecho por orden de Marcelino Ibero, pero de éste no se pudo recabar información (03/09/38), por estar destinado entonces en Castellón de la Plana (f. 552).

El juez instructor militar se interesó por estos asuntos, reclamando informes de la Guardia Civil, el Juzgado y la Alcaldía sobre antecedentes y actuación de Alfredo Miguel. Como era de suponer, los informes serían desfavorables, pues lo que con ellos se pretendía era ensuciar la imagen de la víctima de modo que su eliminación criminal quedara justificada. Los tres hacen hincapié en la “peligrosidad” de la víctima, enumerando casi idénticos “cargos”, seguramente partiendo de los mismos datos de archivo. Ahora bien, mientras el juez municipal Dionisio Moro (f. 529) y el alcalde Fausto San Dámaso (f. 542), sobre todo éste, acumulan los datos sin añadir alegatos esperpénticos, Florencio García Corral, brigada comandante del puesto de la Guardia Civil, no sólo especifica la andadura política y social de Alfredo, procurando cargar las tintas, sino que pinta un retrato infamante del mismo, con lo cual, paradójicamente, se adivina en su víctima el perfil de un republicano convencido y comprometido socialista. Alfredo pertenecía al Partido Socialista, ya antes de la República, y actuó en el Comité Ejecutivo de las elecciones de 1931, haciendo propaganda. Al triunfar la República fue tesorero de la Casa del Pueblo y ejerció eventualmente la presidencia de ésta en ausencia de Tomás Hernández (f. 529). Se reunía con izquierdistas y obreros en su propia ferretería y en el bar de “Barrigana”, beneficiándose a juicio del informante de la impunidad que le confería la presencia de los policías Luis Sánchez Rivero (ya ejecutado por sentencia de consejo de guerra; ver croniquilla del pasado 30 de agosto) y Ventura Moro. Anualmente festejaba el advenimiento de la República, el 14 de abril,  “fecha nefasta”, según el Brigada, quien, remontando en el tiempo, atribuye a Alfredo la intención de “alentar el espíritu revolucionario” en los sucesos de octubre de 1934, con misteriosas reuniones secretas en casa de Gaite Veloso (“fusilado”, ver croniquilla del pasado 30 de agosto), y la asistencia en Madrid a los mítines del “monstruo Azaña” en 1933 y 1936 (f. 527), todo ello como preparativo a las elecciones respectivas de dichos años, que se terminarían con el triunfo del Frente Popular. Concretamente, en Ciudad Rodrigo, Alfredo Miguel sería nombrado interventor municipal, según el informe del Juzgado (f. 529).

En este marco se produce un hecho que probablemente explica la inquina que satura el informe de Florencio García, fiel eco de la voz de su amo, uno de los más sañudos represores de Ciudad Rodrigo y su entorno. Alfredo Miguel habría asistido, en casa de Gaite, a la redacción de una denuncia contra Antonio Cejudo, capitán de la Guardia Civil, cuyo aborrecimiento de los izquierdistas vendría de lejos, pues había estado “siempre  en contraposición de esta clase de elementos revolucionarios y marxistas cien por cien” (C.2133/37: f. 527). El ministro de la Gobernación ordenó el traslado de Antonio Cejudo a Badajoz, en donde presumiblemente vería de cerca cómo se practicaba allí la represión militar, antes de volver a Ciudad Rodrigo en el otoño de 1936, en cuyo tramo final Alfredo y otros seis vecinos serían sacados de la cárcel del Partido y asesinados (15 a 16/12/36). Accesoriamente, Alfredo habría pedido el traslado de otros funcionarios desafectos al “fatídico Frente Popular”, sin que se aventure a señalar su efecto el Brigada, quien todavía señala como acto criminoso la presencia de aquél en el entierro del “Comunista” (13/05/36).

Extrañamente el informe del Brigada se deja en el tintero el detalle de que el día 16 de mayo en la ferretería de Alfredo Miguel se habían entregado una o dos escopetas de caza a los izquierdistas para defenderse de una presunta llegada de derechistas armados, un detalle que señalan los informes del Juzgado (f. 529) y la Alcaldía (f. 542). Quizá un leve temor al ridículo explique este silencio del Brigada, que, en cambio, pone de relieve la pertenencia de Alfredo al Comité Revolucionario, constituido en el Ayuntamiento el 18 y 19 de julio de 1936, para defender el orden republicano. Todo esto, para llegar a una conclusión espeluznante y esperpéntica: “se trata de un individuo peligrosísimo e indigno de vivir dentro de los pueblos civilizados” (f. 528). Todavía añade, en colofón, que “la peligrosidad de Alfredo” queda patente por su condición de lector (El Socialista, Libertad y Mundo Obrero), porque el Brigada debe de considerar la lectura como algo impropio de la civilización. Tratándose de una persona muerta, resulta patéticamente irrisorio que se la considere “peligrosísima” para el Movimiento. Ahora bien, juzgarla “indigna de vivir”, equivale a dar por justificada su muerte, sin juicio previo, y en consecuencia el brigada Florencio García casi explícitamente se solidariza con el asesinato de Alfredo Miguel.

 Emilio Martín Donoso, de 39 años, natural y vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Santiago y Filomena, con instrucción, hojalatero (industrial), religión C.A.R, casado con María de los Remedios Conde Amador, de cuyo matrimonio quedaban cinco hijos, el mayor de 16 años y el menor de dos (Exp.1979 y Viudas / Desaparecidos 36). Falleció “en esta ciudad el día 15 de diciembre de 1936”, sin indicación de causa ni lugar de sepultura (RCCR, act. def. del 11/12/1937, “en cumplimiento de lo ordenado por el Juez de 1ª Instancia de este Partido en fecha de 6 del actual, en virtud de auto dictado en 4 del mismo de conformidad con lo dispuesto en la orden de la Junta Técnica de Estado de 1º de noviembre de 1936, en expediente seguido a instancia de María Conde Amador”). En otra acta de defunción de la misma víctima (RCCR, act. def. 30/12/1938) se indica la profesión (industrial) y se aclara que la fecha del fallecimiento fue el 16 de diciembre de 1936. 

Por el informe policial de Antonio López Ramos sobre Emilio Martín Donoso (08/01/1979) del expediente tramitado a instancia de su viuda Remedios Conde Amador, se conocen otros detalles sobre la ejecución de esta persona y otras seis, así como la ubicación de la fosa en Pedrotoro:

Según se desprende de los informes fidedignos, al ser puestos en libertad por la Cárcel del Partido a las 2.30 del día 16-12-1936, a los siete y a la puerta de la referida Prisión los esperaba una camioneta con Guardias Civiles, los montaron y los trasladaron por la carretera de Zamarra-Serradilla del Llano, llegando a un camino a la izquierda de Pedro-Toro y en el lugar “hoy finca de un tal Dionisio” fueron ejecutados por un piquete que esproceso (sic) vino del puesto de Alberguería, hecha la fosa se valieron para echar tierra encima de otros señores catalogados como de izquierdas para enterrarlos, acreditándose por el vecino que vive en la actualidad entre otros, que los siete lo fueron en la tierra indicada en el Camino a la finca de Gazapos a unos cien metros de la esquina y de ésta dista a la carretera de Monsagro-Serradilla, unos 300 metros, camino que dista de esta localidad, 4.800 Km (sic). Unos dos o tres días de ejecutados, los familiares de Eduardo Aparicio Fernández y bajo su responsabilidad en las circunstancias de aquella época, exhumaron su cadáver y lo trasladaron a Béjar, enterrándolo en la referida localidad, quedando los seis en el lugar de ejecución” (Viudas, AMCR).

Testimonios familiares  recientes (CR 2016) señalan actos vejatorios contra esta víctima, similares a los practicados contra Alfredo Miguel, con quien habría salido atado y en parte despojado de sus prendas vestimentarias. La viuda de Emilio (dueño de una ferretería en la calle de Madrid) reconoció sus zapatos, usados por uno de sus presuntos ejecutores, que en esta u otras ejecuciones extrajudiciales, festejaban sus hazañas macabras en un local ubicado en la calle de San Juan.

José María Sevillano Piñero, de 63 años, natural de Villar de la Yegua, vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Miguel y Josefa, ferroviario jubilado, con instrucción, religión C.A.R., casado con María Vicente Antúnez, padre de una hija mayor de edad (Exp.1979 / Desaparecidos 36). Fue detenido “por fuerzas de la Guardia Civil en Villar de la Yegua sobre las 3 de la tarde del día 15 de diciembre de 1936, llevado al puesto de la Guardia Civil de esta localidad. Ingresando en el Depósito Municipal”  (Viudas / Desaparecidos, AMCR). Falleció “en este término municipal el día 16 de diciembre de 1936”, sin indicación de causa ni lugar de sepultura (RCCR, act. def. 06/07/1938, “a instancia de Dª María Vicente Antúnez, cuya orden ha sido presentada por D. Cipriano Piñero García”). Sobre la detención y lugar de asesinato se pronuncia Antonio López Ramos en su informe policial de 1979:

(...) ingresado en el Depósito Municipal, es decir en aquel entonces la Cárcel del Partido, en unión de siete más y a disposición de la Autoridad Militar, siendo puesto en libertad a las 2,30 de la mañana del 16 [de] diciembre de 1936, hora en que fue recogido por una camioneta con los indicados y en el paraje de una finca de Gazapos ejecutados y enterrados (Viudas, AMCR).

 

Así pues, “como en tantos casos señalan los testimonios, pueden rastrearse motivaciones personales. El informe policial de 1979 señala claramente la autoría de la ejecución por parte de guardias civiles. De ordinario éstos no solían dejarse ver mucho en las sucias tareas, pero en este caso el capitán de la Guardia Civil, que había dado la orden de detención, tampoco podía ignorar la llegada para la ejecución de “un piquete ex profeso del puesto de Alberguería”, donde estaba concentrada parte de la compañía de la Guardia Civil, y por tanto dicho piquete necesitaba la orden del Capitán para desplazarse. Este capitán era Antonio Cejudo, celoso represor que tenía cuentas pendientes con algunos de los integrantes de esta saca o al menos con Alfredo Miguel, a quien consideraba responsable, junto con socialistas ya ejecutados, de su anterior obligado traslado a Badajoz” (Iglesias, Represión franquista: 309).

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jue

15

dic

2016

Croniquillas y necrologios del verano y otoño sangriento de 1936: mirobrigenses afectados por otras sacas carcelarias de Salamanca el día 15 de diciembre. Ángel

El día 15 de diciembre de 1936 se produjeron otras sacas de la cárcel de Salamanca que, como las de los anteriores días 9 y 12 (croniquilla del pasado día 9) afectaron al menos a un vecino de Ciudad Rodrigo y quizás a otro.

 

Manuel GAITE FUENTES, de 58 años, natural de Montijo (Badajoz), vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de José María y Matilde, albañil, viudo, sin constancia de la identidad de su cónyuge, padre de siete hijos. Según la ficha de la cárcel de Salamanca (FCS) fue puesto en libertad (15/12/36) por orden del Gobernador Militar, pero sería eliminado conforme al protocolo habitual de las sacas.

Agustín RISUEÑO GONZÁLEZ, natural de Ciudad Rodrigo, sin otros datos, fue objeto de ejecución extrajudicial por saca domiciliaria o carcelaria (15/12/36) en lugar desconocido (López-Delgado 2007: 178). Al parecer, también sancionado (ASMJ).

 

En una saca carcelaria de la misma fecha fue eliminado un vecino de Las Casas del Conde:

 

Serafín HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, de 59 años, hijo de Isidoro y Carolina, labrador, STT, casado (C.986/36). Ingresó en la cárcel de Salamanca el día 1º de octubre y fue puesto en libertad mes y medio más tarde (15/12/36) por orden del Gobernador Civil, siendo de hecho ejecutado extrajudicialmente (López-Delgado 2007: 170). Todo había empezado por una denuncia ante el Gobernador Civil por parte del jefe local de Falange, Lesmes de San Ricardo Hernández, que lo acusaba de propagar noticias tendenciosas (“que el Glorioso Gobierno de Burgos viéndose perdido y lleno de miedo se había escapado para Alemania”), acusación extensiva al vecino Juan Antonio Santos García. Ambos fueron detenidos y llevados presos a Sequeros (24/09/36) por Matías Ricardo Hernández, sargento del puesto de la Guardia Civil en Aldehuela de la Bóveda. Después estuvieron presos en Salamanca (01/10/369) durante las actuaciones de la causa, que sería sobreseída por el auditor de guerra (01/11/36). Pero los detenidos quedaron a disposición del Gobernador Civil (10/12/36), quien ordenó su libertad pocos días más tarde (15/12/36), según las fichas carcelarias (FCS). A partir de esta fecha a Serafín HERNÁNDEZ se le pierde el rastro en parte, sin que se diera por enterado de su paradero el Servicio de Libertad Vigilada, bajo cuya tutela seguía teóricamente años más tarde. Juan Antonio Santos no sería de aquella saca carcelaria, pues estuvo detenido en Sequeros en 1937 (P.sum.468/37).

 

Así pues, en el necrologio de esta localidad se reconoce una sola víctima mortal, a pesar del trasfondo de conflictos sociales por los motivos de siempre: el paro obrero y la falta de tierra. Este último problema era tan acuciante, que, cuando los socios del Sindicato de la Tierra (STT) expusieron sus reclamaciones al Gobernador Civil para que las hiciera llegar al Gobierno de la República, añadieron que era necesario ensanchar el término (Iglesias, Represión franquista: 199, nota 15). La reacción de los jornaleros locales necesitados se tradujo en los votos favorables a la candidatura comunista en la elecciones de 1936. Precisamente Juan Antonio Santos, transportista, estaba casado con la maestra de niñas Sofía Hernández Hidalgo, a quien los derechistas locales consideraban “extremista”. El jefe de Falange lo tenía por “destacado comunista de aquella localidad”, porque había apoyado a Luis

Campo Redondo, para quien había conseguido 45 votos. Pero había otros vecinos integrados en agrupaciones “político-societarias”, que probablemente serían de los que habían participado en un simulacro de entierro de Gil Robles el Miércoles de Ceniza del mismo año. Todo esto explica las visitas que los comandos de la Guardia Civil efectuaron a este pueblo, motivadas por las denuncias, que fueron seguidas de detenciones, procesamientos, depuraciones y sanciones económicas.

 

El total provisional de vecinos afectados por la represión en Las Casas del Conde es de 14 personas:

-víctimas mortales: 1

-víctimas carcelarias: 12

-depurados: 1 (también preso)

-sancionados: 3 (añadidas a prisión 2).

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mié

14

dic

2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936: la represión de La Fuente de San Esteban.   Ángel Iglesias Ovejero

La represión sangrienta extrajudicial de La Fuente de San Esteban llegó con cierto retraso con respecto a la de otros pueblos del entorno. Quizá ello se deba, paradójicamente, a que, por ser nudo de comunicaciones ferroviarias y por carretera, esta localidad tenía bastante importancia estratégica, lo cual se tradujo en una presencia considerable de las fuerzas rebeldes, que actuaron desde el principio basándose en la Guardia Civil, que dejaría menos iniciativa a las Milicias Fascistas. Sin embargo, la intimidación había empezado con el paso del Ejército para proclamar el estado de guerra en Ciudad Rodrigo el 19 de julio. Pocos días más tarde desde La Fuente, por orden de la  Comandancia de Salamanca, se organizaron los comandos compuestos por fuerzas de dicho instituto y de milicianos fascistas para efectuar los registros y detenciones de presuntos oponentes en las localidades limítrofes (croniquilla del pasado 25 de julio). Las sacas domiciliarias, llevadas a cabo entre el 14 y el 15 de diciembre, como sucede también en última saca carcelaria de Ciudad Rodrigo (croniquilla del próximo día 16), tiene cierto carácter selectivo: un farmacéutico, un abogado y un ferroviario (Iglesias, Represión franquista: 284-285). Deben de ser los tres “desconocidos” hallados cadáveres en Bocacara, donde los testimonios hablan del “Boticario de Fuente de San Esteban” (B 2012), lo que corroboran las actas tardías sobre Heliodoro Zunzunegui (def. 22/05/40) y Antonio Galán (def. 07/06/40); pero no se tienen más que datos fragmentarios en poder de la ASMJ. Según esta fuente, con anterioridad, había sido sacado de la cárcel de Salamanca Joaquín Ramos, vecino de esta ciudad, y en fecha incierta, posteriormente, Adeodato Colmenero, vecino de Tabera de Abajo.

 

Joaquín Ramos Pérez, de 26 años, vecino de Salamanca, hijo de Manuel y Mestora, electricista, casado, padre de un hijo muy pequeño (FCS). Fue víctima de una saca carcelaria (23/10/36), según la ASMJ.

Amador Cavero García, de 30 años, natural de Sepulcro Hilario, hijo de  Andrés y Lucía, abogado, soltero; falleció el 14 de diciembre de 1936, habiendo sido sacado de su domicilio (act. def. 19/10/38). Lo más probable es que sea uno de los “desconocidos” hallados cadáveres en el término de Bocacara y enterrados en su cementerio. Con anterioridad (14/08/36) había sido multado con 1.000 pesetas (C.2133/37).

Heliodoro Zunzunegui Escribano, de 42 años, natural de Espino de La Orbada, hijo de Francisco y Ramona, farmacéutico, casado con Paula Martín Martín, sin constancia de eventual descendencia (act. def. 22/05/40). Los avatares de su saca domiciliaria, hallazgo de su cadáver y enterramiento en Bocacara son análogos a los de  Amador Cavero. También como éste había sido multado (14/08/36) con 2.000 pesetas (C.2133/37).

Antonio Galán Carrasco, de 35 años, natural de Zamora, hijo de  José y Antonia, ferroviario, casado con Tránsito Fagúndez Barba, sin constancia de eventual descendencia; falleció el 15 de diciembre de 1936, asesinado en el término de Bocacara (act. def. 07/06/40), en cuyo cementerio debe de estar enterrado, como los dos anteriores.

Adeodato Colmenero Barrado, de 29 años, vecino de Tabera de Abajo, hijo de Graciliano y Aureliana, cartero, casado con Raimunda Martín Sánchez, sin constancia de eventual descendencia; víctima de una saca domiciliaria o carcelaria en fecha incierta, 18 de julio de 1937 o 1º de abril de 1939, según las actas de defunción (08/06/42, Tabera; 26/11/2001, La Fuente).

 

El necrologio de La Fuente de San Esteba también incluye una víctima indirecta, por fallecimiento en la cárcel, que figura dos veces en el fichero de la ASMJ (con algunos datos contradictorios aquí subsanados):

 

José Manuel García Sánchez, de 62 años, hijo de Ramón y Josefa, capataz de telégrafo, casado, sin constancia de la identidad de la esposa, padre de ocho hijos; falleció de presunta enfermedad en cárcel de Salamanca (06/04/37), donde había ingresado por orden del Comandante Militar el 1º de agosto de 1936 (FCS)

 

El sustrato de las revueltas ligadas a la Reforma Agraria quizá se dejaría sentir en La Fuente de San Esteban. El enfrentamiento de los vecinos con los grandes propietarios, que a veces no respetaban servidumbres que remontaban a los siglos pasados, era similar al de otros pueblos, debido al desproporcionado reparto de la tierra. El crónico problema del paro se había resuelto antes de la República con el habitual y dramático remedio de la emigración (recuérdese el conocido caso del cercano pueblo de Boada, cuyo vecindario solicitó de las autoridades de Argentina el traslado masivo en 1905), que en los años treinta no sería posible debido a la crisis económica mundial. Por ello en este pueblo existía un considerable arraigo sindicalista, comprobado desde principios del siglo XX en lo que atañe a la sociedad de Socorros Mutuos y más tarde a la Sociedad Obrera ugetista (Iglesias, Represión franquista: 193). El triunfo del Alzamiento suponía la pérdida de las reformas republicanas en las que confiaban los sindicalistas, los cuales se opondrían al mismo por todos los medios a su alcance, pero esta faceta está mal documentada. Por ejemplo, en La Fuente no se tiene constancia del recurso a la huelga en plena siega para oponerse a la sublevación, comprobado en pueblos cercanos (ver croniquillas del 25 de julio y del 23 de octubre). De no haber existido desafección al Movimiento, no se entendería la intensidad de la represión, cuyo alcance todavía estar por fijar en parte.

 

El total provisional de afectados en La Fuente de San Esteban, naturales o forasteros no contabilizados en otra parte, se eleva a 18 personas:

-víctimas mortales: 6 (una indirecta)

-víctimas carcelarias: 3 (una de ellas mortal)

-depurados: 3 (dos víctimas mortales)

-sancionados, embargados: 11 (dos víctimas mortales).

 

 

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vie

09

dic

2016

Croniquillas y necrologios del verano y otoño sangriento de 1936: afectados por las sacas carcelarias de Salamanca en diciembre de 1936 Ángel Iglesias Ovejero

En diciembre de 1936 la eliminación física, organizada o caucionada por la autoridad militar, seguía siendo una realidad en la provincia de Salamanca. En su rincón suroccidental se vieron afectados por la represión sangrienta varios vecinos de Ciudad Rodrigo, el Campo Charro y la Sierra, con víctimas identificadas hasta el 16 de dicho mes. En las sacas carcelarias de Salamanca los días 9 y 12 fueron asesinados dos vecinos de la Ciudad y uno de Saelices el Chico.

 

Eladio Rivera Huertas, de 54 años, natural y vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Leonardo y Amalia, industrial (comerciante), afiliado a Izquierda Republicana, tesorero y secretario de la STT. Estaba casado con María Paz Ullán Bote, de cuyo matrimonio quedaban cuatro hijos, todos menores de edad; falleció “en este término municipal [de Ciudad Rodrigo] el día 9 de diciembre de 1936”, sin indicación de causa ni lugar de sepultura (RCCR, act. def. del 15/12/1938, “a instancia de Dª María Ullán Bote”). Era cuñado de Eloy Ullán Bote, carabinero del puesto de Carpio de Azaba, que, por sus veleidades políticas, fue trasladado a Salamanca, donde fue procesado y condenado a prisión (croniquilla del 24 de octubre, donde erróneamente se afirma que Eladio Rivera fue víctima de la saca carcelaria del 16 de diciembre); y primo de la esposa de  Enrique García Medina, jefe de la Policía urbana de Ciudad Rodrigo, que fue encarcelado varias veces (CR 2009). Se menciona entre los responsables políticos que asistieron a las reuniones del Ayuntamiento los días 18 y 19 de julio de 1936 (Ju.sum.265/36: f. 18).

El lugar de fallecimiento no habría sido Ciudad Rodrigo, como implícitamente se afirma en el acta de defunción de 1938, sino en un lugar indeterminado a consecuencia de una saca carcelaria de Salamanca, según testimonios familiares y principalmente de su hija Adriana (farinatosporlamemoria.jimdo.com). Esta fuente (CR 2015) señala que Eladio estuvo detenido al principio del Alzamiento en la comisaría sita en la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo y al cabo de tres noches fue trasladado a la Prisión Provincial, donde oficialmente ingresó el día 23 de julio y causó baja el 9 de diciembre de 1936 (Fichero de la Cárcel de Salamanca). La familia de Eladio mantuvo contacto con él durante el período carcelario a través de un falangista y por las mujeres que iban a visitar a sus maridos en la prisión. Eladio se encargaba de la biblioteca. Su esposa, Teresa Ullán (María Paz en el acta de defunción de su marido), tuvo ocasión de verlo una última vez cuando fue a Salamanca con los niños pequeños. Eladio fue sacado a las 2h del día 9 de diciembre y, según contaron otras familias, salió gritando su nombre y el de sus cuatro hijos (como hacían otros sacados para que quedara constancia de su destino, sabiendo que había mujeres que se turnaban a la puerta de la cárcel para saber a quiénes llevaban al matadero) hasta que lo callaron a culatazos. Ya lo habrían subido inconsciente para el camión. Entre sus nueve compañeros de saca iba un joven pastor anglicano (Atilano Coco), además de algún cargo público, pero no supieron dónde los habían ejecutado. La familia se enteró del suceso por la carta de una señora de Salamanca y recibió por el coche de línea la ropa de Eladio. Así dedujo que había sabido o adivinado el viaje sin vuelta, pues lo emprendió con babuchas y descubierto, sin zapatos ni bufanda (Iglesias, Represión franquista, VI, 1.3.8: 310, nota 55).

Eladio Rivera Huertas murió conforme al protocolo macabro de las sacas carcelarias. Fue puesto “en libertad” por orden del comandante militar, pero de hecho ejecutado en la clandestinidad. Así sucedió también el día 12 de diciembre con otros dos vecinos de Ciudad Rodrigo, que habían sido condenados a reclusión perpetua en el J.sum.265/36, con el pretexto de su traslado a la prisión de Burgos:

 

Epifanio Cejudo Cejudo, de 35 años de edad, natural de Tordomar (Burgos), vecino de Saelices el Chico, hijo de Restituto y de Santas, peatón de correos, militante “en el [Sindicato de] Trabajadores de la Tierra afecto al Partido Socialista”, casado con Cipriana Huerta Maeso, padre de cuatro hijas (cf. croniquilla y necrologio de Saelices el Chico, pasado 8 de agosto).

 

Emiliano Calvo Vallejo, de 31 años, natural de El Sahugo, vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Liborio y Serafina, alpargatero, “asociado a la Casa del Pueblo”, socialista, soltero (cf. necrologio de ediles, directivos políticos y asociados sindicales de Ciudad Rodrigo, pasado 30 de agosto).

 

En los días 14, 15 y 16 de diciembre hubo sacas domiciliarias o carcelarias en La Fuente de San Esteban, de nuevo en Salamanca y Ciudad Rodrigo, a cuyas croniquillas se remite para la identificación de las víctimas y otros detalles de la represión.

 

 

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dom

27

nov

2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936. Represión y necrologio en Navasfrías.  Ángel Iglesias Ovejero

La represión programada en Navasfrías era sin duda mucho más severa de lo que fue a primera vista, aunque si se añade la persecución del comercio ilegal, vinculada con ella, resulta terrible. En los testimonios orales, además de las circunstancias favorables para la huida a Portugal, la moderación relativa en lo que atañe a las víctimas directas se atribuye a Braulio Manzano Aguilar, brigada de Carabineros. Éste, con su parsimonia en la declaración del estado de guerra, un calculado doble juego e incluso un solapado aviso al alcalde republicano León Almaraz, cuando le fue a entregar el bastón de mando, y  al concejal Ángel Ramos, cuando estaba guadañando, para que huyeran. Después descargaría sobre ellos las presuntas responsabilidades de otros, sin riesgo para los fugitivos ya al abrigo en el país vecino. Eran suegro y yerno, que fueron buscados el 6 de agosto, según el maquis Gerardo Antón (J. Chaves, “Represión en la guerra civil”, PROHEMIO, 9: 79), por falangistas de Casillas de Flores, entre ellos “el Gallito”, que al parecer también buscaban a un albañil que trabajaba en Navasfrías, pero no se lo dejaron llevar entonces para que lo mataran (N 2007a), aunque es posible que se tratara de Ignacio Sierra Borrego, cuyo cadáver al parecer se halló en Robleda (croniquilla del 6 de agosto).

Posteriormente, al quedar viudo, Ángel Ramos se casó en segundas nupcias en Portugal, en las que tendría otro hijo, emigró a Francia y después a Brasil. León  no pudo seguir a su yerno en el exilio, porque no le facilitaron el pasaje, debido a la edad. Estuvo veinte años viviendo en la clandestinidad, medio escondido en El Cuisal, casi a caballo en la raya de Portugal, adonde pasaría cuando se sintiera inseguro. De esta situación salió en 1956. Yerno y suegro habían sido procesados en rebeldía en 1937 (C.1886/37), siendo condenados oficialmente a un destierro al que ya se habían visto obligados desde el principio de la represión y, además, a una pesada multa y embargo de bienes, que obviamente recaerían sobre sus familias. En dicho proceso el brigada Manzano dio informes malos sobre los procesados, quizá para ponerse al abrigo de sospechas, y el párroco Matías García Miguel, poeta reconocido en Navasfrías y otros pueblos rayanos, se cobró presuntos agravios o desplantes, tachando de cobardes u oportunistas a los vecinos y autoridades militaristas por no haberlos apresado, pero sobre todo señalando a Petra Almaraz como la peor de la familia. No lo sería por mucho tiempo, pues el mismo año moriría a consecuencia de malos tratos, entre otras víctimas indirectas, la mayoría forasteras. Entre estas últimas se cuentan varios contrabandistas portugueses, que en el contexto de la guerra o la postguerra, fueron abatidos por los Carabineros o la Guardia Civil, que tal vez los tomaran en algún caso por maquis.

En consecuencia, el necrologio de Navasfrías, en cuyo registro civil no figuran muertos “por herida de arma de fuego” en las actas de defunción de 1936 y años siguientes, es más copioso de lo que señala la memoria colectiva, que hasta hace poco solo mencionaba una o dos víctimas.

 

Valentín Caballero Devesa, de 40 años, natural de Navasfrías, vecino de Moraleja (Cáceres), labrador, casado con Primitiva Bodón Miguel, con quien tenía cuatro hijos. Hacía trabajos de carpintería y tenía una taberna donde se reunían gentes de izquierdas. Los falangistas lo detuvieron con un albañil llamado Francisco con el que reparaba una tapia en la que apareció una pintada: “muerte al fascio criminal”. Pasó una semana de malos tratos en los calabozos del ayuntamiento, hasta que unos falangistas, al parecer de Valverde del Fresno, lo llevaron en dirección a Coria en una camioneta, en la que también se llevaron a Francisco y a otros tres detenidos: Vicente Carrero García (secretario del Partido Socialista), Benigno Viera Rego (dueño de la sede de reuniones del Frente Popular) y Baldomero Campos Durán (policía local). En el trayecto Julián “el Carrasco” y otros falangistas le impidieron a Eloísa Caballero, hija de Valentín, y a otros familiares acercarse a la camioneta. El 26 de agosto los detenidos fueron sacados en dirección a Torrejoncillo y bajados de la camioneta en el sitio denominado “Cuestas de Mínguez”, donde fueron fusilados y arrojados por un barranco, siendo los cadáveres abandonados. Un pastor, Aurelio Leno Clemente, avisó a las autoridades de Coria de que sus perros habían descubierto y encetado los cadáveres, pero las autoridades impidieron a Primitiva, viuda de Valentín, y a su familia ver y retirar los restos mortales, que, según testimonios de la Guardia Civil y de otras personas, quedaron enterrados en una zanja propia del terreno. Después las represalias contra la viuda y los hijos de Valentín fueron constantes por parte del citado Julián “el Carrasco”, entonces policía local, impidiendo con amenazas el llanto, mientras que el jefe de Falange en funciones, también con amenazas de muerte para ella y sus hijos, presionaba a Primitiva para que firmara un documento reconociendo la desaparición voluntaria de su marido. De su hijo Cipriano las autoridades locales dieron informes desfavorables cuando cumplía el servicio militar en Getafe, diciendo que era comunista. Los familiares de Valentín creen que en su denuncia pudo influir un incidente con un vecino que era lindero y labrador rico, Celso Alemán Ladero (Mor 2008).

Félix González Alfonso (a) “Mosquita”, de unos 50 años, jornalero, STT, casado, padre de tres hijas al menos. Se menciona en el expediente personal de Demetrio Gutiérrez (1979) como víctima eliminada en la misma saca y enterrado en el mismo lugar que éste, la finca de Campanilla, término de Ciudad Rodrigo  (croniquilla del pasado día 25). Su identificación constituye un caso ejemplar de lo laboriosa que resulta la recuperación de la memoria histórica, pues ha llevado casi cuarenta años, desde la primera pista ofrecida por un falangista en 1973, quien recordaba la detención y eliminación de un vecino “por no entregar una pistola, hasta que se pudo consultar la relación de entradas y salidas en la cárcel de Ciudad Rodrigo y los informes policiales de este municipio en 1979 (Desaparecidos 1936; Iglesias, Represión franquista: 40). Informes orales todavía recientes recogidos por una nieta de Félix, Liliane (residente en Francia), completan su perfil. Antes de la guerra civil, se había ido a Francia en bicicleta, de donde volvió con su familia por causa de una herencia, pero, pero al producirse la sublevación militar, él se quedó después de acompañar a su mujer hasta Fuentes de Oñoro para que tomara el tren de regreso a Francia. La esposa se sintió abandonada, quizá ignorando el destino fatal de Félix. Dos niñas de la pareja morirían de meningitis (N 2009).

Desconocido. Según testimonios, en el monte donde confluyen los límites de Portugal, Extremadura y Salamanca, llamado el Picotu, fue enterrado un forastero, probablemente asesinado (N 2007, 2008).

 

Entre las víctimas mortales indirectas se cuentan:

Un contrabandista portugués, de unos 25 años, quizá natural o vecino de Quadrazais (Portugal), falleció junto al molino de José Seijo, el día 18 de julio de 1937, a consecuencia de herida de arma de fuego, y fue enterrado en el cementerio de Navasfrías (Dil.N/37). Las circunstancias del hecho se describen en el parte enviado por el brigada Braulio Manzano al teniente de Carabineros de Casillas de Flores, Manuel Prieto Vasallo, instructor de las diligencias. Dicho súbdito portugués practicaba el contrabando habitual antaño de paquetes de café y carretes de hilo, en macutos cargados a la espalda, que luego había que vender casa por casa, lo que a veces era como meterse en la boca del lobo (en la C. 2133/1937: f. 408, Godofredo Checa Luna, capitán del Regimiento La Victoria, cuenta que, estando enfermo en cama en su domicilio de Ciudad Rodrigo, entraron dos portugueses que ofrecieron café a su esposa a 10 pesetas o a 8 pesetas si eran en plata. Saltó del lecho y consiguió detener a uno en casa de una vecina). En este caso eran un total de 9 o 10 macuteros, que en fila india trataban de franquear la raya por “el paso de la Chaparra”. Cerca de “la casa de Modesto” les esperaban, escondidos, el carabinero Cancio López Calvo y el soldado Esteban Miguel Mangas, este último del destacamento del Regimiento de la Victoria, de cuya presencia en Navasfrías no se tenían otras noticias. Los vigilantes estaban alertados por disparos que provenían del lado por donde se manifestaron dichos contrabandistas, hacia las 22 horas, y el que iba a la cabeza en seguida avisó a los demás. Los contrabandistas no obedecieron al alto “a los Carabineros”, sino que huyeron, dispersándose. En la persecución y tras cuatro disparos al aire, el Carabinero efectuó un disparo en dirección del grupo, haciendo blanco en uno de los que huían, a juzgar por sus lamentos. Los demás se internaron en el monte, sin que el Soldado consiguiera detener al guía, que se desprendió de la carga. Por todo botín, 3 bultos, con 52 kilos de café en grano tostado y 50 carretes de hilo blanco, que recogieron los vigilantes, mientras el herido se lamentaba con razón. Trataron de socorrerle en el caserío más cercano, el de “los Huérfanos”. Allí les prestaron dos caballerías, para el transporte del herido y de los bultos. Antes de llegar a Navasfrías, a la altura de la fábrica de José Seijo Lozano,  el herido solicitó en portugués que lo bajaran de la caballería, pues estaba realmente mal, sin poder seguir adelante. Quedó a su cuidado el Soldado, mientras el Carabinero fue a dejar la mercancía incautada en la residencia de los Carabineros. El Brigada con el mencionado Cancio López y otro carabinero volvieron donde estaba la persona herida, de hecho ya cadáver. En su agonía, sólo podría decir que era o vivía en Quadrazais (f. 1-2). Antes de darle sepultura, los médicos de Navasfrías y de El Payo le practicaron la autopsia:

[Era] un hombre como de alrededor de 25 años que vestía sombrero fino en mal uso, chaqueta y chaleco de dril, color gris a rayas, pantalón de pana color verde rayada en mal uso, camisa y calzoncillos de tela de algodón blanco también en mal uso, calcetines negros de algodón y alpargatas color marrón. La pierna del pantalón y calzoncillo del lado derecho y calcetín correspondiente se hallaban completamente empapados de sangre.

La herida de bala en la parte superior e interna de la pierna derecha en la región poplítea le había producido “la explosión casi completa del sistema vascular” (f. 7vº). En palabras llanas, este hombre murió desangrado, falto de cuidados. Los médicos concluyeron que la herida era mortal de necesidad y  que “la muerte se produjo a consecuencia de edema agudo post-hemorrágico”. Al carabinero Cancio López no se le seguiría responsabilidad alguna, según el dictamen del Auditor de Guerra, por haber obrado en actos de servicio (f. 12). De esto se deduce que, entre los servicios de los Carabineros, se incluía disparar contra los míseros contrabandistas. No consta si se practicó alguna diligencia para avisar a la familia de este joven portugués.

Petra Almaraz Marcelino, de 26 años, hija de León y de Fausta, de profesión “sus labores”, casada con Ángel Ramos Navais, de cuyo matrimonio dejaba dos hijos; falleció el día 4 de septiembre de 1937, a consecuencia de “miocarditis escarlatinosa” (RCN, act. def. 05/09/1937). Como se indicó más arriba, su padre (“ti León”) había sido alcalde de Navasfrías  y su marido concejal, ambos fugados a Portugal en la primera quincena de agosto de 1936. De hecho, según los testimonios, la causa inicial fueron los malos tratos de que fue objeto, por lo cual “se le envenenó la sangre” (N 2005a); y si no fue atropellada con caballos por los falangistas en 1936, como asegura el maquis Gerardo Antón (supra), sí habría sufrido patadas propinadas por sus verdugos, cuando al parecer estaba embarazada (N 2007), circunstancia que delataba la presencia de su marido a uno u otro lado de la frontera de Portugal, donde sus enemigos sospechaban que se escondía. El párroco daba malos informes sobre ella, porque no quiso bautizar a los hijos (N 2009), tanto que, efectivamente, en el expediente contra su padre el ínclito “don Matías”  (supra) se desahogaba contra Petra: (...) la mujer del segundo [Ángel Ramos] e hija del primero [León Almaraz] es más agresiva y violenta que ellos (C.1886/37: f. 3).

Agustín Cuevas, que vivía en el paraje de Los Llanos, fue uno de los que protegieron y escondieron en su huida a León Almaraz y Ángel Ramos, por lo cual sería víctima de malos tratos de los que habría muerto en fecha incierta (N 2009).

Dos hijas de Félix González murieron de meningitis (cf. supra), en fecha incierta.

Un contrabandista portugués fue abatido en El Cuisal por los Carabineros o la Guardia Civil, así como otros dos o tres portugueses a la entrada de las minas, cuando introducían ilegalmente “mineral”, por el mismo tipo de agentes. Todos ellos en fecha incierta.

El número de víctimas mortales indirectamente relacionado con la represión franquista refleja bien el ambiente que se respiraba en este pueblo fronterizo, que tiene más cerca los pueblos de Portugal que los de España, con los que además ha estado mal comunicado, por lo que, en cierto modo, casi ha tenido que vivir en régimen de autarquía (“una especie de Principado de Andorra”, resumía D. Julián Mateos Plaza, joven párroco de Navasfrías al filo de 1950). Con el tiempo la guerra y la postguerra aportaron una prosperidad inesperada en Navasfrías y El Payo, con el contrabando de estaño y de wolframio que, de acuerdo con las circunstancias, se practicaba en uno u otro sentido en la frontera. Además, los mineros cobraban sueldos que casi doblaban el de los jornaleros. Ahora bien, los contrastes sociales también habían marcado la vida local y, en el contexto bélico, a ellos se añadieron otros, como la rivalidad de los Carabineros y el destacamento de la Guardia Civil. Los agentes de este instituto consideraban sospechosos de republicanismo a los del primero. El mismo brigada Manzano se vería envuelto en una información, diligenciada por Antonio Cejudo, capitán de la Guardia Civil, debido a los trapicheos comerciales con patatas por parte de Agustín Calzada, jefe falangista de Ciudad Rodrigo. Pero el Brigada se resarció con la denuncia de un guardia civil, Bernardo Nieto Santa Olalla, que, sin reparo alguno, acosaba a una vecina casada, cuyo marido tendría antecedentes izquierdistas, prometiéndole protección (Iglesias, Represión franquista: 531).

Los republicanos políticamente marcados fueron represaliados, como los afiliados a la Sociedad Obrera, de la cual había sido presidente Román Martín (“ti Román”) y secretario el mencionado Ángel Ramos. Al producirse el Alzamiento fueron detenidos el citado Román Martín, así como Juan Caballero (“ti Manillas”) y “ti Delfín”. También fue perseguido Plácido Ramos, que era el “rojo oficial del pueblo”. A otros miembros de la Casa del Pueblo les retiraron los empleos municipales (N 2007a). Entre los represaliados hay otro miembro de la familia Ramos: Domingo Ramos Navais. Tuvo que incorporarse a las filas del ejército franquista en los últimos reemplazos, pero se pasó con otros soldados a la zona republicana. Por ello sería juzgado después en consejo de guerra y condenado a una pesada pena, aunque sólo estaría en la cárcel año y medio, obligado “a revisión” una decena de años (N 2005). Su detención se produjo, al parecer, cuando volvió al pueblo por las fiestas de San Juan y los guardias civiles de Peñaparda le echaron mano y fue a parar a un campo de concentración (N 2007a). Algunos de estos republicanos navasfrieños, como el mismo Ángel Ramos mientras estuvo en Portugal, mantuvieron contactos con los maquis que merodeaban por El Jaque (Villasrubias) y Jálama. Gracias a su ayuda consiguieron salir de España los últimos guerrilleros de Extremadura e 1948 (Iglesias 2016b: 333-337).

Así pues, descontados los naturales contabilizados con los vecinos de otras localidades, como Emilio Hernández Hernández (vecino de Carpio de Azaba), el total de afectados por la represión en Navasfrías ronda la veintena:

-víctimas mortales: 10 u 11 (7 u 8 indirectas)

-víctimas carcelarias: 7

-depurados, exiliados: 4 (uno de ellos también preso)

-sancionados, embargados: 2 (también e

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vie

25

nov

2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936. Saca del 25 de noviembre: la fosa de Campanilla. Represaliados de  Castillejo de Dos Casas.   Ángel Iglesi

Desde el mes de octubre amainaron las sacas colectivas de la cárcel del partido de Ciudad Rodrigo, fuera o no debido a la publicación del Decreto 55 (croniquilla del pasado día 1º de noviembre). También cabe suponer que cada vez quedarían menos republicanos “peligrosos” en dicha cárcel, estuvieran detenidos desde el principio o ingresados a lo largo de los meses de octubre y noviembre. Siete de ellos fueron excarcelados y ejecutados extrajudicialmente el día 25, conforme al protocolo oficioso habitual (falsa “puesta en libertad” y eliminación clandestina). Según los informes policiales de 1979, los cadáveres de estas víctimas fueron enterrados en una fosa de Campanilla (finca en el término de Ciudad Rodrigo, entre las carreteras a Cáceres y a Martiago), pero quizá no sería el caso de todas ellas (Iglesias 2016b: 307). Manuel Delgado Sánchez-Arjona, alcalde mirobrigense (1979), afirmaba lo siguiente:

 

“(…) todos ellos, al ser puestos en libertad eran esperados a la puerta de la Prisión con una camioneta, trasladados al extrarradio y ejecutados con mano airada, siendo este grupo yacente en uno de los prados de la finca de Campanilla de este término municipal y conforme se informó también en el expediente promovido por Benedicta Moreno Pacheco, viuda de Lisardo de la Nava” (AMCR, Desaparecidos 1936).

 

Matías Andrés Ballesteros Lorenzo (a) Trincalo”, de 68 años, albañil, consejero y depositario de la STT, casado con Tomasa Ferreira Montero, sin hijos. Había sido detenido el 29 de julio (ver necrologio de Villar de Ciervo, día 16 de septiembre)

Félix González Alfonso (a) “Mosquita”, de unos 50 años, jornalero, STT, casado, padre de tres hijas al menos (ver croniquilla del  próximo día 27, con la represión en Navasfrías, para no acumular datos aquí).

Demetrio Gutiérrez Roncero, de 45 años, natural de Montehermoso (Cáceres), hijo de Antonio y María, jornalero, casado, sin indicación del nombre de la esposa y el número de hijos. “Ingresó en prisión a las 13 horas del día 8 de octubre de 1936 entregado por Guardias de Seguridad” (Exp. Viudas / Desaparecidos 1936).

 Gabriel Cruz Hernández, de 45 años, natural de Aldehuela de la Bóveda, vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Alberto y Maximina, jornalero, STT, casado con Trinidad Ortega Repila, padre de tres hijos menores; “detenido [del] Juzg[ado] militar” en la cárcel de Ciudad Rodrigo (25/10/36), falleció “en este término municipal el día 25 de noviembre de 1936 (…) a consecuencia de heridas producidas por arma de fuego”, sin indicación del lugar de sepultura (RCCR, act. def. 13/06/1945, “a instancia de Trinidad Ortega Repila”).

Julián Vicente Sánchez Santiago, natural y vecino de Ciudad Rodrigo, casado, sin otros datos (ASMJ); ingresó el día 30 de octubre de 1936 en la prisión del partido judicial, como “detenido del Juzgado militar”, y salió el día 25 del mes siguiente, según la relación de entradas y salidas de dicha prisión. Se menciona en el expediente personal de Demetrio Gutiérrez (1979) como víctima eliminada en la misma saca y enterrado en el mismo lugar que éste  (Desaparecidos 1936).

Elisardo o Lisardo de la Nava González, de 37 años, natural y vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Agapito y María, camarero, casado con Benedicta Moreno Pacheco, padre de cuatro hijos menores; “detenido del Juzgado militar, entregado a las 13 h 30 por fuerzas de la Guardia Civil” en la cárcel de Ciudad Rodrigo (06/11/36),  de donde fue sacado (25/11/36, AMCR, Exp. Viudas/ Desaparecidos 1936); falleció “en la dehesa de Campanilla de este término el día 25 de octubre de 36”, sin indicación de la causa ni lugar de sepultura (RCCR, act. def. 25/11/1939, “a instancia de Benedicta Moreno Pacheco”). La fecha de fallecimiento según el acta de defunción es errónea, con el mes equivocado. Lisardo había sido herido por bala en un pie en los sucesos del día 12 de mayo de 1936 en Ciudad Rodrigo, en los que resultó muerto el empleado municipal Celedonio López Moreno “el Barrendero” (Iglesias, en Carnaval 2016: 385, y Represión franquista: 233).

Bruno Fernández Hernández, de 34 años, natural y vecino de Castillejo de Dos Casas (anejo del ayuntamiento de Aldea del Obispo), hijo de Juan y Eugenia, jornalero, casado con Lucila Jorge Pereira (o ¿Ferreira?), padre un hijo menor (act. def. 28/09/1940, ASMJ). Ingresó en la cárcel de Ciudad Rodrigo el día 20 de noviembre de 1936, de donde salió el día 25 del mismo mes, según la relación de entradas y salidas de dicha prisión. Se menciona en el expediente personal (1979) de Demetrio Gutiérrez como víctima eliminada en la misma saca y enterrado en el mismo lugar que éste (Desaparecidos 1936). Según el acta de defunción fuera de fecha (28/09/1940) habría fallecido el día 24 de agosto de 1936, que podría ser la de algún de intento de detención, de fuga a Portugal o algún episodio análogo.

En la relación de entradas y salidas de la cárcel de Ciudad Rodrigo en 1936 se mencionan otras tres personas que, a juzgar por los apellidos, podrían ser hermanos de Bruno Fernández. José y Tomás Fernández Hernández, naturales de Castillejo de Dos Casas, y Julián Fernández Hernández, natural de Carpio de Azaba, ingresaron en la cárcel del Partido, por “lesiones”, el 10 de enero de 1936. José salió el 23, Tomás y Julián el 21 de dicho mes (Sumario 244/1936, AMCR, Desaparecidos 1936).

Además de Bruno Fernández, la represión posterior al Alzamiento afectó a dos personas de Castillejo de Dos Casas, que estuvieron presas, una de las cuales también fue objeto de sanción económica.

Total provisional de víctimas identificadas de este pueblo: tres.

 

 

 

 

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mié

23

nov

2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936. Represión en Campillo de Azaba: la guerra incruenta del maestro Antolín Santos contra el secretario Patrocin

La represión en Campillo de Azaba fue muy similar a la del pueblo comarcano de Ituero (croniquilla del pasado día 19) o, entre otros lugares, la de Alameda de Gardón (que tal vez se describa otro día). En dicho pueblo no hubo víctimas mortales, aunque sí una saca fallida de la que, según testimonios, se libró Joaquín Félix Gómez.  Quizá en esta moderación tuvieran un papel benéfico el párroco Wenceslao Casanueva y los mismos terratenientes, que no parecen haberse ensañado contra los ocupantes y colonos asentados en Martihernando, finca de la que eran dueños proindiviso Isabel Angulo Rodríguez del Toro (marquesa viuda de Peñaflor) y Álvaro Pérez de Barradas Fernández de Córdoba (marqués de Bay) y arrendatarios Juan Cobaleda y su cuñado Atanasio Fernández, a pesar de la dura batalla legal que habían mantenido unos y otros (Iglesias, Represión franquista: 216). Como había explicado el secretario del ayuntamiento, Patrocinio Calvo, en un artículo de El Adelanto en 1933, esta finca de 2.077 ha ocupaba la mayor parte de la superficie cultivable del pueblo. Así que casi todos los vecinos eran aspirantes a los asentamientos previstos en ella según los planes del Instituto de Reforma Agraria. Patrocinio luchaba por la aplicación de esa reforma, aunque no era ningún ácrata revolucionario, pues presidía el Sindicato Agrícola Católico local. Pero se vio envuelto después del Movimiento en las denuncias contra él mismo y sus adeptos, antiguas autoridades republicanas y socios obreristas, por parte del maestro Antolín Santos y sus partidarios. No obstante, probablemente la beligerancia entre estos dos funcionarios no tenía como objetivo la eliminación física de adversarios, sino que se debía a las veleidades de poder del Maestro que le disputó al Secretario la jefatura de la Guardia Cívica, sin conseguirlo, y se resarció con la de la Falange local. Es un ejemplo interesante de la lucha de clanes en los pueblos de este territorio de la retaguardia franquista, en la que perduraba el caciquismo endémico. La literatura procesal de 1937 y 1938, de paso, revela el intenso rastreo del obrerismo campillejo, dentro del objetivo general del sometimiento de los jornaleros al poder del Nuevo Estado.

Por su abuso de poder y sulfurosa fama, Antolín Santos Alfonso, maestro y jefe de Falange de Campillo de Azaba, fue procesado en 1937 (P.sum.1876/37), pero también estuvo enredado en las informaciones que afectaban a los funcionarios e incluso a personas con cargos en la Falange y a oficiales de los Institutos armados, contra los cuales se instruyó un voluminoso procedimiento sumarísimo (C.2133/37). En 1938 Antolín residía en Terradillos (partido de Alba de Tormes) y se menciona con otros maestros depurados en la zona de Ciudad Rodrigo. La represión de que fue objeto se ha mantenido en la memoria colectiva lugareña, según la cual, “don Antolín era de izquierdas”, después trató de chaquetear, haciéndose pasar por falangista, pero no consiguió librarse de la cárcel, debido a sus antecedentes, ni siquiera con la ayuda que presuntamente le prestara un hermano comisario de Policía Secreta (CadA 2009). Tras la consulta del procedimiento a que fue sometido, se puede describir con más matices el complejo mecanismo en que estuvo envuelta su vida por aquellos años, en la que manifestó un  verdadero afán inquisidor en Campillo, que también se refleja en el procedimiento instruido contra Lorenzo Martín (P.prev.CadA/ma.38).

A primera vista la imagen del maestro de ideas avanzadas, transmitida en la memoria local, parece corresponderse con la que explícitamente se manifiesta en una denuncia del día 21 de septiembre de 1937 que, por conducto de Antonio Cejudo Belmonte, capitán de la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo, se recibió en el Gobierno Civil de Salamanca (P.sum.1876/37: f. 1). En ella se describía al detalle a Antolín Santos, más que como alguien peligroso por su mala conducta e ideas comunistas, como un hombre peligrosísimo, por ser hombre de cultura y ejercer una enseñanza corrosiva, tan antirreligiosa, que en la escuela había llegado a decir e ilustrar gráficamente el concepto de que “es preferible adorar a una encina, que al propio Dios”. Por si esto fuera poco, se había hecho con la jefatura local de Falange, posición desde la cual se permitía amenazar a los miembros de la Guardia Cívica por embarazosos, al alcalde y al Ayuntamiento por no celebrar debidamente los funerales del general Mola, al teniente de alcalde, apuntándole con un revólver, porque no le entregaba tres pistolas con que incrementar el armamento de que ya disponía, 16 escopetas, con las que pensaba equipar a los falangistas y con ellos ser capaz de oponerse a las mismas fuerzas del Ejército. Por añadidura, según la denuncia, había llegado a atracar en su domicilio a una pobre mujer portuguesa, exigiéndole, pistola en mano, que le entregase el dinero en plata que tuviera. En suma, para el vecindario Antolín era un perfecto cacique, un señor de horca y cuchillo, contra el que lógicamente, como antaño los vecinos de Fuenteovejuna, se habían alzado los padres de niños en edad escolar.

De los hechos denunciados por estos vecinos ya había tenido constancia en el mismo pueblo un sargento de la Guardia Civil, Florencio García Corral, comandante accidental del puesto de Campillo, quien el 21 de septiembre había elevado el parte correspondiente a su superior, el mencionado capitán Antonio Cejudo. La presencia accidental en Campillo de este sargento de la Guardia Civil respondía a lo que pasaba en los pueblos sin cuartel de ese Instituto o del cuerpo de Carabineros, donde las fuerzas paramilitares se hacían con el poder absoluto, o se lo disputaban cuando había más de una tendencia entre ellas, como en este caso la Guardia Cívica y la Falange. Antolín había formado parte de la primera, y se había dado de baja para ser investido de la jefatura local falangista, por el jefe provincial de Falange y no sin sorpresa por parte del mismo, en vista de que al comienzo del Alzamiento, Antolín se oponía a la presencia de dicha Milicia por considerarla innecesaria. Este mismo responsable informaba de la posibilidad de que Antolín hubiera votado al Partido Comunista, pero más por fidelidad corporativista que por convicción ideológica, pues el candidato de dicho partido era “un tal Campo Redondo”, inspector de 1ª Enseñanza. El comportamiento imprevisible del maestro lo hacía más peligroso todavía, pues para los militares Antolín sería un verdadero rebelde y, lo que era peor, un rebelde armado y dispuesto a utilizar las armas en contra del Ejército y contra las personas, en beneficio propio, opinión que venían a corroborar varios declarantes.

Todo esto, claro está, era resultado más o menos directo de las denuncias de los enemigos de Antolín, como éste trataría de demostrar, pero de momento su presunto ideario marxista y sus alardes verbales, unidos a la posesión de escopetas y otras armas de fuego, tuvieron consecuencias inmediatas. Dichas armas serían confiscadas en la primera quincena de agosto de 1937, en que Antolín fue destituido como jefe local de Falange, y esta denuncia a fines de septiembre determinaría su arresto y traslado a la cárcel provincial de Salamanca, donde ingresó el 3 de octubre de 1937. Lejos de amilanarse en prisión, Antolín se mostró muy emprendedor en sus declaraciones y empezó a enviar escritos al juez militar en noviembre y diciembre. En sus primeras declaraciones (11/11/37), después de recordar que era maestro de Campillo desde 1931, insistía en que el contenido de sus clases se ajustaba al credo de la Iglesia y a las ideas de orden, de tal modo que, a pesar de las leyes laicas del Gobierno republicano, no había retirado el crucifijo de la escuela, aunque había tenido que entregar al párroco las láminas ilustrativas de la Historia Sagrada. Después del Movimiento los niños de la escuela asistían a las manifestaciones patrióticas. El nombramiento de jefe local de Falange se lo había conferido el jefe provincial de esta agrupación, quien le había entregado las mencionadas escopetas, una vez se produjo su propia baja en la Guardia Cívica. Negaba el incidente con la mujer portuguesa y la denuncia de las autoridades por no haber asistido a los funerales del general Mola, todo ello motivado por su rigor en mantener el nuevo orden y debido a la ojeriza del secretario Patrocinio Calvo y los antiguos ugetistas.

Por entonces envió un escrito al juez, solicitando la presencia de un notario para legalizar documentos, así como el testimonio de varias personas. De tal modo que en su segunda declaración, que es de hecho una reanudación de la primera, diez días después (23/11/37), Antolín ya en estaba en condiciones de presentar documentos que, según él, probaban que las denuncias de que era objeto obedecían a enemistad personal y política de la mayoría del vecindario y particularmente del secretario del Ayuntamiento, relacionados con la antigua Casa del Pueblo. Una rivalidad ideológica y personal que también se daba por parte del alcalde, Vicente Francisco Báez, que a su vez acusaría a Antolín de “asaltar el coche de línea para ocuparle las cantidades que llevaba en plata, si bien luego las entregó en la Alcaldía”  (C.2133/37: f. 199vº). Según el Maestro, además de asuntillos particulares, todo se debía a que él era “entusiasta defensor del Movimiento”, un entusiasmo que tampoco compartía el Alcalde, porque tenía en su propia familia marxistas declarados, sus hermanos Anacleto y Juan Antonio, así como un yerno, Alfredo Martín. Ya en esta dinámica de defenderse con ataques, denunciaba a su vez una serie de actos en que había tenido que dar pruebas de su adhesión al Movimiento, frente a la pasividad de las nuevas autoridades locales: retirada de una bandera tricolor de la tablilla del estanco, disolución de una reunión de marxistas, retirada de letreros y papeles portadores de conceptos contrarios al Movimiento, detención de varios vecinos poco adictos al mismo, entre ello Felipe Fandiño y Saturnino Martín, en vista de la actitud irrespetuosa que manifestaban en las celebraciones patrióticas.

En esta tesitura de querer hacer valer su adhesión al Movimiento y la pasividad de las autoridades municipales, con el Alcalde al frente, señalaba una serie de servicios, como la presión ejercida sobre tres antiguos miembros de la U.G.T, uno apellidado Santiago, Isaac Calzada y Melchor González, para el pago de la cuota a la Comisión Recaudadora, la denuncia de los aludidos comportamientos irrespetuosos en las celebraciones patrióticas y el proyecto de fundar un hospital de sangre, que no se pudo llevar a cabo por falta de médico permanente en la localidad. Al secretario del Ayuntamiento, Patrocinio Calvo, lo acusaba explícitamente de haber ocultado datos sobre los antiguos socios de la Casa del Pueblo. Reconocía que tenía enemistad con el juez municipal, con el teniente de alcalde y con el juez suplente, Lorenzo Fandiño, el primero y el último antiguos afiliados a la U.G.T., así como un yerno del segundo. Todo ello prueba claramente que la adhesión de Antolín al Movimiento no había sido sólo verbal, sino que hizo lo que pudo como represor. Y por si hubiera dudas sobre su ideología y pedagogía sugería al juez que llamara a declarar a una larga serie de testigos. Mientras llegaban los informes que el detenido presumía favorables para su causa, Antolín Santos se defendía por su cuenta desde la cárcel, con el envío de otro escrito al juzgado militar (26/11/1937), en el cual acababa de pintar el paisaje con figuras de la política local. Revelaba quiénes fueron los fundadores y socios principales de la Casa del Pueblo, que no eran otros que sus propios enemigos, sin olvidar de retrotraer también la imagen del antiguo alcalde republicano, Alfonso Casado, que además de prestar su casa para las reuniones de los jornaleros sindicalistas, era cabezalero de la Comunidad de Campesinos y anfitrión de los socialistas notables de Ciudad Rodrigo:

La Sociedad Obrera [fue] fundada por el Ayuntamiento y Secretario, y en la que estuvieron afiliados todos los vecinos del pueblo (...), el concejal Francisco Pérez, tesorero de aquél, el concejal Juan Antonio Francisco, segundo presidente, (...) el  más significado Enrique Félix, todos los demás concejales fueron afiliados, así como el alcalde Alfonso Casado.  El domicilio de éste fue el de la Sociedad y de la Comunidad de Campesinos asentados de que él era el cabezalero; dándole con él banquetes al secretario de Manso, Aristóteles y Gaite, sus amigos (P.sum1876/37: f. 120).

En contraste con sus denunciantes, el encartado exponía al juez que él siempre había estado al lado del alcalde colaboracionista, ahora firmante de la denuncia, con el que había colaborado en las actuaciones derechistas durante las elecciones del año anterior, comportamiento que le había acarreado persecuciones y agresiones de los izquierdistas, Mateo Hernández y Nicolás Méndez, entre otros. Tampoco había lugar a dudas sobre su pronta adhesión al Movimiento, pues enseguida fue nombrado jefe de la Guardia Cívica, vocal de la Comisión Recaudadora de la suscripción nacional para el Ejército y jefe local de Falange, y accesoriamente el vecindario había sido testigo de sus vivas a España, la reposición de la bandera bicolor en la escuela y otras manifestaciones análogas. Todo esto sin olvidar de negar una vez más las acusaciones de la denuncia y de reclamar documentos del archivo municipal y declaraciones de testigos, que se añadirían a otras que, en sentido favorable, le llegarían por aquellos días al juez instructor militar. Precisamente uno de los documentos que reclamaba, “para la garantía de la justicia”, era un justificante o copia de la Comisión Depuradora del Magisterio sobre su conducta como maestro de Campillo de Azaba, lo que accesoriamente prueba que pos estos pagos ya funcionaba tal instancia represora (f. 121).

Todavía a finales de noviembre y principios de diciembre de 1937 seguían llegando al juzgado militar de Salamanca informes desfavorables que, en sustancia, lo calificaban de cacique y manipulador, irrespetuoso y caprichoso, y sus acusaciones contra vecinos eran de  motivación pasional. Pero estas informaciones ya no cambiarían el curso del proceso que empezaba a derivar en el buen sentido para los intereses del maestro encartado. Las declaraciones de los párrocos de Alberguería, Fuenteguinaldo y Espeja, respectivamente Lorenzo Martín Lagar, Florencio Carreño Merchán y  Julián Fernández Ramajo, si no todas era abiertamente favorables, estaban  lejos de avalar la imagen de un ateo convencido, concepto corroborado por otro testigo, un propietario de Espeja, quien manifestaba que “es excelente persona” (f. 139). En el mismo sentido se expresaba también un maestro de Ciudad Rodrigo, Martín Romo Sesnilo, quien insistía en los contenidos y puesta al día de la docencia de Antolín Santos, que había sido presidente del Centro de Colaboración Pedagógica de los Maestros del Partido (f. 136).

Sin duda Antolín Santos, si es que no lo conocía de antes, aprendió a manejarse en seguida por el laberinto de las actuaciones judiciales, aun en el contexto nada favorable de la cárcel, desde la cual (04/12/37) solicitó del juez militar otras diligencias para que declarasen testigos de pueblos colindantes o vecinos de Campillo residentes en otra parte, pues en el pueblo no contaba con muchos amigos. Lógicamente, si en las primeras declaraciones había solicitado a las personas menos sospechosas de laicismo e ideas corrosivas, los párrocos, ahora era preferible el testimonio de personas políticamente marcadas de derechas: Eugenio Sánchez, soldado en Salamanca, el único jornalero joven que no pertenecía a la U.G.T., un vecino de Fuenteguinaldo, “viudo de Doña Clara”, el secretario del juzgado de este pueblo, Severino Baz, antiguo miembro del Requeté, así como una vecina de Campillo y residente en Salamanca, relacionada con el Banco del Oeste, y el secretario de Alberguería, de donde Antolín era natural y de cuyo Sindicato Agrícola había sido presidente fundador su propio padre, Juan Antonio Santos González, ya fallecido. Todo ello, sin desaprovechar la oportunidad de volver a cargar contra su principal enemigo, Patrocinio Calvo, antiguo dirigente de la Casa del Pueblo, que, según Antolín, seguía ejerciendo y manipulando a otros antiguos miembros de tal asociación. De manera que él y su familia eran caciques que extendían su poder al contorno de Ituero y Castillejo de Azaba, donde contaban con el apoyo de los montaraces de las dehesas, todos ellos sospechosos de izquierdistas (f. 140).

Entre los testimonios favorables cabe señalar el de Pedro Santos del Parrado, médico de Ituero, que avala afinidades ideológicas de Antolín Santos con las de Gil Robles, de Velayos y Martínez de Velasco (f. 146). Pero de esas declaraciones una muy pertinente para entrever la significación de los hechos en el contexto local es la de una mujer residente en Salamanca, que corrobora globalmente la versión del Maestro. Josefa Sánchez Martín, antigua vecina de Campillo antes del Movimiento, y como tal conocedora de lo que allí se cocía, pues vivía en frente de la casa del alcalde republicano, Alfonso Casado, en la cual se reunían los socios de la Casa del pueblo, aspirantes al reparto de la dehesa de Martihernando. Entre los asistentes no solía hallarse Antolín Santos, una circunstancia relevante, pues está claro que la divisoria entre propietarios y gente sin tierra, derechistas e izquierdistas, pasaba por la actitud con respecto a este asunto. Por si había dudas, con esto quedaba claro que Antolín no era de izquierdas, cosa que él proclamaba desde la cárcel. Pero la mencionada Juana Sánchez acierta a explicar que el complicado conflicto en Campillo es, a la vez, una cuestión de ideología y de ambición de poder entre Patrocinio Calvo, secretario del Ayuntamiento y jefe de la Guardia Cívica, con afinidades izquierdistas, y Antolín Santos, maestro y jefe de la Falange, de perfiles derechistas, si bien ella adopta una perspectiva favorable para los intereses del encartado.

Antolín Santos, convencido sin duda de la buena marcha de su proceso, solicitó la libertad condicional pocos días después de los mencionados informes (07/12/37), que le será denegada (07/02/38). Finalmente, casi dos meses más tarde, tras del informe del juez instructor (20/01/38), el auditor de guerra acordó el sobreseimiento de la causa y la libertad definitiva del detenido (02/02/38), libertad que éste disfrutaría en Terradillos desde el día que salió efectivamente de la cárcel (07/02/38). Antolín Santos, en vista de la acogida poco amistosa que presuntamente le reservarían los vecinos de Campillo, había solicitado su traslado a dicho pueblo. Esto ya se sabe porque Antolín Santos, se diría, había tomado gusto al papeleo, y envió otro escrito al Auditor (10/03/38), solicitando el desglose de determinados documentos del expediente, los cuales necesitaba para tramitar otros asuntos. Tampoco parece que con el sobreseimiento se hubieran disipado todas las sospechas que inspiraba este personaje contradictorio, pues en su expediente se incluye un informe del Delegado de Seguridad Interior y Orden Público en Salamanca (06/03/38), en el cual se resumen los hechos que le conciernen, concluyendo que es un exaltado, sin un perfil muy marcado de peligrosidad, pero se recomienda se tomen con él “medidas de prevención” (f. 146). De hecho sería de nuevo procesado en 1941, o por lo menos debería haberlo sido, pues en esta ocasión se le dio por desaparecido, según la documentación de archivo manejada por S. López y S. Delgado (2007: 137-138).

A cara descubierta o mediante el presumible pseudónimo de “Linares” (un presunto soldado delator, nunca identificado), Antolín Santos denunció a medio pueblo. Uno de los más perjudicados fue el mencionado Patrocinio Calvo Alba, de 45 años, casado, secretario del ayuntamiento, que fue objeto de una información. Ello fue debido a la denuncia del presunto falso soldado que había sido precedida de otra análoga enviada al general gobernador militar de Salamanca, Manuel García Álvarez, por una  mujer soltera y amiga de Antolín Santos, la mencionada Josefa Sánchez (Inf.CadA/38). El contenido de esta denuncia coincide con el de las acusaciones vertidas por Antolín Santos en su declaración en el proceso casi simultáneamente seguido contra Lorenzo Moreno Gómez (P.prev. CadA/ ma.38). Aunque la firmante de la carta, Josefa Sánchez, ya había declarado en el procedimiento seguido contra el Maestro el año anterior (P.sum1876/37), la denuncia epistolar, además de estar inspirada por el mismo, si no redactada por él y copiada por ella, está más estructurada y contiene especificaciones que no conviene echar en saco roto, sobre hechos y personas, que eran los “extremistas” de siempre, “envenenados” por el “cabecilla” Patrocinio, conforme a la terminología habitual de Antolín.

Según la carta de Josefa, era el Secretario quien “había predicado” el reparto de Martihernando y generado “el foco marxista más homogéneo de la provincia”. En las elecciones de 1931 había conseguido el triunfo para las izquierdas y en las de 1933 y 1936 para el Frente Popular, llegando a darles 123 votos a los comunistas en las de Compromisarios, una verdadera campanada para un pueblo tan pequeño (f. 2). En los primeros tiempos había fundado y organizado la Sociedad Obrera, hacia 1932, la primera de la comarca, dirá después. El mismo Patrocinio era secretario y en la directiva figuraban como presidentes Enrique Félix, comunista, y Juan Antonio Francisco, concejal y juez; entre los socios se contaban: Francisco Pérez, concejal y persona influyente, Alfonso Casado, alcalde, que domiciliaba en su casa la Sociedad, a la que estaban afiliados todos los concejales. La enumeración de los “actos extremistas”, de los que consideraba responsable principal a Patrocinio, remontaban a los primeros años de la República, ocupando dos páginas de la carta, en siete puntos:

1º) Los afiliados de la Sociedad iban a echarse en la finca de Martihernando, exigiendo el jornal, como si hubieran trabajado, y molestando al montaraz, Pablo  González.

2º) Estos socios coaccionaban en las elecciones, ponían carteles marxistas traídos por el secretario y el presidente de la Sociedad; dificultaban la votación de los derechistas, impidiendo la entrada de los que presentaban a sus candidatos, como Gonzalo Santos, de Peronilla (Ciudad Rodrigo), y habían llegado a molestar al propio maestro Antolín Santos, único votante reconocido de las derechas; el alcalde Alfonso Casado y el concejal Francisco Pérez verificaban que los socios votaban a las izquierdas, bajo la tutela de Patrocinio, logrando un éxito que los directivos hacían valer ante Manso.

3º) El secretario Patrocinio se encargaba de que se presentaran en el pueblo de Campillo para hacer su propaganda los izquierdistas más notables, el secretario de Manso [Amador “Milhombres”] y Antolín Núñez, Gaite, Aristóteles González y Cascón, que dieron mítines en la Casa del Pueblo. La víspera de las elecciones de 1933, Patrocinio había participado en un mitin, dado en el ayuntamiento, en el que leyó un artículo publicado por él mismo en “El Adelanto” (19/11/33) sobre Martihernando, y una carta del comunista campillejo Vicente Vicente, oficial de Prisiones.

4º) Entre los atropellos cometidos en las siegas, se cuenta uno en la finca de Manzanillo, cuya naturaleza no se especifica en ningún caso, pero de los que no se siguió castigo para los infractores, porque los defendía Patrocinio en el Jurado Mixto,  con la ayuda de Manso y su secretario [Amador “Milhombres”].

5º) El robo de una vaca a un vecino de Alberguería de Argañán, y su venta en Ciudad Rodrigo, para fondos de la Sociedad Obrera, efectuado por afiliados a ésta; Patrocinio se ingenió para que la responsabilidad recayera sobre dos socios insolventes, Jesús Fandiño y Francisco Félix.

6º) Manifestaciones extremistas con una bandera roja, bordada por la hija de Patrocinio, en las que figuraban como abanderados el alcalde, una hija suya llamada Marina y Lorenzo Fandiño, sacristán, que tiraba los cohetes.

7º) En abril de 1936, se habían efectuado los asentamientos en Martihernando. Con este motivo el Alcalde y el Secretario amenazaron al Maestro, porque éste se oponía a que tal hecho se realizara en el local de la escuela. Entre los 60 asentados había sobre todo amigos y parientes de Patrocinio Calvo, quien, ante el descontento de los vecinos no asentados, los alentó para que solicitaran la otra mitad de la finca, que no se había repartido.

Según la denuncia, para cuando se produjo el Movimiento, Patrocinio Calvo y la Sociedad Obrera habían convertido Campillo de Azaba en “uno de los focos comunistas más importantes”; y entre los afiliados a la Sociedad se contaban vecinos que no eran obreros, como el mismo Patrocinio, Santiago Calzada y Melchor González; Vicente Francisco, alcalde en 1938, no había conseguido que lo admitieran, por su enemistad con el entonces alcalde Alfonso Casado. Después de iniciado el Movimiento, Patrocinio había mostrado su hostilidad, indicando a los asentados de Martihernando que era negativo para los intereses del pueblo. Por ello Campillo seguía siendo desafecto para el Movimiento, sin más que un voluntario para el frente, al tiempo que corría el rumor de la deserción de Francisco Félix, pasado a “rojos”. Los actos contrarios al Movimiento habían sido numerosos, también clasificados (f. 4):

1º) Los primeros días de Alzamiento, Patrocinio había enviado como emisarios a Carpio de Azaba al ugetista Felipe Fandiño y a Joaquín Félix, para que allí se enterasen de las noticias por radio; y había ordenado a los obreros que hicieran huelga, sin salir a segar, para estar dispuestos a seguir las consignas que recibieran de Ciudad Rodrigo.

2º) La noche del 6 de agosto, el Secretario avisó al alcalde, Alfonso Casado, cuando lo buscaban “policías de Ciudad Rodrigo”, para que huyera. Había dado cobijo en su casa a “marxistas de Ciudad Rodrigo”, facilitándoles la huida a Portugal, con la ayuda de portugueses conocidos; y a imitación suya se habían refugiado en el pueblo otros huidos de Carpio de Azaba y El Bodón.

3º) Las maniobras del mismo Secretario habían permitido también que quedaran sin sancionar actos contrarios al Movimiento denunciados por el que fue jefe de la Guardia Cívica y de Falange, Antolín Santos: resistencia a pagar la cuota correspondiente a la suscripción para el Ejército en agosto de 1936, por parte de los ugetistas Santiago Calzada, Isaac Calzada y Melchor González; ofensas a la bandera nacional por Felipe Fandiño; resistencia a quitar la bandera tricolor del estanco; reuniones marxistas en las eras y en el centro de la Sociedad Obrera; aparición de letreros comunistas. Más tarde, en el homenaje al Generalísimo en julio de 1937, negativa de Patrocinio y otros a firmar en el pliego; amenazas del Alcalde a la jefa de Falange femenina, Carmen González Castilla, si salía con la hucha de Auxilio Social; resistencia de las autoridades a cooperar en los actos patrióticos organizados por la Falange.

4º) Los informes solicitados por los jueces militares habían pasado por las manos de Patrocinio, y por consiguiente éste había logrado ocultar su propia actuación y la de los “extremistas”, haciendo la vida imposible a los que tenían “la valentía de ser españoles en un ambiente rojo”; los antiguos afiliados a la Sociedad Obrera seguían ocupando los puestos en el ayuntamiento: el secretario Patrocinio Calvo, el concejal Daniel Prieto, el juez Alfredo Martín, el juez suplente y sacristán Lorenzo Fandiño.  Y Josefa Sánchez, posteriormente, enumeraba los miembros más señalados de la Sociedad Obrera: Alfonso Casado, alcalde a la sazón desterrado, los hermanos Enrique, Francisco y Joaquín Félix, uno de ellos presidente, Francisco Pérez, tesorero, Juan Antonio Francisco Prieto y Lorenzo Fandiño, todos ellos activistas alentados por Patrocinio Calvo, en las elecciones antes del Movimiento, en los actos contrarios a éste después.

El declarante mejor informado y fiable era sin duda el párroco, Wenceslao Casanueva, que llevaba diez años en el pueblo. De entrada consideraba  que todo el asunto respondía a “una lucha personal y venganza de unos vecinos con otros”. Conocía el pasado izquierdista, relativamente remoto, de Patrocinio Calvo y de otros vecinos, Enrique Félix, Francisco Prieto (fallecido), Francisco Pérez, Alfonso Casado (desterrado), “de izquierdas más de nombre que de convicción”; Patrocinio había dejado la política activa en 1933. En torno al maestro Antolín Santos se agrupaban derechistas del contorno, Rafael Vicente, de Espeja, Ángel Risueño, médico de Ituero, y Anacleto Montero, la denunciante Josefa Sánchez también era amiga del Maestro. Éste, en apariencia indiferente en política, tenía un pasado izquierdista, pues en las elecciones del Frente Popular había conseguido votos para su compañero Campos Redondo, de la candidatura comunista. Las desavenencias entre el Maestro y el Secretario eran debidas al carácter autoritario del primero y su deseo de imponerse, a lo que se había opuesto el segundo. Al producirse el Movimiento, Antolín Santos quiso presidir la Guardia Cívica y al no lograrlo se dio de baja, afiliándose a Falange,  de la que consiguió ser nombrado jefe local, cargo del que fue sustituido al conocerse sus pasadas veleidades izquierdistas. En cuanto a la carta en cuestión: “cree que la firmante de la denuncia Josefa Sánchez no es en realidad la que ha promovido este procedimiento, sino más bien su amigo el Maestro” (f. 6). Y las acusaciones de éste contra el Secretario eran infundadas, en lo cual estaban de acuerdo otros informantes locales, incluidos los mismos testigos derechistas solicitados, que no se atrevían a mojarse en favor de Antolín Santos.

Este último, en persona, todavía volvería a insistir en la letanía de cargos contra el Secretario, pero su credibilidad ya estaba bajo mínimos, como se refleja en el informe del instructor militar (12/05/38), cuyo parecer seguiría el Auditor de guerra (25/05/38) y confirmaría la Autoridad Militar. Patrocinio Calvo saldría sin responsabilidad de esta información, y Antolín y su amiga denunciante Josefa serían multados por falsedad en sus testimonios, con 50 y 25 pts., respectivamente, que ambos satisfarían en papel de pagos al Estado.   

Así pues, el maestro Antolín Santos perdió en su lucha particular contra el secretario Patrocinio Calvo y algunos de sus partidarios, al menos por la vía jurídica militar. Pero sus continuadas denuncias, unidas sin duda a las de otros derechistas locales, dieron su fruto para la “limpieza política” de Campillo, pues por la vía gubernativa en 1937 fueron molestados casi una veintena de vecinos, la mayoría ya mencionados, incluido el mismo maestro:

1 Joaquín Félix Gómez, 2 Alfonso Casado Zamarreño, 3 Juan A. Francisco Prieto, 4 Lorenzo Moreno Gómez, 5 Saturnino Pérez García, 6 Enrique Félix Martín, 7 Emiliano Francisco Calzada, 8 Manuel Harvalejo Ramos, 9 Manuel Calzada González, 10 Jesús Francisco, 11 José Harvalejo García, 12 Nicolás Méndez González, 13 Jesús Fandiño Mangas, 14 Antonio González Pedraza, 15 Cándido Sánchez Matos, 16 Benedicto Sánchez Francisco, 17 Benigno Arbalejo Martín, 18 Antolín Santos (AHPS: 162/37).

 

Hasta ahora no se ha comprobado la represión exacta que sufrieran todos estos vecinos. De modo que oficialmente el total provisional de campillejos represaliados ronda la decena:

-víctimas mortales: 0

-víctimas carcelarias: 5

-depurados: 3 (2 de ellos también presos)

 

-sancionados, embargados: 7 (4 de ellos también presos)

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dom

20

nov

2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936. El “Día del Dolor” y las “cruces de los caídos”.  Ángel Iglesias Ovejero

En el calendario nacional-católico el día 20 de noviembre se celebraba el “Día del Dolor”, cuya finalidad inicial era santificar la figura de José Antonio Primo de Rivera, para lo cual ya existía una fiesta previa el 29 de octubre: el “Día de la Fe”. Esta era una conmemoración señera en la que se recordaba el mito fundador de la Falange: el discurso del 29 de octubre en el Teatro de la Comedia de Madrid. En la “Formación del Espíritu Nacional”, ya en el primer curso de bachillerato, se resumían las “afirmaciones” básicas de aquel discurso que se convertirían en “consignas”, de obligado conocimiento entre los escolares: “La injusticia social era motivo de huelgas y desmanes (…), “los separatismos estaban de moda”,  “el destino de los españoles se había olvidado por completo” y José Antonio estaba “lleno de una gran fe en el espíritu nacional (…) y se lanza a la lucha de la inteligencia y la acción contra los enemigos de España (…)”, tarea en la que fue secundado “de aquella vanguardia de paladines, en la que los buenos españoles cifraban sus mejores esperanzas” (J. García García, oficial instructor del Frente de Juventudes, Formación del Espíritu Nacional, primer curso, 1955: 112). A los “instructores” de esta doctrina se les olvidaba explicar que los “paladines” de la Falange seguían al pie de la letra el método de la violencia que su fundador preconizaba (y que por estos pagos dio los resultados expuestos en estas croniquillas), por lo cual aquel partido fue ilegalizado y el jefe detenido y llevado a Alicante por orden del Gobierno de la República, cuando sus correligionarios secundaron el Alzamiento militar del 18 de julio.  

Como es sabido, José Antonio fue acusado de conspiración y rebelión militar, y por ello condenado a muerte por un tribunal popular y ejecutado. Esto allanaba el camino de la jefatura “nacional” de Franco, que, no habiendo hecho gran cosa por salvar de la muerte a un presumible contrincante, por añadidura, supo sacar provecho de una glorificación del “Ausente” que se fraguaría durante la misma guerra. En 1939, Eugenio Suárez, en su Recordatorio de José Antonio, ya ofrecía una polifónica celebración de la misión mesiánica del personaje, con epítetos aplicados por antonomasia y evocadores de motivos enraizados en la Biblia, la Historia Antigua y el Nacional-sindicalismo: Profeta, Ausente, Elegido, César, Camarada, Precursor (Zira Box Varela, La fundación de un régimen. La construcción simbólica del franquismo, tesis, Universidad Complutense de Madrid, 2008, eprint.ucm.es/8572/17/T30783.pdf: 172-173). En 1939 el cadáver de José Antonio fue trasladado a El Escorial y 20 años más tarde depositado junto al altar mayor de “la basílica del Valle de los Caídos”.  Pero, a juicio de sus propios seguidores, Franco, que había vampirizado el mito del “Ausente”, parecía que no estaba dispuesto a dejarle disfrutar en exclusiva de aquel faraónico lugar de memoria. De modo que, con la ayuda “providencial” o no de su entorno, vino a fallecer oficialmente un 20 de noviembre (1975), y ocupó el sitio previsible, de modo que José Antonio sería un trofeo macabro entre otros muchos allí depositados (más de 30.000), amigos o enemigos, caídos en el frente o ejecutados por la vía judicial o extrajudicial.

El monumento del Valle de los Caídos se declaró de urgente construcción un año después de finalizada la guerra (01/04/40) y se terminó en 1958. En las peligrosas labores de su erección y accesos participaron los presos republicanos (se ha hablado de 20.000), atraídos por el señuelo de “la redención de penas por el trabajo”. Muchos dejaron allí sus vidas. En el segundo lustro de los años cincuenta los escolares madrileños que merodeaban por allí en verano podían encaramarse, a hurtadillas, en las tapias del recinto y vislumbrar las barracas de los presos. Algunos de éstos aparecían a lo lejos en las obras de la explanada de entrada a la basílica. Poco después, dichos escolares tendrían el privilegio de seguir por la televisión los actos de inauguración, presididas por el mismísimo Franco (01/04/59). Las polémicas sobre el destino de este monumento todavía colean casi 60 años más tarde, dado que el art. 16 de la Ley de Memoria Histórica no parece satisfacer a nadie : “se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos” y “no podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de su protagonistas, o del franquismo”; pero resulta obvio que es un monumento de exaltación del franquismo y de dos de sus principales figuras.

Un año antes de que se iniciaran las obras del Valle de los Caídos (1940) ya se habían puesto los cimientos ideológicos de otras numerosas cruces en todo el territorio español, conforme a las pautas avanzadas por “el Caudillo” en un discurso del 3 de abril de 1939, que insistía en el papel de los “mártires” y “caídos” para el logro de la Victoria. Pocos meses después, una orden del Ministerio de la Gobernación (07/08/39) regulaba la construcción de dichos monumentos. Se trataba de “dar unidad de estilo y de sentido a la perpetuación por monumentos de los hechos y personas de la Historia de España, y en especial a los conmemorativos, de la guerra y en honor de los caídos”  (Zira Box, op. cit.: 176). En el territorio de la antigua retaguardia “nacional” esto no era una novedad. Desde el 16 de noviembre de 1938 regía un decreto  para que los nombres    de los “caídos por Dios y por España” figuraran en las paredes de las iglesias. La sumisión de la Iglesia española al poder de Franco solo sería contestada por el cardenal Segura (Sevilla) en 1940, por considerar que estas concesiones regalistas estaban reñidas con el canon 1.178 del Derecho Canónigo (Díaz-Plaja 1976: 44).

El Administrador Apostólico de la diócesis de Ciudad Rodrigo no debía de tener esta clase de escrúpulos, como prueban los letreros con el nombre de José Antonio en dos iglesias de la Ciudad, recientemente limpiadas por orden del Ayuntamiento. Pero de ordinario los listados de “caídos” se ponían en cruces aledañas de las iglesias. En algunos pueblos las lápidas se retiraron en los años siguientes a la Transición democrática, pero en pueblos como Agallas, El Bodón, Casillas de Flores, Cespedosa de Agadones y tantos otros estos monumentos conmemorativos de la guerra civil y del franquismo, siguen intactos, con el beneplácito de las autoridades municipales, bien porque ellas mismas se sientan habitadas por “el espíritu nacional” de antaño o porque no se atrevan a oponerse a vecinos reaccionarios. En todo caso, hoy son monumentos ilegales, de acuerdo con el art. 15 de la mencionada Ley de Memoria Histórica. Y esto sucede porque la Administración competente no echa mano de un arma realmente disuasiva, aunque no produce heridas mortales:

 

“Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones y ayudas públicas” (subrayado añadido).

 

Por otro lado, sigue siendo de urgente ejecución otro apartado de la misma Ley:

   

“El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de catálogos de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior” (subrayado añadido).

 

Así que, como ha sucedido con otros aspectos de la Memoria Histórica, mejor será encomendarse a la iniciativa de personas interesadas para establecer este inventario de objetos y símbolos franquistas que son otras tantas manifestaciones de la incuria de las autoridades democráticas en esta Comunidad.

 

 

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sáb

19

nov

2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936. Represión en Ituero de Azaba: un héroe de la Resistencia francesa. Ángel Iglesias Ovejero

En los pueblos del valle de Azaba no se ha comprobado una represión sangrienta tan feroz como en los pueblos limítrofes de  Fuenteguinaldo y Casillas de Flores, sin ir más lejos, debido a la razón expuesta de los buenos oficios del párroco y quizá alguna otra persona influyente. En Ituero de Azaba solamente hubo dos víctimas mortales, indirectas con respecto a la represión franquista, aunque relacionada con el exilio al final de la guerra:

 

Adolfo Marcos Hernández, muerto en el campo de concentración de Hinzert (11/08/43), sin otros datos (MCU).

Celestino Alfonso (sin comprobar su segundo apellido), considerado un héroe de la Resistencia francesa contra los nazis alemanes. Había nacido en 1916 y, con su familia, emigrado a Francia, donde trabajaba como carpintero, estaba casado y tenía un hijo. Fue de los primeros alistados en las Brigadas Internacionales. Llegó a España el 27 de agosto de 1936, combatió como artillero y fue después comisario político de la 2ª Brigada. A su regreso a Francia en febrero de 1939 estuvo internado en el campo de concentración de Saint-Cyprien (Pirineos Orientales), pero al comienzo de la guerra europea fue movilizado con una compañía de trabajadores extranjeros. Pocos meses después fue detenido (17/01/41) y encarcelado en Tourelles (anejo de la prisión de Fresnes, cerca de París). De allí habría salido un mes más tarde para trabajar en Alemania, de donde regresó al cabo de unos meses y estuvo colocado en varias fábricas de la región parisina. Pronto sería jefe de grupo en los FTP-MOI (Franco-tiradores y partisanos – Mano de obra inmigrada), que bajo el mando de Boris Holban y Missak Manouchian intervino en varias acciones anti-nazis en torno a París y Orleans. Fue detenido el 28 de noviembre de 1943, juzgado en uno aparatoso proceso en el fuerte del Mont Valérien. Su fotografía figuraba en uno de los medallones que, a raíz de la muerte del general Julius Ritter, los nazis habían fijado en las carteleras murales de Francia: “Alfonso – español rojo – 7 atentados”. Fue fusilado con otros 21 camaradas (21/02/44); la única mujer del grupo, Olga Bancic, fue decapitada en la prisión de Stuttgart (10/05/44). Antes de ser ejecutado, Celestino dejó una carta para su familia en la que se declara orgulloso de morir por la causa que ha defendido, desea larga vida a sus padres, expresa el deseo de que su hijo reciba instrucción y recomienda a su esposa que venda la ropa que deje para conseguir algún dinero y recoja en un paquete los 450 francos que había retirado de un banco  (La vie à en mourir. Lettres des fusillés (1941-1944), prologadas por J-J. Goldmann, escogidas y presentadas por G. Krivopissko, con introducción de F. Marcot, Éditions Points - Éditions Tallandier, 2006  [2003], 252-254).  

En este pueblo de Ituero de Azaba la “limpieza política” se manifestó durante la guerra, debido principalmente a la ocupación de la finca de La Dueña antes del Alzamiento y a los conatos de oposición a éste, mediante la huelga y el intento de cortar la carretera para dificultar el paso de las fuerzas adictas a la sublevación militar (Iglesias, Represión franquista: 253, 320). La denuncia ante el Delegado de Orden Público de Ciudad Rodrigo llegaba con cierto retraso (03/10/38), cuando, si no apagada, la inquina derechista se suponía al menos enfriada. Los denunciados debían ser la mayoría de los jornaleros del pueblo, que, estando afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Tierra (“marxistas en masa”), se habían señalado en las mencionadas acciones:

En este pueblo de Azaba enclavado en su demarcación, donde se cometieron desmanes a granel antes del Glorioso Movimiento Nacional por los marxistas en masa en cuya agrupación figuraban la inmensa mayoría de los vecinos y se cometieron asaltos a la dehesa de la Dueña de este término, con huelgas tumultuarias, coacciones contra los patronos, amenazas de muerte a los derechistas, se realizaron procesiones enarbolando banderas comunistas que luego recogió la Guardia Civil, interceptando carreteras y otros muchos actos difíciles de relatar, no ha llegado todavía una sanción y ello es, sin duda, la causa del malestar que cada día se acrecienta y a evitar que la cuestión llegue a un terreno insostenible, siendo esta delación que rogamos tome en consideración, limitándonos exclusivamente a relatar superficialmente alguno de los hechos y de las personas más destacadas (C.307/39: f. 3).

 

Esta “delación” y el procedimiento que se siguió dan una idea del ambiente que se respiraba en la retaguardia franquista y del mecanismo de la “limpieza política” que en ella se practicaba. Y por ello vale la pena detenerse un poco en los avatares procesales contra los dos principales denunciados. En efecto, los denunciantes, que eran el alcalde en funciones entonces, Camilo García Méndez, el jefe local de Falange y guarda jurado de La Dueña, Narciso Benito Gutiérrez, y otros tres convecinos, José María Lobato, Vicente García y Gregorio González se cebaron sobre todo contra Francisco Rivero Carballo y Gonzalo Hernández Martín. La copia de esta denuncia iba incluida en una serie de diligencias que certificó Dionisio Martín Custodio, secretario habilitado del Juzgado Especial de Fronteras de Ciudad Rodrigo (10/03/39). De la información inicial se encargó un “juez especial”, que no era otro que el juez de instrucción de Ciudad Rodrigo, Fausto Sánchez, quien luego se inhibiría, como solía hacer en otras ocasiones, en beneficio de un juez instructor militar. Ambos denunciados siguieron los mismos pasos en este proceso que los llevó hasta un consejo guerra (30/09/39), en el que tuvieron suertes dispares.

Francisco Rivero Carballo, de 35 años, soltero, jornalero, había sido presidente de la Sociedad Obrera, y, como tal, según sus convecinos delatores, presentaba la imagen del perfecto izquierdista antes del Movimiento. Había sido abanderado comunista, amigo de Manso, inductor de los “asaltos” a la dehesa de La Dueña (que habría tenido lugar el 13 de abril de 1936, víspera del quinto aniversario de la proclamación de la República, pero en esta acción, paradójicamente, no intervino presencialmente Francisco Rivero, “por tener consigna de ir a Ciudad Rodrigo a entrevistarse con los dirigentes y satélites del Sr. Manso”, según el segundo informe del alcalde [C.307/39: f. 30vº]). Después seguía esperando el fracaso de Franco, con una desafección contagiosa, pues su familia se negaba a recibir los emblemas de Auxilio Social, y proclamaba que si tenía dos hermanos que estaban en el frente franquista “no es por sus ideas” (C.307/39: f. 3), frase ésta que más delante se atribuye a la madre, Francisca Carballo Tendero. Cada uno de los delatores había aportado su granito de arena para este cúmulo de presuntos delitos, que intencionalmente se irá incrementando, pero no corrigiendo, en las declaraciones ulteriores de todos y cada uno de aquéllos. Narciso Benito ratifica la denuncia, declarando de un modo perogrullesco que ha presenciado todo, menos aquello que dijeron o sucedió en su ausencia, frases dichas por el denunciado, rechazo en su familia de las insignias falangistas. Gregorio González Antúnez recuerda que Francisco Rivero le dijo a él personalmente y refiriéndose a la guerra “que no había que perder las esperanzas” (f. 4), en un contexto bélico que debía de corresponder a la batalla del Ebro (de julio a noviembre de 1938), lo cual accesoriamente también prueba que en estos pagos de la retaguardia nacionalista se seguía con temor y esperanza la evolución del conflicto, una curiosidad que los militares y sus comparsas castigaban con gran severidad. La autoría del dicho también la corrobora Víctor García Hernández, aunque sólo de habérselo oído contar a un vecino, Genaro Martín, quien a su vez declara haberlo oído en una conversación que Francisco Rivero mantenía con su convecino Gurmesindo Galán, aunque comentaba por su cuenta el contexto y las circunstancias agravantes que habían hecho de este denunciado el cabecilla marxista de Ituero” (f. 4vº).

En esta cadena de la oralidad sobre hechos y dichos de difícil comprobación, pero de los que dependía el destino de Francisco, también intervino Wenceslao Casanueva (párroco de Campillo de Azaba) con su informe, sobre todo para poner de relieve una injuria de la que decía haber sido objeto por parte de aquél, la cual no especificaba, hecho al que también aludiría más adelante el informe de la Guardia Civil. Casi un año más tarde el Párroco recuperaría toda su elocuencia y no sólo se extendía sobre este episodio (presuntas amenazas verbales), sino también sobre otros de los que solamente tenía noticia por rumores, con un recuerdo piadoso para “el indeseable Manso q.e.p.d.” (f. 40). Los informes del juzgado de Ituero, tanto del fiscal Rogelio García, como del juez Isidro Hernández, también abundaban en el contenido de la denuncia globalmente. En cambio, el alcalde José Benito Alfonso practicaba una enumeración circunstanciada de los presuntos y ya señalados delitos de Francisco Rivero como presidente de la Sociedad Obrera, a lo que añadía la denuncia que Francisco había presentado en Ciudad Rodrigo contra el jefe local de Falange, Narciso Benito, quizá porque este último lo habría amenazado.

En sustancia este informe del alcalde pretendía ser un cuadro de la situación local antes y durante el Movimiento, cuyo antagonista había sido Francisco Rivero, ayudado en la primavera de 1936 por agentes exteriores, personalidades relevantes de Salamanca y Ciudad Rodrigo, que se dejaban ver o entrever en Ituero: Manso, Gaite, Oliva y Cenizo, aunque el izquierdismo de este último está lejos de ser evidente. Posteriormente al Alcalde no se le olvidó rematar este trabajo de demolición de Francisco con el añadido de algunos brochazos sobre la resistencia inicial contra el Movimiento mediante la huelga y el corte de carretera en que había intervenido un “tropel” de jornaleros, cuyo liderazgo también pusieron en el saldo negativo de Francisco otras declaraciones e informes posteriores. Gregorio González lo recordaba liderando la huelga al frente de los socios para impedir que nadie saliera al campo a trabajar y arengando a todos a que le siguieran para conseguir el objetivo de bienestar económico “sin trabajar”. Tomás González Calzada, secretario del Ayuntamiento, añadía que también obligó a cerrar los establecimientos públicos y que de la Casa del Pueblo salieron los mozalbetes para frenar el Movimiento mediante la intercepción de la carretera.

Francisco Rivero en sus declaraciones (15/06/39), algo demoradas, pues llevaba en prisión cuatro meses (13/02/39, decreto de detención), había tratado de atenuar la responsabilidad en los hechos que sus delatores le atribuían, pero lógicamente no podía negar la pertenencia a la Casa del Pueblo, de la que había sido presidente, y su afiliación al Sindicato de Trabajadores de la Tierra, aunque pretendía ignorar que esto pudiera tener implicación política. Negaba su participación en el corte de la carretera en el intento de resistencia al Movimiento. En cambio, tenía que admitir el hallazgo de una “bandera de color” en un registro notoriamente practicado en su casa, aunque sin especificar el color e insinuando que se la había llevado un tal José Juan (croniquilla del pasado día 17). Este último había sido presidente de la Casa del Pueblo de Espeja, procesado y a la sazón preso, por lo que la declaración de Francisco Rivero ya no le causaba perjuicio, pero con esta disculpa no hacía más que convencer a sus represores de que era un líder local, bien relacionado con otros de la comarca. Algunos testimonios le ayudarían en esta labor de atenuar el alcance de los cargos vertidos contra él. Gumersindo Galán, a propósito de la guerra, negó por dos veces que Francisco le hubiera dicho que “no había que perder las esperanzas” (f. 12, f. 28), pero no era un testigo muy fiable para los represores, pues él mismo había pertenecido a la UGT y había sido tesorero de la Casa del Pueblo. Menos sospechoso sería el testimonio de Constantino Martín, un presunto perjudicado por las acciones de Francisco Rivero, pues negó que éste, el día de la huelga, lo obligara a cerrar su comercio y tampoco recodaba  haberlo visto en el tropel de los que fueron a interceptar la carretera (f. 15).

El análisis de esta documentación lleva a pensar que Francisco Rivero antes del Movimiento había sido un líder local consecuente con su afiliación sindical, quizá no un modelo de buenos modales o de comportamiento, según los criterios del Cura y la Guardia Civil. Después del Movimiento pretendía seguir manteniendo y expresando su propio criterio, sin medir que esto era un privilegio utópico en el Nuevo Estado de Franco, ya triunfante cuando se celebró el consejo de guerra (30/09/39), presidido por el coronel Rogelio López Valdvielso. Fue condenado a 20 años de prisión, por “adhesión a la rebelión”, que le fueron conmutados por 6 años (07/05/43), en parte cumplidos en la cárcel de Sevilla, pues, cuando le llegó la notificación en Ituero, ya estaría en libertad condicional, “por Disposición de la Dirección General de Prisiones desde el día 9 de agosto de 1941” (C.307/39: f. s. n.).

Gonzalo Hernández Martín, de 32 años, casado, jornalero, afiliado a la Sociedad de Trabajadores de la Tierra, según la denuncia colectiva, era un “exaltado comunista de acción”, aunque los cargos concretos se reducían a dos o tres acciones. En la ocupación de la Dueña había amenazado al alcalde con una “azada”, que en declaraciones posteriores será “un palo” o “una porra”; en una despedida de mozos llamados a filas en marzo de 1937 habría aconsejado a un hermano suyo llamado Eufronio y a otro llamado Sebastián Hernández que se pasaran a la zona republicana en cuanto pudieran; y de un modo habitual practicaba el contrabando, “confabulado con los portugueses” (C.307/39: f. 3vº). Esto último era un mal endémico en la Raya, así que en las declaraciones posteriores los denunciantes no insistirían demasiado en ello, pero en lo demás sí añadieron circunstancias que probarían la peligrosidad y desafección hacia el Movimiento por parte del denunciado.

Narciso Benito, que en la denuncia solamente confirmaba genéricamente dichos cargos, posteriormente consideraba a Gonzalo Hernández protagonista de la ocupación y roturación de La Dueña, describiendo la actitud amenazante del mismo “con un palo” (f. 23). Este denunciante coincidía con el alcalde en funciones entonces, Camilo García, que habría sido amenazado en La Dueña como los concejales, y con Vicente García en que la incitación a los mozos para que desertaran no la oyó, sino que la transmitió un capataz de nombre Florencio, “que vive en el barrio de Chamberí en Salamanca” (f. 31), pero luego no apareció por parte alguna cuando lo citó el juez. Este último rumor también lo recogía el parte del cura Wenceslao Casanueva. Los informes del juzgado municipal de Ituero señalaban que Gonzalo pertenecía a la Casa del Pueblo, sin entrar en los demás detalles, y el del alcalde, además de las amenazas en la Dueña y la frase que revelaba su desafección al Movimiento, volvía sobre la acusación genérica de que Gonzalo era “avanzado comunista” (f. 5vº). Los testigos posteriormente citados por el juez militar, que eran los mismos individuos e instancias denunciantes, con algún otro añadido, ratificaron lo que decían haber visto u oído, como Gregorio González, quien reiteraba los cargos, aunque “no puede concretar nada, porque [Gonzalo] estaba casi siempre en el campo” (f. 19vº). Y a este tenor se expresaban el secretario Tomás Calzada y los declarantes ya citados.

En su primera declaración (Ciudad Rodrigo, 10/02/39), Gonzalo Hernández admitió que estuvo en la roturación de La Dueña, pero negó las amenazas por su parte al alcalde y los concejales, así como la incitación a dos mozos para que desertaran y su propia implicación en actividades de contrabando (f. 6). En todo ello, globalmente, se ratificaría cuatro meses más tarde, admitiendo también su afiliación sindical, sin intervención en manifestaciones ni activismo político, lo que reiteró en la declaración indagatoria posterior (28/08/39). Para entonces ya le habían allanado algo el camino Sebastián Hernández Morán y su propia esposa Eufemia Sánchez Mateos. El primero era uno de los soldados presuntamente incitados a desertar del Ejército franquista por Gonzalo, extremo que Sebastián negó, aunque su testimonio resultara sospechoso por ser él mismo antiguo socio de la Casa del Pueblo (f. 27vº), con todo algo más fiable que el otro soldado, Eufronio Hernández, hermano del procesado, y sin duda por ello no citado a declarar. Eufemia Sánchez había enviado una instancia al Auditor de Guerra en súplica de libertad para su marido argumentando lisamente: “en atención al número de hijos y teniendo en cuenta que la acusación, al parecer, no tiene mucha importancia” (f. 35). Gonzalo y Eufemia, así como los cuatro hijos menores de edad que tenían, tuvieron más suerte que otros procesados en circunstancias parecidas. El mencionado consejo de guerra (30/09/39) no retuvo contra este padre de familia el delito de “excitación a la rebelión”, que reclamaba el fiscal, y sentenció su absolución.

El resultado de esta sentencia quizá tendría un efecto benéfico para los otros antiguos socios de la Casa del Pueblo, pues los derechistas locales no se sentirían estimulados a practicar las denuncias por ellos programadas. De modo que la represión en Ituero de Azaba, descontado Aurelio José Juan (represaliado con los vecinos de Espeja), afectó a  8 personas:

-víctimas mortales: 2 (indirectas)

-víctimas carcelarias: 4

-multados: 2.

 

 

 

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jue

10

nov

2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936. Recordatorio de sacas fallidas, repetidas o no: “la carrera del conejo”.                                    

Desde que se inició la represión con la publicación del bando de guerra en Ciudad Rodrigo (19 de julio), la detención sangrienta y la saca fueron los procedimientos extrajudiciales más eficaces en todo su partido judicial. De hecho eran variantes de un mismo modus operandi, que se iniciaba con el registro domiciliario para recoger armas, documentos u objetos emblemáticos, como ya se ha expuesto (croniquilla del 25 de julio), y eventualmente incluía un juego macabro, una caza humana, que los ejecutores denominaban carrera “del conejo” o con expresiones análogas y, tardíamente, los informantes a veces interpretan como un generoso “sálvese el que pueda”. Se trataba más bien, por parte de los verdugos, de ofrecer alguna excusa creíble (en el caso improbable de que alguien les pidiera cuentas) de una presunta aplicación de “la ley de fugas” (croniquilla del 6 de agosto). Lo cierto es que en todo el período, gracias a alguna circunstancia favorable y sobre todo a la decisión y pronta reacción en el momento del tiroteo, algunas víctimas escaparon, aunque no todas de forma definitiva. En el mes de noviembre el método criminal se seguía aplicando, como se tendrá ocasión de ver en la saca de Aurelio José Juan en Espeja (próximo día 17), que ilustra bien todo el protocolo macabro, pero cada saca fallida es un caso aparte. A estas alturas, a modo de balance, se puede establecer aquí un inventario provisional de las más conocidas, tanto por testimonios como por documentos procesales o por ambas fuentes, distinguiendo los tres momentos en que la fuga era más o menos posible.

 

a) Sacas (o ejecuciones) fallidas en el momento de la detención en el domicilio de la víctima o el campo:

 

24 de julio. Graciliano HERNÁNDEZ TOMÁS, vecino de Gallegos de Argañán, fue herido de disparos efectuados desde una camioneta, de paso por el pueblo y ocupada por guardias civiles y milicianos fascistas. Fue curado en el Hospital de la Pasión y de nuevo detenido el 8 de agosto. Según testimonios, apareció cadáver en Pedrotoro, víctima de la saca carcelaria del 16 de octubre (croniquilla).

8 de agosto. José María MOREIRO RÍOS, alcalde republicano de Casillas de Flores, debió de escapar a una detención sangrienta en su domicilio, pero pocos días después fue sorprendido en un escondite cercano y ejecutado en una nueva detención (croniquilla del día 16 de julio).

13 de agosto. Julián OVEJERO GARCÍA se fugó en las Eras de Robleda, siendo perseguido a caballo por una numerosa patrulla de carabineros y fascistas, pero finalmente sucumbió en otra caza en el campo el día 2 de septiembre (croniquilla del día 6 de dicho mes). Entonces se fugó algún otro vecino cuyo nombre se ignora.

17 de octubre. Aurelio José Juan, vecino de Espeja, después de un registro domiciliario, fue sacado por jóvenes falangistas para la finca de “La Dehesita”, donde fue herido en una pierna por disparos; sin embargo consiguió huir y esconderse en casa de su suegro. Una vez curado en Espeja y en Ciudad Rodrigo fue procesado en Salamanca y condenado a muerte, pena que le sería conmutada por la de reclusión perpetua (croniquilla del próximo día 17).

 

b) Sacas fallidas en el momento de la conducción de los detenidos o en el traslado de una cárcel a otra, lo que daba pie para la aplicación criminal de “la ley de fugas” (en la terminología testimonial se habla de “tirarse del camión”):

 

31 de agosto. Francisco SÁNCHEZ TORRES, vecino de Peñaparda, se fugó del camión en que era conducido con otros vecinos, un hermano suyo y la madre de ambos, que le habría desatado las ligaduras con los dientes. Pero la fuga solo duró dos días, al cabo de los cuales fue llevado a ejecutar en Extremadura, junto al regato de los Arravises, término de San Martín de Trevejo (croniquilla del 1º de septiembre).

11 de septiembre. Dos vecinos de El Bodón, se fugaron cuando, después de la falsa puesta en libertad de la cárcel de Ciudad Rodrigo, eran conducidos en un camión para su ejecución extrajudicial, que al parecer se efectuó antes de llegar a la finca de Medinilla, término de Bañobárez, donde fueron enterrados sus cadáveres (croniquilla del 11 de septiembre). Esta fuga dio lugar a muchas especulaciones en cuanto a las circunstancias y al número de fugados: Agustín Lorenzo [falangista de El Bodón], al llegar a cierto punto dijo “sálvese el que pueda” (...). Se escaparon sólo dos, tio Plácido (...) y “tio Minguín”, un Emeterio, que vivía ahí (...), se escaparon más, el padre de Usebio, el marido de tia Munda, el padre de Casto (EB 2007). Pero realmente solo se han comprobado las huidas de dos bodoneses: Plácido RAMOS NICOLÁS, y Emeterio Pino Moreno (a) “Minguín”. Solamente este último conseguiría escapar definitivamente. Según testimonios de la familia de Plácido, éste fue desatado por un falangista de El Sahugo cuando lo llevaban en el camión y estuvo escondido algún tiempo “por la parte de Monsagro” y posteriormente en su casa, donde sería detenido por segunda vez y llevado para un incierto destino, donde sería asesinado.

Fecha sin determinar. Un vecino de Carpio de Azaba, cuyo nombre no se menciona: “se tiró de la camioneta en que era conducido” (P.prev.CdA/38: f. 1).

 

c) Sacas fallidas en el momento de la ejecución, bien por fuga, por fallo en los disparos o alguna otra circunstancia análoga, incluida la indecisión o renuncia de los ejecutores:

 

Fecha incierta de julio o primeros días de agosto. Maximiano Vallejo Casado, vecino de Salamanca que se había escondido en su pueblo natal de Martiago, fue sacado para El Risco (carretera de Ciudad Rodrigo), donde se libró de la ejecución extrajudicial en circunstancias mal definidas. Después fue procesado y condenado a 20 años de prisión (croniquilla del 11 de agosto).

Primeros días de agosto. Tomás FRAILE FRAILE, vecino de Ciudad Rodrigo, fue objeto primero de una tentativa de asesinato que después se consumó, cerca del pantano del Águeda (croniquilla del 10 de agosto).

5 de agosto. Dos vecinos de Mogarraz, Norberto Herrera Sánchez y Zacarías Maíllo Criado, fueron detenidos por una patrulla mixta de guardias civiles y milicianos fascistas. Estos últimos presumiblemente fueron los encargados de la ejecución extrajudicial nocturna en el término de Herguijuela de la Sierra, en la cual Norberto fue herido en una pierna y Zacarías salió ileso (croniquilla del 5 de agosto).

Madrugada del día 11 de agosto. En la saca de varios detenidos en una comisaría de Ciudad Rodrigo, que, al mando presumible del alférez Ernesto Bravo, fueron llevados para su ejecución al Puente del Águeda (Castillejo de Martín Viejo), se escapó el concejal mirobrigense Ángel LÓPEZ DELGADO. Observando que la primera víctima fue bajada del coche y ejecutada, emprendió una veloz carrera al llegar su turno y, aunque herido, consiguió esconderse en Las Hurdes. Pero fue detenido de

nuevo, entregado a la jurisdicción militar, que lo condenó a muerte y fue ejecutado el 17 de junio de 1937 (croniquilla del 30 de agosto).

12 de agosto. En la saca masiva de vecinos de La Alberca el día 12 de agosto salieron con vida cuatro vecinos: Gregorio CILLEROS SANZ, que tras el tiroteo volvió andando cinco kilómetros, para fallecer en su domicilio, pocas horas más tarde (croniquilla del 12 de agosto). Los otros tres, Baldomero CALAMA HERNÁNDEZ, Braulio GARCÍA GUZMÁN y Faustino HERNÁNDEZ MAÍLLO fueron primeramente sacados con el pretexto de su conducción a la Comandancia Militar, pero consiguieron fugarse a los montes aledaños, donde fueron capturados por falangistas de la localidad. Y el día 20 siguiente, de nuevo con el mismo pretexto de un intento de fuga, fueron ejecutados clandestinamente en “la dehesa de Zarzosillo”, término de El Cabaco (croniquilla del 20 de agosto).

Fecha incierta, hacia mediados de agosto. Dos vecinos de Casillas de Flores, Manuel y José Rastrero González, hijos de Felipe RASTRERO ANTÚNEZ, ejecutado extrajudicial, fueron dejados por muertos, pero consiguieron escapar con vida (croniquilla del 16 de julio).

Antes del 20 de agosto. Dos vecinos de Aldea del Obispo fueron sacados para el campo y tiroteados, pero salieron con vida: José HERNÁNDEZ LAMAS y Jacobo ANDRÉS LORENZO. José fue herido por disparos en el Alto de San Pedro, siendo curado en Fuentes de Oñoro, de donde fue llevado y asesinado en el término de Bocacara el día 21 de agosto. Jacobo, después de ser sacado para la dehesa de Gardón y herido en una muñeca, huyó a Portugal, siendo detenido en Guarda y devuelto a España. Finalmente sería ejecutado en alguna saca carcelaria de Ciudad Rodrigo por el mes de octubre (croniquilla del 21 de agosto).

Hacia el 25 de agosto. Tres vecinos de El Sahugo, Juan Iglesias Muñoz, Ventura Manchado y Gabriel “del Carretero”, fueron sacados por falangistas locales y de Ciudad Rodrigo hacia Valdepino de Abajo o de Arriba. Después de una discusión en la carretera, serían invitados a volverse y correr en dirección de El Valle (Valdepino del Medio), sin duda para servir de blanco, pero se negarían a obedecer, siendo golpeados de nuevo, pero no fusilados gracias a la intervención del guardia civil que acompañaba al comando (Iglesias 2008a: 191-192).

 

En consecuencia, más de la mitad de las víctimas de detenciones sangrientas y sacas fallidas fueron de nuevo sacadas y dos de ellas procesadas y condenadas a muerte (una conmutada):

 

* Detenciones sangrientas fallidas: 4, seguidas de ejecuciones extrajudiciales: 3

* Sacas fallidas en la conducción: 4, seguidas de ejecuciones extrajudiciales: 2

* Sacas fallidas en la ejecución: 16, seguidas de ejecuciones extrajudiciales: 7; y de condenas a muerte: 2 (una de ellas ejecutada)

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dom

06

nov

2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936. Prolongación de las sacas. Ángel Iglesias Ovejero

El Decreto 55 del 1º de noviembre de 1936, que regulaba definitivamente el procedimiento sumarísimo (croniquilla), seguramente sirvió para apuntalar el rumor, fomentado por la propaganda “nacional”, de que Franco había prohibido las sacas (Iglesias 2016b: 307). Pero esto no fue así. No solamente hubo dos sacas carcelarias en Ciudad Rodrigo, una el 25 de noviembre y otra el 16 de diciembre, cuyos afectados han sido perfectamente identificados, además de otra fallida en Espeja el día 17 de noviembre, como se especificará en su momento. En varias de ellas se comprueba la eficacia del mecanismo bien rodado para no dejar rastro, que si en algunos casos anteriores no dio del todo el resultado buscado, en otros la perfidia de los mandos represores y de los ejecutores consiguió que, además de borrase la identidad de las víctimas, solo quedaran de ellas vagos recuerdos en testimonios difíciles de contrastar, así como de los lugares y las fechas de su ejecución a lo largo del verano y otoño sangriento, incluso después del citado Decreto o casi coincidiendo con él. En su mayor parte fueron evocadas de pasada en la croniquilla del pasado 6 de agosto:

 

Verano/otoño de 1936. Asesinatos y enterramientos clandestinos de DECENAS DE DESCONOCIDOS en la finca de Los Carvajales, entre ellos la legendaria “MAESTRA DE ACEBO”.

Fecha indeterminada del verano/otoño de 1936. Según testimonios, en la parte derecha de la carretera a Salamanca, subida la cuesta de Castillejo de Huebra (Muñoz), aparecieron DOS CADÁVERES, que “eran de la parte de Ciudad Rodrigo”.

31 de octubre. Cadáver de una “DESCONOCIDA HEMBRA”, en el término de Peñaparda.

Otoño de 1936, en la época de recogida de la bellota. Testimonios de El Bodón señalan hallazgos de cadáveres de VARIOS DESCONOCIDOS asesinados en el paraje del Canto Hincao, término de Carpio de Azaba.

29 ó 30 de noviembre. Hallazgo de los cadáveres de DOS DESCONOCIDOS en el río Águeda, cerca de La Caridad, según el acta del juez (30/11/36, Sumario 92, act. def. 02/12/36).

Otoño de 1936. Los ejecutores fascistas abandonaron CADÁVERES en el término de Bocacara, entre ellos de VECINOS DE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN, al parecer sacados a mediados de diciembre (croniquilla del 14 de dicho mes).

Fecha incierta de 1936, quizá en el otoño. Un PASTOR DESCONOCIDO, según testimonios, fue arrojado desde el puente del Águeda, término de Castillejo de Martín Viejo.

Fecha indeterminada, quizá en el otoño. DOS PERSONAS DESCONOCIDAS, cuyos cadáveres habrían sido depositados junto al cementerio de Fuenteguinaldo.

Fecha desconocida de 1936, quizá en el otoño. Hallazgo del cadáver de un DESCONOCIDO en El Picotu, término de Navasfrías.

 

Según los expedientes de 1979, hay otras víctimas mortales que han sido identificadas, pero se conocen mal las circunstancias exactas de la motivación, detención y ejecución, incluida la fecha de ésta, como sucede con un vecino de Ciudad Rodrigo:

 

Valentín PINTO TOMÁS, casado con Mercedes Gómez Martín, que en 1979 estaba domiciliada en el barrio de San Isidro, nº 5. Según el informe policial de dicho año: “de la documentación que presenta se deduce que el mismo falleció durante el

período 1936-39 por acción directa del hombre” (Exp. Viudas / Desaparecidos 1936).

Es un ejemplo entre tantos que esperan testimonios o pruebas escritas que ayuden a completar la ficha de identificación social de los represaliados y su condición de víctimas. En los casos anteriores está casi todo por hacer.

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mar

01

nov

2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936: El Decreto 55 y las víctimas mortales de la represión judicial en la comarca de Ciudad RodrigoÁngel Iglesias

A finales de octubre de 1936, con el ejército nacional-africano a las puertas de Madrid, los “nacionales” se veían ya ganadores de la guerra o poco menos. Tanto es así que, en previsión de la inminente “liberación” de la Capital y de la represión prevista, no ya para castigar a los que habían defendido el Gobierno legítimo de la República, sino para la erradicación del republicanismo, se publicó el Decreto 55 (1º de noviembre, BOE nº 22), firmado por Franco. Sin embargo esta entrada triunfal en Madrid, bien porque la resistencia del ejército fiel y los milicianos (con la ayuda de las brigadas internacionales) fuera más encarnizada de lo esperado por sus atacantes “liberadores” o porque para la aniquilación de los valores republicanos Franco (de acuerdo con Mola, quien pensaba que al enemigo no bastaba con vencerlo, sino que era necesario destruirlo), prefiriera una guerra larga. Esta es una teoría puesta de relieve por algunos historiadores, pero no constituye en sí ninguna arriesgada revelación. En la asignatura obligatoria de “Formación del Espíritu Nacional” se explicaba que Franco, el magnánimo, no había querido entrar en Madrid por la fuerza para no destruir la Capital (y en esto la propaganda del Régimen no mentía, Franco sólo pretendía destruir física o moralmente a los republicanos, para lo cual no dejaba piedra sobre piedra, si lo estimaba oportuno). Fuera necesaria o voluntaria la renuncia a entrar en Madrid, recuerda J. Marco (2012: 197-198), Franco concibe una “guerra larga” en la que, con el desarrollo de una legislación adecuada al caso, se podrá efectuar una lenta y profunda “limpieza política”, sin renunciar por ello, habría que añadir, a los métodos expeditivos de las sacas, como se podrá apreciar por estos pagos en los meses de noviembre y diciembre.

El Decreto 55, cuyo objetivo era acelerar las diligencias en detrimento de las garantías personales, no contenía grandes novedades en lo que atañe a la represión en la retaguardia “nacional”. Concretamente, en la comarca de Ciudad Rodrigo los juicios sumarísimos se incoaron apenas publicado el bando de guerra en la cabecera el día 19 de julio. Desde entonces hasta noviembre de 1936 se desarrolló y aplicó (por anticipación) todo el montaje perverso de la justicia militar, que por sus pasos contados, tenía su fundamento en el bando de la Junta de Defensa Nacional (Burgos, 28 de julio). Su contenido se revisó en el Decreto 79 un mes más tarde (31/08/36) de la misma JDN, en el sentido de acelerar y extender el procedimiento sumarísimo de la jurisdicción militar (Carlos Jiménez Villarejo 2007) y se concretó en el Decreto 108 (publicado el 13/09/36 por la JDN), que declaraba “fuera de la ley los partidos y agrupaciones políticas o sociales” que habían integrado el Frente Popular (art. 1) y decretaba la incautación de sus bienes por el Estado (art. 2), así como la suspensión y destitución de los funcionarios y empleados que habían servido al gobierno legítimo (a. 3). Y todo ello se reestructuró en dicho Decreto 55 (01/11/36), según el cual, dejando sin efecto las disposiciones republicanas del Código de Justicia Militar introducidas por el decreto de 11 de mayo de 1931 (E. González Padilla 2003), se implantaba el “sumarísimo de urgencia”, se definía este procedimiento, los actores que intervenían y la composición de los tribunales.

En esta zona occidental salmantina, como en otras sin duda, se ensayaron novedosas variantes del procedimiento jurídico-militar antes de su formulación teórica. Dado el carácter expeditivo de su aplicación, presenta analogías con los métodos de la Santa Hermandad, a juzgar por las huellas que ha dejado en el Refranero: “La justicia de

Peralvillo, que después de ahorcado el hombre le leían la sentencia” (Correas). De hecho, cuando el citado Decreto 55 dictó las normas para la instrucción de la “responsabilidad militar”, ya habían sido procesados decenas de vecinos y naturales del ámbito mirobrigense (y sucedió lo mismo con los tribunales específicos para juzgar la “responsabilidad civil”, en 1937, y la “responsabilidad política”, en 1939, que actuaban por la vía gubernativa). Algunas de esas personas fueron condenadas a muerte y ejecutadas en el campo de El Marín, cerca del cementerio de Salamanca, conde fueron enterrados sus cadáveres, antes del 1º de noviembre (varias ya mencionadas, por lo que se remite a los necrologios correspondientes):

 

10 VECINOS sumariados de Ciudad Rodrigo, Saelices el Chico y Salamanca (J.sum.265/36), condenados a muerte y ejecutados el 30 de agosto (ver croniquilla)

Máximo BENITO DE SAN GUILLERMO, de 22 años vecino de Cabrillas, jornalero, soldado, soltero. Fue procesado (C.531/36), condenado a muerte y ejecutado el 23 de octubre (ver croniquilla)

Celso ESCANILLA SIMÓN, de 31 años, natural de Ciudad Rodrigo, maestro y alcalde de Bogajo, hijo de José y Victoria, casado con Ángeles Santos, sin constancia de descendencia. Fue procesado con otros tres “por tenencia de armas, folletos extremistas y excitación a la rebelión” (J.sum.432/36), condenado a muerte y ejecutado el 23 de octubre

Los sindicalistas, promotores en Retortillo de una huelga para oponerse al Alzamiento, Cristino Bartolomé MARTÍNEZ MURIEL, de 27 años, secretario de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra (STT) y concejal, Celso MORO HERNÁNDEZ, de 31 años, presidente de la STT y teniente de alcalde, y Máximo MURIEL BLANCO, de 26 años, vocal de la STT, fueron apresados y procesados (C.462/36), condenados a muerte en consejo de guerra (28/09/36) y ejecutados en el mismo lugar y fecha que los anteriores (croniquilla del 25 de julio).

 

Como puede observarse, los mandos militares de Salamanca agruparon varias ejecuciones el día 23 de octubre. Obviamente, después del 1º de noviembre hubo otros sumariados y condenados a muerte, sin que el procedimiento cambiara gran cosa en su forma:

 

Ángel LÓPEZ DELGADO (a) “EL CARRACEDO”, de 33 años, natural de Correjanes (Orense), vecino de Ciudad Rodrigo, comerciante, concejal socialista. Después de una saca fallida el 9 de agosto de 1936, fue capturado en Las Hurdes y procesado (P.sum.84/37), siendo condenado a muerte en consejo de guerra (28/04/37) y ejecutado el 17 de junio de 1937 (croniquilla del 30 de agosto)

Agustín FROUFE CARLOS, de 22 años, natural de Puerto Seguro, vecino de Salamanca, abogado, secretario de las Juventudes Marxistas Unificadas. Fue procesado dos veces (J.sum.334/36, C.333/36), condenado a muerte en ambos consejos de guerra, siendo conmutado la primera vez por el Presidente de la JDN (24/08/36), pero finalmente ejecutado el 20 de junio de 1937 (croniquilla del 12 septiembre).

Jesús MARTÍN RODRÍGUEZ, natural y vecino de Ciudad Rodrigo, barbero, hijo de Luciano y Petra, ejecutado por sentencia de consejo de guerra el 6 de julio de 1938 (López-Delgado 2001: 294)

Félix RODRÍGUEZ MARTÍN, represor, y Julián COLLADO RODRÍGUEZ, vecinos de Peñaparda, procesados (C.728/37), condenados a muerte en consejo de guerra (18/09/37) y ejecutados el 10 de marzo de 1938 (croniquilla del 1º de septiembre).

 

Entre los conmutados se cuentan sendos vecinos de La Bouza, Peñaparda y Espeja:

 

Dionisio HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, de 29 años, natural de Alp (Gerona), hijo de Victoriano y Filomena, maestro de La Bouza, casado con Ramona Hernández Ferreira, con quien tenía cuatro hijos. Fue procesado a raíz de un registro en el domicilio de Victoriano Hernández, su padre, en Salamanca, donde fue detenido el 22 de agosto (P.sum. 1024/36). Existían indicios de que con anterioridad padre e hijo habían estado huidos en Portugal en compañía de Raimundo Etreros, maestro de Pedrosillo de Alba, que había ejercido en Aldea del Obispo cuando Victoriano estaba allí destinado como sargento de Carabineros y fue acusado de actividades subversivas relacionadas con los sucesos de Asturias en 1934 (AHPS: 414). Eran considerados “peligrosísimos” los tres. En La Bouza le hallaron documentación marxista a Dionisio, pero esto no probaba su participación en actividades revolucionarias. Se consideraron circunstancias agravantes la notoriedad y el cargo que ejercía, por lo cual en el consejo de guerra ((14/04/37) fue condenado a la pena capital; y a reclusión perpetua a su padre, que era brigada de Carabineros retirado. Dionisio fue conmutado (19/05/37) y cumplió su castigo carcelario en Salamanca, Pamplona, Astorga y Orense. Se benefició de la libertad condicional en 1943 y, tras la rebaja de condena, salió en libertad definitiva en 1946.

Aurelio JOSÉ JUAN, de 34 años, natural de Ituero de Azaba, jornalero, casado, presidente de la STT y de la agrupación socialista de Espeja. Procesado (C.1322/36) después de haber sido herido en una saca fallida (Iglesias, Represión franquista: 420). Condenado a muerte en consejo de guerra (06/03/37), conmutado (croniquilla de Espeja, prevista para el 17 de noviembre).

Emilio RODRÍGUEZ MATEOS, secretario municipal de Peñaparda, represor, procesado (C.728/37) y condenado a muerte en consejo de guerra (18/09/37), pero conmutado, a diferencia de su hijo Félix Rodríguez y su yerno Julián Collado (1ª croniquilla de Peñaparda, día 1º de septiembre).

Primitivo PRIETO ROMÁN, de 24 años, hijo de Guillermo y Francisca, jornalero, ¿STT?, “cabo de la Brigada de Trabajadores” (Iglesias 2009a). Según sus familiares, lo denunciaron tres vecinas, una de ellas falangista, por un comentario efectuado cuando volvió de permiso del servicio militar franquista, diciendo que, con respecto a la guerra, “la pelota estaba en el tejado”. Esto lo hacía sospechoso de soldado poco entusiasta con el Alzamiento y rojo, por lo cual aquel mismo día por la tarde ya tenía la notificación para que fuera a la cárcel del pueblo (EB 2007). En la causa que se le siguió “por rebelión militar” (C.788/37) se confirma que efectivamente su desgracia empezó por una conversación de camino con tres vecinas, en la que condenaba las muertes causadas por “los nacionales” en el pueblo y otras partes. Este comentario lo habría formulado el día 19 de febrero de 1937, de vuelta de Ciudad Rodrigo, a la altura de la dehesa de Casablanca. En las declaraciones de unos y otros en el proceso salieron a relucir las ideas y actividades sindicales y políticas de Primitivo Prieto, su relación con “Milhombres”, secretario de Manso, así como su liderazgo en el intento de oponerse al Movimiento, hostilizando a la Guardia Civil el domingo 19 de julio 1936. Fue detenido en el Regimiento dela Victoria (17/03/37), juzgado y condenado a la pena de muerte en el consejo de guerra (23/07/36), conmutada en 30 años de prisión (29/07/37), y se le concedería el indulto (25/03/1946), porque según una cláusula del mismo en Primitivo se daba el requisito necesario: “no se atribuye al interesado, a juicio de este Ministerio, participación en actos de crueldad, muertes, violaciones, profanaciones, latrocinios ni otros que, excediendo del propósito subversivo, acusen calificada perversidad” (C.788/37: f. 39). Un requisito que

raramente habrían cumplido los ejecutores fascistas, si hubieran sido juzgados, y no se les aplicó cuando lo fueron en Peñaparda y Robleda. Según testimonios, no todos corroborados por su historial en la cárcel, cumplió casi diez años en las cárceles de Salamanca (donde habría sido compañero de prisión del peñapardino Serafín Caneiro y del navasfrieño José Moreiro), Burgos, Astorga, Toro (trabajando en la construcción de la Azucarera) y Madrid, para terminar en las obras del Valle de los Caídos, de donde volvió enfermo hasta que murió en 1963, después de estar casado con la viuda de José Hernández, uno de los asesinados en 1936. Según su expediente, el indulto le llegó cuando cumplía condena en el destacamento penal de Lozoyuela (Garganta de los Montes, Madrid), y con anterioridad, efectivamente, había sido transferido a la prisión Central de Burgos (23/11/1938).

Amador HERNÁNDEZ RAMOS (a) “Milhombres”, de 33 años, natural de El Bodón, vecino de Salamanca, hijo de Tomás e Isabel, empleado del secretariado de STT, casado con una bodonesa, pequeño de talla y gran orador, muy activo en los pueblos de la comarca. Se le instruyó juicio sumarísimo con otros líderes republicanos de Salamanca (C.486/36), en cuyo consejo de guerra (21/10/37) fue condenado a muerte, pena conmutada por 30 años (11/05/39) y posteriormente por la de 6 años, que en parte cumplió en Salamanca, Pamplona (26/08/39), Astorga (1942), Gijón (30/12/42) y Burgos (01/06/43), donde primero le darían la libertad condicional (14/09/43) y después la definitiva (21/06/48).

 

Total de afectados por condenas a muerte en consejos de guerra (naturales o vecinos de localidades de la comarca mirobrigense, 25:

* Ejecutados : 20

* Conmutados: 5.

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lun

24

oct

2016

La exposición sobre el fuerte de San Cristóbal y los presos de la zona mirobrigense afectados por la fuga del 22 de mayo de 1938

Entre el 24 y el 31 de este mes está prevista una exposición sobre el fuerte de San Cristóbal en la Casa Municipal de Cultura de Ciudad Rodrigo, a cargo de “Foro por la Memoria” y que coordina a nivel local Susana Luengo (Farinatos por la Memoria). Esto da pie para recordar a algunos comarcanos mirobrigenses que estuvieron presos e incluso uno de ellos sucumbió allí. En dicho establecimiento penitenciario de Pamplona, sito en el monte Ezkaba, en mayo de 1938 había 2.497 reclusos, en su mayoría republicanos. Algunos de ellos habían planeado una fuga, que 795 presos pusieron en ejecución el 22 de dicho mes, con intención de pasar a Francia, destino que solamente lograron alcanzar tres fugados. Por lo general la aventura, por falta de previsión y diversas razones, se terminó de mala manera para muchos: 585 fueron capturados (400 de los cuales murieron de hambre), 207 fueron muertos en el campo en aquella descomunal cacería humana (como sucedió en las detenciones y sacas sangrientas) y 17 fueron procesados, 14 (o 16) de los cuales fueron ejecutados públicamente en Pamplona (08/09/38), por sentencia de consejo de guerra (como sucedió en las parodias jurídico-militares de los sumarísimos de Salamanca). Algunos muertos de este centro penitenciario fueron enterrados en un cementerio habilitado junto al Fuerte, donde los antropólogos de la sociedad Aranzadi han exhumado los restos de poco más de media docena. Al parecer, su nombre y otros datos figuraban en un papelito introducido por el capellán de la prisión, José María Pascual, en sendas botellas, pero solamente se han recuperado los de algunos. Estos detalles, según anuncia el programa, se podrán comprobar y ampliar en esta exposición durante la visita guiada de hoy día 24 y en la conferencia de Félix Sierra el día 26 (para la fuga en general, se puede consultar el libro del mismo Félix Sierra e Iñaki Alforja, Fuerte de San Cristóbal, 1938. La gran fuga de las cárceles franquistas, Iruñea, 2006 [1990]).

En la fecha de la fuga había tres presos de la comarca de Ciudad Rodrigo, que en dicha prisión cumplían condenas impuestas por consejos de guerra celebrados en Salamanca. Dos de ellos participaron en la escapada, con diversa fortuna, y el tercero se abstuvo o no le dio tiempo de tentar la odisea. Los dos primeros eran vecinos de Villar de Ciervo.

 

Emiliano PIZARRO FERREIRA, de 38 años, jornalero, socio de la STT, concejal republicano, casado con Ángela Zamarreño (croniquilla del pasado 16 de septiembre). Murió en la fuga.

Valentín LORENZO BAJO, de 36 años, hijo de Domingo y Josefa, jornalero, secretario de la Sociedad de Trabajadores, casado con Sabina Lorenzo. Fue procesado (C.884/36) y condenado a 12 años y un día de reclusión, que cumplía en la prisión de Pamplona desde el 26 de junio de 1937. Valentín fue uno de los tres afortunados fugitivos que, como él mismo tuvo ocasión de contar, después de casi diez días de camino, consiguió llegar a Francia (31/05/38), donde su aventura tuvo un largo recorrido. Antes de terminarse la guerra civil volvió a la zona republicana. Cuando ya era inminente la derrota en Cataluña tuvo que conducir una columna de 2.000 prisioneros hasta Figueras y después exiliarse a Francia (07/02/39), donde conoció el régimen de los campos de concentración en Argelès-sur-Mer (Pirineos Orientales). Luego se enroló en una compañía de trabajadores en Meyssac (Corrèze) y más tarde

fue obligado a integrarse en un cuerpo de trabajadores para la Alemania nazi (14/04/43), pero le alcanzaron los efectos de un bombardeo inglés en Burdeos (17/05/43) y tuvieron que amputarle una pierna. Se asentó en esta ciudad, donde pudo rehacer su vida familiar hasta que murió en 1986 (referencias en Iglesias 2016a: 655).

El tercer preso comarcano de Ciudad Rodrigo era un antiguo carabinero, enviado a otro destino primero y después procesado (C.925/36, Iglesias 2016a: 315):

 

Eloy ULLÁN BOTE, de 45 años, natural de Saelices el Chico, carabinero con destino en Carpio de Azaba, después trasladado a Salamanca, casado con María Álvarez, sin constancia de la eventual descendencia. Tenía una hermana (María Paz) casada con Eladio RIVERA HUERTAS, una de las víctimas de la saca carcelaria de Ciudad Rodrigo el 16 de diciembre de 1936 (croniquilla prevista). En agosto de 1936 fue destinado a Salamanca, debido a una denuncia de la gestora militarista de Carpio de Azaba, donde era comandante del puesto, acusado de izquierdismo, al igual que sus compañeros Valentín Vicente y Juan Moreno (Inf.CdA/37). En Salamanca (01/10/36) lo denunció Sebastián Martín Pérez, sargento de la Guardia Cívica, por un desliz verbal y presuntamente por un desaire, en una discusión sobre las competencias de cada uno, cuando ambos prestaban servicio de noche cerca del Puente Romano. En la Comandancia de Carabineros lo apoyarían en el sentido de que Eloy y otro compañero cumplían un servicio específico de reconocimiento de vehículos y viajeros, que no incumbía al Sargento, pero la denuncia surtió su efecto. Detenido al punto en la citada Comandancia (01/10/36), no hizo falta siquiera rastrear en los antecedentes izquierdistas del Carabinero, cuyas repetidas explicaciones sobre las motivaciones de amor propio del Guardia Cívico no convencerían a los jueces instructores. Pronto dictaron auto de procesamiento y poco después de elevación a plenario (28/10/36), cuando Eloy ya había sido trasladado al cuartel de Caballería de Calatrava. En el consejo de guerra (21/11/36), presidido el coronel Pedro Sánchez Sánchez, la sentencia fue consecuente con la petición del Fiscal, 30 años de reclusión, por “adhesión a rebelión militar”, con expulsión inmediata del Instituto. La pena le sería conmutada (10/06/43) por la de seis años y un día de cárcel, que cumplió en la prisión provincial de Salamanca y en la de Pamplona (18/01/37). Su nombre aparece en el listado de los 4.943 presos de la prisión del fuerte de San Cristóbal, con el nº 558 de la relación de 1936-1940. No habiendo querido o podido participar en la fuga, salió de allí en libertad condicional (31/05/42) antes de la conmutación de pena.

No hay constancia de que hubiera víctimas mortales entre los vecinos de Carpio de Azaba. Sin embargo se registra el hallazgo de un CADÁVER en el Canto Hincao, dehesa del Manzano, ayuntamiento de este pueblo (C.463/37). Seguramente no sería el único, pues según testimonios de El Bodón, en dicho paraje aparecieron cadáveres algunos DESCONOCIDOS en la época de la recogida de la bellota, es decir ya bien avanzado el otoño de 1936 (EB 2006). Por otro lado, es posible que algún vecino, si no fue asesinado, no estuvo lejos de serlo, pues del compañero sentimental de Balbina Lorenzo Martín se dice en un procedimiento previo contra ésta que: “fue detenido a principio del Glorioso Movimiento Nacional y se tiró de la camioneta en que era conducido” (P.prev.CdA/38: f. 1).

Todo parece indicar que en este pueblo cercano a la cabecera del Partido, donde no se comprueban conflictos llamativos en la primavera de 1936, la represión se orientó casi desde el inicio del Alzamiento por la denuncia y la vía de la justicia militar. La proximidad permitía el desplazamiento de los líderes del Frente Popular, sobre todo los del emergente partido de Izquierda Republicana. Los vecinos que no podían actuar directamente, como los citados carabineros, lo hacían a través de sus esposas, según los

represores. De modo que en Carpio se comprueba otro motivo recurrente en las denuncias: los cónyuges resultan siempre sospechosos de simbiosis política. A finales de julio de 1936 entraron en la cárcel mirobrigense Emilio Hernández, antiguo oficial de prisiones, y Esteban Arroyo García, alcalde republicano, socios fundadores de Izquierda Republicana en dicha localidad, entre cuyos simpatizantes también se incluía a la esposa del primero, María Matos Maderal, maestra, que sería cesada en el cargo.

La “limpieza política”, que ya se había iniciado en 1937 por la vía gubernativa, para sancionar la “responsabilidad civil”, de la que se encargaba la Comisión de Incautación de Bienes por el Estado (CIBE), se prosiguió en 1939 con el Tribunal de Responsabilidades Políticas (TRP). Y así se llega a un total provisional análogo al de otros pueblos cercanos y pequeños; una decena de vecinos afectados por la represión:

-sin víctimas mortales de la localidad

-represión carcelaria: 7

-depurados, cesados: 5 (dos también presos)

-sancionados o embargados: 3 (también presos).

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dom

23

oct

2016

Las víctimas mortales de la represión procesal en el Campo Charro. Necrologio de Cabrillas. Ángel Iglesias Ovejero

En general, la represión de los pueblos del Campo Charro, más o menos cercanos del nudo de comunicaciones ferroviario de La Fuente de San Esteban, corrió a cargo de los comandos de la Guardia Civil enviados desde la Comandancia de Salamanca (croniquilla del pasado 25 de julio). Quizá por esta razón fueran menos frecuentes las sacas extrajudiciales, porque los miembros de los Institutos armados, en previsión de una posible responsabilidad si el gobierno republicano se hacía con el control de la sublevación, exigirían que las órdenes importantes de los mandos fueran formuladas por escrito. Pero esta apreciación sobre el efecto benéfico de la implicación directa de la Guardia Civil quizá sea fruto de una falta de información suficiente. Lo cierto es que los contrastes sociales y los incidentes entre los jornaleros y los patronos del campo, relacionados con la reforma agraria y la normativa laboral, fueron similares a los de otras zonas. Y la oposición al Alzamiento mediante la huelga en período de la siega fue incluso más seguida en localidades de este territorio. Por todo ello, como sucedió inicialmente en Retortillo, la persecución contra los huelguistas se llevó a cabo por la vía procesal de la jurisdicción militar, que produjo algunos muertos en pueblos limítrofes de la comarca mirobrigense, como San Muñoz y otros de El Abadengo (Iglesias, Represión franquista: 313).

En Cabrillas, municipio en que antes del Alzamiento se habían producido incidentes parecidos a los evocados, también hubo una víctima mortal de la represión jurídico-militar, pero por razones diferentes. La única hasta ahora identificada del necrologio de esta localidad.

 

Maximino BENITO DE SAN GUILLERMO, de 22 años, hijo de José Antonio y Escolástica, soltero, jornalero. Falleció (23/10/36) por ejecución de sentencia de consejo de guerra (29/09/36). Lo procesaron por manifestaciones tendenciosas, debido a que no compartía el entusiasmo de otros soldados con respecto al triunfo del Movimiento e incluso llegó a sugerir la posibilidad de pasarse al frente republicano, lo que sería calificado de tentativa de deserción (C.531/36). Estuvo preso en los calabozos del Regimiento de Infantería y pasó a la cárcel provincial para la vista de la causa. Quizá por la impresión de la sentencia tuvo un síndrome “hiposistólico”, que requirió su ingreso en el Hospital de la Trinidad (12/10/36), pero fue devuelto a la prisión para ser ejecutado el mismo día que el maestro Celso Escanilla, alcalde de Bogajo, y los promotores de la huelga en Retortillo, Máximo Muriel, Cristino Martínez y Celso Moro. Y esto lleva a pensar que el 23 de octubre los mandos de Salamanca, en cierto modo programaron una saca carcelaria por ellos mismos legalizada, mediante aquellos consejos de guerra esperpénticos.

No hay constancia de que los soldados delatores recibieran condecoraciones o premio alguno, como tampoco se tiene constancia de la reacción moral que tuvieran al comprobar la condena y ejecución de un compañero. Los mandos tenían vacunados a estos hombres jóvenes contra ese tipo de alicientes y de posibles remordimientos, explicándoles que era parte del “cumplimiento del deber” (una explicación que también tuvo mucho eco entre los denunciantes civiles, sin que al parecer los haya dejado plenamente satisfechos, pues nunca han reivindicado la condición de chivatos). Hubo otras denuncias análogas entre soldados, sin consecuencias tan graves, por ejemplo la de José Moreiro Acosta (C.875/37)

 

La consulta de los fondos del gobierno civil en el Archivo Histórico Provincial y de la documentación procesal revela que la toma de conciencia político-social y la afiliación sindical (Socorros Mutuos, STT) estaba bastante desarrollada en Cabrillas. Los vecinos más señalados fueron molestados por los represores. Andrés Garavís García, alcalde perteneciente o simpatizante de Izquierda Republicana, se había enfrentado con el secretario municipal, que ponía dificultades para el aprovechamiento de la dehesa boyal por parte de los afiliados de la Sociedad Obrera. Longinos Corcho, concejal, como presidente de esta Sociedad en 1932 o 1933, había liderado la parcelación del terreno comunal de Las Eras y después había apoyado al citado alcalde. Hubo maestros depurados y otros vecinos sancionados económicamente. De modo que, a falta de más información, la represión arroja un balance provisional de 14 afectados:

- víctimas mortales: 1

- víctimas carcelarias: 7

- depurados: 2

- sancionados, embargados: 4.

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dom

16

oct

2016

Las familias elegidas para el sacrificio. La saca del 16 de octubre: fosa del Valle del Lagar. Necrologio de Gallegos de Argañán. Ángel Iglesias Ovejero

Al cabo de una semana de la anterior saca carcelaria, los responsables y ejecutores efectuaron otra el 16 de octubre conforme al mismo guión. En consecuencia, no es de extrañar que también se repitan los efectos señalados en lo que atañe a las dificultades para la identificación total de las víctimas (croniquilla del pasado día 9). Pero, aparte de ser más numerosos los afectados, en esta otra saca se comprueba una característica represiva muy extendida, cual fue la aplicación de castigos terribles a determinadas “familias elegidas”, cuyos miembros con frecuencia fueron exterminados en parte (Iglesias, Represión franquista: 552). Fue el caso de “la señora Gaona y sus hijos”. Tampoco es novedosa la constatación de que un vecino de Gallegos de Argañán, que había sido herido por fuerzas rebeldes en su pueblo de origen y curado en el hospital, fue después sacado para su asesinato, acto de barbarie refinada denunciado como tal por un eclesiástico mirobrigense (C.2133/37). Forma parte del necrologio de dicha localidad, donde los encargados ponen obstáculos insalvables para la consulta del archivo municipal y, además o quizá por esto mismo, algunos presumen de no tener  víctimas mortales republicanas en su vecindario.

 

Los avatares carcelarios de algunos integrantes de la saca colectiva del 16 de octubre son análogos a los del día 9 anterior, con eventual doble paso por la prisión. La “Relación” de las salidas en tal fecha incluye los nombres de nueve excarcelados, ocho de los cuales, según la tradición mirobrigense, fueron asesinados y sus cadáveres enterrados en una finca del Valle del Lagar (infra).  Los cinco primeros habían sido detenidos entre el 26 y el 31 de julio, por lo que es de suponer que los represores los consideraban  “peligrosos” de antemano, aunque de algunos no se tiene indicio alguno sobre el presunto motivo.

 

Pablo Santos Sánchez, natural de Palma de Mallorca, socialista, concejal, sin constancia de edad, filiación, profesión y estado civil (ver croniquilla del 30 de agosto).

Ángel Sierro Mangas (primer apellido Sierra en la ASMJ), de 25 años, jornalero. Había estado detenido del 26 de julio al 23 de septiembre y fue reingresado el 26 del mismo mes (ARMR, Expediente de huérfanos).

Remigio Baz Martín, sin constancia de otros datos. Había estado detenido del 31 de julio al 23 de septiembre y reingresó el 26 del mismo mes. En el juzgado de instrucción del Regimiento de La Victoria le abrieron expediente en 1938, “por faltar a su incorporación” como recluta del reemplazo de 1928, 4º trimestre. Según el informe del juez instructor (01/02/39), teniente de Carabineros Pedro Martín, había sido declarado en rebeldía por orden del Secretariado de Guerra (14/08/1937) y en 1939 seguía “en ignorado paradero” (Exp. CR/38). Remigio fue uno de los emisarios de Ciudad Rodrigo encargados de transmitir las consignas de oposición al Alzamiento, en compañía de Manuel Mateo, que estuvo detenido tres veces en 1936 y fue procesado en 1939. 

Balbino Escalera Iglesias,  nat. Villamiel (Cáceres), sin otros datos. Había ingresado en prisión el 28 de julio. Se ha especulado con que pueda ser uno de los “desconocidos” hallados muertos en Bocacara, donde los testimonios locales hablan de un desconocido de Acebo, cuyo cadáver fue recogido por su familia y en cuya vestimenta se halló dinero, gracias a la custodia de algún vecino del pueblo que, a pesar de su pobreza, no se empleó en el expolio del cadáver (B 2012).

Graciliano Hernández Tomás, detenido el 8 de agosto (ver infra, necrologio de Gallegos de Argañán).

 

Los otros excarcelados el día 16 de octubre habían ingresado pocos días antes.

 

Alfredo Miguel Plaza, de 50 años, comerciante, casado. Había sido detenido el 8 de octubre y volvió a ingresar, antes de ser eliminado en la última saca carcelaria comprobada, el 16 de diciembre (ver croniquilla).

Antonio Hernández Rastrero, de 37 años, hijo de Manuel y Narcisa, casado con Petra Bernal Martín con quien tenía cuatro hijas (croniquilla del pasado día 9). Se indica como motivo adicional que había tenido alguna agarrada con otro vecino, que “era de derechas y tenía mal careo” (CdF 2008).

 

Entre los sacados de la cárcel el día 16 figuran dos mujeres, ingresadas los días 13 y 14, ambas naturales de Ciudad Rodrigo, sobre las que se tienen escasos datos registrados (Iglesias 2014B):

 

Gertrudis Sánchez Montero (a) “Gaona”. Esta mujer es una de esas víctimas que ha dejado una estela de leyenda, por el exterminio que la represión sangrienta produjo en su familia, toda ella conocida por el apodo de “los Gaona”, de motivación taurina. En el mismo viaje de la “señora Gaona” (< Rodolfo Bernal Gaona, torero mejicano del s. XIX-XX, inventor del lance conocido como gaonera) y con el mismo destino habrían ido sus hijos Francisco y Esteban Vicente Sánchez. Del padre de éstos no se tienen noticias, pero otro miembro de la fratría, Juan Vicente Sánchez, había sido “sacado” con anterioridad de la cárcel del Partido (croniquilla del 19 de agosto).

Clara Machado Vieira. A juzgar por sus apellidos, quizá fuera de origen portugués, pero a ciencia cierta casi no se sabe nada de ella. Puede ser una de las personas asesinadas en la saca de la fecha indicada, como su compañera de prisión Gertrudis Sánchez, aunque a diferencia de ésta, no suele mencionarse en los relatos orales.

Francisco Vicente Sánchez (a) “Gaona”. Aunque con las precauciones que requieren estos casos, su identidad nominal y social puede corresponder a la víctima de este nombre y apellidos (pero sin el apodo)  en el listado de la ASMJ: ferroviario, casado con María Collado, “ejecutado por su significación marxista y actividades contrarias al Glorioso Alzamiento” (AMCR, Exped. Huérfanos, 10-3).

Esteban Vicente Sánchez(a) “Gaona”, hijo de Gertrudis Sánchez, hermano del anterior. Era de los izquierdistas denunciados por los derechistas mirobrigenses (CR 2009). Uno de éstos, Luis Cambronero, en 1938 reveló que, a primeros de septiembre de 1936 el jefe local de Falange había ofrecido dinero a otro falangista por matar a Esteban “Gaona”, sin que el solicitado ejecutor aceptara el trato criminal:

(…) que quiere hacer constar, para así reflejar mejor los malos sentimientos del Jefe de Falange Agustín Calzada, sobre los primeros días del mes de septiembre de 1936, aunque no lo puede asegurar con exactitud, llamó a Pedro Cabrera, falangista de Ciudad Rodrigo, ofreciéndole, si mataba a Esteban “Gaona”, cierta cantidad, el cual se negó a ello, diciéndoselo seguidamente al que declara (C.2133/37: f. 293).

 Algún victimario cumpliría el encargo, pues en 1937 otros derechistas, entre ellos  Carlos Domínguez y varios declarantes en la causa contra Justo Montero (C.1510/37), daban por desaparecido a Esteban.

La memoria colectiva mirobrigense señala que varias personas de esta familia y otras asesinadas fueron enterradas en una o dos fosas de una finca, hoy prado cercado, en el paraje del Valle del Lagar, término de Pedrotoro,  junto a un camino que sale a un kilómetro a la izquierda de la carretera que conduce a Tenebrón. Los afectados por las operaciones macabras serían las víctimas de esta saca y quizá las de alguna otra alguna, hasta una veintena en total, según testimonios (CR 2009, Iglesias, Represión franquista: 307). Pero, a falta de datos fehacientes sobre todas y cada una de las víctimas, nada se puede afirmar con certeza. En el verano de 2012 se hubieran podido despejar algunas dudas si los dueños de la finca se hubieran mostrado más cooperativos cuando, por iniciativa de la Asociación de Salamanca por la Memoria y la Justicia (ASMJ), se emprendieron los trabajos de excavación. Pero dichos dueños, al cabo de unos días de iniciados los trabajos, aprovecharon un día festivo para poner un candado a la entrada de la propiedad y ya no se pudieron reanudar. De modo que, después de lo que se ha visto en otros casos similares, hay motivos para dudar incluso de la permanencia in situ de los cadáveres o sus restos. El juzgado del partido judicial, por su parte, se inhibió cuando se le notificó el caso, que recogieron los medios de comunicación provinciales e incluso la prensa nacional (El País, 16/08/2012).

 

Entre los cadáveres abandonados en la citada finca de Pedrotoro se cita a un vecino de Gallegos de Argañán:

 

Graciliano Hernández Tomás, de 35 años, natural de Puebla de Azaba, hijo de Jesús y Luzdivina, jornalero, casado con Herminia Martín García, padre de dos hijos menores. Apareció cadáver en Pedrotoro el 16 de octubre de 1936, sin constancia del lugar de enterramiento (act. def. 4/10/1944, ASMJ). El 24 de julio de 1936 había recibido un tiro en el muslo izquierdo, efectuado por uno de los ocupantes de una camioneta que transitaba por el pueblo, llevando guardias civiles y soldados (Sum. 141/36). El mismo agredido explicó al juez de instrucción de Ciudad Rodrigo, Fausto Sánchez, cómo la agresión fue debida a un gesto de saludo ambiguo o mal interpretado, cuando se le invitaba a levantar los brazos:

 

(...) Que en la tarde de ayer [24/07/36] regresó al pueblo de Gallegos de Argañán desde la dehesa de Marialba donde había estado dedicado a las faenas de la recolección; que cuando estaba bajando un haz de hierba que llevaba en una caballería pasó un camión con guardias y soldados, dando gritos de “Viva España”. Que le mandaron que alzara los brazos, y sin duda por haber cerrado los puños sin darse cuenta le hicieron un disparo causándole la lesión que padece en la pierna (Sum.141/36: f. 3).

 

Fue conducido al Hospital de la Pasión, donde lo reconoció el médico forense, Marcelo Sánchez Manzano, de cuyo informe se deduce que le dispararon por detrás y el tiro le dejó una rozadura en las bolsas escrotales. Dado que la autoría del delito sólo podía atribuirse a un guardia civil o a un soldado, el juez de instrucción, siguiendo la normativa que emanaba del general Mola, dictó el auto de inhibición, considerando que competía a la jurisdicción militar interesarse por “los delitos cometidos en servicio de armas” (Sum.141/36: f. 5). De hecho, la justicia militar, aun reconociendo dicha competencia, no quiso saber nada de dicha autoría, pues el auditor de guerra, José Bermejo, después del informe del fiscal, Félix Ochoa, decidió suspender el procedimiento y el archivo definitivo de la causa en la Comandancia Militar de Salamanca (19/08/36). Después de ser curado ingresó en la prisión del partido judicial, donde se registra su entrada el 8 de agosto de 1936, como “detenido [militar]”, y la salida el 16 de octubre de 1936 (Desaparecidos 1936) en la saca indicada.

 

Por las razones arriba avanzadas, no se ha podido comprobar la existencia de otros afectados por esta forma de represión extrema, por lo que Graciliano sería el único vecino que con certeza puede figurar en el necrologio de Gallegos de Argañán. Pero descontado el forastero conocido por “el Pernales”, Benito González Gómez que apareció cadáver en el puente de la rivera de Azaba (croniquilla del pasado 6 de agosto), también existe la posibilidad de que fuera sacado otro vecino:

 

Isidoro Hernández Fonseca. Había ingresado en prisión el día 24 de julio de 1936 y fue, excarcelado el 23 de septiembre (croniquilla).

 

Mientras no se pueda efectuar una consulta del archivo municipal y recoger testimonios, hay razones para sospechar que pudo haber otras víctimas, pues Gallegos de Argañán era una localidad donde algunos líderes derechistas bien implantados se oponían a los planes reformistas republicanos. En la primavera de 1936 los sindicalistas y sus familias, apoyados por un numeroso vecindario, efectuaron repetidas ocupaciones de fincas expropiables. De ello es consecuencia probada la aplicación de otras formas de represión, que se refleja en el total provisional de afectados en este pueblo, una decena:

-          Víctimas mortales: 1 ó 2

-          Víctimas carcelarias: 4

-          Depurados un maestro (también preso)

-          Sancionados o embargados : 5 (uno de ellos también preso).

 

 

 

 

 

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mié

12

oct

2016

Fiesta de la Hispanidad: el maniqueísmo “nacional” de la raza y la horda. Ángel Iglesias Ovejero

Angel Iglesias Ovejero
Angel Iglesias Ovejero

Una fiesta señera en el calendario de la “formación del espíritu nacional”, o catecismo de la propaganda franquista, era el día de la Hispanidad”, que venía a ser un eco del “día del Caudillo” (1º de octubre), porque éste era en definitiva el centro de toda aquella parafernalia verbal e iconológica, que se denominaba por antonomasia “la Política”. Era una superchería que pronto descubrían los mismos escolares, cuya estrategia para aprobar esa asignatura en los exámenes consistía en “soltar mucha paja”.  Quizá en ese descubrimiento esté la base del desprestigio que hoy, al cabo ya de casi cuarenta años de democracia, arrastran la política y los políticos, en una gran parte de la opinión colectiva asociados, respectivamente, con “la picaresca” y “la corrupción” (un sambenito, dicho sea de paso,  llevado con todo merecimiento por algunos representantes del Pueblo). 

El día 12 de octubre concentraba una multiplicidad de referencias épico-religiosas “nacionales”, que se traducían en la polionomasia correspondiente. De hecho las designaciones festivas tenían una antigüedad relativa y siguieron más o menos vigentes en el tardofranquismo: Día de la Hispanidad” (1926, 1931, 1935, 1958)Día de la Raza (1913, 1918)Día del PilarDía de la Fiesta Nacional (1892, en el 4º centenario del “descubrimiento de América”, 1987). Franco no inventó nada, pero supo hallar el sincretismo de todas estas corrientes para llevarse el agua a su molino, donde se moldeaba su ansia de poder, durable y sin límites. “El Caudillo” era el último y definitivo eslabón de las “Glorias Imperiales” (libro de lecturas). 

De un modo más o menos visible (como era la denominación del “Día de la Fiesta Nacional”) el motivo aglutinante era “el Descubrimiento”, alusivo a la llegada a las Bahamas de la expedición de Colón, a quien en los manuales escolares de Historia y sobre todo en “la Política” se procuraba nacionalizar, buscándole orígenes gallegoscomo los del “Caudillo”. Para los jóvenes estudiantes de antaño, la hazaña deportiva (convenientemente encarnada por los mitos vivientes del cine), con el grito del marinero al avistar la meta del mar proceloso, no debítener más parangón que la Redención en la historia de la Humanidad. Hasta la misma letra de Pemán para la “Marcha real” (1928) lo recordaba (2ª estrofa: Gloria a la Patria / que supo seguir / sobre el azul del mar / el caminar del sol”), cuando al modo militar, los niños en fila cubriéndose con la mano derecha sobre el hombro del compañero, la cantaban antes de entrar en la escuela. Franco había convertido esta marcha en himno nacional por decreto (27/02/1937). 

Los efectos directos o indirectos del Descubrimiento y la Conquista sobre la población indígena y su cultura no entraban en el programa de “la Política” o se ponían en la cuenta de la “Leyenda negra”, fraguada por los enemigos históricos de España; y, de paso, se recordaba que esos países no habían sido modelos de conducta colonial. En este sentido la referencia religiosa del “Día del Pilar”, en cuya leyenda dorada se insertaba la aparición “en carne mortal” de la Virgen al apóstol Santiago, para animarle en su laboriosa predicación del cristianismo, justificaban implícitamente los excesos de los conquistadores, como un mal necesario para la Evangelización, como el orden público servía de excusa a los desmanes de la Guardia Civil, que también celebra su fiesta en la misma fechaNo de otro modo se justificaba (y se justifica) la guerra civil y los desastres que le son inherentes, pretendiendo curar males sociales con otros males peores, con el falaz espejismo de que los fines justifican los medios. Así funcionaban siempre estos patronazgos, cuya retórica (escandalosa) se reduce a utilizar la motivación religiosa como escudo de la violencia armada. Para muestra basta el simbolismo de la cruz de Santiago (patrón del Arma de Caballería y del Ejército de Tierra). Decían los “formadores del espíritu nacional” que era a la vez “cruz y espada”, y no había más que hablar.  

El gran defensor de la Hispanidad, Ramiro de Maeztu (1931), tuvo un precursor que era obispo (Zacarías de Vizcarra Arana) en 1926, pero fue él quien ofreció el argumentario más aprovechable para la propaganda fascista, en la que se convirtió en referencia obligada. En La defensa de la Hispanidad se trata de justificar la desconfianza ante el progreso y el racionalismo, la galofobia y anglofobia, el republicanismo, todo ello contrapuesto al ideal católico y el modelo monárquico de los Reyes Católicos; y, claro está, se defiende la colonización de América, impregnada de unos principios morales, que deben pervivir en el Nuevo Mundo y no se respetan en los dos grandes imperios del momento, el de los Estados Unidos y el de Rusia, respectivamente saturados de una “fascinación por la riqueza” y por la tentación de “la revolución”. Durante el período republicano ya se celebró esta fiesta “de la Hispanidad” (1935). Pero fue el Caudillo” quien, después de hacer suyo el ideario del ensayista (cuya obra se reeditó en 1938), reguló la fiesta en 1958.  

Antes la guerra ya se había se había celebrado el “Día de la Raza”cronónimo propuesto y empleado bajo la Monarquía (1913, 1918). La referencia cultural también servía de coartada para esta designación, aunque con el paso del tiempo resultaría molesta la posible alusión clasista y biológica de raza aplicada al género humano, precisamente por emplearla quienes la emplearon para referirse a la para ellos superior raza aria. Hoy el término tiene unas connotaciones que quizá no tuviera en el primer tercio del siglo XX, y por ello se recomienda el término etnia para referirse a comunidades humanas que tienen características físicas o lingüísticas y culturales propias.  Pero está claro que el cambio de etiqueta, por sí solo, no borra los prejuicios sociales de la comunidad mayoritaria contra las minorías. Que se lo pregunten, sin ir más lejos,  a los gitanos, moros, rumanos, etc., a quienes seguramente no les convence el tópico de que “los españoles no somos racistas” 

 Ya terminada la guerra civil y bien entrada la segunda guerra mundial, Franco no debía de sentir escrúpulo alguno en el manejo de dicho término. Tanto es así que entre 1939 y 1941, con el seudónimo de Jaime de Andrade, escribió Raza. Anecdotario para el guión de una película, que en su primera versión llevó al cine José Luis Sáenz de Heredia en 1941 y se estrenó en 1942. Entonces se editó como novela y después se hizo otra edición en 1945 (para detalles, cf. Rafael Utrera Macías, “Raza, novela de Jaime de Andrade, pseudónimo de Francisco Franco”, Anales, 21, 2009, pp. 213-230). Quizá resulte superfluo añadir que el Caudillo (autor “observador, militante  e intérprete” [R. Utrera 2009: 215]), a través del personaje principal, se proponía a sí mismo por paradigma del buen español, esforzado, valeroso y fiel al ideario nacional-católico de la esencia patria, aunque no tenía empacho en referirse a los almogávares como guerreros ejemplares, que, además de ser catalano-aragoneses (por quienes el general Franco y los suyos no sentían una particular simpatía), no debían de caracterizarse por un marcado refinamiento cultural. El final de la contienda mundial no sería el que Franco esperaba, y el tufillo fascista, clasista, xenófobo y antiamericano en concreto, que desprendía Razaya no encajaba en el contexto europeo. Su propio olfato le llevaría a practicar una autocensura, que empezó por retirar las copias de la primera versión fílmica (sin conseguirlo del todo) y a proponer un título menos llamativo, no Raza, sino El espíritu de unraza, dirigida por el mismo JL. Sáenz de Heredia (1950). Y en consecuencia, en 1958 decretó que la fiesta nacional se llamara “Día de la Hispanidad” y no “de la Raza”. 

Durante la guerra civil las autoridades militaristas, que hacían eco a la voz de su amo, insistían en la solemnidad con que era celebrada la “fiesta de la Raza” en su vecindario. Así lo hacía el alcalde de Retortillo (donde serían eliminados cinco sindicalistas y cargos republicanos), Nemesio Matías, notificando al gobernador civil el empeño que había puesto en que dicha fiesta se celebrara “con todo esplendor (…) y manifestaciones de amor a España y gran religiosidad”. Ello había dado también ocasión de rendir homenaje a “la heroicidad de los bravos combatientes [que estaban liberando a España] de las hordas salvajes” (AHPS: 191/36). El Alcalde olvidaba que muchos de aquéllos bravos combatientes eran antiguos socios de la Casa del Pueblo, pero este olvido era necesario para la grosera oposición maniquea de la propaganda franquista. En efecto, la contraposición entre los mesiánicos soldados del “Glorioso Movimiento Salvador de España” y las “hordas salvajes” de los soldados del Gobierno legítimo de la República era una cantinela habitual en las declaraciones derechistas para la jurisdicción militar, no sin que metiera la mano la Guardia Civil en los atestados. En ellas presentaban las ocupaciones de latifundios expropiables como asaltos bélicos de un ejército aguerrido y salvaje (como los almogávares que “el Caudillo” admiraba). Así lo hacía el comandante del puesto de Peñaparda, al describir la entrada de los vecinos en el previsto asentamiento de la dehesa de Perosín, liderados por un “organizador e instigador de las masas”, secundado por otro que “pasaba lista”, un tercero que “daba instrucciones a las hordas para la ejecución de los trabajos de roturación”, etc. (Iglesias 2016: 224). Al final los jornaleros aspirantes a colonos quedaban asociados a profanadores de la sacrosanta propiedad privada. 

Algo de todo esto se rastrea detrás de los discursos en “la Fiesta de la Raza más sonada de todas en la provincia de Salamanca, celebrada en el paraninfo de la Universidad. En aquella asamblea casi multitudinaria, aparte de Franco y otros mandos militares, estaba lo más granado de los enemigos de la República, los fascistas y militaristas convencidosintelectuales y hombres de letras (Pemán), jerarcas de la Iglesia (Pla y Deniel), el general Millán-Astrayla esposa de Franco, Carmen Polo. En ella participó Miguel de Unamuno, anti-azañista y repuesto rector, que presidió el acto (y era portador de una carta de súplica de la esposa de Atilano Cocopastor protestante, que sería asesinado), con un protagonismo sorprendente, dada su adhesión a los promotores de la rebeliónLa celebración, que se había iniciado con laprevisibles glosas sobre “el Imperio español y las esencias históricas de la raza, tomó un derrotero más escabroso con la intervención de F. Maldonado de Guevara, quien se pronunció contra el separatismo catalán y vascopara él “anti-España” y cánceres de la nación que el fascismo debía curar cortando por lo sano. Estos propósitos recibieron la censura de Unamuno, que se enzarzó en una áspera diatriba con los más cerriles contrincantes. 

Son de sobra conocidas aquellas frases lapidarias (“venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis…”) con que el Rector, que pronto dejaría de serlo, se erigió en paladín de la razón, de la inteligencia, de la cultura y de la convivencia nacional frente a los fantoches sectarios y siniestros que, como Millán- Astraycon sus necrófilos y bárbaros gritos (“Viva la muerte”, Muera la inteligencia negaban aquellos valores. Cuesta trabajo creer que el sabio rector, poeta y filósofo, pudiera haberlos tomado hacía tres meses por los representantes y salvadores de “la civilización occidental” (que tiene mucho que hacerse perdonar, en España y en América, para empezar). Cuando se celebraba “el Día de la Raza” en universidad de Salamanca, ya habían sido eliminados por sentencia de consejo de guerra las autoridades y líderes políticos de Ciudad Rodrigo (que estaban lejos de ser todos personas incultas y no tenían antecedentes penales), entre otros, cuya ejecución no podía pasar desapercibida, porque se efectuaba cerca del cementerio, con estruendosas descargas en la madrugada. En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales y los hallazgos de centenas de cadáveres, eran del dominio público. Don Miguel, al parecer, no se había dado por enterado hasta entonces, ni tampoco después (y esto ya era cantar mal y porfiar) parece que renunciara a la idea de que la salvación de España estaba en manos de los militares (“el movimiento salvador que acaudilla el general Franco”, “hay que salvar la civilización occidental cristiana [contra] las inauditas salvajadas de las hordas marxistas”, etc.)Probablemente murió sin percatarse de que Franco y Millán-Astray eran lobos de la misma manada. No es cosa de mostrarse cruel con el recuerdo  del admirado Miguel de Unamuno, deseándole una larga vida sólo para que le hubiera permitido comprobar la violencia de la dictadura franquista como estado permanente desde su principio hasta su fin. Así lo prueban, por ejemplo, la presencia de la Policía a las puertas de la universidad Complutense de Madrid, entre otras, para vigilar, asustar y golpear a los estudiantes en el recinto universitario al final de los años sesenta o, ya con Franco decrépito, el famoso proceso de Burgos contras activistas vascos (1970) e incluso, poco antes de su fallecimiento, otro proceso que también se terminó con la ejecución de otros activistas (1975), acusados de prácticas terroristas como aquéllos.. 

En todo caso, aquel discurso entrecortado redimió a D. Miguel, si es que realmente lo necesitaba, pero también prueba que los intelectuales no siempre tienen una perspicacia a la altura de su inteligencia y cultura. Aquel descubrimiento personal del 12 de octubre de 1936 sobre la calaña de algunos “redentores” no devolvió la vida a los pobres, analfabetos e ignorantes, que no lo eran por elección propia ni por ello eran forzosamente unos bárbaros asesinos (como sí lo eran sus propios ejecutores)al menos en la provincia de Salamanca. Miguel de Unamuno podía haberse dado cuenta de que la instrucción de las capas sociales menos favorecida(y no solo de las más pudientes) formaba parte de las preocupaciones de la República y ésta trataba de curar males que arrastraban de antes y de los que no era responsable, para lo cual necesitaba tiempo y colaboración, nunca prestada por los reaccionariosEl sabio D. Miguel, en cierto modoviene a ser un precursor de la teoría de la “equiviolencia” (término que Robledo emplea para referirse a quienes reparten la responsabilidad de los hechos en 1936 entre “los dos bandos” por igual), a lo que parece referirse con una de sus habituales piruetas verbales (“los hunos y los hotros)como si con esto ya estuviera todo dicho. Es una cómoda posición, bastante extendida, por cierto, en el mundillo de los escritores que ven en la memoria histórica materia para ejercicios literarios y no una necesidad de reconocimiento y reparación moral de las víctimas, a pesar del tiempo transcurrido. De hecho responde a una deriva derechista, pues con esa teoría se deja en el olvido que los sublevados militares fueron quienes abrieron la caja de los truenos con unos objetivos nada altruistasEn el trasfondo también se percibe un sustrato clasista, como si por ser ignorantes, pobres y desconocidas, aquellas personas fueran menos dignas de respeto que las célebres y poderosas.  

Quizá no estaría demás aprovechar el “día de la Fiesta Nacional” (antaño de la Hispanidad) para reflexionar sobre temas análogos de la historia española.  

 

 

 

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dom

09

oct

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936. Los “desaparecidos” y perfectos “olvidados”: recordatorio de responsabilidades. La reducida saca del 9 de oct

Hay una categoría de víctimas mortales que han pasado por la vida sin dejar apenas huellas. En cierto modo, son los “desaparecidos” perfectamente “olvidados” o ignorados, como en general pretendían los responsables y ejecutores de las sacas. Casi con seguridad se puede afirmar que eran solteros y pobres, cuyos cadáveres quedaban secuestrados en lugares apartados y su recuerdo borrado con el tiempo. Sin hijos y sin bienes, nadie echaba de menos el testamento y nadie reclamaba sus actas de defunción. Sus padres quizá hubieran asistido a la detención con angustia y llorado su ausencia en vano, pero en 1979 ya habrían muerto probablemente y no ejercerían los derechos que les concedían las leyes (decreto-ley 35/1978). Los hermanos y sobrinos tampoco parecen haberse interesado por ellos (aunque parezca irreverente y cruel asociación, no estará demás recordar el refrán que corre por estos pagos: “Parientes pobres y burros viejos, lejos”). 

Los responsables directos del secuestro de los cadáveres y la desmemoria de estas víctimas, como la de todas las otras en este territorio, son ya de sobra conocidos. Eran mandos militares y paramilitares. En concreto, manejaban la tramoya dos oficiales de los Institutos armados (los capitanes de la Guardia Civil y de Carabineros, respectivamente, Juan Sáez Chorot y Marcelino Ibero Barceló), mientras que la organización de las faenas mecánicas de las ejecuciones extrajudiciales principalmente corría a cargo del jefe de las Milicias Fascistas, un alférez del Ejército (Ernesto Bravo Rivero), y el jefe de Falange de la zona (J. Agustín  Calzada Hernández). Por delegación actuaban otros (alguna vez Fausto San Dámaso, teniente de la Guardia Civil, sustituye “P[orO[rden” al cap. Sáez). Hasta el 8 de octubre, Juan Sáez y Marcelino Ibero se repartían el protagonismo de aquella pantomima en cuya representación intervenían personajes reales (agentes y pacientes). J. Sáez, como “Comandante Militar de la plaza de Ciudad Rodrigo”, firmaba las órdenes de ingreso en la prisión del partido judicial (las cuales suelen llevar en la parte superior un sello: “Guardia Civil – 2ª Compañía – 19º Tercio”). M. Ibero, como “Capitán Juez del Juzgado Militar de Ciudad Rodrigo”, daba  la orden de “poner en libertad” a los detenidos, que también lleva en la parte superior la indicación del Instituto a que pertenece (“Comandancia de Carabineros. Juzgado de Instrucción”). Hasta la saca del 8 de octubre, uno u otro capitán alternan a veces en la emisión de las órdenes y Marcelino Ibero ejerce de “Comandante Militar” (quizá en ausencia de Sáez), pero es siempre “el Capitán Juez Instructor”. A partir de esta saca inclusive “el Capitán Juez, Marcelino Ibero” ordena el ingreso en prisión y también ejercía de “Comandante Militar”.   

Estas alambicadas triquiñuelas se comprueban en la saca de los vecinos de Bodón (11 de septiembre), donde también queda al descubierto el trampantojo (“El burro tapado y las orejas fuera”). En efecto, contrariamente a lo que los responsables pretendían hacer creer, la orden de la falsa puesta en libertad antes de ser entregados los detenidos a las fuerzas de Falange (con lo que los mandos pensaban quedar exculpados e impunes), de hecho se firma después de la “orden de entrega” a dichas fuerzas. De modo que los detenidos del día 11 de septiembre fueron recogidos, uno individualmente y los otros en grupos, entregados por el Jefe de la Prisión (y sin duda llevados al cuartel de Falange) por dos “jefes de la fuerza, que firman la entregaJesús Rodríguez, cuatro detenidos a las 16.45 horas, un detenido a las 18.45 horas y otros diez a las 19.30, e Isidro Santiago [citado entre los victimarios de Peñaparda], tres detenidos a las 18 horas. El traslado duró casi tres horas y la orden de “poner en libertad a todos los presos, menos Ramón Barragués” no se aplicó nunca, pues los detenidos pasaron de la prisión del partido al local carcelario de Falange y de éste fueron conducidos al matadero. No hay constancia de este complicado protocolo en las sacas posteriores. 

Indirectamente, como ya se ha sugerido, a la desmemoria de estas y otras víctimas han contribuido los encargados de los archivos y los registros civiles, con el hermetismo de la documentación que guardan. E incluso, también tienen su parte de responsabilidad los familiares más o menos cercanos de los “desaparecidos” que, sin duda a causa del miedo, han optado por la política del avestruz, sucumbiendo a la tentación del silencio, el olvido y la ignorancia real o supuesta de los hechos. Una actitud pasiva que, aunque comprensible, no deja de ser lamentable, porque “no querer saber nada” ha resultado cómodo, pero es el mejor servicio que se le ha prestado a los represores franquistas y el peor desprecio a sus propios familiares  asesinados (“No hay pero desprecio que no hacer aprecio”). 

El doble objetivo de la eliminación física y el expolio de su memoria no se ha cumplido del todo con los asesinados de El Bodón y de Fuenteguinaldo, que sucumbieron en las dos sacas carcelarias más numerosas, pues los testimonios permitieron la exhumación de sus restos mortales n 1979 y 2006, respectivamente. En los otros casos la jugada dio casi el resultado apetecido por los verdugos: sacas del 9 y del 16 de octubre, del 25 de noviembre y del 16 de diciembreEn la del 9 de octubre, al día siguiente de la saca masiva de vecinos guinaldeses y casillanos, fueron excarcelados dos de los primeros detenidos en la cárcel de Ciudad Rodrigo, sobre los que se tienen pocos datos, debido a la perfidia de sus verdugos y quizá a alguna circunstancia de las señaladas. 

Antonio de Julián Márquez, de 34 años, natural de Córdoba, hijo de padre desconocido y Carmen, jornalero, casado con María Isidora González Aranda, sin indicación de eventual descendencia (act. def. 14/08/1945, ASMJ). Había ingresado el 3 de agosto en la prisión de Ciudad Rodrigo, de donde salió al mes siguiente (18/09/36), pero reingresó el día 8 de octubre y salió al siguiente en esta presumible saca (AMCR, Desaparecidos 1936) 

Manuel Durán Sánchez, sin otros datos, aunque la condición de víctima mortal parece confirmada por testimonios de un sobrino (ASMJ). Había ingresado en la cárcel el día 26 de julio, el mismo día que los nueve primeros detenidos de El Bodón. Después siguió los mismos avatares carcelarios y destino final que Antonio de Julián. 

 

Un mozo de Casillas de Flores ejemplifica a la perfección la falta de reconocimiento que se cierne sobre los jóvenes solteros sacrificados hace ochenta años: 

 

José Martín Lanchas, de unos 20 a 22 años, hijo de Francisco y María, jornalero, soltero. En la tradición familiar no se han transmitido detalles concretos sobre la motivación de la detención y sus circunstancias, ni de la fecha y lugar de la ejecución extrajudicial, así como del lugar de enterramiento de su cadáver. Hasta ahora solo se tenían rumores contradictorios sobre “(…) el hijo de una tal María “la Casquella”, la cual insultaba a todos [los represores] porque le habían llevado un hijo” (CdF 2009).  

Su identificación nominal, gracias al testimonio de una sobrina, se produjo en el marco del  homenaje dedicado a las víctimas de este pueblo, con la colocación de una placa en el cementerio local el domingo 17 de julio, sin asistencia ni colaboración alguna de la corporación municipal. La víspera se adelantó una croniquilla con el necrologio, que propiamente debería haberse publicado el día de ayer y del que estas notas sirven de recordatorioY esto permite corregir el olvido en aquella ocasión de otra víctima ya identificada: 

 

Antonio Hernández Rastrero, de 37 años, hijo de Manuel y Narcisa, casado con Petra Bernal Martín con quien tenía cuatro hijas. Según el acta de defunción, tardía, falleció el 31 de agosto de 1936, en el término municipal de Ciudad Rodrigo, de “muerte violenta”, sin indicación de otras circunstancias (RCCR, act. def. 29/07/1980, inscripción practicada por orden del Juez de 1ª Instancia del Partido, derivada del expediente tramitado a instancia de la viuda). Pero esta fecha de fallecimiento es errónea, pues Antonio fue detenido en Casillas e ingresó en la prisión del partido de Ciudad Rodrigo el 10 de octubre de 1936, fecha posterior a la de su presunta muerte y salió de la cárcel el 16 de octubre de 1936 (AMCR, Desaparecidos 1936). Los testimonios añaden que la detención se produjo en el campo, adonde los captores lo fueron a buscar, y, según alguna versión, fue muerto y enterrado en lugar incierto (“en El Bodón o pa’ahí”. Entre las causas de su muerte, se da una agarrada que había tenido con otro vecino, que “era de derechas y tenía mal careo” (CdF 2008). 

 

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sáb

08

oct

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936. La saca del 8 de octubre: fosa del camino a Gazapos. Necrologio de Fuenteguinaldo Ángel Iglesias Ovejero

Después de casi dos semanas sin sacas carcelarias comprobadas, las operaciones macabras colectivas se reanudaron en octubrecon vecinos de Fuenteguinaldo, pueblo importante en el contorno, situado entre El Rebollar y el Valle de AzabaLos presuntos motivos para el inmerecido castigo eran los mismos que en otras localidades vecinas. En el pasado más reciente, los intentos de oponerse a la sublevación mediante procedimientos rudimentarios: corte de la carretera a la entrada del pueblo, guardia nocturna encargada de mantener el orden. Sin remontar mucho en el tiempo, también tenían que ver con los proyectos reformistas de la última corporación republicana, que no solo atañían a varios latifundios enclavados en el término del pueblo, sino a las gestiones para la roturación de los terrenos comunales, sobre todla dehesa boyal, cuya ocupación fue denunciada por los labradores riquillos guinaldeses.  

Como ya hace algún tiempo se expuso (Iglesias 2010b), una operación en todo análoga a la de El Bodón (croniquilla del día 11 de septiembre) se produjo con los detenidos en Fuenteguinaldo el 7 de octubre, oficialmente puestos en libertad en la madrugada del día 8pero de hecho entregados a las fuerzas de Falange para su ejecución a la vera del camino de Gazapos, cerca del antiguo monasterio de La Caridad, de donde fueron exhumados sus restos mortales en 2006 (Iglesias 2008a). En ambos casos, de la detención mediante llamadas al ayuntamiento de las futuras víctimas, y no cazas al hombre como en Robleda, se encargaron los Institutos armados y no las Milicias Fascistas, aunque éstas participaran en las actuaciones de las sacasSegún la información oral, los detenidos el 7 de octubre de 1936 fueron más numerosos todavía que en El Bodón, entre 18 y 22 personas, principalmente miembros de la Casa del Pueblo y cargos del Ayuntamiento, que fueron puestos en un camión para su conducción a Ciudad Rodrigo bajo la custodia de los Carabineros y la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo (FG 2007a), aunque el protagonismo atribuido a esta última no parece corroborado por la información documental. Los había convocado el alguacil o detenido la Guardia Civil y los Falangistas. En Ciudad Rodrigo, gracias al valimiento de personas influyentes y del llamado “Monsagreño”, que tenía fábrica de harinas en Fuenteguinaldo, tres de ellos se librarían de la subida al camión de la muerte: Adrián Vicente Herrero, Alfonso Salicio Sánchez, ambos socios de la Casa del Pueblo y concejales, y Bonifacio Sánchez Méndez, fundador de la Casa del Pueblo, primer alcalde republicano y padre del alcalde en funciones antes del golpe militar, Francisco Sánchez Álvarez. Este último estaba huido en la dehesa del Potril y, antes o  despuésfue sorprendido y amenazado de muerte en su casa, pero en última instancia fue salvado por el secretario del ayuntamiento, Cipriano Ferreira (FG 2005, FG 2007b), circunstancia que no se recoge en la causa que se les instruyó a ambos en 1938 (C.84/38). En ausencia del alcalde, murió en detención sangrienta el teniente de alcalde, Esteban Carreño Tendero (croniquilla del 14 de agosto).  

Los testimonios familiares añaden que, al día siguiente de la detención, a excepción de los tres vecinos mencionados, los detenidos de Fuenteguinaldo fueron conducidos por carabineros a La Caridad, que los facciosos utilizaban como cárcel (aunque no hay constancia oficial de que fuera así por entonces), y no muy lejos de allí serían fusilados. El lugar más o menos exacto se supo por el testimonio de una persona a quien conocía Alejandro Zato Salicio, natural de Ciudad Rodrigo, y con la que éste conseguiría hablar desde el camión macabro. Así quedaría constancia del paradero de aquellos guinaldeses, viajeros ya por un camino sin vuelta. Las viudas y otros familiares, sin embargo, no pudieron ver los despojos de estas personas asesinadas, después de haber hecho el camino a pie, pues no los dejaron acercarse (FG 2007a). Otro testigo, desde un teso, observó la ejecución y contó entre 20 y 22 disparos (FG 2005). Si esto último es cierto y el número de disparos correspondiera al número de víctimas, ello supondría que en aquella ocasión hubo fusilados procedentes de otras detenciones, pues la mencionada relación contaba 17 detenidos y tres de ellos se habían librado de los disparos a quemarropa. Ahora bien, por la relación de entradas y salidas de la cárcel de Ciudad Rodrigo, hoy sabemos que el día 8 de octubre de 1936 salieron otros tres detenidos que nunca volvieron a sus hogares, uno de Fuenteguinaldo y dos de Casillas de Flores, respectivamente: Nicolás Marcos Morán, Antonio Álvarez Martín y Antonio Cánovas Mesa. Pero la conjetura más probable es que éstos fueran ejecutados o, al menos, enterrados en una fosa de Aldeanueva de Portanobis (croniquilla del pasado 16 de julio pasado).  

Por la documentación del archivo municipal de Ciudad Rodrigo (AMRC, Desaparecidos 1936) hay constancia de que los detenidos ingresados en la cárcel de Ciudad Rodrigo eran 17 personas. Sus nombres coinciden en las listas correspondientes a las órdenes de entrada y de salida de la cárcel, emitidas por la Autoridad Militar: 

  

1 Timoteo Feliciano Mateos Ríos (vecino de Casillas de Flores) 2 Alfonso Salicio Sánchez, 3 Evaristo Sánchez Pérez, 4 Ramón Castaño Durán5 José Alfonso González6 Adrián Vicente Herrero7 Juan Valiente Salvador, 8 León Herrero Galán9 Valentín Rodolfo10 León Pacífico Flores Aldehuelo11 Simón Moreiro Herrero12 Bartolomé Mateos Alonso13 Nicolás Sánchez Martín14 Bonifacio Sánchez Méndez15 Matías Mendo Mateos16 Agapito Carreño González17 Alejandro Zato Salicio. 

 

En la lista de entrada se indica la fecha y la hora: “Ingresaron a las 21horas del día 7 de octubre de 1936”. Y se añade la fecha de salida: “Fueron puestos en libertad el día 8 de octubre de 1936”. En dicha documentación aparece también el Expediente personal de los detenidos, con la lista de éstos, y al final la misma indicación de la fecha y hora de entrada y de salida: “21 horas del día 7 de octubre de 1936” y “4 horas del 8 de octubre de 1936”, respectivamente. En el apartado de “vicisitudes, de un modo uniforme  para todos y cada uno, se mencionan la procedencia de los detenidos, la fuerza encargada de la conducción, el concepto del motivo de la detención y la responsabilidad jurídica militar. Todo ello a la altura de la indicación de la hora de entrada (aquí se escribe en cursiva la información manuscrita inserta en el formulario): “Ingresó en esta Prisión procedente de Fuenteguinaldo, entregado por fuerzas de carabineros, en concepto de detenido a disposición del Juzgado Militar con oficio del Sr. Juez Instructor militar que se une a este expediente