lun

05

mar

2018

Asociaciones Memorialistas

Valoración de las asociaciones memorialistas regionales sobre el Proyecto de Decreto de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León.

Las asociaciones memorialistas de Castilla y Ln firmantes queremos plasmar en

este documento varias de las observaciones comunes respecto al Proyecto de Decreto de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León.

 

Queremos destacar que si se ha llegado a este punto, es por el arduo trabajo que las asociaciones llevamos realizando durante años, con nuestros propios medios en la gran mayoría de casos. Agradecemos que, por fin, la Junta de Castilla y León cambie el rumbo respecto a la Memoria Histórica y tome partido y aplaudimos que decida apoyar a un colectivo que trabaja por las víctimas de crímenes que, por su naturaleza, afectan a toda la humanidad. Pero calificamos de muy insuficiente este Decreto.

 

Las asociaciones de Memoria Histórica de la comunidad de Castilla y León creemos que este Decreto debería haberse desarrollado como Ley y debatido en las Cortes en aras de su pluralidad. Y señalamos además que esta iniciativa todavía puede llevarse a cabo durante esta legislatura.

 

En este sentido se observa que el Decreto solo llega a las exhumaciones e investigación, a cubrir vacíos jurídicos derivados de la Ley de Memoria Histórica y a crear un órgano técnico y otro consultivo.

 

En cuanto a la exclusividad de las exhumaciones, no solo los desaparecidos son víctimas. La represión consustancial a la toma del poder por parte de los sublevados en 1936 y la violencia del franquismo incluyeron campos de concentración, trabajo esclavo, cárceles en condiciones miserables, represión específica contra la mujer (como rapadas ,ingesta de purgante, paseos por el pueblo mientras el laxante hacía efecto y violaciones), robo de bes, palizas, torturas, exilio, orfanatos, depuraciones de funcionarios, castigos por orientación sexual, trasladados de restos al valle de los Caídos sin conocimiento ni permiso de las familias, consejos de guerra, deportaciones a los campos nazis y otras formas de violencia. Por eso creemos que el Decreto y las ayudas deben ir más allá y contemplar todo tipo de víctimas. Si no se hace debería adecuarse el título del Decreto a su contenido. Otro aspecto que debería tenerse muy en cuenta en las exhumaciones y que no recoge la norma es la judicialización de las fosas comunes y la presencia judicial en el levantamiento de los restos mortales de los desaparecidos.

 

Respecto a los nuevos órganos a crear, se teme que hagan aun más complejo el protocolo de exhumaciones y que retrase estos procesos que conllevan la investigación, la localización de las fosas, la recogida de testimonios, la documentación, la solicitud de permisos, la denuncia judicial, la excavación, la exhumación, la identificación genética, el homenaje y la devolución de los restos a sus familiares para su posterior inhumación. Creemos que se podría realizar un protocolo más sencillo adaptando la norma existente.


En la norma no se habla de la simbología fascista, y pese a plantear un mapa de fosas comunes no hay un solo lugar de memoria declarado, no se reconoce como tales a las víctimas y no se condena la violencia ni al franquismo en sí.

 

Pese a las distintas sensibilidades que engloba la diversidad de las asociaciones memorialistas, se observa la necesidad de una iniciativa que acerque la Memoria Histórica Democrática a los centros educativos, un banco de AND y algunos aspectos técnicos del Decreto, como la diferenciación en los presupuestos entre organizaciones autonómicas y provinciales, cuando no existen las primeras y podría aprovecharse la circunstancia para crear asociaciones ad hoc para beneficiarse de las ayudas.

 

Todas estas inquietudes se han trasladado a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León tal y como el propio Vicepresidente sugirió, entendiendo que todavía pueden corregirse.

 

Aun a pesar de las graves discrepancias con el fondo y la forma, se sigue considerando positivo este paso por parte de la Junta.

 

 

  • Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Miranda de Ebro.
  • Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia.
  • Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid.
  • Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Medio de Abril.
  • Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia.
  • Asociación soriana Recuerdo y Dignidad.
  • Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica. Burgos. Farinatos por la Memoria.
  • Foro por la Memoria de Segovia.
  • Foro por la Memoria del Valle del Tiétar, Ávila. Foro por la Memoria de Zamora,
  • Las Merindades de la Memoria. Verdad y Justicia Valladolid.

 

mié

28

feb

2018

Rodolfo Martin Villa

Ante la visita a Segovia de Rodolfo Martín Villa y su presencia en actos del 35 aniversario del Estatuto de Autonomía de CyL

El próximo viernes 2 de marzo, en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, tendrá lugar la mesa redonda “Segovia en la construcción de Castilla y León”. Un evento promocionado desde las Cortes de Castilla y León con motivo del el XXXV aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad. La invitación a la que hemos podido acceder está encabezada por el nombre de la procuradora del Partido Popular por Segovia, Silvia Clemente, quien se complace en invitar a los destinatarios a la mesa redonda.

La lista de intervinientes de este acto está encabezada por Rodolfo Martín Villa, anunciado como senador en las primeras Cortes constituyentes por UCD, resaltando sus tres cargos de ministro, con Arias Navarro como ministro de Relaciones Sindicales y con Adolfo Suárez, de Gobernación e Interior y de Administración Territorial.

Consideramos que faltan importantes elementos en este currículum. Faltan todos aquellos que tienen que ver con su responsabilidad política al frente de la violencia estatal contra las y los demócratas. Siendo Martín Villa ministro de Relaciones Sindicales cuando dichas fuerzas de cuerpos y fuerzas asesinaban a tres trabajadores en la matanza de Vitoria del 3 de marzo de 1976, muriendo dos más posteriormente de entro los más de 100 heridos. Cuatro meses después, a principios de julio, Rodolfo Martín Villa asumió la cartera de Gobernación (de Interior a partir de 1977) hasta abril de 1979. Las fuerzas bajo mando de Martín Villa desplegaron su represión violenta y frecuentemente contra los movimientos que exigían democracia y libertades. Estando él al frente del orden público, sólo en 1977 la Policía cargó violentamente contra 788 manifestaciones.  Durante casi tres años, Rodolfo Martín Villa fue el responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tiempo en el que 35 personas fueron asesinadas por disparos de la Policía, de la Guardia Civil y por grupos armados de una extrema derecha que disfrutaba de la connivencia de sectores estatales. 35 asesinatos por los que Martín Villa jamás ha dado explicación alguna.

En noviembre de 2014 la Justicia de Argentina emitió una orden internacional de busca y captura contra Martín Villa por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los citados Sucesos de Vitoria de 1976. Él era uno más de los veinte exfuncionarios dirigentes de la dictadura franquista cuya extradición se solicitó desde Argentina con el objetivo de interrogarles.  El modelo español de impunidad permite que el Gobierno ignorase la petición de la Interpol para la detención de Martín Villa. Si este historial no fuera suficiente, recordemos que siendo ministro concedió la Medalla al Mérito Policial al torturador Antonio González Pacho (más conocido como Billy el Niño).

Desde el Foro por la Memoria de Castilla y León y sus colectivos miembros exigimos que Rodolfo Martín Villa deje de ser invitado a los actos de aniversario de los 35 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad. En lugar de ser juzgado por el Estado o extraditado, Segovia va a acoger, para hablar de construcción democrática, a uno de los mayores responsables del uso de la violencia de Estado contra quienes reclamaban lucharon por conseguir unos derechos y unas libertades de las que gozamos la ciudadanía en la actualidad. La impunidad de los crímenes del Franquismo y del Estado durante la Transición sigue vigente.

 

  1. Sánchez Soler, Mariano (2010). La Transición Sangrienta: una historia violenta del proceso democrático en España 1975-1983. Madrid: Península.
  2. eldiario.es (12 de noviembre de 2014). Interpol pide la detención de 20 imputados por crímenes franquistas Recuperado de: http://www.eldiario.es/politica/Interpol-detencion-preventiva-imputados-franquistas_0_323718181.html

 

https://www.facebook.com/notes/foro-por-la-memoria-castilla-y-le%C3%B3n/ante-la-visita-a-segovia-de-rodolfo-mart%C3%ADn-villa-y-su-presencia-en-actos-del-35-/1475674255888092/

sáb

31

dic

2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936. Balance provisional de las víctimas afectadas por la represión franquista entre 1936 y 1948 en las localidad

Estas croniquillas, conforme a lo previsto a mediados de julio pasado, tocan a su fin. Es de justicia agradecer a los medios de comunicación digital que las han publicado y a los lectores que las han seguido y, de una u otra manera, han respondido al objetivo buscado. Como se recordará, se ofrecían  como un complemento de información necesaria de La represión franquista en el sudoeste de Salamanca (1936-1948), libro presentado el pasado 23 de julio y en seguida agotado. Y se esperaba que constituyeran un estímulo para que los eventuales lectores se animaran a librar testimonios o comentarios que ayudaran a mejorar el conocimiento de aquellos sucesos de la historia de España, nada ejemplares, que, por ello y presumiblemente con la mejor intención, mucha gente quisiera dejar en la opacidad oficial, nada inocua (por parte de quienes la han fomentado), en la que han permanecido casi hasta ahora.

 

 

El balance, de un modo global, es bastante satisfactorio en lo que atañe al seguimiento, así como a la respuesta de los lectores, sobre todo para aquello que era prioritario en la implantación del Nuevo Estado, antirrepublicano y basado en la violencia; un estado policial y autoritario casi inamovible mientras vivió “el Caudillo” (autoproclamado Regente y promotor del futuro rey de España en 1947). En la memoria familiar y colectiva, al cabo de ochenta años y cuando ya escasea la memoria personal de los testigos directos, perdura el recuerdo del terror de aquel verano y otoño sangriento; en menor medida otras facetas de la represión perpetuada después. La secuela más palpable del calado de aquella represión es el miedo que, casi medio siglo después de la muerte de Franco, reconocen bastantes informantes para hablar en público de lo que saben unos y otros en sus propios domicilios (“mi madre no quiere que se hable de esto”), incluido el recelo ante revanchas de presuntos tardo-franquistas (“soy autónomo y dependo del trabajo que me encarguen”). Es una actitud timorata comparable al de aquellas autoridades municipales que pretenden  justificar su escasa para retirar los nombres y signos de exaltación del franquismo, ilegales, en sus municipios (“recibimos amenazas de los otros concejales”). Son formas de autocensura o sirven de livianas excusas que, en cierto modo, hacen eco al clamoroso silencio de algunos medios de comunicación que dejan entrever el plumero al no informar sobre homenajes a las víctimas o sobre los trabajos  de memoria histórica, a no ser cuando pretenden difamarlos. En general, el pertinaz silencio de ese tipo de informantes se ablanda en el ámbito privado.  

Además de las eliminaciones físicas por la vía judicial (ejecuciones por sentencia de consejos de guerra) o extrajudicial (detenciones sangrientas, sacas domiciliarias o carcelarias), los informantes actuales, sobre todo a nivel local y aunque de un modo algo confuso, conocen detalles relativos a las circunstancias de las detenciones y ejecuciones extrajudiciales, así como la identidad de los responsables y ejecutores. Otro tanto cabe decir de la represión carcelaria y de sus víctimas. Las depuraciones y las sanciones económicas, salvo contados casos, las recuerdan solo los familiares de las víctimas perseguidas. Quizá resulte superfluo añadir que, si bien las croniquillas se centraban en la represión sangrienta de 1936, ésta se prosiguió después, así como las otras modalidades represivas se practicaron entonces y después. Así que no vendría a cuento desperdiciar la información recibida o adquirida sobre los castigos incruentos.

Como fruto de la colaboración solicitada, cotejada con la documentación de archivo, se ha identificado más de medio centenar de personas afectadas en este territorio que no lo habían sido en el mes de abril de 2016. Entonces el total ascendía a 913 afectados entre naturales, vecinos y represaliados en la zona estudiada (antiguo y nuevo partido judicial de Ciudad Rodrigo). Hoy ascienden a 971. Por supuesto, los actos de represión (1.117) son más numerosos que el de represaliados, pues con frecuencia éstos fueron castigados por partida doble o triple. 

A pesar de los avances conseguidos, a día de hoy todavía se está lejos de conocer todo el alcance de la represión franquista en la comarca de Ciudad Rodrigo y la Sierra, como sucede en otros territorios de lo que fue la retaguardia “nacional”. La inmensa documentación de archivo terminará por ser más accesible y librará los secretos de los injustos castigos administrados por la vía jurídico-militar y la gubernativa. Al contrario, la información oral será cada vez más frágil, más difícil de obtener y de analizar. Sin embargo no hay que darla por perdida antes de tiempo, precisamente porque por ese conducto cabe obtener indicios de la represión menos conocida o no reconocida en la historia académica, donde los estragos de la guerra a menudo se presentan como corolarios anodinos de la misma y se dejan de lado otras formas represivas y sus secuelas. Así sucede con toda la labor vejatoria, centrada especialmente contra las mujeres (con frecuencia injuriadas e incluso violadas) y los malos tratos; el hambre, el desamparo, la enfermedad y la muerte de padres, esposas y huérfanos; los exilios, no ya obligados para los combatientes republicanos que no se arriesgaron a caer prisioneros (muchos de ellos ejecutados), sino provocados en muchos individuos y familias enteras, por sentirse aislados en su lugar de origen dentro de una sociedad implicada en el castigo y en concreto bajo la presión permanente de los represores, incluidos a veces notorios victimarios.

Por esta razón, como apuntábamos en una charla del CEM  (“Acordaos de San Bartolomé”), cuya versión escrita se publicará en el próximo anuario de Carnaval (2017), no se puede dar por cerrada esta tarea cuando todavía apenas se ha aplicado la Ley de Memoria Histórica en este Comunidad Autónoma, donde, sin ir más  lejos, antropónimos, topónimos, efigies y símbolos franquistas pululan por doquier en el entorno de Ciudad Rodrigo. No sabemos en qué forma se proseguirá esta labor de información y de denuncia de crímenes franquistas contra la humanidad (imprescriptibles y, sin embargo, impunes en España), pero no será óbice la acusación de fomentar con ello el odio y el dolor, teoría a la que, a juzgar por lo que dejó entrever en el discurso de Navidad (con su alusión a los “viejos rencores” y “abrir heridas cerradas”), se apunta el jefe de Estado. En dicho artículo aludimos a la manida metáfora de las “heridas” que unos quieren “cerrar” y, por tanto, las consideran “abiertas” (los partidarios de la recuperación de la memoria histórica) y otros no quieren “abrir”, dándolas por “cerradas” (adversarios de la recuperación de la memoria histórica). Al parecer, el Rey de todos los españoles es de los que piensan como estos últimos, pero solo él sabrá qué ha hecho la Monarquía desde que, por herencia ejerce esa función, para cerrar esas “heridas” que la mencionada Ley de 2007, en la exposición de motivos, consideraba “todavía abiertas en los españoles”. El Rey opina, es un derecho que tiene (como todo el mundo), pero no se le reconocen poderes taumatúrgicos (como a sus antepasados franceses), ni el don de la infalibilidad (como el Papa para los católicos), ni el privilegio de no respetar las leyes (que están por encima de los reyes, salvo en las monarquías absolutas), incluida la que atañe a la memoria histórica. “Porque -en palabras del mismo Monarca-, el progreso, la modernización, el bienestar, requieren siempre de una convivencia democrática basada en el respeto a la Ley” (“Discurso íntegro de Felipe VI”, El País, 25/12/2016).

En suma, compartimos la opinión de que se respete y se aplique la Ley que proclama el derecho al conocimiento de las víctimas del franquismo y su reconocimiento como tales, así como el deber, por parte de las autoridades competentes, de suprimir cualquier símbolo o expresión pública de exaltación de la represión y los represores. Porque entendemos que la negación (el olvido) de las víctimas y la impunidad de los victimarios son las verdaderas lacras permanentes que arrastra la democracia española. Nuestras publicaciones recientes, el libro sobre la represión y las croniquillas tenían como objetivo básico contribuir a paliar las deficiencias comprobadas en este territorio salmantino. Y como muestra se ofrece el siguiente listado que establece el inventario provisional de las 67 localidades que sufrieron alguna forma de represión franquista entre 1936 y 1948, con el susodicho total de personas afectadas (971) por actos represivos (1.117), desglosados por modalidades represivas, todo lo cual se expresa con la brevedad posible, lo que sin duda requiere alguna aclaración previa para su comprensión.

 

LISTADO DEL NÚMERO DE AFECTADOS Y DE ACTOS REPRESIVOS POR LOCALIDADES

   

Conforme a lo expuesto, este listado incluye las localidades que fueron afectadas por alguna modalidad de represión conocida (todos los municipios del antiguo y nuevo partido judicial de Ciudad Rodrigo, menos San Miguel de Robledo) y cuyas víctimas fueron naturales, vecinos o forasteros de paso por aquellas en el momento de los hechos. Estos forasteros pueden ser naturales o vecinos de otros pueblos del Partido, de otros territorios de la provincia de Salamanca o de otras provincias. Son circunstancias a tener en cuenta cuando se establezca el cómputo general por Provincias, Comunidades Autónomas o en todo el Estado. En todo caso, se ha tenido la precaución de no contarlos aquí más que una vez a los afectados, para lo cual se da prioridad a la vecindad en la localización de las víctimas, aunque eventualmente se ofrece alguna breve alusión a la naturaleza o carácter foráneo de las mismas.

El modelo de descripción por localidades se dispone en forma lineal, con el topónimo, el total de actos represivos y de afectados, la especificación de las modalidades habituales de represión conocida, mediante abreviaturas (mayúsculas) y las cantidades siempre con número arábigos: Topónimo. Total: VM; VC; VD; VS. Esto debe entenderse así:

Topónimo = localidad del entorno de Ciudad Rodrigo (incluida ésta) donde hubo afectados por la represión franquista entre 1936 y 1948.

Act. repr. = total de actos represivos aplicados a naturales, vecino o forasteros en la  localidad (se obtiene por la adición de las cantidades no incluidas en los paréntesis)

Afect. = total de personas afectadas naturales, vecinos o forasteros por actos represivos (se restan del total de actos represivos los que en los paréntesis se califica como redundantes, abreviatura “red.”)

VC = víctimas carcelarias

VD = víctimas de depuración

VM = víctimas mortales elegidas o indirectas (abreviatura “ind.”)

VS = víctimas  de sanción económica (multas, embargos, requisas)

(desc.) = descontados los afectados contabilizados en otra localidad

(ind.) = víctima mortales indirectas (no elegidas, pero alcanzadas por los efectos previsibles de la represión)

(red.) = acto represivo redundante (cuando la víctima ha sufrido más de una modalidad represiva)

 (vec.) = vecino o vecinos de otra localidad

 

Abusejo. Act. repr., 5; Afect., 5: VM, 0; VC, 3; VD, 1; VS, 1.

Agallas. Act. repr., 5; Afect., 5: VM, 2; VC, 2; VD, 1; VS, 0.

Alameda de Gardón (La). Act. repr., 10; Afect.,  6: VM, 0; VC, 5; VD, 3 (3 red); VS, 2 (1 red).

Alamedilla. Act. repr., 7; Afect., 5; VM, 0; VC, 2; VD, 3 (2 red.); VS, 2.

Alba de Yeltes. Act. repr., 1; Afect., 1: VM, 0; VC, 1; VD, 0; VS, 0.

Alberca (La). Act. repr., ¿40?; Afect.,¿40? : VM, 20 (3 forasteros, 1 ind.); VC, 13; VD, 2; VS, 1 + varios.

Alberguería de Argañán (La). Act. repr., 24; Afect.,  22: VM,  5 a 9; VC, 8; VD, 1 (red.); VS, 10 (2 red.).

Aldea del Obispo. Act. repr., 18; Afect.,  17: VM, 6 (3 ind.); VC, 11; VD, 1 (red.); VS, 0.

Aldehuela de Yeltes. Act. repr., 2; Afect.,  1: VM, 0; VC, 1; VD, 1 (red.); VS, 0.

Atalaya (La). Act. repr., 3; Afect.,  3: VM, 0; VC, 1; VD, 0; VS, 2.

Boada. Act. repr., 10; Afect., 10: VM, 2 (ind.); VC, 5; VD, 1; VS, 2.

Boadilla. Act. repr., 1; Afect.,  1: VM, 1 (ind., desc. 4 vec. Robleda); VC, 0; VD, 0; VS, 0.

Bocacara. Act. repr., 3; Afect.,  2: VM, 0 (desc. 1 vec. Ciudad Rodrigo, 1 vec. Castillejo de Dos Casas, 3 vec. Fuente de San Esteban); VC, 2; VD, 0; VS, 1 (red.).

Bodón (El). Act. repr., 46; Afect., 42: VM, 24 (3 ind., 2 forasteros, desc. 1 vec. Martiago, 1 vec. Moraleja, 1 vec. Robleda); VC, 14; VD, 4 (2 red.); VS, 4 (2 red.).

Bouza (La). Act. repr., 3; Afect.,  2: VM, 0; VC, 2; VD, 1 (red.); VS, 0.

Cabaco (El). Act. repr., 1; Afect., 1: VM, 0 (desc. 3 vec. Alberca); VC, 1; VD, 0; VS, 0.

Cabrillas. Act. repr., 14; Afect.,  14: VM, 1; VC, 7; VD, 2; VS, 4.

Campillo de Azaba. Act. repr., 15; Afect., 9: VM, 0; VC, 5; VD, 3 (2 red.); VS, 7 (4 red.).

Carpio de Azaba. Act. repr., 16; Afect., 11: VM, 1 (forastero, desc. otros); VC, 7; VD, 5 (2 red.); VS, 3 (3 red.).

Casas del Conde (Las). Act. repr., 17; Afect.,  14: VM, 1; VC, 12; VD, 1 (red,); VS, 3 (2 red.).

Casillas de Flores. Act. repr., 39; Afect.,  33: VM, 12 (3 ind.); VC, 14; VD, 4 (1 red.); VS, 9 (5 red.).

Castillejo de Dos Casas. Act. repr., 4; Afect.,  3: VM, 1; VC, 2 ; VD, 0; VS, 1 (red.).

Castillejo de Martín Viejo. Act. repr., 5; Afect.,  5 (desc. 5 vec. Ciudad Rodrigo): VM, 4 (3 forasteros); VC, 1; VD, 0; VS, 0.

Cilleros de la Bastida. Act. repr., 2; Afect.,  2: VM, 0; VC, 2; VD, 0; VS, 0.

Ciudad Rodrigo. Act. repr., 203; Afect.,  189: VM, 73 (2 desconocidos, 3 ind., desc. 1 vec. Tenebrón, 1 vec. Agallas); VC, 95; VD, 25 (8 red.); VS, 10 (6 red.).

Dios le Guarde. Act. repr., 2; Afect., 2: VM, 0; VC, 0; VD, 0; VS, 2.

Encina (La). Act. repr., 3; Afect., 3: VM, 1 (ind., desc. 1 vec. Herguijuela); VC, 0; VD, 1; VS, 1.

Espeja. Act. repr., 40; Afect.,  31: VM, 1 ( ind.); VC, 25; VD, 7 (2 red.); VS, 7 (7 red.).

Fuente de San Esteban (La). Act. repr., 23; Afect., 19: VM, 6 (1 ind., desc. 1 vec. Bodón); VC, 3; VD, 3 (2 red.); VS, 11 (2 red.).

Fuenteguinaldo. Act. repr., 30; Afect., 29: VM, 17 (2 ind., 3 forasteros, desc. 1 vec. Ciudad Rodrigo); VC, 6; VD, 2 (1 red.); VS, 5.

Fuentes de Oñoro. Act. repr., 61; Afect., 37: VM, 1 (vec. Tejares); VC, 27; VD, 20 (17 red.; VS, 13 (7 red.).

Gallegos de Argañán. Act. repr., 11; Afect., 9: VM, 1 (desc. 1 vec. Ciudad Rodrigo); VC, 4; VD, 1 (red.); VS, 5 (1 red.).

Herguijuela de Ciudad Rodrigo (La). Act. repr., 1; Afect., 1: VM, 1; VC, 0; VD, 0; VS, 0.

Ituero de Azaba. Act. repr., 8; Afect.,  8: VM, 2 (ind.); VC, 4; VD, 0; VS, 2.

Maíllo (El). Act. repr., 1; Afect.,  1: VM, 0 (desc. 3 vec. Mogarraz); VC, 0; VD, 1; VS, 0.

Martiago. Act. repr., 12; Afect., 10: VM, 2 (1 ind.); VC, 7; VD, 1; VS, 2 (2 red.).

Martín de Yeltes. Act. repr., 4; Afect., 4: VM, 0 (desc. 2 vec. Bodón); VC, 1; VD, 1; VS, 2.

Mogarraz. Act. repr., 23; Afect.,  20: VM, 3; VC, 16; VD, 2 (2 red.); VS, 2 (1 red.).

Monforte de la Sierra. Act. repr., 1; Afect., 1: VM, 0; VC, 0; VD, 1; VS, 0.

Monsagro. Act. repr., 1; Afect.,  1: VM, 0; VC, 1; VD, 0; VS, 0.

Morasverdes. Act. repr., 4; Afect., 4: VM, 1 (ind.); VC, 3; VD, 0; VS, 0.

Muñoz. Act. repr., 9; Afect.,  8: VM, 0 (desc. 1 vec. Retortillo, 3 vec. Robleda); VC, 8; VD, 0; VS, 1 (red.).

Nava de Francia. Act. repr., 2; Afect., 2: VM, 0 (desc. 9 vec. Alberca); VC, 2; VD, 0; VS, 0.

Navasfrías. Act. repr., 23; Afect.,  20: VM, 10 (1 forastero, 7 ind,); VC, 7; VD, 4 (1 red.); VS, 2 (2 red.).

Pastores. Act. repr., 0; Afect., 0 (desc. 1 muerto vec. Ciudad Rodrigo y un preso vec. Fuentes Oñoro)

Payo (El). Act. repr., 9; Afect., 8: VM, 3 (1 forastero, 1 ind., desc. numerosos desconocidos forasteros); VC, 5; VD, 1 (red.); VS, 0.

Peñaparda. Act. repr., 63; Afect., 49: VM, 17 (5 forasteros, 2 ind.); VC, 32; VD, 3 (3 red.); VS, 11 (red.).

Puebla de Azaba. Act. repr., 16; Afect., 14: VM, 2; VC, 2; VD, 2 (2 red.); VS, 10.

Puebla de Yeltes. Act. repr., 5; Afect.,  5: VM, 1 (vec. Vecinos); VC, 3; VD, 1; VS, 0.

Puerto Seguro. Act. repr., 12; Afect., 12: VM, 5 (3 vec. Salamanca, 2 ind.); VC, 6; VD, 0; VS, 1.

Retortillo. Act. repr., 55; Afect., 55: VM, 5; VC, 46; VD, 1; VS, 3.

Robleda. Act. repr., 84; Afect., 74: VM, 39 (6 forasteros, 12 ind.); VC, 6; VD, 5 (4 red.); VS, 34 (6 red.).

Saelices el Chico. Act. repr., 21; Afect., 17: VM, 5; VC, 12; VD, 0; VS, 4 (red.).

Santa Olalla de Yeltes. Act. repr., 0; Afect., 0 (desc. 1 preso, vecino de Cabrillas).

Sahugo (El). Act. repr., 2; Afect., 2: VM, 0 (desc. 1 vec. Ciudad Rodrigo); VC, 0; VD, 0; VS, 2.

San Martín del Castañar. Act. repr., 5; Afect., 4: VM, 0; VC, 4; VD, 0; VS, 1 (red.).

Sancti-Spíritus. Act. repr., 13; Afect.,  11: VM, 0 (desc. 1 vec. Robleda); VC, 8; VD, 0; VS, 5 (2 red.).

Sepulcro-Hilario. Act. repr., 3; Afect., 3: VM, 0 (desc. 1 muerto vec. Fuente de San Esteban); VC, 1; VD, 2; VS, 0.

Serradilla del Arroyo. Act. repr., 7; Afect., 6: VM, 1 (ind., vec. Villares de la Reina); VC, 4; VD, 0; VS, 2 (1 red.).

Serradilla del Llano. Act. repr., 5; Afect., 5: VM, 1; VC, 2; VD, 0; VS, 2.

Sexmiro. Act. repr., 1; Afect., 1: VM, 0; VC, 0; VD, 0; VS, 1.

Tenebrón. Act. repr., 3; Afect., 3: VM, 1; VC, 0; VD, 0; VS, 2.

Villar de Argañán. Act. repr., 1; Afect., 1: VM, 0; VC, 1; VD, 0; VS, 0.

Villar de Ciervo. Act. repr., 39; Afect., 30: VM, 4 (1 forastero); VC, 25; VD, 1 (red.); VS, 9 (8 red.).

Villar de la Yegua. Act. repr., 2; Afect., 2: VM, 0 (desc. 1 vec. de Ciudad Rodrigo); VC, 2; VD, 0; VS, 0.

Villasrubias. Act. repr., 16; Afect., 14: VM, 1 (ind.); VC, 8; VD, 0; VS, 7 (2 red.)

Zamarra. Act. repr., 2; Afect., 2: VM, 0 (desc. 1 vec. Robleda, 1 vec. Ciudad Rodrigo); VC, 1; VD, 0; VS, 1.

 

Así pues, de acuerdo con la información manejada, de momento el total de afectados se distribuye así:

-localidades: 67

-acciones de represión: 1.117

-personas represaliadas: 971

-muertos: 284 (49 indirectas)

-presos: 498

-depurados: 119 (62 red.)

 

-sancionados: 214 (85 red.)

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2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936: Sacas esporádicas o no contabilizadas (II): pueblos de la comarca de Ciudad Rodrigo Ángel Iglesias Ovejero

 

En las croniquillas hasta ahora presentadas, por olvido o falta de oportunidad, se han pasado por alto las víctimas mortales de tres o cuatro pueblos en lo que atañe a las que fueron elegidas directamente y cinco de los que cuentan con vecinos que sucumbieron indirectamente a consecuencia de la represión. Estas localidades se sitúan principalmente en los campos de Yeltes, Camaces y Agadones, en los que se daban los mismos contrastes sociales que en otros territorios del partido judicial antes del Alzamiento, las mismas reivindicaciones de los jornaleros en paro y sin tierras, pero el injusto castigo quizá sería menos intenso por razones concretas todavía mal conocidas. Cuando se disponga de más información se podrá aclarar si esta presunta limitación de la represión cruenta es o no un mero espejismo, porque las formas incruentas del terror también dejaron huellas en dichas localidades. Lo cierto es que las cinco víctimas mortales elegidas eran forasteras o naturales con residencia en Salamanca.

 

En Castillejo de Martín Viejo no se han registrado eliminaciones de vecinos o naturales, pero sí cadáveres de personas abandonados en su término y enterrados en su cementerio (croniquillas del pasado 6 de agosto): Cuatro cadáveres de vecinos de Ciudad Rodrigo, así como el de otro mirobrigense conocido por el apodo de el Confitero o el Cojo (croniquillas de los días  6 y 10 de  agosto), restos de Tres cadáveres hallados en la finca de Aldeanueva de Portanobis, que podrían ser de dos vecinos de Casillas de Flores y uno de Fuenteguinaldo, víctimas de la saca del 8 de octubre de 1936  (croniquilla del pasado 16 de julio), los cuales se contabilizan con los represaliados de las localidades en cuestión. En cambio, hay otros forasteros totalmente desconocidos, que provisionalmente se incluyen aquí (también mencionados en la croniquilla del pasado 6 de agosto). También se cuenta una mujer nacida en este pueblo y asesinada en Asturias:

Dos desconocidos hallados cadáveres el 24 de agosto de 1936 sobre el puente del río Águeda (Siega Verde)

Un Pastor desconocido, que, según testimonios, en fecha incierta de 1936 fue arrojado desde el mismo puente (E 2015)

Candelaria González Prieto, de 35 años, hija de Agustín e Isabel, vecina de Caborana (Asturias), aguadora, dirigente de la agrupación socialista local, viuda de Mariano Pérez Rodríguez.  Falleció en fecha incierta, entre noviembre de 1937 y febrero de 1938, víctima de una saca domiciliaria en el término de su lugar de residencia  (testimonio de su nieto Avelino Gómez Pérez, registrado en la ASMJ).

Incluidos los forasteros mencionados y excluidos los naturales contabilizados con vecinos de otras localidades, el número de afectados por la represión en este pueblo es de 5 personas:

-víctimas mortales: 4 (tres forasteros)

-víctimas carcelarias: 1 (vicepresidente de la Sociedad Obrera). 

 

En el término de Monforte de la Sierra se hallaron Tres cadáveres de forasteros, víctimas de alguna saca domiciliaria, que serían identificados como vecinos de Molinillo de la Sierra, un pueblo cercano que tuvo una represión muy intensa, incluido el casi exterminio de una familia de la que podría formar parte  alguno de los muertos mencionados a continuación. El cotejo de datos del Archivo Diocesano de Salamanca y de la ASMJ no permite resolver completamente el problema de la identificación. Según esta última fuente, alguno de ellos sería de los sacados en La Alberca el día 12 de agosto y enterrados en el cementerio de este pueblo, donde en el regato de Las Marquesas se hallaron tres cadáveres (uno de mujer) de personas entonces desconocidas y después identificadas (croniquilla del pasado 12 de agosto):

Santiago López, jornalero, casado con Sinforosa López Gómez. Falleció el 12 de agosto de 1936, víctima de una saca, en el regato de Las Marquesas, término de La Alberca (act. def. 13/08/36, ASMJ).

Santiago (a) el Perro, sin otros datos

Un hombre, que en la ASMJ se identifica con Santiago López.

Aparte de estas víctimas mortales forasteras (que en el cómputo general de la Provincia deben figurar con los represaliados de Molinillo de la Sierra), en este pueblo serrano la represión en general fue poco intensa:

-1 maestro depurado.

 

En Puebla de Yeltes se menciona una persona mayor nacida en este pueblo:

Romualdo de la Nava García, 76 años, hijo de Ángel y Catalina, vecino de Vecinos, labrador, viudo de Cipriana Hernández García. Falleció el 1 de enero de 1939, víctima de una saca en lugar desconocido (act. def. 24/09/1955, ASMJ).

En esta localidad se registra un total provisional de 5 personas afectadas (no se cuenta Elías González Rodríguez, vecino de Muñoz):

-víctimas mortales: 1

-víctimas carcelarias: 3

-depurados: 1  

 

En Serradilla del Llano hubo un joven socialista asesinado, natural de esta localidad:

Felícisimo Carreño de Anta, de 21 años, vecino de Aldealengua, estudiante, afiliado a las Juventudes Socialistas, soltero. Falleció el día 8 de agosto de 1936, vctima de una saca carcelaria en el término de Villares de la Reina (act. def. 11/08/36, ASMJ).    

 El total provisional de afectados en este pueblo es de 5 personas:

-víctimas mortales: 1

-víctimas carcelarias: 2

-sancionados económicos: 2

 

Las localidades donde se han comprobado víctimas mortales indirectas a causa de la represión (no mencionadas hasta ahora) son las siguientes:

 

Boada

Estanislao Díez Fernández, de 61 años, hijo de Andrés y Anita, vecino de Salamanca,  jornalero, casado con Santiaga Miguel Velasco, padre de tres hijos. Falleció el 22 de enero de 1938 en el hospital militar, a consecuencia de un bombardeo republicano (21/01/38) y fue enterrado en el cementerio de la ciudad (act. def. 25/01/38, ASMJ)

José Manuel Moro García, de 74 años, hijo de Francisco y Manuela, jornalero, casado, sin descendencia. Falleció el 6 de abril de 1940 en la prisión de Salamanca, donde había ingresado el 20 de junio de 1939  y cumplía condena impuesta en un consejo de guerra  (FCS).

Descontados los naturales represaliados avecindados en otros lugares (José Manuel Sánchez Sánchez en Robleda, Victorino García Calzada y Vidal Díez Álamo en Retortillo), el total provisional de afectados por la represión en este pueblo es de 10 personas:

-víctimas mortales: 2 (indirectas)

-víctimas carcelarias: 5

-depuraciones: 1

-sanciones económicas: 2.

 

Boadilla

Julián Serrano Domínguez, de 81 años, hijo de Julián y Eustaquia, jornalero, viudo. Falleció en la prisión de Ciudad Rodrigo (23/01/38), donde se hallaba a raíz de una detención posterior a un registro domiciliario, efectuado por la Guardia Civil (11/01/38) al mando de Matías Hernández Alejo, brigada jefe del puesto de Aldehuela de la Bóveda. Le hallaron un “cachorrillo viejo, envuelto en otros hierros viejos”. Por ello estuvo detenido primero en La  Fuente de San Esteban y después en la cárcel del Partido (13/01/38). Cuando lo citó el teniente instructor Esteban Bravo (juzgado militar nº 5 de Salamanca), el anciano Julián ya había muerto, de colapso cardíaco (P.prev.Boa/38, AHPS: 194/36; act. def. 24/01/38, ASMJ: de hecho tendría 78 años).

El total provisional de afectados en Boadilla, en el que no se incluyen los cuatro vecinos de Robleda enterrados en su cementerio (croniquillas del día 6 y 13 de agosto), se reduce a dicha persona:

-víctimas mortales: 1 (indirecta)

 

Morasverdes

Juana Hernández Estévez, de 55 años, de profesión sus labores, casada. Falleció de cáncer en la cara (08/03/39) en la cárcel de Salamanca, donde había ingresado en 1937 (López-Delgado 2001: 295; 2007: 171)

El total provisional de afectados en Morasverdes es de 4 personas:

-víctimas mortales: 1 (indirecta)

-víctimas carcelarias: 3.

 

Serradilla del Arroyo

Agustín Lázaro, de unos 15 años, pastor. Falleció por herida de arma de fuego el 19 de mayo de 1942, al disparársele accidentalmente una escopeta a un compañero de su edad, cuando estaban reunidos con otros dos que, como ellos, guardaban ovejas en el paraje de “El Guindo”. De hecho este accidente fue consecuencia del descontrol de armas, durante y a continuación de la guerra civil, como reconoció implícitamente la jurisdicción militar al procesar a Nemesio Hernández Lucas, padre del muchacho causante de la muerte, “por  tenencia ilícita de armas” (P.sum.608/42). Nemesio, para su descargo, explicó que la escopeta había sido regalada por un cuñado suyo, que era guardia civil, pero éste lo negó. En definitiva, Nemesio estuvo detenido, sin mayores consecuencias, pues el consejo de guerra (24/03/43) lo absolvió. Al parecer, en este asunto nadie volvió a interesarse por  Agustín Lázaro, tanto que ni siquiera se menciona su segundo apellido en las actuaciones procesales.

El total provisional de afectados en Morasverdes es de 6 personas:

-víctimas mortales: 1 (indirecta)

-víctimas carcelarias: 4

-sancionados: 2 (1 también preso).

 

Villasrubias

Laureano Amado Ramos, de 50 años, labrador, casado, padre del informante Calixto Amado Domínguez (V 2003). Después de perseguirlo en 1936, porque tenía una pistola, que guardaba de cuando estuvo emigrado en Francia y Argentina, y de imponerle una multa de 4.000 pesetas, como condición para respetarle la vida, los falangistas le siguieron propinando malos tratos, palizas terribles, como a Agustín Sánchez y a un tal Inocencio, lo cual le agravaría la enfermedad de la que vino a morir oficialmente, “bronconeumonía”, el 15 de febrero de 1938 (RCV, act. def., sec. 3, t. 12, f. 49rº, Iglesias 2008a).

El total provisional de afectados en Villasrubias asciende a 14 personas:

-víctimas mortales: 1 (indirecta)

-víctimas carcelarias: 8

-sancionados: 7 (muerto uno de ellos y otro también preso).

 

 

Para el total provisional de víctimas mortales registradas en los pueblos del antiguo partido judicial y de los pueblos serranos que hoy lo integran se remite al listado general de afectados por la represión franquista, previsto para los próximos días.

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21

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2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936: Sacas esporádicas o no contabilizadas (I): Ciudad Rodrigo. Total provisional de afectados por la represión e

Después de la saca carcelaria en la noche del 15 al 16 de diciembre (croniquilla de este día) no se han comprobado claramente otras de este tipo, aunque hubo excarcelaciones en Ciudad Rodrigo hasta finales del 1936, algunas de las cuales dejan margen para la duda (Iglesias, Represión franquista: 310). Sin embargo, antes de pensar en un balance sobre la represión sangrienta del verano y otoño de aquel año, dado que la encuesta en modo alguno puede darse por concluida, conviene echar un vistazo atrás, para comprobar los olvidos y casos esporádicos que afectan a vecinos y forasteros en Ciudad Rodrigo y su comarca. Son bastante numerosos y ello obliga a una descripción desdoblada entre los afectados de la cabecera y los del partido judicial.  

En Ciudad Rodrigo, hasta abril de 2016 se habían contabilizado 69 personas (no incluidas por nosotros con represaliados de otra localidad) entre naturales, vecinas  o forasteras represaliadas aquí, sin tener en cuenta los casos dudosos (Represión franquista: 576), a los cuales hay que añadir tres víctimas mortales indirectas. De estas últimas no se ha tratado en las croniquillas hasta ahora y entre las primeras se comprueba el olvido de algunas (el olvido más llamativo es el de Félix González Cabrera, presidente de la Sociedad Obrera). Esta deficiencia se corrige a continuación, aunque, aparte de la identificación nominal, las fuentes utilizadas ofrecen escasos datos. Por esta razón, ahora más si cabe que al principio, se espera que los eventuales lectores ofrezcan la información detallada que les parezca oportuna.

 

Victoriano Gómez Iglesias, jornalero, casado, padre de una hija. Según ésta fue fusilado. La ASMJ no ofrece otros datos de su expediente de huérfanos (AMRC, 10-3).

Félix González Cabrera, de 31 años, presidente de la STT (Viudas / Desaparecidos), casado, sin indicación de filiación, nombre de la esposa y eventual descendencia, domicilio y profesión. Había ingresado en la cárcel del partido judicial, como “detenido [militar]”, el 31 de julio de 1936, y salió el mismo día; reingresó el 1º de agosto de 1936 y fue excarcelado el 15 de septiembre de 1936 (Desaparecidos 1936), en una saca clandestina (descrita en la croniquilla del pasado 15 de septiembre). Falleció “en la dehesa de Aceñuelas de este término municipal [de Ciudad Rodrigo] el día de hoy [15 de septiembre de 1936] a las 5 horas y 30 minutos”, “a consecuencia de heridas producidas por arma de fuego”, y fue enterrado en el cementerio municipal de Ciudad Rodrigo (RCCR, act. def. 15/09/1936, “en virtud de oficio dirigido a este Registro Civil de fecha de hoy por el Cap. Instr. Marcelino Ibero”). Se menciona entre los responsables políticos y sindicales que asistieron a las reuniones del Ayuntamiento los días 18 y 19 de julio de 1936 (Ju.Sum.265/36: f. 18). Y según la certificación de una declaración del concejal Francisco Oliva Pastor (04/08/38) en el Procedimiento sumarísimo 84/37, Félix González fue destinatario de uno de los tres revólveres que el 19 de julio fueron entregados por el jefe la Policía Urbana, ninguno de los cuales sería usado.

[X] López Andrés, hijo de Celedonio López “el Barrendero” (asesinado el 12 de mayo de 1936). Fue víctima de una saca en fecha indeterminada de los primeros meses del Alzamiento y en lugar desconocido, según el expediente de su hermana Francisca (AMRC,  450). Datos incompletos en el listado de la ASMJ.

Juan Martín Prieto, de 54 años, natural de Fregeneda, hijo de  Raimundo y María, vecino de Ciudad Rodrigo, “viudo en primeras nupcias de Adoración (¿?) del Río, de cuyo matrimonio existen tres hijos (…), mayores de edad los primeros y menor el tercero, y casado en segundas nupcias con Aurora Prieto Rubio, de cuyo matrimonio no existe descendencia”. “Falleció en el término de San Felices de los Gallegos el día 10 de septiembre de 1936”, sin indicación de la causa y lugar de enterramiento (RCCR, act. def. 11/08/1939, según “expediente tramitado a instancia de Doña Aurora Prieto Rubio”). En la causa seguida contra Agustín Calzada, Jefe comarcal y local de Falange, Emeterio Martín García, agente del juzgado de 1ª instancia de Ciudad Rodrigo, declara que dicho jefe le pidió a Aurora Prieto Rubio 3.000 pesetas, para no matar a su marido, quien tres días después “desapareció”, según rumor público (02/07/38, C.2133/37 : f. 421).

Isidro Moro Francisco, de 32 años, hijo de Juan Antonio y Joaquina, jornalero, casado con María Morán Cepa, con quien tenía cuatro hijos. Falleció el 9 de setiembre de 1936 en San Felices de los Gallegos, víctima de una presumible saca (act. def. 27/04/1944 y 02/06/1957, ASMJ).

Juan José Román García, vecino de CR, casado con Asunción Benito, víctima de una saca en fecha indeterminada y lugar desconocido, según datos insuficientes de los expedientes de viudas y de huérfanos (AMCR, 458 y 10-3) recogidos en la base de datos de la ASMJ.

Ángel Sierro Díaz, vecino de CR, jornalero, casado con Salud Perancho, víctima de una saca el 16 de septiembre en lugar ignorados (expediente personal de su viuda, 460, AMRC). Datos incompletos en el listado de la ASMJ.

Francisco Soto Rico, vecino de CR, carpintero, casado con Esperanza Sánchez víctima de una saca el en fecha y lugar ignorados, aunque según el expediente de su viuda habría sido “condenado a muerte como elemento de izquierdas”  (AMRC, 460, y expediente de huérfanos, 10-3). Datos incompletos en el listado de la ASMJ.

 

El necrologio mirobrigense provisionalmente se completa con tres víctimas indirectas.

 

Victoriano Cabrera Hernández, de 24 años, hijo de Julián y Antonia, jornalero, soldado. Falleció a sus 28 años, de enfermedad contraída en la cárcel (31/08/41). Había sido procesado cuando servía en el  en Rgto. La Victoria, nº 28,  por efectuar un saludo “puño en alto”, dirigido al cabo José Moreiro Acosta, que le correspondió con una sonrisa (C. 875/37). Las explicaciones de Victoriano y de José no bastaron para evitarles, después de la detención en el Cuartel de Infantería (11/03/37), el procedimiento que pondría en evidencia su pasado izquierdista y los llevaría al Consejo de Guerra (23/06/37), en el que fueron condenados ambos a la pena de 12 años de prisión mayor y destino al Cuerpo de disciplina para los dos durante el tiempo de la condena. Los condenados ingresaron en la Prisión Provincial (02/09/37), procedentes del Cuartel de Infantería. La notificación (1944) de la conmutación de la pena de 12 años por la de 6 años y un día  nunca le llegaría a  Victoriano, pues había fallecido en Ciudad Rodrigo (31/08/41), donde la muerte quizá le sorprendería “en libertad condicional”, sin que conste la importancia que tuviera en este destino fatal su paso por los Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares un año antes (02/12/40), adonde había sido trasladado de la Prisión de Salamanca, según oficio de ésta (07/05/44).

Martina Iglesias Molinero, de 29 años, natural de Espeja, vecina de Ciudad Rodrigo Espeja, hija de Nicolás y Petra (vecinos de Espeja, ambos represaliados), ama de casa (“sus labores”), casada con Leonardo Ángel García González, madre de tres hijos menores. Oficialmente falleció de enfermedad (25/03/40) en la prisión de Saturrarán (C.1591/37), aunque también se ha especulado con la posibilidad de que fuera ejecutada. Este aspecto se evoca y su trágico destino, así como el ensañamiento de sus represores que después de muerta la sancionaron con 100 pts de multa aun siendo insolvente (AHPS: 414), se describe con cierto detalle en La represión franquista (Iglesias 2016b: 573-575). Pero aquí puede ser de interés pedagógico la descripción del proceso que se le siguió, porque ilustra bien el ambiente que se vivía en la retaguardia franquista dentro de aquel sistema represivo y policial en que se asentaba el estado franquista.

El 5 de agosto de 1937 Agustín Calzada Hernández, jefe local de Falange, denunció a su vecina Martina Iglesias por unos gritos subversivos presuntamente pronunciados unos días antes por un hijo suyo de corta edad (4 años), sin que ella se lo reprendiera. La denuncia le atribuía “ideas extremistas”, expresadas antes del Movimiento en mítines, manifestaciones y reuniones, particularmente con el intento de aviso a los obreros para que castigaran a los hermanos Domínguez, a raíz de la muerte del famoso “barrendero” (Iglesias, en Carnaval 2016: 385). Según el atestado instruido por José Boada Marcos, jefe de la Policía Gubernativa en Ciudad Rodrigo, esta denuncia se hacía eco de las acusaciones de varias vecinas de Martina en la calle del Rincón de la Pasión: Magdalena Blanco Regato, Felicidad Jiménez Cruz, Antonia Mederos Cañada y Antonia Jiménez Cruz; pero el mencionado responsable de la represión en la Ciudad tergiversaba los hechos evocados, ocultando la identidad de los agentes y pacientes, pero  sin olvidar de poner en el saldo negativo de Martina su escaso entusiasmo por el “triunfo de los Nacionales”, que a ella le parecía “dudoso”.

Aunque las vecinas mencionadas rivalizan en entusiasmo por acusar a Martina Iglesias, la más explícita es Magdalena Blanco. Para empezar, trae a colación una manifestación de júbilo de la denunciada por la muerte del general Sanjurjo, siendo además, a pesar de su analfabetismo, referencia informativa de alguna de las otras denunciantes, como Felicidad Jiménez. Esta última, esposa del mencionado jefe de Falange, cree saber por aquélla que Martina había confeccionado “banderas marxistas” para Espeja, pero también conoce, como testigo directo, la falta de entusiasmo de la misma por el éxito del Ejército nacionalista en la toma de Bilbao (19/06/37), así como los gritos subversivos del niño (Antonio García Iglesias) porque éste juega con uno de la declarante. La hermana de esta última, Antonia Jiménez Cruz, tratará de implicar en la tolerancia de dichos gritos al padre del niño, aunque el testimonio de un agente de Seguridad lo dejará fuera de sospecha.

Estas rencillas y comidillas entre vecinas y vecinos, que tendrán graves consecuencias para la denunciada, vienen a ser  una especie de cuento de nunca acabar, pues las declaraciones de unos acarrean las de otros, así como ratificaciones redundantes. Magdalena Blanco insiste en el desafecto de Martina por el Ejército, manifiesto desde la llegada de soldados de Salamanca, para proclamar el estado de guerra, circunstancia en que Martina incluso habría proferido amenazas contra quienes los aplaudían. Felicidad Jiménez describe un caso análogo con la llegada de soldados heridos en el frente de Brunete, sin que Martina respondiera a los gritos nacionalistas ni saludara “a la romana” (C.1591/37: f. 9). Los nuevos declarantes confirman en todo o en parte las acusaciones contra Martina: María Aranda Río sólo recuerda las frases sobre la muerte del general Sanjurjo; Faustina González Aranda está al corriente de todos los cargos, incluido el izquierdismo de Martina, visible en todas las manifestaciones y mítines; Teresa Domínguez García confirma el episodio de los hermanos Domínguez y el asunto de las banderas; pero las declaraciones de Valeriano Encinas no aparecen en la copia del expediente. Es muy desfavorable el informe del Sargento Jefe del Cuerpo de Seguridad, que por añadidura pone de relieve que Martina no dejaba descansar a un guardia, con “cantares que sólo son insultos para él”, como el guardia en cuestión, Ildefonso García, viene a confirmar más tarde, corroborado por otro agente, que con más o menos pertinencia recuerda que Martina antes del Movimiento era contertulia de la maestra Antonia García Martín, que también había sido detenida (Iglesias 2016: 541)

De la instrucción de la C.1591/37 en el juzgado militar nº 1 de los do que funcionaban en Ciudad Rodrigo se encargó Antonio Cordobés Pacheco, capitán de Infantería retirado, En las sucesivas declaraciones ante este juez militar, Martina Iglesias se limita a negar todos los cargos que se le imputan, contradiciendo algunos testimonios adversos, pero sin molestarse en dar muchas aclaraciones, aparte del caso de la “bandera roja”, sobre el cual ofrece una explicación coherente en la segunda declaración. Había sido un encargo de Nicolás Méndez Álvarez, un vecino de Espeja, para la Sociedad Obrera local, con el fin de que se estrenara el primero de mayo (f. 20vº). Dicho vecino de  Espeja a la sazón estaba preso en Salamanca, en relación con este asunto, así como Vicente José Juan, “elemento de la directiva” y hermano del presidente de dicha Sociedad, aunque la bandera  no había sido hallada en las pesquisas efectuadas por Guardia Civil al comienzo del Alzamiento, porque los sindicalistas la habrían quemado (f. 37). La confección corrió a cargo de una modista de la Colada, que Martina designa por el mote de “la Cubana”, siendo su verdadero nombre Aurelia Sánchez Álvarez, que, por ser natural de Fuenteguinaldo y llevar los mismos apellidos, cabe suponer que era hermana del alcalde republicano, Francisco Sánchez Álvarez, quien por esas fechas estaba procesado también. Esta modista corrobora la declaración de Martina, sin entrar en demasiados detalles, pero revelando que la bandera se destinaba a la “Sección de la Tierra del pueblo de Espeja”, inscripción que ella misma bordó, habiendo sido remunerada por ello (f. 24). Tampoco son muy pródigas en sus declaraciones las otras personas que la propia Martina menciona como testigos: Fernanda Romero Gomezcaro, Amalia Parra Regidor, María Martín Ramos y Ángeles Ortega Soler. Todas ellas muestran una gran discreción, conforme a una estrategia prevista para no dar motivo a nuevas preguntas capciosas. No saben o no han oído nada de lo que se cuenta de Martina, si bien la más notable por su falta de curiosidad es Ángeles Ortega, quien, refiriéndose a los sucesos del día 13 de mayo de 1936, afirma que, después de asomarse con sus hermanas al balcón al oír las campana del reloj y los gritos obreristas en la calle, lo cerró y se fue a descansar, sin enterarse de lo que pasaba, porque “con motivo de oír decir U.H.P. tomaron miedo” (f. 23).

Martina Iglesias Molinero tenía las ideas obreristas bien arraigadas, sin duda adquiridas en su casa natal de Espeja, de donde partió para servir en Ciudad Rodrigo a sus 14 ó 16 años, según el informe de la Guardia Civil (21/08/37). Éste señala que el padre, Nicolás Iglesias Vicente (a) “Puchana”, perteneció y fue vicepresidente de la sociedad de “La Tierra y Oficios Varios” y trabajó por el triunfo del Frente Popular, y su madre, Petra Molinero Sánchez, era “mujer habladora y provocativa”, asidua de actos y manifestaciones izquierdistas, y por ello ambos estaban detenidos en la cárcel de Salamanca. Pero los dichos atribuidos a Martina Iglesias, cuya veracidad era difícil de comprobar, no habrían pesado tanto en su destino a no ser por el asunto que realmente importaba en este expediente. De hecho, la hostilidad de sus convecinos remontaba al asunto de “la muerte del Barrendero” el 12 de mayo de 1936, más arriba evocada, que había obligado a los implicados a esconderse. Martina Iglesias había querido denunciarlos ante los compañeros de la víctima. En la instrucción del proceso los jueces e instructores militares, fieles al mecanismo que protegía la impunidad de los represores, no identifican a la víctima ni a sus agresores, pero en este caso ya se conocían de antes.

A Martina la detuvieron el 6 de agosto de 1937. Después del atestado, el juez ordenó su procesamiento, que terminaría en un Consejo de Guerra (Salamanca, 25/09/37), presidido por Federico Acosta Roldán, coronel de Infantería. La condenaron a 20 años y un día de prisión por “adhesión a la rebelión”. En seguida fue devuelta a la cárcel de Ciudad Rodrigo, donde había estado detenida durante el proceso. Por estar embarazada, ingresó en la Casa de Maternidad (16/01/38) hasta dar a luz a una niña (16/03/38), después devuelta a su cautiverio (31/03/38). Sus avatares carcelarios terminaron en Saturrarán (Guipúzcoa). Nunca le llegaría allí la notificación de que la pena inicial le había sido conmutada por 12 años de prisión (12/02/44), pues estaba muerta desde hacía casi cuatro años, según un oficio del centro penitenciario: “falleció en la enfermería de dicha prisión el 25 de marzo de 1940”. Pero, como se apuntó al principio, la veracidad de tal aserto está en tela de juicio.

Amador Moreno Matilla, de 25 años, natural de Ciudad Rodrigo, vecino de Salamanca, peluquero. Falleció de enfermedad (31/03/42) en la cárcel provincial, donde había ingresado en 1941 (López-Delgado 2007: 176).

 

El total provisional de personas afectadas por la represión cruenta y otras modalidades en Ciudad Rodrigo (naturales, vecinos o forasteros represaliados en esta localidad no contabilizados en otros listados locales) asciende a 188:

-víctimas mortales: 72 (tres de ellas indirectas)

-víctimas carcelarias: 95

-víctimas de la depuración: 25 (dos de ellas asesinadas y 6 también presas)

-sancionadas: 10 (una víctima muerta y 5 también presas).

 

En Ciudad Rodrigo, como en las otras localidades, existe una represión ignorada o no reconocida, que es una inmensa y dificultosa labor que está por hacer, aunque se tienen algunos indicios que se pueden exponer aparte. 

 

 

 

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vie

16

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2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936: la saca carcelaria del 16 de diciembre de 1936. Ángel Iglesias Ovejero

La última saca comprobada de la cárcel de Ciudad Rodrigo tuvo lugar cuando, al cabo de varias semanas, parecía terminado el recurso a esta vía criminal expeditiva. Por la extracción social de las víctimas elegidas tiene algún carácter de “limpieza” selectiva, pues se trata de vecinos mirobrigenses, con cierta holgura económica, funcionarios o profesionales, varios emparentados entre sí o con otras personas ya eliminadas por la vía judicial o extrajudicial. Eran personas conocidas, cuyo destino trágico ha dejado huellas perceptibles en la memoria familiar y local. Tanto es así que, contrariamente a otras sacas, en esta se conocen antecedentes y consecuentes. Entre las motivaciones, la información oral y escrita confirman que algunos eliminados, por sus ideas republicanas, habían tenido encontronazos con Antonio Cejudo, capitán de la Guardia Civil, que había sido trasladado a Badajoz y ahora había vuelto sin duda resabiado. Este capitán, en la tarde del día 15, ordenó el ingreso en dicha prisión de ocho vecinos, siete de los cuales fueron sacados en la madrugada del día 16:

 

1 Serapio García Alaejos, 2 Avelino Martín Cascón, 3 Evaristo Pino Castaño, 4 Eduardo Aparicio Fernández, 5 Olegario Niño Caballero, 6 Alfredo Miguel Plaza, 7 Emilio Martín Donoso, 8 José María Sevillano Piñero.

 

A excepción de Serapio García (nº 1), que era director de la banda municipal y se libraría de la ejecución gracias al apoyo de personas influyentes, estas personas el día 16 compartieron los avatares finales en una “finca del camino de Gazapos” o en la “finca de Ravida”, pues existen versiones divergentes sobre este detalle. Antonio López en sus informes policiales de 1979 se pronuncia por el primer paradero, sobre todo en el de Emilio Martín (nº 7, de quien al parecer era yerno dicho policía), muy explícito en detalles (infra). Describe la ejecución y enterramiento de las siete víctimas en una “finca de un tal Dionisio” en el “Camino a Finca de Gazapos” (Pedrotoro), que sale a la izquierda de la carretera de Zamarra-Serradilla (y por tanto a la altura de La Caridad) a unos 300 metros. Según el testimonio de Juan José Aparicio (2004), hijo de una de las víctimas, Eduardo Aparicio, la denominación exacta del lugar del asesinato y enterramiento es la dehesa de Ravida, propiedad de la familia Casanueva, cuyo montaraz y rentero, Manuel Vicente Barrado, fue quien informó a algunos familiares de las víctimas del lugar exacto de la fosa (CR 2009). La familia de Eduardo recibió autorización verbal para llevarse su cadáver a Béjar, en cuyo cementerio fue enterrado. Los otros seis cadáveres permanecieron allí poco tiempo, en el denominado “Paraje de los Muertos”, hasta una fecha indeterminada en que misteriosamente desaparecieron, sin constancia de la autoría del hecho ni del destino de aquéllos, aunque hubo rumores de que habían sido llevados al puerto de Perales (López-Delgado 2004: 167-171). En este supuesto es posible que esta vaga indicación se refiera al paraje de Carvajales (Iglesias, Represión franquista: 288-294). En el procedimiento incoado en 1937 para la aclaración de las causas de la desaparición de Eduardo las personas implicadas se inhibieron con la excusa de que había sido “puesto en libertad” (Ibíd.: 308-311, 380-381, 161).

La identificación nominal, el perfil social y algunas circunstancias particulares de cada uno se conocen por la doble información apuntada, escrita y oral. En los expedientes personales de 1979 se añade el dato de la religión, que en otros casos no se indicaba. A excepción de Alfredo Miguel, cuya religión no se especifica, todos ellos pertenecían a la Iglesia Católica Apostólica Romana (“C.A.R.”).  

 

Avelino Martín Cascón, de 41 años, hijo de Lino y Teresa, con instrucción, agricultor, religión C.A.R., soltero (Exp.1979 / Desaparecidos 1936). Era hermano del alcalde Manuel Martín Cascón, ejecutado por sentencia de consejo de guerra (croniquilla del 30 de agosto) y primo hermano de Isabel Cascón Briega, esposa de Eduardo Aparicio, compañero de saca.

Evaristo Pino Castaño, de 62 años, natural de El Bodón, vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Luis y Agustina, con instrucción, funcionario municipal (empleado del Ayto.), religión C.A.R., viudo de Nieves González Manzano (act. matr. 13/02/1904, act. def. 11/03/1928), padre de dos hijos, uno de ellos menor (Exp.1979 / Desaparecidos 36).

Lo había llamado a declarar el juez de instrucción de Ciudad Rodrigo el 28 de julio, para que informara sobre la autoría de la requisa de coches cuyos oficios había redactado él mismo, con otros funcionarios, y fueron firmados por el Alcalde (J.Sum. 265/36: f. 46). Pero no consta que fuera detenido entonces. Posteriormente, en documentación reunida en 1987, se confirma que falleció en el término de Ciudad Rodrigo el 16/12/1936. Su acta de defunción (25/11/1938, “a instancia de D. Ladislao Rodríguez Manzano”) no indicaba la causa. En la información testifical (01/12/1987), Julián Gutiérrez Lorenzo, jubilado, declara que:

(…) le consta que en el mes de diciembre de 1936 fue detenido Evaristo Pino Castaño y sabe que posteriormente fue trasladado a esta Ciudad, ingresando en la cárcel del Partido, y al ser puesto en libertad, según consta en los archivos de la Policía Municipal de esta Ciudad, el día 16 de diciembre de 1936 fue muerto violentamente por mano del hombre y como consecuencia natural de la guerra de 1936-1939.

Y Antonio López Ramos, que en 1978 quizá sería jefe de la policía municipal, también ya jubilado en 1987, se expresa en términos parecidos, más precisos:

(…) le consta que en la noche del 15 al día 16 de diciembre de 1936, al salir de un grupo de detenidos de la Cárcel del Partido, fueron montados en una camioneta, enterándose al día siguiente que dicho grupo, entre el que se encontraba el Sr. Evaristo Pino Castaño, habían (sic) sido muertos violentamente por acción directamente del hombre en las proximidades de La Caridad, de este término municipal, todo ello como consecuencia de la guerra civil de 1936-1939” (Viudas, AMCR).

Eduardo Aparicio Fernández, de 39 años, natural de Béjar, vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Juan y María, con instrucción, director del Banco del Oeste, religión C.A.R., casado con Isabel Cascón Briega, padre de dos hijos menores (Exp.1979 / Desaparecidos 36), y, por tanto emparentado con los hermanos Manuel y Avelino Martín Cascón. A diferencia de los otros cadáveres, el suyo fue enterrado en Béjar, previa autorización verbal (supra, testimonio de su hijo Juan José; infra, cita del expediente de Emilio Martín Donoso).

Olegario Niño Caballero, de 55 años, natural de Cardenete (Cuenca) y vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Pedro y Anastasia, con instrucción, veterinario, religión C.A.R., “casado en primeras nupcias con Dª Esperanza Hernández Vallejo, de cuyo matrimonio no queda sucesión” (Exp.1979 / Desaparecidos 36). Según testimonios, Olegario Niño, veterinario municipal de Ciudad Rodrigo, era  dueño de un coche que le sería requisado. Había celebrado ostensiblemente el quinto aniversario de la República (CR 2009). Fue detenido en Malpartida y preso en Peñaranda de Bracamonte del 29 de julio al 4 de agosto. Falleció “en este término municipal [de Ciudad Rodrigo] el día 16 de diciembre de 1936”, “a consecuencia (tachado pero legible) de heridas de arma de fuego”, sin indicación de lugar de sepultura (RCCR, act. def. 22/04/1938). Lleva una nota marginal idéntica a la del acta de defunción de Alfredo Miguel Plaza (infra).

Alfredo Miguel Plaza, de 49 años, natural y vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Primo y Ana, con instrucción, industrial (comerciante), sin indicación de religión, interventor interino municipal, casado con  María Abril Contreras, padre de cinco hijos menores de edad (Exp.1979 / Desaparecidos 36). Antes de esta saca, había ingresado en la prisión del partido judicial el día 8 de octubre de 1936, como “detenido [militar]”, y salido el 16 de octubre de 1936. Falleció “en este término municipal el día 16 de diciembre de 1936”, “a consecuencia (tachado pero legible) de disparos de arma de fuego”, sin indicación de lugar de sepultura (RCCR, act. def. 13/04/1938, “a instancia de Dª María Abril Contreras”). En nota al margen del acta de defunción se indica:

En cumplimiento de lo dispuesto en la circular de los Registros y secretariado, publicada en el B. O. 10 de abril del actual se procede a tachar de oficio las palabras para precisar las causas de la muerte en la inscripción a que se refiere este folio. Ciudad Rodrigo, 30 de junio de 1939 (firma ilegible del visitador, que por cotejo de la misma se identifica con el juez de instrucción de Ciudad Rodrigo, Fausto Sánchez).

Su esposa fue llamada a declarar en la causa contra Agustín Calzada, jefe comarcal y local de Falange (C.2133/37), a quien conocía por ser cliente incapaz de satisfacer sus deudas, “por carecer de bienes”, en la ferretería de “Alfredo Corral”, como era conocido el establecimiento de Alfredo Miguel. A la familia le requisarían una bicicleta y una radio, sin vuelta. Todo ello, al parecer, antes de que a su marido los falangistas “lo mataran en una carretera próxima”, hallándose presente Calzada, y aparecieran las botas de aquél colgadas como trofeo en una taberna:

(...) que su esposo Alfredo Miguel Plaza, afiliado únicamente a la Congregación del Corazón de María y a la Cofradía del Silencio, sin pertenecer a sociedad política de ninguna clase, fue llevado un día de su casa por unos falangistas que dijeron le llevaban a dar un recado y después lo mataron en una carretera próxima, habiéndose enterado que de los que se hallaban presentes figuraba el señor Calzada y que prendas de vestir como las botas que su esposo llevaba puestas le han manifestado que han estado puestas en una taberna de esta Ciudad (…) que su esposo murió en diciembre de 1936 (Declaración de María Abril Contreras, Ciudad Rodrigo, 02/07/38, C. 2133/1937: f. 428vº).

Uno de los flechas llamados a declarar, Manuel Hernández Pérez, confirma que la requisa de la bicicleta se efectuó por orden de la Jefatura local de Falange, aunque no recuerda si emanó de A. Calzada o de E. Bravo (f. 433). Otro flecha, Víctor Guitián Fernández, ya había declarado que recogió dicha bicicleta en el Hotel Machero, por orden de Bravo (f. 433). Más tarde a la viuda le requisaron platos y cubiertos. Y esto se habría hecho por orden de Marcelino Ibero, pero de éste no se pudo recabar información (03/09/38), por estar destinado entonces en Castellón de la Plana (f. 552).

El juez instructor militar se interesó por estos asuntos, reclamando informes de la Guardia Civil, el Juzgado y la Alcaldía sobre antecedentes y actuación de Alfredo Miguel. Como era de suponer, los informes serían desfavorables, pues lo que con ellos se pretendía era ensuciar la imagen de la víctima de modo que su eliminación criminal quedara justificada. Los tres hacen hincapié en la “peligrosidad” de la víctima, enumerando casi idénticos “cargos”, seguramente partiendo de los mismos datos de archivo. Ahora bien, mientras el juez municipal Dionisio Moro (f. 529) y el alcalde Fausto San Dámaso (f. 542), sobre todo éste, acumulan los datos sin añadir alegatos esperpénticos, Florencio García Corral, brigada comandante del puesto de la Guardia Civil, no sólo especifica la andadura política y social de Alfredo, procurando cargar las tintas, sino que pinta un retrato infamante del mismo, con lo cual, paradójicamente, se adivina en su víctima el perfil de un republicano convencido y comprometido socialista. Alfredo pertenecía al Partido Socialista, ya antes de la República, y actuó en el Comité Ejecutivo de las elecciones de 1931, haciendo propaganda. Al triunfar la República fue tesorero de la Casa del Pueblo y ejerció eventualmente la presidencia de ésta en ausencia de Tomás Hernández (f. 529). Se reunía con izquierdistas y obreros en su propia ferretería y en el bar de “Barrigana”, beneficiándose a juicio del informante de la impunidad que le confería la presencia de los policías Luis Sánchez Rivero (ya ejecutado por sentencia de consejo de guerra; ver croniquilla del pasado 30 de agosto) y Ventura Moro. Anualmente festejaba el advenimiento de la República, el 14 de abril,  “fecha nefasta”, según el Brigada, quien, remontando en el tiempo, atribuye a Alfredo la intención de “alentar el espíritu revolucionario” en los sucesos de octubre de 1934, con misteriosas reuniones secretas en casa de Gaite Veloso (“fusilado”, ver croniquilla del pasado 30 de agosto), y la asistencia en Madrid a los mítines del “monstruo Azaña” en 1933 y 1936 (f. 527), todo ello como preparativo a las elecciones respectivas de dichos años, que se terminarían con el triunfo del Frente Popular. Concretamente, en Ciudad Rodrigo, Alfredo Miguel sería nombrado interventor municipal, según el informe del Juzgado (f. 529).

En este marco se produce un hecho que probablemente explica la inquina que satura el informe de Florencio García, fiel eco de la voz de su amo, uno de los más sañudos represores de Ciudad Rodrigo y su entorno. Alfredo Miguel habría asistido, en casa de Gaite, a la redacción de una denuncia contra Antonio Cejudo, capitán de la Guardia Civil, cuyo aborrecimiento de los izquierdistas vendría de lejos, pues había estado “siempre  en contraposición de esta clase de elementos revolucionarios y marxistas cien por cien” (C.2133/37: f. 527). El ministro de la Gobernación ordenó el traslado de Antonio Cejudo a Badajoz, en donde presumiblemente vería de cerca cómo se practicaba allí la represión militar, antes de volver a Ciudad Rodrigo en el otoño de 1936, en cuyo tramo final Alfredo y otros seis vecinos serían sacados de la cárcel del Partido y asesinados (15 a 16/12/36). Accesoriamente, Alfredo habría pedido el traslado de otros funcionarios desafectos al “fatídico Frente Popular”, sin que se aventure a señalar su efecto el Brigada, quien todavía señala como acto criminoso la presencia de aquél en el entierro del “Comunista” (13/05/36).

Extrañamente el informe del Brigada se deja en el tintero el detalle de que el día 16 de mayo en la ferretería de Alfredo Miguel se habían entregado una o dos escopetas de caza a los izquierdistas para defenderse de una presunta llegada de derechistas armados, un detalle que señalan los informes del Juzgado (f. 529) y la Alcaldía (f. 542). Quizá un leve temor al ridículo explique este silencio del Brigada, que, en cambio, pone de relieve la pertenencia de Alfredo al Comité Revolucionario, constituido en el Ayuntamiento el 18 y 19 de julio de 1936, para defender el orden republicano. Todo esto, para llegar a una conclusión espeluznante y esperpéntica: “se trata de un individuo peligrosísimo e indigno de vivir dentro de los pueblos civilizados” (f. 528). Todavía añade, en colofón, que “la peligrosidad de Alfredo” queda patente por su condición de lector (El Socialista, Libertad y Mundo Obrero), porque el Brigada debe de considerar la lectura como algo impropio de la civilización. Tratándose de una persona muerta, resulta patéticamente irrisorio que se la considere “peligrosísima” para el Movimiento. Ahora bien, juzgarla “indigna de vivir”, equivale a dar por justificada su muerte, sin juicio previo, y en consecuencia el brigada Florencio García casi explícitamente se solidariza con el asesinato de Alfredo Miguel.

 Emilio Martín Donoso, de 39 años, natural y vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Santiago y Filomena, con instrucción, hojalatero (industrial), religión C.A.R, casado con María de los Remedios Conde Amador, de cuyo matrimonio quedaban cinco hijos, el mayor de 16 años y el menor de dos (Exp.1979 y Viudas / Desaparecidos 36). Falleció “en esta ciudad el día 15 de diciembre de 1936”, sin indicación de causa ni lugar de sepultura (RCCR, act. def. del 11/12/1937, “en cumplimiento de lo ordenado por el Juez de 1ª Instancia de este Partido en fecha de 6 del actual, en virtud de auto dictado en 4 del mismo de conformidad con lo dispuesto en la orden de la Junta Técnica de Estado de 1º de noviembre de 1936, en expediente seguido a instancia de María Conde Amador”). En otra acta de defunción de la misma víctima (RCCR, act. def. 30/12/1938) se indica la profesión (industrial) y se aclara que la fecha del fallecimiento fue el 16 de diciembre de 1936. 

Por el informe policial de Antonio López Ramos sobre Emilio Martín Donoso (08/01/1979) del expediente tramitado a instancia de su viuda Remedios Conde Amador, se conocen otros detalles sobre la ejecución de esta persona y otras seis, así como la ubicación de la fosa en Pedrotoro:

Según se desprende de los informes fidedignos, al ser puestos en libertad por la Cárcel del Partido a las 2.30 del día 16-12-1936, a los siete y a la puerta de la referida Prisión los esperaba una camioneta con Guardias Civiles, los montaron y los trasladaron por la carretera de Zamarra-Serradilla del Llano, llegando a un camino a la izquierda de Pedro-Toro y en el lugar “hoy finca de un tal Dionisio” fueron ejecutados por un piquete que esproceso (sic) vino del puesto de Alberguería, hecha la fosa se valieron para echar tierra encima de otros señores catalogados como de izquierdas para enterrarlos, acreditándose por el vecino que vive en la actualidad entre otros, que los siete lo fueron en la tierra indicada en el Camino a la finca de Gazapos a unos cien metros de la esquina y de ésta dista a la carretera de Monsagro-Serradilla, unos 300 metros, camino que dista de esta localidad, 4.800 Km (sic). Unos dos o tres días de ejecutados, los familiares de Eduardo Aparicio Fernández y bajo su responsabilidad en las circunstancias de aquella época, exhumaron su cadáver y lo trasladaron a Béjar, enterrándolo en la referida localidad, quedando los seis en el lugar de ejecución” (Viudas, AMCR).

Testimonios familiares  recientes (CR 2016) señalan actos vejatorios contra esta víctima, similares a los practicados contra Alfredo Miguel, con quien habría salido atado y en parte despojado de sus prendas vestimentarias. La viuda de Emilio (dueño de una ferretería en la calle de Madrid) reconoció sus zapatos, usados por uno de sus presuntos ejecutores, que en esta u otras ejecuciones extrajudiciales, festejaban sus hazañas macabras en un local ubicado en la calle de San Juan.

José María Sevillano Piñero, de 63 años, natural de Villar de la Yegua, vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Miguel y Josefa, ferroviario jubilado, con instrucción, religión C.A.R., casado con María Vicente Antúnez, padre de una hija mayor de edad (Exp.1979 / Desaparecidos 36). Fue detenido “por fuerzas de la Guardia Civil en Villar de la Yegua sobre las 3 de la tarde del día 15 de diciembre de 1936, llevado al puesto de la Guardia Civil de esta localidad. Ingresando en el Depósito Municipal”  (Viudas / Desaparecidos, AMCR). Falleció “en este término municipal el día 16 de diciembre de 1936”, sin indicación de causa ni lugar de sepultura (RCCR, act. def. 06/07/1938, “a instancia de Dª María Vicente Antúnez, cuya orden ha sido presentada por D. Cipriano Piñero García”). Sobre la detención y lugar de asesinato se pronuncia Antonio López Ramos en su informe policial de 1979:

(...) ingresado en el Depósito Municipal, es decir en aquel entonces la Cárcel del Partido, en unión de siete más y a disposición de la Autoridad Militar, siendo puesto en libertad a las 2,30 de la mañana del 16 [de] diciembre de 1936, hora en que fue recogido por una camioneta con los indicados y en el paraje de una finca de Gazapos ejecutados y enterrados (Viudas, AMCR).

 

Así pues, “como en tantos casos señalan los testimonios, pueden rastrearse motivaciones personales. El informe policial de 1979 señala claramente la autoría de la ejecución por parte de guardias civiles. De ordinario éstos no solían dejarse ver mucho en las sucias tareas, pero en este caso el capitán de la Guardia Civil, que había dado la orden de detención, tampoco podía ignorar la llegada para la ejecución de “un piquete ex profeso del puesto de Alberguería”, donde estaba concentrada parte de la compañía de la Guardia Civil, y por tanto dicho piquete necesitaba la orden del Capitán para desplazarse. Este capitán era Antonio Cejudo, celoso represor que tenía cuentas pendientes con algunos de los integrantes de esta saca o al menos con Alfredo Miguel, a quien consideraba responsable, junto con socialistas ya ejecutados, de su anterior obligado traslado a Badajoz” (Iglesias, Represión franquista: 309).

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jue

15

dic

2016

Croniquillas y necrologios del verano y otoño sangriento de 1936: mirobrigenses afectados por otras sacas carcelarias de Salamanca el día 15 de diciembre. Ángel

El día 15 de diciembre de 1936 se produjeron otras sacas de la cárcel de Salamanca que, como las de los anteriores días 9 y 12 (croniquilla del pasado día 9) afectaron al menos a un vecino de Ciudad Rodrigo y quizás a otro.

 

Manuel GAITE FUENTES, de 58 años, natural de Montijo (Badajoz), vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de José María y Matilde, albañil, viudo, sin constancia de la identidad de su cónyuge, padre de siete hijos. Según la ficha de la cárcel de Salamanca (FCS) fue puesto en libertad (15/12/36) por orden del Gobernador Militar, pero sería eliminado conforme al protocolo habitual de las sacas.

Agustín RISUEÑO GONZÁLEZ, natural de Ciudad Rodrigo, sin otros datos, fue objeto de ejecución extrajudicial por saca domiciliaria o carcelaria (15/12/36) en lugar desconocido (López-Delgado 2007: 178). Al parecer, también sancionado (ASMJ).

 

En una saca carcelaria de la misma fecha fue eliminado un vecino de Las Casas del Conde:

 

Serafín HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, de 59 años, hijo de Isidoro y Carolina, labrador, STT, casado (C.986/36). Ingresó en la cárcel de Salamanca el día 1º de octubre y fue puesto en libertad mes y medio más tarde (15/12/36) por orden del Gobernador Civil, siendo de hecho ejecutado extrajudicialmente (López-Delgado 2007: 170). Todo había empezado por una denuncia ante el Gobernador Civil por parte del jefe local de Falange, Lesmes de San Ricardo Hernández, que lo acusaba de propagar noticias tendenciosas (“que el Glorioso Gobierno de Burgos viéndose perdido y lleno de miedo se había escapado para Alemania”), acusación extensiva al vecino Juan Antonio Santos García. Ambos fueron detenidos y llevados presos a Sequeros (24/09/36) por Matías Ricardo Hernández, sargento del puesto de la Guardia Civil en Aldehuela de la Bóveda. Después estuvieron presos en Salamanca (01/10/369) durante las actuaciones de la causa, que sería sobreseída por el auditor de guerra (01/11/36). Pero los detenidos quedaron a disposición del Gobernador Civil (10/12/36), quien ordenó su libertad pocos días más tarde (15/12/36), según las fichas carcelarias (FCS). A partir de esta fecha a Serafín HERNÁNDEZ se le pierde el rastro en parte, sin que se diera por enterado de su paradero el Servicio de Libertad Vigilada, bajo cuya tutela seguía teóricamente años más tarde. Juan Antonio Santos no sería de aquella saca carcelaria, pues estuvo detenido en Sequeros en 1937 (P.sum.468/37).

 

Así pues, en el necrologio de esta localidad se reconoce una sola víctima mortal, a pesar del trasfondo de conflictos sociales por los motivos de siempre: el paro obrero y la falta de tierra. Este último problema era tan acuciante, que, cuando los socios del Sindicato de la Tierra (STT) expusieron sus reclamaciones al Gobernador Civil para que las hiciera llegar al Gobierno de la República, añadieron que era necesario ensanchar el término (Iglesias, Represión franquista: 199, nota 15). La reacción de los jornaleros locales necesitados se tradujo en los votos favorables a la candidatura comunista en la elecciones de 1936. Precisamente Juan Antonio Santos, transportista, estaba casado con la maestra de niñas Sofía Hernández Hidalgo, a quien los derechistas locales consideraban “extremista”. El jefe de Falange lo tenía por “destacado comunista de aquella localidad”, porque había apoyado a Luis

Campo Redondo, para quien había conseguido 45 votos. Pero había otros vecinos integrados en agrupaciones “político-societarias”, que probablemente serían de los que habían participado en un simulacro de entierro de Gil Robles el Miércoles de Ceniza del mismo año. Todo esto explica las visitas que los comandos de la Guardia Civil efectuaron a este pueblo, motivadas por las denuncias, que fueron seguidas de detenciones, procesamientos, depuraciones y sanciones económicas.

 

El total provisional de vecinos afectados por la represión en Las Casas del Conde es de 14 personas:

-víctimas mortales: 1

-víctimas carcelarias: 12

-depurados: 1 (también preso)

-sancionados: 3 (añadidas a prisión 2).

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mié

14

dic

2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936: la represión de La Fuente de San Esteban.   Ángel Iglesias Ovejero

La represión sangrienta extrajudicial de La Fuente de San Esteban llegó con cierto retraso con respecto a la de otros pueblos del entorno. Quizá ello se deba, paradójicamente, a que, por ser nudo de comunicaciones ferroviarias y por carretera, esta localidad tenía bastante importancia estratégica, lo cual se tradujo en una presencia considerable de las fuerzas rebeldes, que actuaron desde el principio basándose en la Guardia Civil, que dejaría menos iniciativa a las Milicias Fascistas. Sin embargo, la intimidación había empezado con el paso del Ejército para proclamar el estado de guerra en Ciudad Rodrigo el 19 de julio. Pocos días más tarde desde La Fuente, por orden de la  Comandancia de Salamanca, se organizaron los comandos compuestos por fuerzas de dicho instituto y de milicianos fascistas para efectuar los registros y detenciones de presuntos oponentes en las localidades limítrofes (croniquilla del pasado 25 de julio). Las sacas domiciliarias, llevadas a cabo entre el 14 y el 15 de diciembre, como sucede también en última saca carcelaria de Ciudad Rodrigo (croniquilla del próximo día 16), tiene cierto carácter selectivo: un farmacéutico, un abogado y un ferroviario (Iglesias, Represión franquista: 284-285). Deben de ser los tres “desconocidos” hallados cadáveres en Bocacara, donde los testimonios hablan del “Boticario de Fuente de San Esteban” (B 2012), lo que corroboran las actas tardías sobre Heliodoro Zunzunegui (def. 22/05/40) y Antonio Galán (def. 07/06/40); pero no se tienen más que datos fragmentarios en poder de la ASMJ. Según esta fuente, con anterioridad, había sido sacado de la cárcel de Salamanca Joaquín Ramos, vecino de esta ciudad, y en fecha incierta, posteriormente, Adeodato Colmenero, vecino de Tabera de Abajo.

 

Joaquín Ramos Pérez, de 26 años, vecino de Salamanca, hijo de Manuel y Mestora, electricista, casado, padre de un hijo muy pequeño (FCS). Fue víctima de una saca carcelaria (23/10/36), según la ASMJ.

Amador Cavero García, de 30 años, natural de Sepulcro Hilario, hijo de  Andrés y Lucía, abogado, soltero; falleció el 14 de diciembre de 1936, habiendo sido sacado de su domicilio (act. def. 19/10/38). Lo más probable es que sea uno de los “desconocidos” hallados cadáveres en el término de Bocacara y enterrados en su cementerio. Con anterioridad (14/08/36) había sido multado con 1.000 pesetas (C.2133/37).

Heliodoro Zunzunegui Escribano, de 42 años, natural de Espino de La Orbada, hijo de Francisco y Ramona, farmacéutico, casado con Paula Martín Martín, sin constancia de eventual descendencia (act. def. 22/05/40). Los avatares de su saca domiciliaria, hallazgo de su cadáver y enterramiento en Bocacara son análogos a los de  Amador Cavero. También como éste había sido multado (14/08/36) con 2.000 pesetas (C.2133/37).

Antonio Galán Carrasco, de 35 años, natural de Zamora, hijo de  José y Antonia, ferroviario, casado con Tránsito Fagúndez Barba, sin constancia de eventual descendencia; falleció el 15 de diciembre de 1936, asesinado en el término de Bocacara (act. def. 07/06/40), en cuyo cementerio debe de estar enterrado, como los dos anteriores.

Adeodato Colmenero Barrado, de 29 años, vecino de Tabera de Abajo, hijo de Graciliano y Aureliana, cartero, casado con Raimunda Martín Sánchez, sin constancia de eventual descendencia; víctima de una saca domiciliaria o carcelaria en fecha incierta, 18 de julio de 1937 o 1º de abril de 1939, según las actas de defunción (08/06/42, Tabera; 26/11/2001, La Fuente).

 

El necrologio de La Fuente de San Esteba también incluye una víctima indirecta, por fallecimiento en la cárcel, que figura dos veces en el fichero de la ASMJ (con algunos datos contradictorios aquí subsanados):

 

José Manuel García Sánchez, de 62 años, hijo de Ramón y Josefa, capataz de telégrafo, casado, sin constancia de la identidad de la esposa, padre de ocho hijos; falleció de presunta enfermedad en cárcel de Salamanca (06/04/37), donde había ingresado por orden del Comandante Militar el 1º de agosto de 1936 (FCS)

 

El sustrato de las revueltas ligadas a la Reforma Agraria quizá se dejaría sentir en La Fuente de San Esteban. El enfrentamiento de los vecinos con los grandes propietarios, que a veces no respetaban servidumbres que remontaban a los siglos pasados, era similar al de otros pueblos, debido al desproporcionado reparto de la tierra. El crónico problema del paro se había resuelto antes de la República con el habitual y dramático remedio de la emigración (recuérdese el conocido caso del cercano pueblo de Boada, cuyo vecindario solicitó de las autoridades de Argentina el traslado masivo en 1905), que en los años treinta no sería posible debido a la crisis económica mundial. Por ello en este pueblo existía un considerable arraigo sindicalista, comprobado desde principios del siglo XX en lo que atañe a la sociedad de Socorros Mutuos y más tarde a la Sociedad Obrera ugetista (Iglesias, Represión franquista: 193). El triunfo del Alzamiento suponía la pérdida de las reformas republicanas en las que confiaban los sindicalistas, los cuales se opondrían al mismo por todos los medios a su alcance, pero esta faceta está mal documentada. Por ejemplo, en La Fuente no se tiene constancia del recurso a la huelga en plena siega para oponerse a la sublevación, comprobado en pueblos cercanos (ver croniquillas del 25 de julio y del 23 de octubre). De no haber existido desafección al Movimiento, no se entendería la intensidad de la represión, cuyo alcance todavía estar por fijar en parte.

 

El total provisional de afectados en La Fuente de San Esteban, naturales o forasteros no contabilizados en otra parte, se eleva a 18 personas:

-víctimas mortales: 6 (una indirecta)

-víctimas carcelarias: 3 (una de ellas mortal)

-depurados: 3 (dos víctimas mortales)

-sancionados, embargados: 11 (dos víctimas mortales).

 

 

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vie

09

dic

2016

Croniquillas y necrologios del verano y otoño sangriento de 1936: afectados por las sacas carcelarias de Salamanca en diciembre de 1936 Ángel Iglesias Ovejero

En diciembre de 1936 la eliminación física, organizada o caucionada por la autoridad militar, seguía siendo una realidad en la provincia de Salamanca. En su rincón suroccidental se vieron afectados por la represión sangrienta varios vecinos de Ciudad Rodrigo, el Campo Charro y la Sierra, con víctimas identificadas hasta el 16 de dicho mes. En las sacas carcelarias de Salamanca los días 9 y 12 fueron asesinados dos vecinos de la Ciudad y uno de Saelices el Chico.

 

Eladio Rivera Huertas, de 54 años, natural y vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Leonardo y Amalia, industrial (comerciante), afiliado a Izquierda Republicana, tesorero y secretario de la STT. Estaba casado con María Paz Ullán Bote, de cuyo matrimonio quedaban cuatro hijos, todos menores de edad; falleció “en este término municipal [de Ciudad Rodrigo] el día 9 de diciembre de 1936”, sin indicación de causa ni lugar de sepultura (RCCR, act. def. del 15/12/1938, “a instancia de Dª María Ullán Bote”). Era cuñado de Eloy Ullán Bote, carabinero del puesto de Carpio de Azaba, que, por sus veleidades políticas, fue trasladado a Salamanca, donde fue procesado y condenado a prisión (croniquilla del 24 de octubre, donde erróneamente se afirma que Eladio Rivera fue víctima de la saca carcelaria del 16 de diciembre); y primo de la esposa de  Enrique García Medina, jefe de la Policía urbana de Ciudad Rodrigo, que fue encarcelado varias veces (CR 2009). Se menciona entre los responsables políticos que asistieron a las reuniones del Ayuntamiento los días 18 y 19 de julio de 1936 (Ju.sum.265/36: f. 18).

El lugar de fallecimiento no habría sido Ciudad Rodrigo, como implícitamente se afirma en el acta de defunción de 1938, sino en un lugar indeterminado a consecuencia de una saca carcelaria de Salamanca, según testimonios familiares y principalmente de su hija Adriana (farinatosporlamemoria.jimdo.com). Esta fuente (CR 2015) señala que Eladio estuvo detenido al principio del Alzamiento en la comisaría sita en la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo y al cabo de tres noches fue trasladado a la Prisión Provincial, donde oficialmente ingresó el día 23 de julio y causó baja el 9 de diciembre de 1936 (Fichero de la Cárcel de Salamanca). La familia de Eladio mantuvo contacto con él durante el período carcelario a través de un falangista y por las mujeres que iban a visitar a sus maridos en la prisión. Eladio se encargaba de la biblioteca. Su esposa, Teresa Ullán (María Paz en el acta de defunción de su marido), tuvo ocasión de verlo una última vez cuando fue a Salamanca con los niños pequeños. Eladio fue sacado a las 2h del día 9 de diciembre y, según contaron otras familias, salió gritando su nombre y el de sus cuatro hijos (como hacían otros sacados para que quedara constancia de su destino, sabiendo que había mujeres que se turnaban a la puerta de la cárcel para saber a quiénes llevaban al matadero) hasta que lo callaron a culatazos. Ya lo habrían subido inconsciente para el camión. Entre sus nueve compañeros de saca iba un joven pastor anglicano (Atilano Coco), además de algún cargo público, pero no supieron dónde los habían ejecutado. La familia se enteró del suceso por la carta de una señora de Salamanca y recibió por el coche de línea la ropa de Eladio. Así dedujo que había sabido o adivinado el viaje sin vuelta, pues lo emprendió con babuchas y descubierto, sin zapatos ni bufanda (Iglesias, Represión franquista, VI, 1.3.8: 310, nota 55).

Eladio Rivera Huertas murió conforme al protocolo macabro de las sacas carcelarias. Fue puesto “en libertad” por orden del comandante militar, pero de hecho ejecutado en la clandestinidad. Así sucedió también el día 12 de diciembre con otros dos vecinos de Ciudad Rodrigo, que habían sido condenados a reclusión perpetua en el J.sum.265/36, con el pretexto de su traslado a la prisión de Burgos:

 

Epifanio Cejudo Cejudo, de 35 años de edad, natural de Tordomar (Burgos), vecino de Saelices el Chico, hijo de Restituto y de Santas, peatón de correos, militante “en el [Sindicato de] Trabajadores de la Tierra afecto al Partido Socialista”, casado con Cipriana Huerta Maeso, padre de cuatro hijas (cf. croniquilla y necrologio de Saelices el Chico, pasado 8 de agosto).

 

Emiliano Calvo Vallejo, de 31 años, natural de El Sahugo, vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Liborio y Serafina, alpargatero, “asociado a la Casa del Pueblo”, socialista, soltero (cf. necrologio de ediles, directivos políticos y asociados sindicales de Ciudad Rodrigo, pasado 30 de agosto).

 

En los días 14, 15 y 16 de diciembre hubo sacas domiciliarias o carcelarias en La Fuente de San Esteban, de nuevo en Salamanca y Ciudad Rodrigo, a cuyas croniquillas se remite para la identificación de las víctimas y otros detalles de la represión.

 

 

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27

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2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936. Represión y necrologio en Navasfrías.  Ángel Iglesias Ovejero

La represión programada en Navasfrías era sin duda mucho más severa de lo que fue a primera vista, aunque si se añade la persecución del comercio ilegal, vinculada con ella, resulta terrible. En los testimonios orales, además de las circunstancias favorables para la huida a Portugal, la moderación relativa en lo que atañe a las víctimas directas se atribuye a Braulio Manzano Aguilar, brigada de Carabineros. Éste, con su parsimonia en la declaración del estado de guerra, un calculado doble juego e incluso un solapado aviso al alcalde republicano León Almaraz, cuando le fue a entregar el bastón de mando, y  al concejal Ángel Ramos, cuando estaba guadañando, para que huyeran. Después descargaría sobre ellos las presuntas responsabilidades de otros, sin riesgo para los fugitivos ya al abrigo en el país vecino. Eran suegro y yerno, que fueron buscados el 6 de agosto, según el maquis Gerardo Antón (J. Chaves, “Represión en la guerra civil”, PROHEMIO, 9: 79), por falangistas de Casillas de Flores, entre ellos “el Gallito”, que al parecer también buscaban a un albañil que trabajaba en Navasfrías, pero no se lo dejaron llevar entonces para que lo mataran (N 2007a), aunque es posible que se tratara de Ignacio Sierra Borrego, cuyo cadáver al parecer se halló en Robleda (croniquilla del 6 de agosto).

Posteriormente, al quedar viudo, Ángel Ramos se casó en segundas nupcias en Portugal, en las que tendría otro hijo, emigró a Francia y después a Brasil. León  no pudo seguir a su yerno en el exilio, porque no le facilitaron el pasaje, debido a la edad. Estuvo veinte años viviendo en la clandestinidad, medio escondido en El Cuisal, casi a caballo en la raya de Portugal, adonde pasaría cuando se sintiera inseguro. De esta situación salió en 1956. Yerno y suegro habían sido procesados en rebeldía en 1937 (C.1886/37), siendo condenados oficialmente a un destierro al que ya se habían visto obligados desde el principio de la represión y, además, a una pesada multa y embargo de bienes, que obviamente recaerían sobre sus familias. En dicho proceso el brigada Manzano dio informes malos sobre los procesados, quizá para ponerse al abrigo de sospechas, y el párroco Matías García Miguel, poeta reconocido en Navasfrías y otros pueblos rayanos, se cobró presuntos agravios o desplantes, tachando de cobardes u oportunistas a los vecinos y autoridades militaristas por no haberlos apresado, pero sobre todo señalando a Petra Almaraz como la peor de la familia. No lo sería por mucho tiempo, pues el mismo año moriría a consecuencia de malos tratos, entre otras víctimas indirectas, la mayoría forasteras. Entre estas últimas se cuentan varios contrabandistas portugueses, que en el contexto de la guerra o la postguerra, fueron abatidos por los Carabineros o la Guardia Civil, que tal vez los tomaran en algún caso por maquis.

En consecuencia, el necrologio de Navasfrías, en cuyo registro civil no figuran muertos “por herida de arma de fuego” en las actas de defunción de 1936 y años siguientes, es más copioso de lo que señala la memoria colectiva, que hasta hace poco solo mencionaba una o dos víctimas.

 

Valentín Caballero Devesa, de 40 años, natural de Navasfrías, vecino de Moraleja (Cáceres), labrador, casado con Primitiva Bodón Miguel, con quien tenía cuatro hijos. Hacía trabajos de carpintería y tenía una taberna donde se reunían gentes de izquierdas. Los falangistas lo detuvieron con un albañil llamado Francisco con el que reparaba una tapia en la que apareció una pintada: “muerte al fascio criminal”. Pasó una semana de malos tratos en los calabozos del ayuntamiento, hasta que unos falangistas, al parecer de Valverde del Fresno, lo llevaron en dirección a Coria en una camioneta, en la que también se llevaron a Francisco y a otros tres detenidos: Vicente Carrero García (secretario del Partido Socialista), Benigno Viera Rego (dueño de la sede de reuniones del Frente Popular) y Baldomero Campos Durán (policía local). En el trayecto Julián “el Carrasco” y otros falangistas le impidieron a Eloísa Caballero, hija de Valentín, y a otros familiares acercarse a la camioneta. El 26 de agosto los detenidos fueron sacados en dirección a Torrejoncillo y bajados de la camioneta en el sitio denominado “Cuestas de Mínguez”, donde fueron fusilados y arrojados por un barranco, siendo los cadáveres abandonados. Un pastor, Aurelio Leno Clemente, avisó a las autoridades de Coria de que sus perros habían descubierto y encetado los cadáveres, pero las autoridades impidieron a Primitiva, viuda de Valentín, y a su familia ver y retirar los restos mortales, que, según testimonios de la Guardia Civil y de otras personas, quedaron enterrados en una zanja propia del terreno. Después las represalias contra la viuda y los hijos de Valentín fueron constantes por parte del citado Julián “el Carrasco”, entonces policía local, impidiendo con amenazas el llanto, mientras que el jefe de Falange en funciones, también con amenazas de muerte para ella y sus hijos, presionaba a Primitiva para que firmara un documento reconociendo la desaparición voluntaria de su marido. De su hijo Cipriano las autoridades locales dieron informes desfavorables cuando cumplía el servicio militar en Getafe, diciendo que era comunista. Los familiares de Valentín creen que en su denuncia pudo influir un incidente con un vecino que era lindero y labrador rico, Celso Alemán Ladero (Mor 2008).

Félix González Alfonso (a) “Mosquita”, de unos 50 años, jornalero, STT, casado, padre de tres hijas al menos. Se menciona en el expediente personal de Demetrio Gutiérrez (1979) como víctima eliminada en la misma saca y enterrado en el mismo lugar que éste, la finca de Campanilla, término de Ciudad Rodrigo  (croniquilla del pasado día 25). Su identificación constituye un caso ejemplar de lo laboriosa que resulta la recuperación de la memoria histórica, pues ha llevado casi cuarenta años, desde la primera pista ofrecida por un falangista en 1973, quien recordaba la detención y eliminación de un vecino “por no entregar una pistola, hasta que se pudo consultar la relación de entradas y salidas en la cárcel de Ciudad Rodrigo y los informes policiales de este municipio en 1979 (Desaparecidos 1936; Iglesias, Represión franquista: 40). Informes orales todavía recientes recogidos por una nieta de Félix, Liliane (residente en Francia), completan su perfil. Antes de la guerra civil, se había ido a Francia en bicicleta, de donde volvió con su familia por causa de una herencia, pero, pero al producirse la sublevación militar, él se quedó después de acompañar a su mujer hasta Fuentes de Oñoro para que tomara el tren de regreso a Francia. La esposa se sintió abandonada, quizá ignorando el destino fatal de Félix. Dos niñas de la pareja morirían de meningitis (N 2009).

Desconocido. Según testimonios, en el monte donde confluyen los límites de Portugal, Extremadura y Salamanca, llamado el Picotu, fue enterrado un forastero, probablemente asesinado (N 2007, 2008).

 

Entre las víctimas mortales indirectas se cuentan:

Un contrabandista portugués, de unos 25 años, quizá natural o vecino de Quadrazais (Portugal), falleció junto al molino de José Seijo, el día 18 de julio de 1937, a consecuencia de herida de arma de fuego, y fue enterrado en el cementerio de Navasfrías (Dil.N/37). Las circunstancias del hecho se describen en el parte enviado por el brigada Braulio Manzano al teniente de Carabineros de Casillas de Flores, Manuel Prieto Vasallo, instructor de las diligencias. Dicho súbdito portugués practicaba el contrabando habitual antaño de paquetes de café y carretes de hilo, en macutos cargados a la espalda, que luego había que vender casa por casa, lo que a veces era como meterse en la boca del lobo (en la C. 2133/1937: f. 408, Godofredo Checa Luna, capitán del Regimiento La Victoria, cuenta que, estando enfermo en cama en su domicilio de Ciudad Rodrigo, entraron dos portugueses que ofrecieron café a su esposa a 10 pesetas o a 8 pesetas si eran en plata. Saltó del lecho y consiguió detener a uno en casa de una vecina). En este caso eran un total de 9 o 10 macuteros, que en fila india trataban de franquear la raya por “el paso de la Chaparra”. Cerca de “la casa de Modesto” les esperaban, escondidos, el carabinero Cancio López Calvo y el soldado Esteban Miguel Mangas, este último del destacamento del Regimiento de la Victoria, de cuya presencia en Navasfrías no se tenían otras noticias. Los vigilantes estaban alertados por disparos que provenían del lado por donde se manifestaron dichos contrabandistas, hacia las 22 horas, y el que iba a la cabeza en seguida avisó a los demás. Los contrabandistas no obedecieron al alto “a los Carabineros”, sino que huyeron, dispersándose. En la persecución y tras cuatro disparos al aire, el Carabinero efectuó un disparo en dirección del grupo, haciendo blanco en uno de los que huían, a juzgar por sus lamentos. Los demás se internaron en el monte, sin que el Soldado consiguiera detener al guía, que se desprendió de la carga. Por todo botín, 3 bultos, con 52 kilos de café en grano tostado y 50 carretes de hilo blanco, que recogieron los vigilantes, mientras el herido se lamentaba con razón. Trataron de socorrerle en el caserío más cercano, el de “los Huérfanos”. Allí les prestaron dos caballerías, para el transporte del herido y de los bultos. Antes de llegar a Navasfrías, a la altura de la fábrica de José Seijo Lozano,  el herido solicitó en portugués que lo bajaran de la caballería, pues estaba realmente mal, sin poder seguir adelante. Quedó a su cuidado el Soldado, mientras el Carabinero fue a dejar la mercancía incautada en la residencia de los Carabineros. El Brigada con el mencionado Cancio López y otro carabinero volvieron donde estaba la persona herida, de hecho ya cadáver. En su agonía, sólo podría decir que era o vivía en Quadrazais (f. 1-2). Antes de darle sepultura, los médicos de Navasfrías y de El Payo le practicaron la autopsia:

[Era] un hombre como de alrededor de 25 años que vestía sombrero fino en mal uso, chaqueta y chaleco de dril, color gris a rayas, pantalón de pana color verde rayada en mal uso, camisa y calzoncillos de tela de algodón blanco también en mal uso, calcetines negros de algodón y alpargatas color marrón. La pierna del pantalón y calzoncillo del lado derecho y calcetín correspondiente se hallaban completamente empapados de sangre.

La herida de bala en la parte superior e interna de la pierna derecha en la región poplítea le había producido “la explosión casi completa del sistema vascular” (f. 7vº). En palabras llanas, este hombre murió desangrado, falto de cuidados. Los médicos concluyeron que la herida era mortal de necesidad y  que “la muerte se produjo a consecuencia de edema agudo post-hemorrágico”. Al carabinero Cancio López no se le seguiría responsabilidad alguna, según el dictamen del Auditor de Guerra, por haber obrado en actos de servicio (f. 12). De esto se deduce que, entre los servicios de los Carabineros, se incluía disparar contra los míseros contrabandistas. No consta si se practicó alguna diligencia para avisar a la familia de este joven portugués.

Petra Almaraz Marcelino, de 26 años, hija de León y de Fausta, de profesión “sus labores”, casada con Ángel Ramos Navais, de cuyo matrimonio dejaba dos hijos; falleció el día 4 de septiembre de 1937, a consecuencia de “miocarditis escarlatinosa” (RCN, act. def. 05/09/1937). Como se indicó más arriba, su padre (“ti León”) había sido alcalde de Navasfrías  y su marido concejal, ambos fugados a Portugal en la primera quincena de agosto de 1936. De hecho, según los testimonios, la causa inicial fueron los malos tratos de que fue objeto, por lo cual “se le envenenó la sangre” (N 2005a); y si no fue atropellada con caballos por los falangistas en 1936, como asegura el maquis Gerardo Antón (supra), sí habría sufrido patadas propinadas por sus verdugos, cuando al parecer estaba embarazada (N 2007), circunstancia que delataba la presencia de su marido a uno u otro lado de la frontera de Portugal, donde sus enemigos sospechaban que se escondía. El párroco daba malos informes sobre ella, porque no quiso bautizar a los hijos (N 2009), tanto que, efectivamente, en el expediente contra su padre el ínclito “don Matías”  (supra) se desahogaba contra Petra: (...) la mujer del segundo [Ángel Ramos] e hija del primero [León Almaraz] es más agresiva y violenta que ellos (C.1886/37: f. 3).

Agustín Cuevas, que vivía en el paraje de Los Llanos, fue uno de los que protegieron y escondieron en su huida a León Almaraz y Ángel Ramos, por lo cual sería víctima de malos tratos de los que habría muerto en fecha incierta (N 2009).

Dos hijas de Félix González murieron de meningitis (cf. supra), en fecha incierta.

Un contrabandista portugués fue abatido en El Cuisal por los Carabineros o la Guardia Civil, así como otros dos o tres portugueses a la entrada de las minas, cuando introducían ilegalmente “mineral”, por el mismo tipo de agentes. Todos ellos en fecha incierta.

El número de víctimas mortales indirectamente relacionado con la represión franquista refleja bien el ambiente que se respiraba en este pueblo fronterizo, que tiene más cerca los pueblos de Portugal que los de España, con los que además ha estado mal comunicado, por lo que, en cierto modo, casi ha tenido que vivir en régimen de autarquía (“una especie de Principado de Andorra”, resumía D. Julián Mateos Plaza, joven párroco de Navasfrías al filo de 1950). Con el tiempo la guerra y la postguerra aportaron una prosperidad inesperada en Navasfrías y El Payo, con el contrabando de estaño y de wolframio que, de acuerdo con las circunstancias, se practicaba en uno u otro sentido en la frontera. Además, los mineros cobraban sueldos que casi doblaban el de los jornaleros. Ahora bien, los contrastes sociales también habían marcado la vida local y, en el contexto bélico, a ellos se añadieron otros, como la rivalidad de los Carabineros y el destacamento de la Guardia Civil. Los agentes de este instituto consideraban sospechosos de republicanismo a los del primero. El mismo brigada Manzano se vería envuelto en una información, diligenciada por Antonio Cejudo, capitán de la Guardia Civil, debido a los trapicheos comerciales con patatas por parte de Agustín Calzada, jefe falangista de Ciudad Rodrigo. Pero el Brigada se resarció con la denuncia de un guardia civil, Bernardo Nieto Santa Olalla, que, sin reparo alguno, acosaba a una vecina casada, cuyo marido tendría antecedentes izquierdistas, prometiéndole protección (Iglesias, Represión franquista: 531).

Los republicanos políticamente marcados fueron represaliados, como los afiliados a la Sociedad Obrera, de la cual había sido presidente Román Martín (“ti Román”) y secretario el mencionado Ángel Ramos. Al producirse el Alzamiento fueron detenidos el citado Román Martín, así como Juan Caballero (“ti Manillas”) y “ti Delfín”. También fue perseguido Plácido Ramos, que era el “rojo oficial del pueblo”. A otros miembros de la Casa del Pueblo les retiraron los empleos municipales (N 2007a). Entre los represaliados hay otro miembro de la familia Ramos: Domingo Ramos Navais. Tuvo que incorporarse a las filas del ejército franquista en los últimos reemplazos, pero se pasó con otros soldados a la zona republicana. Por ello sería juzgado después en consejo de guerra y condenado a una pesada pena, aunque sólo estaría en la cárcel año y medio, obligado “a revisión” una decena de años (N 2005). Su detención se produjo, al parecer, cuando volvió al pueblo por las fiestas de San Juan y los guardias civiles de Peñaparda le echaron mano y fue a parar a un campo de concentración (N 2007a). Algunos de estos republicanos navasfrieños, como el mismo Ángel Ramos mientras estuvo en Portugal, mantuvieron contactos con los maquis que merodeaban por El Jaque (Villasrubias) y Jálama. Gracias a su ayuda consiguieron salir de España los últimos guerrilleros de Extremadura e 1948 (Iglesias 2016b: 333-337).

Así pues, descontados los naturales contabilizados con los vecinos de otras localidades, como Emilio Hernández Hernández (vecino de Carpio de Azaba), el total de afectados por la represión en Navasfrías ronda la veintena:

-víctimas mortales: 10 u 11 (7 u 8 indirectas)

-víctimas carcelarias: 7

-depurados, exiliados: 4 (uno de ellos también preso)

-sancionados, embargados: 2 (también e

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vie

25

nov

2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936. Saca del 25 de noviembre: la fosa de Campanilla. Represaliados de  Castillejo de Dos Casas.   Ángel Iglesi

Desde el mes de octubre amainaron las sacas colectivas de la cárcel del partido de Ciudad Rodrigo, fuera o no debido a la publicación del Decreto 55 (croniquilla del pasado día 1º de noviembre). También cabe suponer que cada vez quedarían menos republicanos “peligrosos” en dicha cárcel, estuvieran detenidos desde el principio o ingresados a lo largo de los meses de octubre y noviembre. Siete de ellos fueron excarcelados y ejecutados extrajudicialmente el día 25, conforme al protocolo oficioso habitual (falsa “puesta en libertad” y eliminación clandestina). Según los informes policiales de 1979, los cadáveres de estas víctimas fueron enterrados en una fosa de Campanilla (finca en el término de Ciudad Rodrigo, entre las carreteras a Cáceres y a Martiago), pero quizá no sería el caso de todas ellas (Iglesias 2016b: 307). Manuel Delgado Sánchez-Arjona, alcalde mirobrigense (1979), afirmaba lo siguiente:

 

“(…) todos ellos, al ser puestos en libertad eran esperados a la puerta de la Prisión con una camioneta, trasladados al extrarradio y ejecutados con mano airada, siendo este grupo yacente en uno de los prados de la finca de Campanilla de este término municipal y conforme se informó también en el expediente promovido por Benedicta Moreno Pacheco, viuda de Lisardo de la Nava” (AMCR, Desaparecidos 1936).

 

Matías Andrés Ballesteros Lorenzo (a) Trincalo”, de 68 años, albañil, consejero y depositario de la STT, casado con Tomasa Ferreira Montero, sin hijos. Había sido detenido el 29 de julio (ver necrologio de Villar de Ciervo, día 16 de septiembre)

Félix González Alfonso (a) “Mosquita”, de unos 50 años, jornalero, STT, casado, padre de tres hijas al menos (ver croniquilla del  próximo día 27, con la represión en Navasfrías, para no acumular datos aquí).

Demetrio Gutiérrez Roncero, de 45 años, natural de Montehermoso (Cáceres), hijo de Antonio y María, jornalero, casado, sin indicación del nombre de la esposa y el número de hijos. “Ingresó en prisión a las 13 horas del día 8 de octubre de 1936 entregado por Guardias de Seguridad” (Exp. Viudas / Desaparecidos 1936).

 Gabriel Cruz Hernández, de 45 años, natural de Aldehuela de la Bóveda, vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Alberto y Maximina, jornalero, STT, casado con Trinidad Ortega Repila, padre de tres hijos menores; “detenido [del] Juzg[ado] militar” en la cárcel de Ciudad Rodrigo (25/10/36), falleció “en este término municipal el día 25 de noviembre de 1936 (…) a consecuencia de heridas producidas por arma de fuego”, sin indicación del lugar de sepultura (RCCR, act. def. 13/06/1945, “a instancia de Trinidad Ortega Repila”).

Julián Vicente Sánchez Santiago, natural y vecino de Ciudad Rodrigo, casado, sin otros datos (ASMJ); ingresó el día 30 de octubre de 1936 en la prisión del partido judicial, como “detenido del Juzgado militar”, y salió el día 25 del mes siguiente, según la relación de entradas y salidas de dicha prisión. Se menciona en el expediente personal de Demetrio Gutiérrez (1979) como víctima eliminada en la misma saca y enterrado en el mismo lugar que éste  (Desaparecidos 1936).

Elisardo o Lisardo de la Nava González, de 37 años, natural y vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Agapito y María, camarero, casado con Benedicta Moreno Pacheco, padre de cuatro hijos menores; “detenido del Juzgado militar, entregado a las 13 h 30 por fuerzas de la Guardia Civil” en la cárcel de Ciudad Rodrigo (06/11/36),  de donde fue sacado (25/11/36, AMCR, Exp. Viudas/ Desaparecidos 1936); falleció “en la dehesa de Campanilla de este término el día 25 de octubre de 36”, sin indicación de la causa ni lugar de sepultura (RCCR, act. def. 25/11/1939, “a instancia de Benedicta Moreno Pacheco”). La fecha de fallecimiento según el acta de defunción es errónea, con el mes equivocado. Lisardo había sido herido por bala en un pie en los sucesos del día 12 de mayo de 1936 en Ciudad Rodrigo, en los que resultó muerto el empleado municipal Celedonio López Moreno “el Barrendero” (Iglesias, en Carnaval 2016: 385, y Represión franquista: 233).

Bruno Fernández Hernández, de 34 años, natural y vecino de Castillejo de Dos Casas (anejo del ayuntamiento de Aldea del Obispo), hijo de Juan y Eugenia, jornalero, casado con Lucila Jorge Pereira (o ¿Ferreira?), padre un hijo menor (act. def. 28/09/1940, ASMJ). Ingresó en la cárcel de Ciudad Rodrigo el día 20 de noviembre de 1936, de donde salió el día 25 del mismo mes, según la relación de entradas y salidas de dicha prisión. Se menciona en el expediente personal (1979) de Demetrio Gutiérrez como víctima eliminada en la misma saca y enterrado en el mismo lugar que éste (Desaparecidos 1936). Según el acta de defunción fuera de fecha (28/09/1940) habría fallecido el día 24 de agosto de 1936, que podría ser la de algún de intento de detención, de fuga a Portugal o algún episodio análogo.

En la relación de entradas y salidas de la cárcel de Ciudad Rodrigo en 1936 se mencionan otras tres personas que, a juzgar por los apellidos, podrían ser hermanos de Bruno Fernández. José y Tomás Fernández Hernández, naturales de Castillejo de Dos Casas, y Julián Fernández Hernández, natural de Carpio de Azaba, ingresaron en la cárcel del Partido, por “lesiones”, el 10 de enero de 1936. José salió el 23, Tomás y Julián el 21 de dicho mes (Sumario 244/1936, AMCR, Desaparecidos 1936).

Además de Bruno Fernández, la represión posterior al Alzamiento afectó a dos personas de Castillejo de Dos Casas, que estuvieron presas, una de las cuales también fue objeto de sanción económica.

Total provisional de víctimas identificadas de este pueblo: tres.

 

 

 

 

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mié

23

nov

2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936. Represión en Campillo de Azaba: la guerra incruenta del maestro Antolín Santos contra el secretario Patrocin

La represión en Campillo de Azaba fue muy similar a la del pueblo comarcano de Ituero (croniquilla del pasado día 19) o, entre otros lugares, la de Alameda de Gardón (que tal vez se describa otro día). En dicho pueblo no hubo víctimas mortales, aunque sí una saca fallida de la que, según testimonios, se libró Joaquín Félix Gómez.  Quizá en esta moderación tuvieran un papel benéfico el párroco Wenceslao Casanueva y los mismos terratenientes, que no parecen haberse ensañado contra los ocupantes y colonos asentados en Martihernando, finca de la que eran dueños proindiviso Isabel Angulo Rodríguez del Toro (marquesa viuda de Peñaflor) y Álvaro Pérez de Barradas Fernández de Córdoba (marqués de Bay) y arrendatarios Juan Cobaleda y su cuñado Atanasio Fernández, a pesar de la dura batalla legal que habían mantenido unos y otros (Iglesias, Represión franquista: 216). Como había explicado el secretario del ayuntamiento, Patrocinio Calvo, en un artículo de El Adelanto en 1933, esta finca de 2.077 ha ocupaba la mayor parte de la superficie cultivable del pueblo. Así que casi todos los vecinos eran aspirantes a los asentamientos previstos en ella según los planes del Instituto de Reforma Agraria. Patrocinio luchaba por la aplicación de esa reforma, aunque no era ningún ácrata revolucionario, pues presidía el Sindicato Agrícola Católico local. Pero se vio envuelto después del Movimiento en las denuncias contra él mismo y sus adeptos, antiguas autoridades republicanas y socios obreristas, por parte del maestro Antolín Santos y sus partidarios. No obstante, probablemente la beligerancia entre estos dos funcionarios no tenía como objetivo la eliminación física de adversarios, sino que se debía a las veleidades de poder del Maestro que le disputó al Secretario la jefatura de la Guardia Cívica, sin conseguirlo, y se resarció con la de la Falange local. Es un ejemplo interesante de la lucha de clanes en los pueblos de este territorio de la retaguardia franquista, en la que perduraba el caciquismo endémico. La literatura procesal de 1937 y 1938, de paso, revela el intenso rastreo del obrerismo campillejo, dentro del objetivo general del sometimiento de los jornaleros al poder del Nuevo Estado.

Por su abuso de poder y sulfurosa fama, Antolín Santos Alfonso, maestro y jefe de Falange de Campillo de Azaba, fue procesado en 1937 (P.sum.1876/37), pero también estuvo enredado en las informaciones que afectaban a los funcionarios e incluso a personas con cargos en la Falange y a oficiales de los Institutos armados, contra los cuales se instruyó un voluminoso procedimiento sumarísimo (C.2133/37). En 1938 Antolín residía en Terradillos (partido de Alba de Tormes) y se menciona con otros maestros depurados en la zona de Ciudad Rodrigo. La represión de que fue objeto se ha mantenido en la memoria colectiva lugareña, según la cual, “don Antolín era de izquierdas”, después trató de chaquetear, haciéndose pasar por falangista, pero no consiguió librarse de la cárcel, debido a sus antecedentes, ni siquiera con la ayuda que presuntamente le prestara un hermano comisario de Policía Secreta (CadA 2009). Tras la consulta del procedimiento a que fue sometido, se puede describir con más matices el complejo mecanismo en que estuvo envuelta su vida por aquellos años, en la que manifestó un  verdadero afán inquisidor en Campillo, que también se refleja en el procedimiento instruido contra Lorenzo Martín (P.prev.CadA/ma.38).

A primera vista la imagen del maestro de ideas avanzadas, transmitida en la memoria local, parece corresponderse con la que explícitamente se manifiesta en una denuncia del día 21 de septiembre de 1937 que, por conducto de Antonio Cejudo Belmonte, capitán de la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo, se recibió en el Gobierno Civil de Salamanca (P.sum.1876/37: f. 1). En ella se describía al detalle a Antolín Santos, más que como alguien peligroso por su mala conducta e ideas comunistas, como un hombre peligrosísimo, por ser hombre de cultura y ejercer una enseñanza corrosiva, tan antirreligiosa, que en la escuela había llegado a decir e ilustrar gráficamente el concepto de que “es preferible adorar a una encina, que al propio Dios”. Por si esto fuera poco, se había hecho con la jefatura local de Falange, posición desde la cual se permitía amenazar a los miembros de la Guardia Cívica por embarazosos, al alcalde y al Ayuntamiento por no celebrar debidamente los funerales del general Mola, al teniente de alcalde, apuntándole con un revólver, porque no le entregaba tres pistolas con que incrementar el armamento de que ya disponía, 16 escopetas, con las que pensaba equipar a los falangistas y con ellos ser capaz de oponerse a las mismas fuerzas del Ejército. Por añadidura, según la denuncia, había llegado a atracar en su domicilio a una pobre mujer portuguesa, exigiéndole, pistola en mano, que le entregase el dinero en plata que tuviera. En suma, para el vecindario Antolín era un perfecto cacique, un señor de horca y cuchillo, contra el que lógicamente, como antaño los vecinos de Fuenteovejuna, se habían alzado los padres de niños en edad escolar.

De los hechos denunciados por estos vecinos ya había tenido constancia en el mismo pueblo un sargento de la Guardia Civil, Florencio García Corral, comandante accidental del puesto de Campillo, quien el 21 de septiembre había elevado el parte correspondiente a su superior, el mencionado capitán Antonio Cejudo. La presencia accidental en Campillo de este sargento de la Guardia Civil respondía a lo que pasaba en los pueblos sin cuartel de ese Instituto o del cuerpo de Carabineros, donde las fuerzas paramilitares se hacían con el poder absoluto, o se lo disputaban cuando había más de una tendencia entre ellas, como en este caso la Guardia Cívica y la Falange. Antolín había formado parte de la primera, y se había dado de baja para ser investido de la jefatura local falangista, por el jefe provincial de Falange y no sin sorpresa por parte del mismo, en vista de que al comienzo del Alzamiento, Antolín se oponía a la presencia de dicha Milicia por considerarla innecesaria. Este mismo responsable informaba de la posibilidad de que Antolín hubiera votado al Partido Comunista, pero más por fidelidad corporativista que por convicción ideológica, pues el candidato de dicho partido era “un tal Campo Redondo”, inspector de 1ª Enseñanza. El comportamiento imprevisible del maestro lo hacía más peligroso todavía, pues para los militares Antolín sería un verdadero rebelde y, lo que era peor, un rebelde armado y dispuesto a utilizar las armas en contra del Ejército y contra las personas, en beneficio propio, opinión que venían a corroborar varios declarantes.

Todo esto, claro está, era resultado más o menos directo de las denuncias de los enemigos de Antolín, como éste trataría de demostrar, pero de momento su presunto ideario marxista y sus alardes verbales, unidos a la posesión de escopetas y otras armas de fuego, tuvieron consecuencias inmediatas. Dichas armas serían confiscadas en la primera quincena de agosto de 1937, en que Antolín fue destituido como jefe local de Falange, y esta denuncia a fines de septiembre determinaría su arresto y traslado a la cárcel provincial de Salamanca, donde ingresó el 3 de octubre de 1937. Lejos de amilanarse en prisión, Antolín se mostró muy emprendedor en sus declaraciones y empezó a enviar escritos al juez militar en noviembre y diciembre. En sus primeras declaraciones (11/11/37), después de recordar que era maestro de Campillo desde 1931, insistía en que el contenido de sus clases se ajustaba al credo de la Iglesia y a las ideas de orden, de tal modo que, a pesar de las leyes laicas del Gobierno republicano, no había retirado el crucifijo de la escuela, aunque había tenido que entregar al párroco las láminas ilustrativas de la Historia Sagrada. Después del Movimiento los niños de la escuela asistían a las manifestaciones patrióticas. El nombramiento de jefe local de Falange se lo había conferido el jefe provincial de esta agrupación, quien le había entregado las mencionadas escopetas, una vez se produjo su propia baja en la Guardia Cívica. Negaba el incidente con la mujer portuguesa y la denuncia de las autoridades por no haber asistido a los funerales del general Mola, todo ello motivado por su rigor en mantener el nuevo orden y debido a la ojeriza del secretario Patrocinio Calvo y los antiguos ugetistas.

Por entonces envió un escrito al juez, solicitando la presencia de un notario para legalizar documentos, así como el testimonio de varias personas. De tal modo que en su segunda declaración, que es de hecho una reanudación de la primera, diez días después (23/11/37), Antolín ya en estaba en condiciones de presentar documentos que, según él, probaban que las denuncias de que era objeto obedecían a enemistad personal y política de la mayoría del vecindario y particularmente del secretario del Ayuntamiento, relacionados con la antigua Casa del Pueblo. Una rivalidad ideológica y personal que también se daba por parte del alcalde, Vicente Francisco Báez, que a su vez acusaría a Antolín de “asaltar el coche de línea para ocuparle las cantidades que llevaba en plata, si bien luego las entregó en la Alcaldía”  (C.2133/37: f. 199vº). Según el Maestro, además de asuntillos particulares, todo se debía a que él era “entusiasta defensor del Movimiento”, un entusiasmo que tampoco compartía el Alcalde, porque tenía en su propia familia marxistas declarados, sus hermanos Anacleto y Juan Antonio, así como un yerno, Alfredo Martín. Ya en esta dinámica de defenderse con ataques, denunciaba a su vez una serie de actos en que había tenido que dar pruebas de su adhesión al Movimiento, frente a la pasividad de las nuevas autoridades locales: retirada de una bandera tricolor de la tablilla del estanco, disolución de una reunión de marxistas, retirada de letreros y papeles portadores de conceptos contrarios al Movimiento, detención de varios vecinos poco adictos al mismo, entre ello Felipe Fandiño y Saturnino Martín, en vista de la actitud irrespetuosa que manifestaban en las celebraciones patrióticas.

En esta tesitura de querer hacer valer su adhesión al Movimiento y la pasividad de las autoridades municipales, con el Alcalde al frente, señalaba una serie de servicios, como la presión ejercida sobre tres antiguos miembros de la U.G.T, uno apellidado Santiago, Isaac Calzada y Melchor González, para el pago de la cuota a la Comisión Recaudadora, la denuncia de los aludidos comportamientos irrespetuosos en las celebraciones patrióticas y el proyecto de fundar un hospital de sangre, que no se pudo llevar a cabo por falta de médico permanente en la localidad. Al secretario del Ayuntamiento, Patrocinio Calvo, lo acusaba explícitamente de haber ocultado datos sobre los antiguos socios de la Casa del Pueblo. Reconocía que tenía enemistad con el juez municipal, con el teniente de alcalde y con el juez suplente, Lorenzo Fandiño, el primero y el último antiguos afiliados a la U.G.T., así como un yerno del segundo. Todo ello prueba claramente que la adhesión de Antolín al Movimiento no había sido sólo verbal, sino que hizo lo que pudo como represor. Y por si hubiera dudas sobre su ideología y pedagogía sugería al juez que llamara a declarar a una larga serie de testigos. Mientras llegaban los informes que el detenido presumía favorables para su causa, Antolín Santos se defendía por su cuenta desde la cárcel, con el envío de otro escrito al juzgado militar (26/11/1937), en el cual acababa de pintar el paisaje con figuras de la política local. Revelaba quiénes fueron los fundadores y socios principales de la Casa del Pueblo, que no eran otros que sus propios enemigos, sin olvidar de retrotraer también la imagen del antiguo alcalde republicano, Alfonso Casado, que además de prestar su casa para las reuniones de los jornaleros sindicalistas, era cabezalero de la Comunidad de Campesinos y anfitrión de los socialistas notables de Ciudad Rodrigo:

La Sociedad Obrera [fue] fundada por el Ayuntamiento y Secretario, y en la que estuvieron afiliados todos los vecinos del pueblo (...), el concejal Francisco Pérez, tesorero de aquél, el concejal Juan Antonio Francisco, segundo presidente, (...) el  más significado Enrique Félix, todos los demás concejales fueron afiliados, así como el alcalde Alfonso Casado.  El domicilio de éste fue el de la Sociedad y de la Comunidad de Campesinos asentados de que él era el cabezalero; dándole con él banquetes al secretario de Manso, Aristóteles y Gaite, sus amigos (P.sum1876/37: f. 120).

En contraste con sus denunciantes, el encartado exponía al juez que él siempre había estado al lado del alcalde colaboracionista, ahora firmante de la denuncia, con el que había colaborado en las actuaciones derechistas durante las elecciones del año anterior, comportamiento que le había acarreado persecuciones y agresiones de los izquierdistas, Mateo Hernández y Nicolás Méndez, entre otros. Tampoco había lugar a dudas sobre su pronta adhesión al Movimiento, pues enseguida fue nombrado jefe de la Guardia Cívica, vocal de la Comisión Recaudadora de la suscripción nacional para el Ejército y jefe local de Falange, y accesoriamente el vecindario había sido testigo de sus vivas a España, la reposición de la bandera bicolor en la escuela y otras manifestaciones análogas. Todo esto sin olvidar de negar una vez más las acusaciones de la denuncia y de reclamar documentos del archivo municipal y declaraciones de testigos, que se añadirían a otras que, en sentido favorable, le llegarían por aquellos días al juez instructor militar. Precisamente uno de los documentos que reclamaba, “para la garantía de la justicia”, era un justificante o copia de la Comisión Depuradora del Magisterio sobre su conducta como maestro de Campillo de Azaba, lo que accesoriamente prueba que pos estos pagos ya funcionaba tal instancia represora (f. 121).

Todavía a finales de noviembre y principios de diciembre de 1937 seguían llegando al juzgado militar de Salamanca informes desfavorables que, en sustancia, lo calificaban de cacique y manipulador, irrespetuoso y caprichoso, y sus acusaciones contra vecinos eran de  motivación pasional. Pero estas informaciones ya no cambiarían el curso del proceso que empezaba a derivar en el buen sentido para los intereses del maestro encartado. Las declaraciones de los párrocos de Alberguería, Fuenteguinaldo y Espeja, respectivamente Lorenzo Martín Lagar, Florencio Carreño Merchán y  Julián Fernández Ramajo, si no todas era abiertamente favorables, estaban  lejos de avalar la imagen de un ateo convencido, concepto corroborado por otro testigo, un propietario de Espeja, quien manifestaba que “es excelente persona” (f. 139). En el mismo sentido se expresaba también un maestro de Ciudad Rodrigo, Martín Romo Sesnilo, quien insistía en los contenidos y puesta al día de la docencia de Antolín Santos, que había sido presidente del Centro de Colaboración Pedagógica de los Maestros del Partido (f. 136).

Sin duda Antolín Santos, si es que no lo conocía de antes, aprendió a manejarse en seguida por el laberinto de las actuaciones judiciales, aun en el contexto nada favorable de la cárcel, desde la cual (04/12/37) solicitó del juez militar otras diligencias para que declarasen testigos de pueblos colindantes o vecinos de Campillo residentes en otra parte, pues en el pueblo no contaba con muchos amigos. Lógicamente, si en las primeras declaraciones había solicitado a las personas menos sospechosas de laicismo e ideas corrosivas, los párrocos, ahora era preferible el testimonio de personas políticamente marcadas de derechas: Eugenio Sánchez, soldado en Salamanca, el único jornalero joven que no pertenecía a la U.G.T., un vecino de Fuenteguinaldo, “viudo de Doña Clara”, el secretario del juzgado de este pueblo, Severino Baz, antiguo miembro del Requeté, así como una vecina de Campillo y residente en Salamanca, relacionada con el Banco del Oeste, y el secretario de Alberguería, de donde Antolín era natural y de cuyo Sindicato Agrícola había sido presidente fundador su propio padre, Juan Antonio Santos González, ya fallecido. Todo ello, sin desaprovechar la oportunidad de volver a cargar contra su principal enemigo, Patrocinio Calvo, antiguo dirigente de la Casa del Pueblo, que, según Antolín, seguía ejerciendo y manipulando a otros antiguos miembros de tal asociación. De manera que él y su familia eran caciques que extendían su poder al contorno de Ituero y Castillejo de Azaba, donde contaban con el apoyo de los montaraces de las dehesas, todos ellos sospechosos de izquierdistas (f. 140).

Entre los testimonios favorables cabe señalar el de Pedro Santos del Parrado, médico de Ituero, que avala afinidades ideológicas de Antolín Santos con las de Gil Robles, de Velayos y Martínez de Velasco (f. 146). Pero de esas declaraciones una muy pertinente para entrever la significación de los hechos en el contexto local es la de una mujer residente en Salamanca, que corrobora globalmente la versión del Maestro. Josefa Sánchez Martín, antigua vecina de Campillo antes del Movimiento, y como tal conocedora de lo que allí se cocía, pues vivía en frente de la casa del alcalde republicano, Alfonso Casado, en la cual se reunían los socios de la Casa del pueblo, aspirantes al reparto de la dehesa de Martihernando. Entre los asistentes no solía hallarse Antolín Santos, una circunstancia relevante, pues está claro que la divisoria entre propietarios y gente sin tierra, derechistas e izquierdistas, pasaba por la actitud con respecto a este asunto. Por si había dudas, con esto quedaba claro que Antolín no era de izquierdas, cosa que él proclamaba desde la cárcel. Pero la mencionada Juana Sánchez acierta a explicar que el complicado conflicto en Campillo es, a la vez, una cuestión de ideología y de ambición de poder entre Patrocinio Calvo, secretario del Ayuntamiento y jefe de la Guardia Cívica, con afinidades izquierdistas, y Antolín Santos, maestro y jefe de la Falange, de perfiles derechistas, si bien ella adopta una perspectiva favorable para los intereses del encartado.

Antolín Santos, convencido sin duda de la buena marcha de su proceso, solicitó la libertad condicional pocos días después de los mencionados informes (07/12/37), que le será denegada (07/02/38). Finalmente, casi dos meses más tarde, tras del informe del juez instructor (20/01/38), el auditor de guerra acordó el sobreseimiento de la causa y la libertad definitiva del detenido (02/02/38), libertad que éste disfrutaría en Terradillos desde el día que salió efectivamente de la cárcel (07/02/38). Antolín Santos, en vista de la acogida poco amistosa que presuntamente le reservarían los vecinos de Campillo, había solicitado su traslado a dicho pueblo. Esto ya se sabe porque Antolín Santos, se diría, había tomado gusto al papeleo, y envió otro escrito al Auditor (10/03/38), solicitando el desglose de determinados documentos del expediente, los cuales necesitaba para tramitar otros asuntos. Tampoco parece que con el sobreseimiento se hubieran disipado todas las sospechas que inspiraba este personaje contradictorio, pues en su expediente se incluye un informe del Delegado de Seguridad Interior y Orden Público en Salamanca (06/03/38), en el cual se resumen los hechos que le conciernen, concluyendo que es un exaltado, sin un perfil muy marcado de peligrosidad, pero se recomienda se tomen con él “medidas de prevención” (f. 146). De hecho sería de nuevo procesado en 1941, o por lo menos debería haberlo sido, pues en esta ocasión se le dio por desaparecido, según la documentación de archivo manejada por S. López y S. Delgado (2007: 137-138).

A cara descubierta o mediante el presumible pseudónimo de “Linares” (un presunto soldado delator, nunca identificado), Antolín Santos denunció a medio pueblo. Uno de los más perjudicados fue el mencionado Patrocinio Calvo Alba, de 45 años, casado, secretario del ayuntamiento, que fue objeto de una información. Ello fue debido a la denuncia del presunto falso soldado que había sido precedida de otra análoga enviada al general gobernador militar de Salamanca, Manuel García Álvarez, por una  mujer soltera y amiga de Antolín Santos, la mencionada Josefa Sánchez (Inf.CadA/38). El contenido de esta denuncia coincide con el de las acusaciones vertidas por Antolín Santos en su declaración en el proceso casi simultáneamente seguido contra Lorenzo Moreno Gómez (P.prev. CadA/ ma.38). Aunque la firmante de la carta, Josefa Sánchez, ya había declarado en el procedimiento seguido contra el Maestro el año anterior (P.sum1876/37), la denuncia epistolar, además de estar inspirada por el mismo, si no redactada por él y copiada por ella, está más estructurada y contiene especificaciones que no conviene echar en saco roto, sobre hechos y personas, que eran los “extremistas” de siempre, “envenenados” por el “cabecilla” Patrocinio, conforme a la terminología habitual de Antolín.

Según la carta de Josefa, era el Secretario quien “había predicado” el reparto de Martihernando y generado “el foco marxista más homogéneo de la provincia”. En las elecciones de 1931 había conseguido el triunfo para las izquierdas y en las de 1933 y 1936 para el Frente Popular, llegando a darles 123 votos a los comunistas en las de Compromisarios, una verdadera campanada para un pueblo tan pequeño (f. 2). En los primeros tiempos había fundado y organizado la Sociedad Obrera, hacia 1932, la primera de la comarca, dirá después. El mismo Patrocinio era secretario y en la directiva figuraban como presidentes Enrique Félix, comunista, y Juan Antonio Francisco, concejal y juez; entre los socios se contaban: Francisco Pérez, concejal y persona influyente, Alfonso Casado, alcalde, que domiciliaba en su casa la Sociedad, a la que estaban afiliados todos los concejales. La enumeración de los “actos extremistas”, de los que consideraba responsable principal a Patrocinio, remontaban a los primeros años de la República, ocupando dos páginas de la carta, en siete puntos:

1º) Los afiliados de la Sociedad iban a echarse en la finca de Martihernando, exigiendo el jornal, como si hubieran trabajado, y molestando al montaraz, Pablo  González.

2º) Estos socios coaccionaban en las elecciones, ponían carteles marxistas traídos por el secretario y el presidente de la Sociedad; dificultaban la votación de los derechistas, impidiendo la entrada de los que presentaban a sus candidatos, como Gonzalo Santos, de Peronilla (Ciudad Rodrigo), y habían llegado a molestar al propio maestro Antolín Santos, único votante reconocido de las derechas; el alcalde Alfonso Casado y el concejal Francisco Pérez verificaban que los socios votaban a las izquierdas, bajo la tutela de Patrocinio, logrando un éxito que los directivos hacían valer ante Manso.

3º) El secretario Patrocinio se encargaba de que se presentaran en el pueblo de Campillo para hacer su propaganda los izquierdistas más notables, el secretario de Manso [Amador “Milhombres”] y Antolín Núñez, Gaite, Aristóteles González y Cascón, que dieron mítines en la Casa del Pueblo. La víspera de las elecciones de 1933, Patrocinio había participado en un mitin, dado en el ayuntamiento, en el que leyó un artículo publicado por él mismo en “El Adelanto” (19/11/33) sobre Martihernando, y una carta del comunista campillejo Vicente Vicente, oficial de Prisiones.

4º) Entre los atropellos cometidos en las siegas, se cuenta uno en la finca de Manzanillo, cuya naturaleza no se especifica en ningún caso, pero de los que no se siguió castigo para los infractores, porque los defendía Patrocinio en el Jurado Mixto,  con la ayuda de Manso y su secretario [Amador “Milhombres”].

5º) El robo de una vaca a un vecino de Alberguería de Argañán, y su venta en Ciudad Rodrigo, para fondos de la Sociedad Obrera, efectuado por afiliados a ésta; Patrocinio se ingenió para que la responsabilidad recayera sobre dos socios insolventes, Jesús Fandiño y Francisco Félix.

6º) Manifestaciones extremistas con una bandera roja, bordada por la hija de Patrocinio, en las que figuraban como abanderados el alcalde, una hija suya llamada Marina y Lorenzo Fandiño, sacristán, que tiraba los cohetes.

7º) En abril de 1936, se habían efectuado los asentamientos en Martihernando. Con este motivo el Alcalde y el Secretario amenazaron al Maestro, porque éste se oponía a que tal hecho se realizara en el local de la escuela. Entre los 60 asentados había sobre todo amigos y parientes de Patrocinio Calvo, quien, ante el descontento de los vecinos no asentados, los alentó para que solicitaran la otra mitad de la finca, que no se había repartido.

Según la denuncia, para cuando se produjo el Movimiento, Patrocinio Calvo y la Sociedad Obrera habían convertido Campillo de Azaba en “uno de los focos comunistas más importantes”; y entre los afiliados a la Sociedad se contaban vecinos que no eran obreros, como el mismo Patrocinio, Santiago Calzada y Melchor González; Vicente Francisco, alcalde en 1938, no había conseguido que lo admitieran, por su enemistad con el entonces alcalde Alfonso Casado. Después de iniciado el Movimiento, Patrocinio había mostrado su hostilidad, indicando a los asentados de Martihernando que era negativo para los intereses del pueblo. Por ello Campillo seguía siendo desafecto para el Movimiento, sin más que un voluntario para el frente, al tiempo que corría el rumor de la deserción de Francisco Félix, pasado a “rojos”. Los actos contrarios al Movimiento habían sido numerosos, también clasificados (f. 4):

1º) Los primeros días de Alzamiento, Patrocinio había enviado como emisarios a Carpio de Azaba al ugetista Felipe Fandiño y a Joaquín Félix, para que allí se enterasen de las noticias por radio; y había ordenado a los obreros que hicieran huelga, sin salir a segar, para estar dispuestos a seguir las consignas que recibieran de Ciudad Rodrigo.

2º) La noche del 6 de agosto, el Secretario avisó al alcalde, Alfonso Casado, cuando lo buscaban “policías de Ciudad Rodrigo”, para que huyera. Había dado cobijo en su casa a “marxistas de Ciudad Rodrigo”, facilitándoles la huida a Portugal, con la ayuda de portugueses conocidos; y a imitación suya se habían refugiado en el pueblo otros huidos de Carpio de Azaba y El Bodón.

3º) Las maniobras del mismo Secretario habían permitido también que quedaran sin sancionar actos contrarios al Movimiento denunciados por el que fue jefe de la Guardia Cívica y de Falange, Antolín Santos: resistencia a pagar la cuota correspondiente a la suscripción para el Ejército en agosto de 1936, por parte de los ugetistas Santiago Calzada, Isaac Calzada y Melchor González; ofensas a la bandera nacional por Felipe Fandiño; resistencia a quitar la bandera tricolor del estanco; reuniones marxistas en las eras y en el centro de la Sociedad Obrera; aparición de letreros comunistas. Más tarde, en el homenaje al Generalísimo en julio de 1937, negativa de Patrocinio y otros a firmar en el pliego; amenazas del Alcalde a la jefa de Falange femenina, Carmen González Castilla, si salía con la hucha de Auxilio Social; resistencia de las autoridades a cooperar en los actos patrióticos organizados por la Falange.

4º) Los informes solicitados por los jueces militares habían pasado por las manos de Patrocinio, y por consiguiente éste había logrado ocultar su propia actuación y la de los “extremistas”, haciendo la vida imposible a los que tenían “la valentía de ser españoles en un ambiente rojo”; los antiguos afiliados a la Sociedad Obrera seguían ocupando los puestos en el ayuntamiento: el secretario Patrocinio Calvo, el concejal Daniel Prieto, el juez Alfredo Martín, el juez suplente y sacristán Lorenzo Fandiño.  Y Josefa Sánchez, posteriormente, enumeraba los miembros más señalados de la Sociedad Obrera: Alfonso Casado, alcalde a la sazón desterrado, los hermanos Enrique, Francisco y Joaquín Félix, uno de ellos presidente, Francisco Pérez, tesorero, Juan Antonio Francisco Prieto y Lorenzo Fandiño, todos ellos activistas alentados por Patrocinio Calvo, en las elecciones antes del Movimiento, en los actos contrarios a éste después.

El declarante mejor informado y fiable era sin duda el párroco, Wenceslao Casanueva, que llevaba diez años en el pueblo. De entrada consideraba  que todo el asunto respondía a “una lucha personal y venganza de unos vecinos con otros”. Conocía el pasado izquierdista, relativamente remoto, de Patrocinio Calvo y de otros vecinos, Enrique Félix, Francisco Prieto (fallecido), Francisco Pérez, Alfonso Casado (desterrado), “de izquierdas más de nombre que de convicción”; Patrocinio había dejado la política activa en 1933. En torno al maestro Antolín Santos se agrupaban derechistas del contorno, Rafael Vicente, de Espeja, Ángel Risueño, médico de Ituero, y Anacleto Montero, la denunciante Josefa Sánchez también era amiga del Maestro. Éste, en apariencia indiferente en política, tenía un pasado izquierdista, pues en las elecciones del Frente Popular había conseguido votos para su compañero Campos Redondo, de la candidatura comunista. Las desavenencias entre el Maestro y el Secretario eran debidas al carácter autoritario del primero y su deseo de imponerse, a lo que se había opuesto el segundo. Al producirse el Movimiento, Antolín Santos quiso presidir la Guardia Cívica y al no lograrlo se dio de baja, afiliándose a Falange,  de la que consiguió ser nombrado jefe local, cargo del que fue sustituido al conocerse sus pasadas veleidades izquierdistas. En cuanto a la carta en cuestión: “cree que la firmante de la denuncia Josefa Sánchez no es en realidad la que ha promovido este procedimiento, sino más bien su amigo el Maestro” (f. 6). Y las acusaciones de éste contra el Secretario eran infundadas, en lo cual estaban de acuerdo otros informantes locales, incluidos los mismos testigos derechistas solicitados, que no se atrevían a mojarse en favor de Antolín Santos.

Este último, en persona, todavía volvería a insistir en la letanía de cargos contra el Secretario, pero su credibilidad ya estaba bajo mínimos, como se refleja en el informe del instructor militar (12/05/38), cuyo parecer seguiría el Auditor de guerra (25/05/38) y confirmaría la Autoridad Militar. Patrocinio Calvo saldría sin responsabilidad de esta información, y Antolín y su amiga denunciante Josefa serían multados por falsedad en sus testimonios, con 50 y 25 pts., respectivamente, que ambos satisfarían en papel de pagos al Estado.   

Así pues, el maestro Antolín Santos perdió en su lucha particular contra el secretario Patrocinio Calvo y algunos de sus partidarios, al menos por la vía jurídica militar. Pero sus continuadas denuncias, unidas sin duda a las de otros derechistas locales, dieron su fruto para la “limpieza política” de Campillo, pues por la vía gubernativa en 1937 fueron molestados casi una veintena de vecinos, la mayoría ya mencionados, incluido el mismo maestro:

1 Joaquín Félix Gómez, 2 Alfonso Casado Zamarreño, 3 Juan A. Francisco Prieto, 4 Lorenzo Moreno Gómez, 5 Saturnino Pérez García, 6 Enrique Félix Martín, 7 Emiliano Francisco Calzada, 8 Manuel Harvalejo Ramos, 9 Manuel Calzada González, 10 Jesús Francisco, 11 José Harvalejo García, 12 Nicolás Méndez González, 13 Jesús Fandiño Mangas, 14 Antonio González Pedraza, 15 Cándido Sánchez Matos, 16 Benedicto Sánchez Francisco, 17 Benigno Arbalejo Martín, 18 Antolín Santos (AHPS: 162/37).

 

Hasta ahora no se ha comprobado la represión exacta que sufrieran todos estos vecinos. De modo que oficialmente el total provisional de campillejos represaliados ronda la decena:

-víctimas mortales: 0

-víctimas carcelarias: 5

-depurados: 3 (2 de ellos también presos)

 

-sancionados, embargados: 7 (4 de ellos también presos)

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dom

20

nov

2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936. El “Día del Dolor” y las “cruces de los caídos”.  Ángel Iglesias Ovejero

En el calendario nacional-católico el día 20 de noviembre se celebraba el “Día del Dolor”, cuya finalidad inicial era santificar la figura de José Antonio Primo de Rivera, para lo cual ya existía una fiesta previa el 29 de octubre: el “Día de la Fe”. Esta era una conmemoración señera en la que se recordaba el mito fundador de la Falange: el discurso del 29 de octubre en el Teatro de la Comedia de Madrid. En la “Formación del Espíritu Nacional”, ya en el primer curso de bachillerato, se resumían las “afirmaciones” básicas de aquel discurso que se convertirían en “consignas”, de obligado conocimiento entre los escolares: “La injusticia social era motivo de huelgas y desmanes (…), “los separatismos estaban de moda”,  “el destino de los españoles se había olvidado por completo” y José Antonio estaba “lleno de una gran fe en el espíritu nacional (…) y se lanza a la lucha de la inteligencia y la acción contra los enemigos de España (…)”, tarea en la que fue secundado “de aquella vanguardia de paladines, en la que los buenos españoles cifraban sus mejores esperanzas” (J. García García, oficial instructor del Frente de Juventudes, Formación del Espíritu Nacional, primer curso, 1955: 112). A los “instructores” de esta doctrina se les olvidaba explicar que los “paladines” de la Falange seguían al pie de la letra el método de la violencia que su fundador preconizaba (y que por estos pagos dio los resultados expuestos en estas croniquillas), por lo cual aquel partido fue ilegalizado y el jefe detenido y llevado a Alicante por orden del Gobierno de la República, cuando sus correligionarios secundaron el Alzamiento militar del 18 de julio.  

Como es sabido, José Antonio fue acusado de conspiración y rebelión militar, y por ello condenado a muerte por un tribunal popular y ejecutado. Esto allanaba el camino de la jefatura “nacional” de Franco, que, no habiendo hecho gran cosa por salvar de la muerte a un presumible contrincante, por añadidura, supo sacar provecho de una glorificación del “Ausente” que se fraguaría durante la misma guerra. En 1939, Eugenio Suárez, en su Recordatorio de José Antonio, ya ofrecía una polifónica celebración de la misión mesiánica del personaje, con epítetos aplicados por antonomasia y evocadores de motivos enraizados en la Biblia, la Historia Antigua y el Nacional-sindicalismo: Profeta, Ausente, Elegido, César, Camarada, Precursor (Zira Box Varela, La fundación de un régimen. La construcción simbólica del franquismo, tesis, Universidad Complutense de Madrid, 2008, eprint.ucm.es/8572/17/T30783.pdf: 172-173). En 1939 el cadáver de José Antonio fue trasladado a El Escorial y 20 años más tarde depositado junto al altar mayor de “la basílica del Valle de los Caídos”.  Pero, a juicio de sus propios seguidores, Franco, que había vampirizado el mito del “Ausente”, parecía que no estaba dispuesto a dejarle disfrutar en exclusiva de aquel faraónico lugar de memoria. De modo que, con la ayuda “providencial” o no de su entorno, vino a fallecer oficialmente un 20 de noviembre (1975), y ocupó el sitio previsible, de modo que José Antonio sería un trofeo macabro entre otros muchos allí depositados (más de 30.000), amigos o enemigos, caídos en el frente o ejecutados por la vía judicial o extrajudicial.

El monumento del Valle de los Caídos se declaró de urgente construcción un año después de finalizada la guerra (01/04/40) y se terminó en 1958. En las peligrosas labores de su erección y accesos participaron los presos republicanos (se ha hablado de 20.000), atraídos por el señuelo de “la redención de penas por el trabajo”. Muchos dejaron allí sus vidas. En el segundo lustro de los años cincuenta los escolares madrileños que merodeaban por allí en verano podían encaramarse, a hurtadillas, en las tapias del recinto y vislumbrar las barracas de los presos. Algunos de éstos aparecían a lo lejos en las obras de la explanada de entrada a la basílica. Poco después, dichos escolares tendrían el privilegio de seguir por la televisión los actos de inauguración, presididas por el mismísimo Franco (01/04/59). Las polémicas sobre el destino de este monumento todavía colean casi 60 años más tarde, dado que el art. 16 de la Ley de Memoria Histórica no parece satisfacer a nadie : “se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos” y “no podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de su protagonistas, o del franquismo”; pero resulta obvio que es un monumento de exaltación del franquismo y de dos de sus principales figuras.

Un año antes de que se iniciaran las obras del Valle de los Caídos (1940) ya se habían puesto los cimientos ideológicos de otras numerosas cruces en todo el territorio español, conforme a las pautas avanzadas por “el Caudillo” en un discurso del 3 de abril de 1939, que insistía en el papel de los “mártires” y “caídos” para el logro de la Victoria. Pocos meses después, una orden del Ministerio de la Gobernación (07/08/39) regulaba la construcción de dichos monumentos. Se trataba de “dar unidad de estilo y de sentido a la perpetuación por monumentos de los hechos y personas de la Historia de España, y en especial a los conmemorativos, de la guerra y en honor de los caídos”  (Zira Box, op. cit.: 176). En el territorio de la antigua retaguardia “nacional” esto no era una novedad. Desde el 16 de noviembre de 1938 regía un decreto  para que los nombres    de los “caídos por Dios y por España” figuraran en las paredes de las iglesias. La sumisión de la Iglesia española al poder de Franco solo sería contestada por el cardenal Segura (Sevilla) en 1940, por considerar que estas concesiones regalistas estaban reñidas con el canon 1.178 del Derecho Canónigo (Díaz-Plaja 1976: 44).

El Administrador Apostólico de la diócesis de Ciudad Rodrigo no debía de tener esta clase de escrúpulos, como prueban los letreros con el nombre de José Antonio en dos iglesias de la Ciudad, recientemente limpiadas por orden del Ayuntamiento. Pero de ordinario los listados de “caídos” se ponían en cruces aledañas de las iglesias. En algunos pueblos las lápidas se retiraron en los años siguientes a la Transición democrática, pero en pueblos como Agallas, El Bodón, Casillas de Flores, Cespedosa de Agadones y tantos otros estos monumentos conmemorativos de la guerra civil y del franquismo, siguen intactos, con el beneplácito de las autoridades municipales, bien porque ellas mismas se sientan habitadas por “el espíritu nacional” de antaño o porque no se atrevan a oponerse a vecinos reaccionarios. En todo caso, hoy son monumentos ilegales, de acuerdo con el art. 15 de la mencionada Ley de Memoria Histórica. Y esto sucede porque la Administración competente no echa mano de un arma realmente disuasiva, aunque no produce heridas mortales:

 

“Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones y ayudas públicas” (subrayado añadido).

 

Por otro lado, sigue siendo de urgente ejecución otro apartado de la misma Ley:

   

“El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de catálogos de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior” (subrayado añadido).

 

Así que, como ha sucedido con otros aspectos de la Memoria Histórica, mejor será encomendarse a la iniciativa de personas interesadas para establecer este inventario de objetos y símbolos franquistas que son otras tantas manifestaciones de la incuria de las autoridades democráticas en esta Comunidad.

 

 

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sáb

19

nov

2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936. Represión en Ituero de Azaba: un héroe de la Resistencia francesa. Ángel Iglesias Ovejero

En los pueblos del valle de Azaba no se ha comprobado una represión sangrienta tan feroz como en los pueblos limítrofes de  Fuenteguinaldo y Casillas de Flores, sin ir más lejos, debido a la razón expuesta de los buenos oficios del párroco y quizá alguna otra persona influyente. En Ituero de Azaba solamente hubo dos víctimas mortales, indirectas con respecto a la represión franquista, aunque relacionada con el exilio al final de la guerra:

 

Adolfo Marcos Hernández, muerto en el campo de concentración de Hinzert (11/08/43), sin otros datos (MCU).

Celestino Alfonso (sin comprobar su segundo apellido), considerado un héroe de la Resistencia francesa contra los nazis alemanes. Había nacido en 1916 y, con su familia, emigrado a Francia, donde trabajaba como carpintero, estaba casado y tenía un hijo. Fue de los primeros alistados en las Brigadas Internacionales. Llegó a España el 27 de agosto de 1936, combatió como artillero y fue después comisario político de la 2ª Brigada. A su regreso a Francia en febrero de 1939 estuvo internado en el campo de concentración de Saint-Cyprien (Pirineos Orientales), pero al comienzo de la guerra europea fue movilizado con una compañía de trabajadores extranjeros. Pocos meses después fue detenido (17/01/41) y encarcelado en Tourelles (anejo de la prisión de Fresnes, cerca de París). De allí habría salido un mes más tarde para trabajar en Alemania, de donde regresó al cabo de unos meses y estuvo colocado en varias fábricas de la región parisina. Pronto sería jefe de grupo en los FTP-MOI (Franco-tiradores y partisanos – Mano de obra inmigrada), que bajo el mando de Boris Holban y Missak Manouchian intervino en varias acciones anti-nazis en torno a París y Orleans. Fue detenido el 28 de noviembre de 1943, juzgado en uno aparatoso proceso en el fuerte del Mont Valérien. Su fotografía figuraba en uno de los medallones que, a raíz de la muerte del general Julius Ritter, los nazis habían fijado en las carteleras murales de Francia: “Alfonso – español rojo – 7 atentados”. Fue fusilado con otros 21 camaradas (21/02/44); la única mujer del grupo, Olga Bancic, fue decapitada en la prisión de Stuttgart (10/05/44). Antes de ser ejecutado, Celestino dejó una carta para su familia en la que se declara orgulloso de morir por la causa que ha defendido, desea larga vida a sus padres, expresa el deseo de que su hijo reciba instrucción y recomienda a su esposa que venda la ropa que deje para conseguir algún dinero y recoja en un paquete los 450 francos que había retirado de un banco  (La vie à en mourir. Lettres des fusillés (1941-1944), prologadas por J-J. Goldmann, escogidas y presentadas por G. Krivopissko, con introducción de F. Marcot, Éditions Points - Éditions Tallandier, 2006  [2003], 252-254).  

En este pueblo de Ituero de Azaba la “limpieza política” se manifestó durante la guerra, debido principalmente a la ocupación de la finca de La Dueña antes del Alzamiento y a los conatos de oposición a éste, mediante la huelga y el intento de cortar la carretera para dificultar el paso de las fuerzas adictas a la sublevación militar (Iglesias, Represión franquista: 253, 320). La denuncia ante el Delegado de Orden Público de Ciudad Rodrigo llegaba con cierto retraso (03/10/38), cuando, si no apagada, la inquina derechista se suponía al menos enfriada. Los denunciados debían ser la mayoría de los jornaleros del pueblo, que, estando afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Tierra (“marxistas en masa”), se habían señalado en las mencionadas acciones:

En este pueblo de Azaba enclavado en su demarcación, donde se cometieron desmanes a granel antes del Glorioso Movimiento Nacional por los marxistas en masa en cuya agrupación figuraban la inmensa mayoría de los vecinos y se cometieron asaltos a la dehesa de la Dueña de este término, con huelgas tumultuarias, coacciones contra los patronos, amenazas de muerte a los derechistas, se realizaron procesiones enarbolando banderas comunistas que luego recogió la Guardia Civil, interceptando carreteras y otros muchos actos difíciles de relatar, no ha llegado todavía una sanción y ello es, sin duda, la causa del malestar que cada día se acrecienta y a evitar que la cuestión llegue a un terreno insostenible, siendo esta delación que rogamos tome en consideración, limitándonos exclusivamente a relatar superficialmente alguno de los hechos y de las personas más destacadas (C.307/39: f. 3).

 

Esta “delación” y el procedimiento que se siguió dan una idea del ambiente que se respiraba en la retaguardia franquista y del mecanismo de la “limpieza política” que en ella se practicaba. Y por ello vale la pena detenerse un poco en los avatares procesales contra los dos principales denunciados. En efecto, los denunciantes, que eran el alcalde en funciones entonces, Camilo García Méndez, el jefe local de Falange y guarda jurado de La Dueña, Narciso Benito Gutiérrez, y otros tres convecinos, José María Lobato, Vicente García y Gregorio González se cebaron sobre todo contra Francisco Rivero Carballo y Gonzalo Hernández Martín. La copia de esta denuncia iba incluida en una serie de diligencias que certificó Dionisio Martín Custodio, secretario habilitado del Juzgado Especial de Fronteras de Ciudad Rodrigo (10/03/39). De la información inicial se encargó un “juez especial”, que no era otro que el juez de instrucción de Ciudad Rodrigo, Fausto Sánchez, quien luego se inhibiría, como solía hacer en otras ocasiones, en beneficio de un juez instructor militar. Ambos denunciados siguieron los mismos pasos en este proceso que los llevó hasta un consejo guerra (30/09/39), en el que tuvieron suertes dispares.

Francisco Rivero Carballo, de 35 años, soltero, jornalero, había sido presidente de la Sociedad Obrera, y, como tal, según sus convecinos delatores, presentaba la imagen del perfecto izquierdista antes del Movimiento. Había sido abanderado comunista, amigo de Manso, inductor de los “asaltos” a la dehesa de La Dueña (que habría tenido lugar el 13 de abril de 1936, víspera del quinto aniversario de la proclamación de la República, pero en esta acción, paradójicamente, no intervino presencialmente Francisco Rivero, “por tener consigna de ir a Ciudad Rodrigo a entrevistarse con los dirigentes y satélites del Sr. Manso”, según el segundo informe del alcalde [C.307/39: f. 30vº]). Después seguía esperando el fracaso de Franco, con una desafección contagiosa, pues su familia se negaba a recibir los emblemas de Auxilio Social, y proclamaba que si tenía dos hermanos que estaban en el frente franquista “no es por sus ideas” (C.307/39: f. 3), frase ésta que más delante se atribuye a la madre, Francisca Carballo Tendero. Cada uno de los delatores había aportado su granito de arena para este cúmulo de presuntos delitos, que intencionalmente se irá incrementando, pero no corrigiendo, en las declaraciones ulteriores de todos y cada uno de aquéllos. Narciso Benito ratifica la denuncia, declarando de un modo perogrullesco que ha presenciado todo, menos aquello que dijeron o sucedió en su ausencia, frases dichas por el denunciado, rechazo en su familia de las insignias falangistas. Gregorio González Antúnez recuerda que Francisco Rivero le dijo a él personalmente y refiriéndose a la guerra “que no había que perder las esperanzas” (f. 4), en un contexto bélico que debía de corresponder a la batalla del Ebro (de julio a noviembre de 1938), lo cual accesoriamente también prueba que en estos pagos de la retaguardia nacionalista se seguía con temor y esperanza la evolución del conflicto, una curiosidad que los militares y sus comparsas castigaban con gran severidad. La autoría del dicho también la corrobora Víctor García Hernández, aunque sólo de habérselo oído contar a un vecino, Genaro Martín, quien a su vez declara haberlo oído en una conversación que Francisco Rivero mantenía con su convecino Gurmesindo Galán, aunque comentaba por su cuenta el contexto y las circunstancias agravantes que habían hecho de este denunciado el cabecilla marxista de Ituero” (f. 4vº).

En esta cadena de la oralidad sobre hechos y dichos de difícil comprobación, pero de los que dependía el destino de Francisco, también intervino Wenceslao Casanueva (párroco de Campillo de Azaba) con su informe, sobre todo para poner de relieve una injuria de la que decía haber sido objeto por parte de aquél, la cual no especificaba, hecho al que también aludiría más adelante el informe de la Guardia Civil. Casi un año más tarde el Párroco recuperaría toda su elocuencia y no sólo se extendía sobre este episodio (presuntas amenazas verbales), sino también sobre otros de los que solamente tenía noticia por rumores, con un recuerdo piadoso para “el indeseable Manso q.e.p.d.” (f. 40). Los informes del juzgado de Ituero, tanto del fiscal Rogelio García, como del juez Isidro Hernández, también abundaban en el contenido de la denuncia globalmente. En cambio, el alcalde José Benito Alfonso practicaba una enumeración circunstanciada de los presuntos y ya señalados delitos de Francisco Rivero como presidente de la Sociedad Obrera, a lo que añadía la denuncia que Francisco había presentado en Ciudad Rodrigo contra el jefe local de Falange, Narciso Benito, quizá porque este último lo habría amenazado.

En sustancia este informe del alcalde pretendía ser un cuadro de la situación local antes y durante el Movimiento, cuyo antagonista había sido Francisco Rivero, ayudado en la primavera de 1936 por agentes exteriores, personalidades relevantes de Salamanca y Ciudad Rodrigo, que se dejaban ver o entrever en Ituero: Manso, Gaite, Oliva y Cenizo, aunque el izquierdismo de este último está lejos de ser evidente. Posteriormente al Alcalde no se le olvidó rematar este trabajo de demolición de Francisco con el añadido de algunos brochazos sobre la resistencia inicial contra el Movimiento mediante la huelga y el corte de carretera en que había intervenido un “tropel” de jornaleros, cuyo liderazgo también pusieron en el saldo negativo de Francisco otras declaraciones e informes posteriores. Gregorio González lo recordaba liderando la huelga al frente de los socios para impedir que nadie saliera al campo a trabajar y arengando a todos a que le siguieran para conseguir el objetivo de bienestar económico “sin trabajar”. Tomás González Calzada, secretario del Ayuntamiento, añadía que también obligó a cerrar los establecimientos públicos y que de la Casa del Pueblo salieron los mozalbetes para frenar el Movimiento mediante la intercepción de la carretera.

Francisco Rivero en sus declaraciones (15/06/39), algo demoradas, pues llevaba en prisión cuatro meses (13/02/39, decreto de detención), había tratado de atenuar la responsabilidad en los hechos que sus delatores le atribuían, pero lógicamente no podía negar la pertenencia a la Casa del Pueblo, de la que había sido presidente, y su afiliación al Sindicato de Trabajadores de la Tierra, aunque pretendía ignorar que esto pudiera tener implicación política. Negaba su participación en el corte de la carretera en el intento de resistencia al Movimiento. En cambio, tenía que admitir el hallazgo de una “bandera de color” en un registro notoriamente practicado en su casa, aunque sin especificar el color e insinuando que se la había llevado un tal José Juan (croniquilla del pasado día 17). Este último había sido presidente de la Casa del Pueblo de Espeja, procesado y a la sazón preso, por lo que la declaración de Francisco Rivero ya no le causaba perjuicio, pero con esta disculpa no hacía más que convencer a sus represores de que era un líder local, bien relacionado con otros de la comarca. Algunos testimonios le ayudarían en esta labor de atenuar el alcance de los cargos vertidos contra él. Gumersindo Galán, a propósito de la guerra, negó por dos veces que Francisco le hubiera dicho que “no había que perder las esperanzas” (f. 12, f. 28), pero no era un testigo muy fiable para los represores, pues él mismo había pertenecido a la UGT y había sido tesorero de la Casa del Pueblo. Menos sospechoso sería el testimonio de Constantino Martín, un presunto perjudicado por las acciones de Francisco Rivero, pues negó que éste, el día de la huelga, lo obligara a cerrar su comercio y tampoco recodaba  haberlo visto en el tropel de los que fueron a interceptar la carretera (f. 15).

El análisis de esta documentación lleva a pensar que Francisco Rivero antes del Movimiento había sido un líder local consecuente con su afiliación sindical, quizá no un modelo de buenos modales o de comportamiento, según los criterios del Cura y la Guardia Civil. Después del Movimiento pretendía seguir manteniendo y expresando su propio criterio, sin medir que esto era un privilegio utópico en el Nuevo Estado de Franco, ya triunfante cuando se celebró el consejo de guerra (30/09/39), presidido por el coronel Rogelio López Valdvielso. Fue condenado a 20 años de prisión, por “adhesión a la rebelión”, que le fueron conmutados por 6 años (07/05/43), en parte cumplidos en la cárcel de Sevilla, pues, cuando le llegó la notificación en Ituero, ya estaría en libertad condicional, “por Disposición de la Dirección General de Prisiones desde el día 9 de agosto de 1941” (C.307/39: f. s. n.).

Gonzalo Hernández Martín, de 32 años, casado, jornalero, afiliado a la Sociedad de Trabajadores de la Tierra, según la denuncia colectiva, era un “exaltado comunista de acción”, aunque los cargos concretos se reducían a dos o tres acciones. En la ocupación de la Dueña había amenazado al alcalde con una “azada”, que en declaraciones posteriores será “un palo” o “una porra”; en una despedida de mozos llamados a filas en marzo de 1937 habría aconsejado a un hermano suyo llamado Eufronio y a otro llamado Sebastián Hernández que se pasaran a la zona republicana en cuanto pudieran; y de un modo habitual practicaba el contrabando, “confabulado con los portugueses” (C.307/39: f. 3vº). Esto último era un mal endémico en la Raya, así que en las declaraciones posteriores los denunciantes no insistirían demasiado en ello, pero en lo demás sí añadieron circunstancias que probarían la peligrosidad y desafección hacia el Movimiento por parte del denunciado.

Narciso Benito, que en la denuncia solamente confirmaba genéricamente dichos cargos, posteriormente consideraba a Gonzalo Hernández protagonista de la ocupación y roturación de La Dueña, describiendo la actitud amenazante del mismo “con un palo” (f. 23). Este denunciante coincidía con el alcalde en funciones entonces, Camilo García, que habría sido amenazado en La Dueña como los concejales, y con Vicente García en que la incitación a los mozos para que desertaran no la oyó, sino que la transmitió un capataz de nombre Florencio, “que vive en el barrio de Chamberí en Salamanca” (f. 31), pero luego no apareció por parte alguna cuando lo citó el juez. Este último rumor también lo recogía el parte del cura Wenceslao Casanueva. Los informes del juzgado municipal de Ituero señalaban que Gonzalo pertenecía a la Casa del Pueblo, sin entrar en los demás detalles, y el del alcalde, además de las amenazas en la Dueña y la frase que revelaba su desafección al Movimiento, volvía sobre la acusación genérica de que Gonzalo era “avanzado comunista” (f. 5vº). Los testigos posteriormente citados por el juez militar, que eran los mismos individuos e instancias denunciantes, con algún otro añadido, ratificaron lo que decían haber visto u oído, como Gregorio González, quien reiteraba los cargos, aunque “no puede concretar nada, porque [Gonzalo] estaba casi siempre en el campo” (f. 19vº). Y a este tenor se expresaban el secretario Tomás Calzada y los declarantes ya citados.

En su primera declaración (Ciudad Rodrigo, 10/02/39), Gonzalo Hernández admitió que estuvo en la roturación de La Dueña, pero negó las amenazas por su parte al alcalde y los concejales, así como la incitación a dos mozos para que desertaran y su propia implicación en actividades de contrabando (f. 6). En todo ello, globalmente, se ratificaría cuatro meses más tarde, admitiendo también su afiliación sindical, sin intervención en manifestaciones ni activismo político, lo que reiteró en la declaración indagatoria posterior (28/08/39). Para entonces ya le habían allanado algo el camino Sebastián Hernández Morán y su propia esposa Eufemia Sánchez Mateos. El primero era uno de los soldados presuntamente incitados a desertar del Ejército franquista por Gonzalo, extremo que Sebastián negó, aunque su testimonio resultara sospechoso por ser él mismo antiguo socio de la Casa del Pueblo (f. 27vº), con todo algo más fiable que el otro soldado, Eufronio Hernández, hermano del procesado, y sin duda por ello no citado a declarar. Eufemia Sánchez había enviado una instancia al Auditor de Guerra en súplica de libertad para su marido argumentando lisamente: “en atención al número de hijos y teniendo en cuenta que la acusación, al parecer, no tiene mucha importancia” (f. 35). Gonzalo y Eufemia, así como los cuatro hijos menores de edad que tenían, tuvieron más suerte que otros procesados en circunstancias parecidas. El mencionado consejo de guerra (30/09/39) no retuvo contra este padre de familia el delito de “excitación a la rebelión”, que reclamaba el fiscal, y sentenció su absolución.

El resultado de esta sentencia quizá tendría un efecto benéfico para los otros antiguos socios de la Casa del Pueblo, pues los derechistas locales no se sentirían estimulados a practicar las denuncias por ellos programadas. De modo que la represión en Ituero de Azaba, descontado Aurelio José Juan (represaliado con los vecinos de Espeja), afectó a  8 personas:

-víctimas mortales: 2 (indirectas)

-víctimas carcelarias: 4

-multados: 2.

 

 

 

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jue

10

nov

2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936. Recordatorio de sacas fallidas, repetidas o no: “la carrera del conejo”.                                    

Desde que se inició la represión con la publicación del bando de guerra en Ciudad Rodrigo (19 de julio), la detención sangrienta y la saca fueron los procedimientos extrajudiciales más eficaces en todo su partido judicial. De hecho eran variantes de un mismo modus operandi, que se iniciaba con el registro domiciliario para recoger armas, documentos u objetos emblemáticos, como ya se ha expuesto (croniquilla del 25 de julio), y eventualmente incluía un juego macabro, una caza humana, que los ejecutores denominaban carrera “del conejo” o con expresiones análogas y, tardíamente, los informantes a veces interpretan como un generoso “sálvese el que pueda”. Se trataba más bien, por parte de los verdugos, de ofrecer alguna excusa creíble (en el caso improbable de que alguien les pidiera cuentas) de una presunta aplicación de “la ley de fugas” (croniquilla del 6 de agosto). Lo cierto es que en todo el período, gracias a alguna circunstancia favorable y sobre todo a la decisión y pronta reacción en el momento del tiroteo, algunas víctimas escaparon, aunque no todas de forma definitiva. En el mes de noviembre el método criminal se seguía aplicando, como se tendrá ocasión de ver en la saca de Aurelio José Juan en Espeja (próximo día 17), que ilustra bien todo el protocolo macabro, pero cada saca fallida es un caso aparte. A estas alturas, a modo de balance, se puede establecer aquí un inventario provisional de las más conocidas, tanto por testimonios como por documentos procesales o por ambas fuentes, distinguiendo los tres momentos en que la fuga era más o menos posible.

 

a) Sacas (o ejecuciones) fallidas en el momento de la detención en el domicilio de la víctima o el campo:

 

24 de julio. Graciliano HERNÁNDEZ TOMÁS, vecino de Gallegos de Argañán, fue herido de disparos efectuados desde una camioneta, de paso por el pueblo y ocupada por guardias civiles y milicianos fascistas. Fue curado en el Hospital de la Pasión y de nuevo detenido el 8 de agosto. Según testimonios, apareció cadáver en Pedrotoro, víctima de la saca carcelaria del 16 de octubre (croniquilla).

8 de agosto. José María MOREIRO RÍOS, alcalde republicano de Casillas de Flores, debió de escapar a una detención sangrienta en su domicilio, pero pocos días después fue sorprendido en un escondite cercano y ejecutado en una nueva detención (croniquilla del día 16 de julio).

13 de agosto. Julián OVEJERO GARCÍA se fugó en las Eras de Robleda, siendo perseguido a caballo por una numerosa patrulla de carabineros y fascistas, pero finalmente sucumbió en otra caza en el campo el día 2 de septiembre (croniquilla del día 6 de dicho mes). Entonces se fugó algún otro vecino cuyo nombre se ignora.

17 de octubre. Aurelio José Juan, vecino de Espeja, después de un registro domiciliario, fue sacado por jóvenes falangistas para la finca de “La Dehesita”, donde fue herido en una pierna por disparos; sin embargo consiguió huir y esconderse en casa de su suegro. Una vez curado en Espeja y en Ciudad Rodrigo fue procesado en Salamanca y condenado a muerte, pena que le sería conmutada por la de reclusión perpetua (croniquilla del próximo día 17).

 

b) Sacas fallidas en el momento de la conducción de los detenidos o en el traslado de una cárcel a otra, lo que daba pie para la aplicación criminal de “la ley de fugas” (en la terminología testimonial se habla de “tirarse del camión”):

 

31 de agosto. Francisco SÁNCHEZ TORRES, vecino de Peñaparda, se fugó del camión en que era conducido con otros vecinos, un hermano suyo y la madre de ambos, que le habría desatado las ligaduras con los dientes. Pero la fuga solo duró dos días, al cabo de los cuales fue llevado a ejecutar en Extremadura, junto al regato de los Arravises, término de San Martín de Trevejo (croniquilla del 1º de septiembre).

11 de septiembre. Dos vecinos de El Bodón, se fugaron cuando, después de la falsa puesta en libertad de la cárcel de Ciudad Rodrigo, eran conducidos en un camión para su ejecución extrajudicial, que al parecer se efectuó antes de llegar a la finca de Medinilla, término de Bañobárez, donde fueron enterrados sus cadáveres (croniquilla del 11 de septiembre). Esta fuga dio lugar a muchas especulaciones en cuanto a las circunstancias y al número de fugados: Agustín Lorenzo [falangista de El Bodón], al llegar a cierto punto dijo “sálvese el que pueda” (...). Se escaparon sólo dos, tio Plácido (...) y “tio Minguín”, un Emeterio, que vivía ahí (...), se escaparon más, el padre de Usebio, el marido de tia Munda, el padre de Casto (EB 2007). Pero realmente solo se han comprobado las huidas de dos bodoneses: Plácido RAMOS NICOLÁS, y Emeterio Pino Moreno (a) “Minguín”. Solamente este último conseguiría escapar definitivamente. Según testimonios de la familia de Plácido, éste fue desatado por un falangista de El Sahugo cuando lo llevaban en el camión y estuvo escondido algún tiempo “por la parte de Monsagro” y posteriormente en su casa, donde sería detenido por segunda vez y llevado para un incierto destino, donde sería asesinado.

Fecha sin determinar. Un vecino de Carpio de Azaba, cuyo nombre no se menciona: “se tiró de la camioneta en que era conducido” (P.prev.CdA/38: f. 1).

 

c) Sacas fallidas en el momento de la ejecución, bien por fuga, por fallo en los disparos o alguna otra circunstancia análoga, incluida la indecisión o renuncia de los ejecutores:

 

Fecha incierta de julio o primeros días de agosto. Maximiano Vallejo Casado, vecino de Salamanca que se había escondido en su pueblo natal de Martiago, fue sacado para El Risco (carretera de Ciudad Rodrigo), donde se libró de la ejecución extrajudicial en circunstancias mal definidas. Después fue procesado y condenado a 20 años de prisión (croniquilla del 11 de agosto).

Primeros días de agosto. Tomás FRAILE FRAILE, vecino de Ciudad Rodrigo, fue objeto primero de una tentativa de asesinato que después se consumó, cerca del pantano del Águeda (croniquilla del 10 de agosto).

5 de agosto. Dos vecinos de Mogarraz, Norberto Herrera Sánchez y Zacarías Maíllo Criado, fueron detenidos por una patrulla mixta de guardias civiles y milicianos fascistas. Estos últimos presumiblemente fueron los encargados de la ejecución extrajudicial nocturna en el término de Herguijuela de la Sierra, en la cual Norberto fue herido en una pierna y Zacarías salió ileso (croniquilla del 5 de agosto).

Madrugada del día 11 de agosto. En la saca de varios detenidos en una comisaría de Ciudad Rodrigo, que, al mando presumible del alférez Ernesto Bravo, fueron llevados para su ejecución al Puente del Águeda (Castillejo de Martín Viejo), se escapó el concejal mirobrigense Ángel LÓPEZ DELGADO. Observando que la primera víctima fue bajada del coche y ejecutada, emprendió una veloz carrera al llegar su turno y, aunque herido, consiguió esconderse en Las Hurdes. Pero fue detenido de

nuevo, entregado a la jurisdicción militar, que lo condenó a muerte y fue ejecutado el 17 de junio de 1937 (croniquilla del 30 de agosto).

12 de agosto. En la saca masiva de vecinos de La Alberca el día 12 de agosto salieron con vida cuatro vecinos: Gregorio CILLEROS SANZ, que tras el tiroteo volvió andando cinco kilómetros, para fallecer en su domicilio, pocas horas más tarde (croniquilla del 12 de agosto). Los otros tres, Baldomero CALAMA HERNÁNDEZ, Braulio GARCÍA GUZMÁN y Faustino HERNÁNDEZ MAÍLLO fueron primeramente sacados con el pretexto de su conducción a la Comandancia Militar, pero consiguieron fugarse a los montes aledaños, donde fueron capturados por falangistas de la localidad. Y el día 20 siguiente, de nuevo con el mismo pretexto de un intento de fuga, fueron ejecutados clandestinamente en “la dehesa de Zarzosillo”, término de El Cabaco (croniquilla del 20 de agosto).

Fecha incierta, hacia mediados de agosto. Dos vecinos de Casillas de Flores, Manuel y José Rastrero González, hijos de Felipe RASTRERO ANTÚNEZ, ejecutado extrajudicial, fueron dejados por muertos, pero consiguieron escapar con vida (croniquilla del 16 de julio).

Antes del 20 de agosto. Dos vecinos de Aldea del Obispo fueron sacados para el campo y tiroteados, pero salieron con vida: José HERNÁNDEZ LAMAS y Jacobo ANDRÉS LORENZO. José fue herido por disparos en el Alto de San Pedro, siendo curado en Fuentes de Oñoro, de donde fue llevado y asesinado en el término de Bocacara el día 21 de agosto. Jacobo, después de ser sacado para la dehesa de Gardón y herido en una muñeca, huyó a Portugal, siendo detenido en Guarda y devuelto a España. Finalmente sería ejecutado en alguna saca carcelaria de Ciudad Rodrigo por el mes de octubre (croniquilla del 21 de agosto).

Hacia el 25 de agosto. Tres vecinos de El Sahugo, Juan Iglesias Muñoz, Ventura Manchado y Gabriel “del Carretero”, fueron sacados por falangistas locales y de Ciudad Rodrigo hacia Valdepino de Abajo o de Arriba. Después de una discusión en la carretera, serían invitados a volverse y correr en dirección de El Valle (Valdepino del Medio), sin duda para servir de blanco, pero se negarían a obedecer, siendo golpeados de nuevo, pero no fusilados gracias a la intervención del guardia civil que acompañaba al comando (Iglesias 2008a: 191-192).

 

En consecuencia, más de la mitad de las víctimas de detenciones sangrientas y sacas fallidas fueron de nuevo sacadas y dos de ellas procesadas y condenadas a muerte (una conmutada):

 

* Detenciones sangrientas fallidas: 4, seguidas de ejecuciones extrajudiciales: 3

* Sacas fallidas en la conducción: 4, seguidas de ejecuciones extrajudiciales: 2

* Sacas fallidas en la ejecución: 16, seguidas de ejecuciones extrajudiciales: 7; y de condenas a muerte: 2 (una de ellas ejecutada)

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dom

06

nov

2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936. Prolongación de las sacas. Ángel Iglesias Ovejero

El Decreto 55 del 1º de noviembre de 1936, que regulaba definitivamente el procedimiento sumarísimo (croniquilla), seguramente sirvió para apuntalar el rumor, fomentado por la propaganda “nacional”, de que Franco había prohibido las sacas (Iglesias 2016b: 307). Pero esto no fue así. No solamente hubo dos sacas carcelarias en Ciudad Rodrigo, una el 25 de noviembre y otra el 16 de diciembre, cuyos afectados han sido perfectamente identificados, además de otra fallida en Espeja el día 17 de noviembre, como se especificará en su momento. En varias de ellas se comprueba la eficacia del mecanismo bien rodado para no dejar rastro, que si en algunos casos anteriores no dio del todo el resultado buscado, en otros la perfidia de los mandos represores y de los ejecutores consiguió que, además de borrase la identidad de las víctimas, solo quedaran de ellas vagos recuerdos en testimonios difíciles de contrastar, así como de los lugares y las fechas de su ejecución a lo largo del verano y otoño sangriento, incluso después del citado Decreto o casi coincidiendo con él. En su mayor parte fueron evocadas de pasada en la croniquilla del pasado 6 de agosto:

 

Verano/otoño de 1936. Asesinatos y enterramientos clandestinos de DECENAS DE DESCONOCIDOS en la finca de Los Carvajales, entre ellos la legendaria “MAESTRA DE ACEBO”.

Fecha indeterminada del verano/otoño de 1936. Según testimonios, en la parte derecha de la carretera a Salamanca, subida la cuesta de Castillejo de Huebra (Muñoz), aparecieron DOS CADÁVERES, que “eran de la parte de Ciudad Rodrigo”.

31 de octubre. Cadáver de una “DESCONOCIDA HEMBRA”, en el término de Peñaparda.

Otoño de 1936, en la época de recogida de la bellota. Testimonios de El Bodón señalan hallazgos de cadáveres de VARIOS DESCONOCIDOS asesinados en el paraje del Canto Hincao, término de Carpio de Azaba.

29 ó 30 de noviembre. Hallazgo de los cadáveres de DOS DESCONOCIDOS en el río Águeda, cerca de La Caridad, según el acta del juez (30/11/36, Sumario 92, act. def. 02/12/36).

Otoño de 1936. Los ejecutores fascistas abandonaron CADÁVERES en el término de Bocacara, entre ellos de VECINOS DE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN, al parecer sacados a mediados de diciembre (croniquilla del 14 de dicho mes).

Fecha incierta de 1936, quizá en el otoño. Un PASTOR DESCONOCIDO, según testimonios, fue arrojado desde el puente del Águeda, término de Castillejo de Martín Viejo.

Fecha indeterminada, quizá en el otoño. DOS PERSONAS DESCONOCIDAS, cuyos cadáveres habrían sido depositados junto al cementerio de Fuenteguinaldo.

Fecha desconocida de 1936, quizá en el otoño. Hallazgo del cadáver de un DESCONOCIDO en El Picotu, término de Navasfrías.

 

Según los expedientes de 1979, hay otras víctimas mortales que han sido identificadas, pero se conocen mal las circunstancias exactas de la motivación, detención y ejecución, incluida la fecha de ésta, como sucede con un vecino de Ciudad Rodrigo:

 

Valentín PINTO TOMÁS, casado con Mercedes Gómez Martín, que en 1979 estaba domiciliada en el barrio de San Isidro, nº 5. Según el informe policial de dicho año: “de la documentación que presenta se deduce que el mismo falleció durante el

período 1936-39 por acción directa del hombre” (Exp. Viudas / Desaparecidos 1936).

Es un ejemplo entre tantos que esperan testimonios o pruebas escritas que ayuden a completar la ficha de identificación social de los represaliados y su condición de víctimas. En los casos anteriores está casi todo por hacer.

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mar

01

nov

2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936: El Decreto 55 y las víctimas mortales de la represión judicial en la comarca de Ciudad RodrigoÁngel Iglesias

A finales de octubre de 1936, con el ejército nacional-africano a las puertas de Madrid, los “nacionales” se veían ya ganadores de la guerra o poco menos. Tanto es así que, en previsión de la inminente “liberación” de la Capital y de la represión prevista, no ya para castigar a los que habían defendido el Gobierno legítimo de la República, sino para la erradicación del republicanismo, se publicó el Decreto 55 (1º de noviembre, BOE nº 22), firmado por Franco. Sin embargo esta entrada triunfal en Madrid, bien porque la resistencia del ejército fiel y los milicianos (con la ayuda de las brigadas internacionales) fuera más encarnizada de lo esperado por sus atacantes “liberadores” o porque para la aniquilación de los valores republicanos Franco (de acuerdo con Mola, quien pensaba que al enemigo no bastaba con vencerlo, sino que era necesario destruirlo), prefiriera una guerra larga. Esta es una teoría puesta de relieve por algunos historiadores, pero no constituye en sí ninguna arriesgada revelación. En la asignatura obligatoria de “Formación del Espíritu Nacional” se explicaba que Franco, el magnánimo, no había querido entrar en Madrid por la fuerza para no destruir la Capital (y en esto la propaganda del Régimen no mentía, Franco sólo pretendía destruir física o moralmente a los republicanos, para lo cual no dejaba piedra sobre piedra, si lo estimaba oportuno). Fuera necesaria o voluntaria la renuncia a entrar en Madrid, recuerda J. Marco (2012: 197-198), Franco concibe una “guerra larga” en la que, con el desarrollo de una legislación adecuada al caso, se podrá efectuar una lenta y profunda “limpieza política”, sin renunciar por ello, habría que añadir, a los métodos expeditivos de las sacas, como se podrá apreciar por estos pagos en los meses de noviembre y diciembre.

El Decreto 55, cuyo objetivo era acelerar las diligencias en detrimento de las garantías personales, no contenía grandes novedades en lo que atañe a la represión en la retaguardia “nacional”. Concretamente, en la comarca de Ciudad Rodrigo los juicios sumarísimos se incoaron apenas publicado el bando de guerra en la cabecera el día 19 de julio. Desde entonces hasta noviembre de 1936 se desarrolló y aplicó (por anticipación) todo el montaje perverso de la justicia militar, que por sus pasos contados, tenía su fundamento en el bando de la Junta de Defensa Nacional (Burgos, 28 de julio). Su contenido se revisó en el Decreto 79 un mes más tarde (31/08/36) de la misma JDN, en el sentido de acelerar y extender el procedimiento sumarísimo de la jurisdicción militar (Carlos Jiménez Villarejo 2007) y se concretó en el Decreto 108 (publicado el 13/09/36 por la JDN), que declaraba “fuera de la ley los partidos y agrupaciones políticas o sociales” que habían integrado el Frente Popular (art. 1) y decretaba la incautación de sus bienes por el Estado (art. 2), así como la suspensión y destitución de los funcionarios y empleados que habían servido al gobierno legítimo (a. 3). Y todo ello se reestructuró en dicho Decreto 55 (01/11/36), según el cual, dejando sin efecto las disposiciones republicanas del Código de Justicia Militar introducidas por el decreto de 11 de mayo de 1931 (E. González Padilla 2003), se implantaba el “sumarísimo de urgencia”, se definía este procedimiento, los actores que intervenían y la composición de los tribunales.

En esta zona occidental salmantina, como en otras sin duda, se ensayaron novedosas variantes del procedimiento jurídico-militar antes de su formulación teórica. Dado el carácter expeditivo de su aplicación, presenta analogías con los métodos de la Santa Hermandad, a juzgar por las huellas que ha dejado en el Refranero: “La justicia de

Peralvillo, que después de ahorcado el hombre le leían la sentencia” (Correas). De hecho, cuando el citado Decreto 55 dictó las normas para la instrucción de la “responsabilidad militar”, ya habían sido procesados decenas de vecinos y naturales del ámbito mirobrigense (y sucedió lo mismo con los tribunales específicos para juzgar la “responsabilidad civil”, en 1937, y la “responsabilidad política”, en 1939, que actuaban por la vía gubernativa). Algunas de esas personas fueron condenadas a muerte y ejecutadas en el campo de El Marín, cerca del cementerio de Salamanca, conde fueron enterrados sus cadáveres, antes del 1º de noviembre (varias ya mencionadas, por lo que se remite a los necrologios correspondientes):

 

10 VECINOS sumariados de Ciudad Rodrigo, Saelices el Chico y Salamanca (J.sum.265/36), condenados a muerte y ejecutados el 30 de agosto (ver croniquilla)

Máximo BENITO DE SAN GUILLERMO, de 22 años vecino de Cabrillas, jornalero, soldado, soltero. Fue procesado (C.531/36), condenado a muerte y ejecutado el 23 de octubre (ver croniquilla)

Celso ESCANILLA SIMÓN, de 31 años, natural de Ciudad Rodrigo, maestro y alcalde de Bogajo, hijo de José y Victoria, casado con Ángeles Santos, sin constancia de descendencia. Fue procesado con otros tres “por tenencia de armas, folletos extremistas y excitación a la rebelión” (J.sum.432/36), condenado a muerte y ejecutado el 23 de octubre

Los sindicalistas, promotores en Retortillo de una huelga para oponerse al Alzamiento, Cristino Bartolomé MARTÍNEZ MURIEL, de 27 años, secretario de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra (STT) y concejal, Celso MORO HERNÁNDEZ, de 31 años, presidente de la STT y teniente de alcalde, y Máximo MURIEL BLANCO, de 26 años, vocal de la STT, fueron apresados y procesados (C.462/36), condenados a muerte en consejo de guerra (28/09/36) y ejecutados en el mismo lugar y fecha que los anteriores (croniquilla del 25 de julio).

 

Como puede observarse, los mandos militares de Salamanca agruparon varias ejecuciones el día 23 de octubre. Obviamente, después del 1º de noviembre hubo otros sumariados y condenados a muerte, sin que el procedimiento cambiara gran cosa en su forma:

 

Ángel LÓPEZ DELGADO (a) “EL CARRACEDO”, de 33 años, natural de Correjanes (Orense), vecino de Ciudad Rodrigo, comerciante, concejal socialista. Después de una saca fallida el 9 de agosto de 1936, fue capturado en Las Hurdes y procesado (P.sum.84/37), siendo condenado a muerte en consejo de guerra (28/04/37) y ejecutado el 17 de junio de 1937 (croniquilla del 30 de agosto)

Agustín FROUFE CARLOS, de 22 años, natural de Puerto Seguro, vecino de Salamanca, abogado, secretario de las Juventudes Marxistas Unificadas. Fue procesado dos veces (J.sum.334/36, C.333/36), condenado a muerte en ambos consejos de guerra, siendo conmutado la primera vez por el Presidente de la JDN (24/08/36), pero finalmente ejecutado el 20 de junio de 1937 (croniquilla del 12 septiembre).

Jesús MARTÍN RODRÍGUEZ, natural y vecino de Ciudad Rodrigo, barbero, hijo de Luciano y Petra, ejecutado por sentencia de consejo de guerra el 6 de julio de 1938 (López-Delgado 2001: 294)

Félix RODRÍGUEZ MARTÍN, represor, y Julián COLLADO RODRÍGUEZ, vecinos de Peñaparda, procesados (C.728/37), condenados a muerte en consejo de guerra (18/09/37) y ejecutados el 10 de marzo de 1938 (croniquilla del 1º de septiembre).

 

Entre los conmutados se cuentan sendos vecinos de La Bouza, Peñaparda y Espeja:

 

Dionisio HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, de 29 años, natural de Alp (Gerona), hijo de Victoriano y Filomena, maestro de La Bouza, casado con Ramona Hernández Ferreira, con quien tenía cuatro hijos. Fue procesado a raíz de un registro en el domicilio de Victoriano Hernández, su padre, en Salamanca, donde fue detenido el 22 de agosto (P.sum. 1024/36). Existían indicios de que con anterioridad padre e hijo habían estado huidos en Portugal en compañía de Raimundo Etreros, maestro de Pedrosillo de Alba, que había ejercido en Aldea del Obispo cuando Victoriano estaba allí destinado como sargento de Carabineros y fue acusado de actividades subversivas relacionadas con los sucesos de Asturias en 1934 (AHPS: 414). Eran considerados “peligrosísimos” los tres. En La Bouza le hallaron documentación marxista a Dionisio, pero esto no probaba su participación en actividades revolucionarias. Se consideraron circunstancias agravantes la notoriedad y el cargo que ejercía, por lo cual en el consejo de guerra ((14/04/37) fue condenado a la pena capital; y a reclusión perpetua a su padre, que era brigada de Carabineros retirado. Dionisio fue conmutado (19/05/37) y cumplió su castigo carcelario en Salamanca, Pamplona, Astorga y Orense. Se benefició de la libertad condicional en 1943 y, tras la rebaja de condena, salió en libertad definitiva en 1946.

Aurelio JOSÉ JUAN, de 34 años, natural de Ituero de Azaba, jornalero, casado, presidente de la STT y de la agrupación socialista de Espeja. Procesado (C.1322/36) después de haber sido herido en una saca fallida (Iglesias, Represión franquista: 420). Condenado a muerte en consejo de guerra (06/03/37), conmutado (croniquilla de Espeja, prevista para el 17 de noviembre).

Emilio RODRÍGUEZ MATEOS, secretario municipal de Peñaparda, represor, procesado (C.728/37) y condenado a muerte en consejo de guerra (18/09/37), pero conmutado, a diferencia de su hijo Félix Rodríguez y su yerno Julián Collado (1ª croniquilla de Peñaparda, día 1º de septiembre).

Primitivo PRIETO ROMÁN, de 24 años, hijo de Guillermo y Francisca, jornalero, ¿STT?, “cabo de la Brigada de Trabajadores” (Iglesias 2009a). Según sus familiares, lo denunciaron tres vecinas, una de ellas falangista, por un comentario efectuado cuando volvió de permiso del servicio militar franquista, diciendo que, con respecto a la guerra, “la pelota estaba en el tejado”. Esto lo hacía sospechoso de soldado poco entusiasta con el Alzamiento y rojo, por lo cual aquel mismo día por la tarde ya tenía la notificación para que fuera a la cárcel del pueblo (EB 2007). En la causa que se le siguió “por rebelión militar” (C.788/37) se confirma que efectivamente su desgracia empezó por una conversación de camino con tres vecinas, en la que condenaba las muertes causadas por “los nacionales” en el pueblo y otras partes. Este comentario lo habría formulado el día 19 de febrero de 1937, de vuelta de Ciudad Rodrigo, a la altura de la dehesa de Casablanca. En las declaraciones de unos y otros en el proceso salieron a relucir las ideas y actividades sindicales y políticas de Primitivo Prieto, su relación con “Milhombres”, secretario de Manso, así como su liderazgo en el intento de oponerse al Movimiento, hostilizando a la Guardia Civil el domingo 19 de julio 1936. Fue detenido en el Regimiento dela Victoria (17/03/37), juzgado y condenado a la pena de muerte en el consejo de guerra (23/07/36), conmutada en 30 años de prisión (29/07/37), y se le concedería el indulto (25/03/1946), porque según una cláusula del mismo en Primitivo se daba el requisito necesario: “no se atribuye al interesado, a juicio de este Ministerio, participación en actos de crueldad, muertes, violaciones, profanaciones, latrocinios ni otros que, excediendo del propósito subversivo, acusen calificada perversidad” (C.788/37: f. 39). Un requisito que

raramente habrían cumplido los ejecutores fascistas, si hubieran sido juzgados, y no se les aplicó cuando lo fueron en Peñaparda y Robleda. Según testimonios, no todos corroborados por su historial en la cárcel, cumplió casi diez años en las cárceles de Salamanca (donde habría sido compañero de prisión del peñapardino Serafín Caneiro y del navasfrieño José Moreiro), Burgos, Astorga, Toro (trabajando en la construcción de la Azucarera) y Madrid, para terminar en las obras del Valle de los Caídos, de donde volvió enfermo hasta que murió en 1963, después de estar casado con la viuda de José Hernández, uno de los asesinados en 1936. Según su expediente, el indulto le llegó cuando cumplía condena en el destacamento penal de Lozoyuela (Garganta de los Montes, Madrid), y con anterioridad, efectivamente, había sido transferido a la prisión Central de Burgos (23/11/1938).

Amador HERNÁNDEZ RAMOS (a) “Milhombres”, de 33 años, natural de El Bodón, vecino de Salamanca, hijo de Tomás e Isabel, empleado del secretariado de STT, casado con una bodonesa, pequeño de talla y gran orador, muy activo en los pueblos de la comarca. Se le instruyó juicio sumarísimo con otros líderes republicanos de Salamanca (C.486/36), en cuyo consejo de guerra (21/10/37) fue condenado a muerte, pena conmutada por 30 años (11/05/39) y posteriormente por la de 6 años, que en parte cumplió en Salamanca, Pamplona (26/08/39), Astorga (1942), Gijón (30/12/42) y Burgos (01/06/43), donde primero le darían la libertad condicional (14/09/43) y después la definitiva (21/06/48).

 

Total de afectados por condenas a muerte en consejos de guerra (naturales o vecinos de localidades de la comarca mirobrigense, 25:

* Ejecutados : 20

* Conmutados: 5.

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lun

24

oct

2016

La exposición sobre el fuerte de San Cristóbal y los presos de la zona mirobrigense afectados por la fuga del 22 de mayo de 1938

Entre el 24 y el 31 de este mes está prevista una exposición sobre el fuerte de San Cristóbal en la Casa Municipal de Cultura de Ciudad Rodrigo, a cargo de “Foro por la Memoria” y que coordina a nivel local Susana Luengo (Farinatos por la Memoria). Esto da pie para recordar a algunos comarcanos mirobrigenses que estuvieron presos e incluso uno de ellos sucumbió allí. En dicho establecimiento penitenciario de Pamplona, sito en el monte Ezkaba, en mayo de 1938 había 2.497 reclusos, en su mayoría republicanos. Algunos de ellos habían planeado una fuga, que 795 presos pusieron en ejecución el 22 de dicho mes, con intención de pasar a Francia, destino que solamente lograron alcanzar tres fugados. Por lo general la aventura, por falta de previsión y diversas razones, se terminó de mala manera para muchos: 585 fueron capturados (400 de los cuales murieron de hambre), 207 fueron muertos en el campo en aquella descomunal cacería humana (como sucedió en las detenciones y sacas sangrientas) y 17 fueron procesados, 14 (o 16) de los cuales fueron ejecutados públicamente en Pamplona (08/09/38), por sentencia de consejo de guerra (como sucedió en las parodias jurídico-militares de los sumarísimos de Salamanca). Algunos muertos de este centro penitenciario fueron enterrados en un cementerio habilitado junto al Fuerte, donde los antropólogos de la sociedad Aranzadi han exhumado los restos de poco más de media docena. Al parecer, su nombre y otros datos figuraban en un papelito introducido por el capellán de la prisión, José María Pascual, en sendas botellas, pero solamente se han recuperado los de algunos. Estos detalles, según anuncia el programa, se podrán comprobar y ampliar en esta exposición durante la visita guiada de hoy día 24 y en la conferencia de Félix Sierra el día 26 (para la fuga en general, se puede consultar el libro del mismo Félix Sierra e Iñaki Alforja, Fuerte de San Cristóbal, 1938. La gran fuga de las cárceles franquistas, Iruñea, 2006 [1990]).

En la fecha de la fuga había tres presos de la comarca de Ciudad Rodrigo, que en dicha prisión cumplían condenas impuestas por consejos de guerra celebrados en Salamanca. Dos de ellos participaron en la escapada, con diversa fortuna, y el tercero se abstuvo o no le dio tiempo de tentar la odisea. Los dos primeros eran vecinos de Villar de Ciervo.

 

Emiliano PIZARRO FERREIRA, de 38 años, jornalero, socio de la STT, concejal republicano, casado con Ángela Zamarreño (croniquilla del pasado 16 de septiembre). Murió en la fuga.

Valentín LORENZO BAJO, de 36 años, hijo de Domingo y Josefa, jornalero, secretario de la Sociedad de Trabajadores, casado con Sabina Lorenzo. Fue procesado (C.884/36) y condenado a 12 años y un día de reclusión, que cumplía en la prisión de Pamplona desde el 26 de junio de 1937. Valentín fue uno de los tres afortunados fugitivos que, como él mismo tuvo ocasión de contar, después de casi diez días de camino, consiguió llegar a Francia (31/05/38), donde su aventura tuvo un largo recorrido. Antes de terminarse la guerra civil volvió a la zona republicana. Cuando ya era inminente la derrota en Cataluña tuvo que conducir una columna de 2.000 prisioneros hasta Figueras y después exiliarse a Francia (07/02/39), donde conoció el régimen de los campos de concentración en Argelès-sur-Mer (Pirineos Orientales). Luego se enroló en una compañía de trabajadores en Meyssac (Corrèze) y más tarde

fue obligado a integrarse en un cuerpo de trabajadores para la Alemania nazi (14/04/43), pero le alcanzaron los efectos de un bombardeo inglés en Burdeos (17/05/43) y tuvieron que amputarle una pierna. Se asentó en esta ciudad, donde pudo rehacer su vida familiar hasta que murió en 1986 (referencias en Iglesias 2016a: 655).

El tercer preso comarcano de Ciudad Rodrigo era un antiguo carabinero, enviado a otro destino primero y después procesado (C.925/36, Iglesias 2016a: 315):

 

Eloy ULLÁN BOTE, de 45 años, natural de Saelices el Chico, carabinero con destino en Carpio de Azaba, después trasladado a Salamanca, casado con María Álvarez, sin constancia de la eventual descendencia. Tenía una hermana (María Paz) casada con Eladio RIVERA HUERTAS, una de las víctimas de la saca carcelaria de Ciudad Rodrigo el 16 de diciembre de 1936 (croniquilla prevista). En agosto de 1936 fue destinado a Salamanca, debido a una denuncia de la gestora militarista de Carpio de Azaba, donde era comandante del puesto, acusado de izquierdismo, al igual que sus compañeros Valentín Vicente y Juan Moreno (Inf.CdA/37). En Salamanca (01/10/36) lo denunció Sebastián Martín Pérez, sargento de la Guardia Cívica, por un desliz verbal y presuntamente por un desaire, en una discusión sobre las competencias de cada uno, cuando ambos prestaban servicio de noche cerca del Puente Romano. En la Comandancia de Carabineros lo apoyarían en el sentido de que Eloy y otro compañero cumplían un servicio específico de reconocimiento de vehículos y viajeros, que no incumbía al Sargento, pero la denuncia surtió su efecto. Detenido al punto en la citada Comandancia (01/10/36), no hizo falta siquiera rastrear en los antecedentes izquierdistas del Carabinero, cuyas repetidas explicaciones sobre las motivaciones de amor propio del Guardia Cívico no convencerían a los jueces instructores. Pronto dictaron auto de procesamiento y poco después de elevación a plenario (28/10/36), cuando Eloy ya había sido trasladado al cuartel de Caballería de Calatrava. En el consejo de guerra (21/11/36), presidido el coronel Pedro Sánchez Sánchez, la sentencia fue consecuente con la petición del Fiscal, 30 años de reclusión, por “adhesión a rebelión militar”, con expulsión inmediata del Instituto. La pena le sería conmutada (10/06/43) por la de seis años y un día de cárcel, que cumplió en la prisión provincial de Salamanca y en la de Pamplona (18/01/37). Su nombre aparece en el listado de los 4.943 presos de la prisión del fuerte de San Cristóbal, con el nº 558 de la relación de 1936-1940. No habiendo querido o podido participar en la fuga, salió de allí en libertad condicional (31/05/42) antes de la conmutación de pena.

No hay constancia de que hubiera víctimas mortales entre los vecinos de Carpio de Azaba. Sin embargo se registra el hallazgo de un CADÁVER en el Canto Hincao, dehesa del Manzano, ayuntamiento de este pueblo (C.463/37). Seguramente no sería el único, pues según testimonios de El Bodón, en dicho paraje aparecieron cadáveres algunos DESCONOCIDOS en la época de la recogida de la bellota, es decir ya bien avanzado el otoño de 1936 (EB 2006). Por otro lado, es posible que algún vecino, si no fue asesinado, no estuvo lejos de serlo, pues del compañero sentimental de Balbina Lorenzo Martín se dice en un procedimiento previo contra ésta que: “fue detenido a principio del Glorioso Movimiento Nacional y se tiró de la camioneta en que era conducido” (P.prev.CdA/38: f. 1).

Todo parece indicar que en este pueblo cercano a la cabecera del Partido, donde no se comprueban conflictos llamativos en la primavera de 1936, la represión se orientó casi desde el inicio del Alzamiento por la denuncia y la vía de la justicia militar. La proximidad permitía el desplazamiento de los líderes del Frente Popular, sobre todo los del emergente partido de Izquierda Republicana. Los vecinos que no podían actuar directamente, como los citados carabineros, lo hacían a través de sus esposas, según los

represores. De modo que en Carpio se comprueba otro motivo recurrente en las denuncias: los cónyuges resultan siempre sospechosos de simbiosis política. A finales de julio de 1936 entraron en la cárcel mirobrigense Emilio Hernández, antiguo oficial de prisiones, y Esteban Arroyo García, alcalde republicano, socios fundadores de Izquierda Republicana en dicha localidad, entre cuyos simpatizantes también se incluía a la esposa del primero, María Matos Maderal, maestra, que sería cesada en el cargo.

La “limpieza política”, que ya se había iniciado en 1937 por la vía gubernativa, para sancionar la “responsabilidad civil”, de la que se encargaba la Comisión de Incautación de Bienes por el Estado (CIBE), se prosiguió en 1939 con el Tribunal de Responsabilidades Políticas (TRP). Y así se llega a un total provisional análogo al de otros pueblos cercanos y pequeños; una decena de vecinos afectados por la represión:

-sin víctimas mortales de la localidad

-represión carcelaria: 7

-depurados, cesados: 5 (dos también presos)

-sancionados o embargados: 3 (también presos).

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dom

23

oct

2016

Las víctimas mortales de la represión procesal en el Campo Charro. Necrologio de Cabrillas. Ángel Iglesias Ovejero

En general, la represión de los pueblos del Campo Charro, más o menos cercanos del nudo de comunicaciones ferroviario de La Fuente de San Esteban, corrió a cargo de los comandos de la Guardia Civil enviados desde la Comandancia de Salamanca (croniquilla del pasado 25 de julio). Quizá por esta razón fueran menos frecuentes las sacas extrajudiciales, porque los miembros de los Institutos armados, en previsión de una posible responsabilidad si el gobierno republicano se hacía con el control de la sublevación, exigirían que las órdenes importantes de los mandos fueran formuladas por escrito. Pero esta apreciación sobre el efecto benéfico de la implicación directa de la Guardia Civil quizá sea fruto de una falta de información suficiente. Lo cierto es que los contrastes sociales y los incidentes entre los jornaleros y los patronos del campo, relacionados con la reforma agraria y la normativa laboral, fueron similares a los de otras zonas. Y la oposición al Alzamiento mediante la huelga en período de la siega fue incluso más seguida en localidades de este territorio. Por todo ello, como sucedió inicialmente en Retortillo, la persecución contra los huelguistas se llevó a cabo por la vía procesal de la jurisdicción militar, que produjo algunos muertos en pueblos limítrofes de la comarca mirobrigense, como San Muñoz y otros de El Abadengo (Iglesias, Represión franquista: 313).

En Cabrillas, municipio en que antes del Alzamiento se habían producido incidentes parecidos a los evocados, también hubo una víctima mortal de la represión jurídico-militar, pero por razones diferentes. La única hasta ahora identificada del necrologio de esta localidad.

 

Maximino BENITO DE SAN GUILLERMO, de 22 años, hijo de José Antonio y Escolástica, soltero, jornalero. Falleció (23/10/36) por ejecución de sentencia de consejo de guerra (29/09/36). Lo procesaron por manifestaciones tendenciosas, debido a que no compartía el entusiasmo de otros soldados con respecto al triunfo del Movimiento e incluso llegó a sugerir la posibilidad de pasarse al frente republicano, lo que sería calificado de tentativa de deserción (C.531/36). Estuvo preso en los calabozos del Regimiento de Infantería y pasó a la cárcel provincial para la vista de la causa. Quizá por la impresión de la sentencia tuvo un síndrome “hiposistólico”, que requirió su ingreso en el Hospital de la Trinidad (12/10/36), pero fue devuelto a la prisión para ser ejecutado el mismo día que el maestro Celso Escanilla, alcalde de Bogajo, y los promotores de la huelga en Retortillo, Máximo Muriel, Cristino Martínez y Celso Moro. Y esto lleva a pensar que el 23 de octubre los mandos de Salamanca, en cierto modo programaron una saca carcelaria por ellos mismos legalizada, mediante aquellos consejos de guerra esperpénticos.

No hay constancia de que los soldados delatores recibieran condecoraciones o premio alguno, como tampoco se tiene constancia de la reacción moral que tuvieran al comprobar la condena y ejecución de un compañero. Los mandos tenían vacunados a estos hombres jóvenes contra ese tipo de alicientes y de posibles remordimientos, explicándoles que era parte del “cumplimiento del deber” (una explicación que también tuvo mucho eco entre los denunciantes civiles, sin que al parecer los haya dejado plenamente satisfechos, pues nunca han reivindicado la condición de chivatos). Hubo otras denuncias análogas entre soldados, sin consecuencias tan graves, por ejemplo la de José Moreiro Acosta (C.875/37)

 

La consulta de los fondos del gobierno civil en el Archivo Histórico Provincial y de la documentación procesal revela que la toma de conciencia político-social y la afiliación sindical (Socorros Mutuos, STT) estaba bastante desarrollada en Cabrillas. Los vecinos más señalados fueron molestados por los represores. Andrés Garavís García, alcalde perteneciente o simpatizante de Izquierda Republicana, se había enfrentado con el secretario municipal, que ponía dificultades para el aprovechamiento de la dehesa boyal por parte de los afiliados de la Sociedad Obrera. Longinos Corcho, concejal, como presidente de esta Sociedad en 1932 o 1933, había liderado la parcelación del terreno comunal de Las Eras y después había apoyado al citado alcalde. Hubo maestros depurados y otros vecinos sancionados económicamente. De modo que, a falta de más información, la represión arroja un balance provisional de 14 afectados:

- víctimas mortales: 1

- víctimas carcelarias: 7

- depurados: 2

- sancionados, embargados: 4.

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dom

16

oct

2016

Las familias elegidas para el sacrificio. La saca del 16 de octubre: fosa del Valle del Lagar. Necrologio de Gallegos de Argañán. Ángel Iglesias Ovejero

Al cabo de una semana de la anterior saca carcelaria, los responsables y ejecutores efectuaron otra el 16 de octubre conforme al mismo guión. En consecuencia, no es de extrañar que también se repitan los efectos señalados en lo que atañe a las dificultades para la identificación total de las víctimas (croniquilla del pasado día 9). Pero, aparte de ser más numerosos los afectados, en esta otra saca se comprueba una característica represiva muy extendida, cual fue la aplicación de castigos terribles a determinadas “familias elegidas”, cuyos miembros con frecuencia fueron exterminados en parte (Iglesias, Represión franquista: 552). Fue el caso de “la señora Gaona y sus hijos”. Tampoco es novedosa la constatación de que un vecino de Gallegos de Argañán, que había sido herido por fuerzas rebeldes en su pueblo de origen y curado en el hospital, fue después sacado para su asesinato, acto de barbarie refinada denunciado como tal por un eclesiástico mirobrigense (C.2133/37). Forma parte del necrologio de dicha localidad, donde los encargados ponen obstáculos insalvables para la consulta del archivo municipal y, además o quizá por esto mismo, algunos presumen de no tener  víctimas mortales republicanas en su vecindario.

 

Los avatares carcelarios de algunos integrantes de la saca colectiva del 16 de octubre son análogos a los del día 9 anterior, con eventual doble paso por la prisión. La “Relación” de las salidas en tal fecha incluye los nombres de nueve excarcelados, ocho de los cuales, según la tradición mirobrigense, fueron asesinados y sus cadáveres enterrados en una finca del Valle del Lagar (infra).  Los cinco primeros habían sido detenidos entre el 26 y el 31 de julio, por lo que es de suponer que los represores los consideraban  “peligrosos” de antemano, aunque de algunos no se tiene indicio alguno sobre el presunto motivo.

 

Pablo Santos Sánchez, natural de Palma de Mallorca, socialista, concejal, sin constancia de edad, filiación, profesión y estado civil (ver croniquilla del 30 de agosto).

Ángel Sierro Mangas (primer apellido Sierra en la ASMJ), de 25 años, jornalero. Había estado detenido del 26 de julio al 23 de septiembre y fue reingresado el 26 del mismo mes (ARMR, Expediente de huérfanos).

Remigio Baz Martín, sin constancia de otros datos. Había estado detenido del 31 de julio al 23 de septiembre y reingresó el 26 del mismo mes. En el juzgado de instrucción del Regimiento de La Victoria le abrieron expediente en 1938, “por faltar a su incorporación” como recluta del reemplazo de 1928, 4º trimestre. Según el informe del juez instructor (01/02/39), teniente de Carabineros Pedro Martín, había sido declarado en rebeldía por orden del Secretariado de Guerra (14/08/1937) y en 1939 seguía “en ignorado paradero” (Exp. CR/38). Remigio fue uno de los emisarios de Ciudad Rodrigo encargados de transmitir las consignas de oposición al Alzamiento, en compañía de Manuel Mateo, que estuvo detenido tres veces en 1936 y fue procesado en 1939. 

Balbino Escalera Iglesias,  nat. Villamiel (Cáceres), sin otros datos. Había ingresado en prisión el 28 de julio. Se ha especulado con que pueda ser uno de los “desconocidos” hallados muertos en Bocacara, donde los testimonios locales hablan de un desconocido de Acebo, cuyo cadáver fue recogido por su familia y en cuya vestimenta se halló dinero, gracias a la custodia de algún vecino del pueblo que, a pesar de su pobreza, no se empleó en el expolio del cadáver (B 2012).

Graciliano Hernández Tomás, detenido el 8 de agosto (ver infra, necrologio de Gallegos de Argañán).

 

Los otros excarcelados el día 16 de octubre habían ingresado pocos días antes.

 

Alfredo Miguel Plaza, de 50 años, comerciante, casado. Había sido detenido el 8 de octubre y volvió a ingresar, antes de ser eliminado en la última saca carcelaria comprobada, el 16 de diciembre (ver croniquilla).

Antonio Hernández Rastrero, de 37 años, hijo de Manuel y Narcisa, casado con Petra Bernal Martín con quien tenía cuatro hijas (croniquilla del pasado día 9). Se indica como motivo adicional que había tenido alguna agarrada con otro vecino, que “era de derechas y tenía mal careo” (CdF 2008).

 

Entre los sacados de la cárcel el día 16 figuran dos mujeres, ingresadas los días 13 y 14, ambas naturales de Ciudad Rodrigo, sobre las que se tienen escasos datos registrados (Iglesias 2014B):

 

Gertrudis Sánchez Montero (a) “Gaona”. Esta mujer es una de esas víctimas que ha dejado una estela de leyenda, por el exterminio que la represión sangrienta produjo en su familia, toda ella conocida por el apodo de “los Gaona”, de motivación taurina. En el mismo viaje de la “señora Gaona” (< Rodolfo Bernal Gaona, torero mejicano del s. XIX-XX, inventor del lance conocido como gaonera) y con el mismo destino habrían ido sus hijos Francisco y Esteban Vicente Sánchez. Del padre de éstos no se tienen noticias, pero otro miembro de la fratría, Juan Vicente Sánchez, había sido “sacado” con anterioridad de la cárcel del Partido (croniquilla del 19 de agosto).

Clara Machado Vieira. A juzgar por sus apellidos, quizá fuera de origen portugués, pero a ciencia cierta casi no se sabe nada de ella. Puede ser una de las personas asesinadas en la saca de la fecha indicada, como su compañera de prisión Gertrudis Sánchez, aunque a diferencia de ésta, no suele mencionarse en los relatos orales.

Francisco Vicente Sánchez (a) “Gaona”. Aunque con las precauciones que requieren estos casos, su identidad nominal y social puede corresponder a la víctima de este nombre y apellidos (pero sin el apodo)  en el listado de la ASMJ: ferroviario, casado con María Collado, “ejecutado por su significación marxista y actividades contrarias al Glorioso Alzamiento” (AMCR, Exped. Huérfanos, 10-3).

Esteban Vicente Sánchez(a) “Gaona”, hijo de Gertrudis Sánchez, hermano del anterior. Era de los izquierdistas denunciados por los derechistas mirobrigenses (CR 2009). Uno de éstos, Luis Cambronero, en 1938 reveló que, a primeros de septiembre de 1936 el jefe local de Falange había ofrecido dinero a otro falangista por matar a Esteban “Gaona”, sin que el solicitado ejecutor aceptara el trato criminal:

(…) que quiere hacer constar, para así reflejar mejor los malos sentimientos del Jefe de Falange Agustín Calzada, sobre los primeros días del mes de septiembre de 1936, aunque no lo puede asegurar con exactitud, llamó a Pedro Cabrera, falangista de Ciudad Rodrigo, ofreciéndole, si mataba a Esteban “Gaona”, cierta cantidad, el cual se negó a ello, diciéndoselo seguidamente al que declara (C.2133/37: f. 293).

 Algún victimario cumpliría el encargo, pues en 1937 otros derechistas, entre ellos  Carlos Domínguez y varios declarantes en la causa contra Justo Montero (C.1510/37), daban por desaparecido a Esteban.

La memoria colectiva mirobrigense señala que varias personas de esta familia y otras asesinadas fueron enterradas en una o dos fosas de una finca, hoy prado cercado, en el paraje del Valle del Lagar, término de Pedrotoro,  junto a un camino que sale a un kilómetro a la izquierda de la carretera que conduce a Tenebrón. Los afectados por las operaciones macabras serían las víctimas de esta saca y quizá las de alguna otra alguna, hasta una veintena en total, según testimonios (CR 2009, Iglesias, Represión franquista: 307). Pero, a falta de datos fehacientes sobre todas y cada una de las víctimas, nada se puede afirmar con certeza. En el verano de 2012 se hubieran podido despejar algunas dudas si los dueños de la finca se hubieran mostrado más cooperativos cuando, por iniciativa de la Asociación de Salamanca por la Memoria y la Justicia (ASMJ), se emprendieron los trabajos de excavación. Pero dichos dueños, al cabo de unos días de iniciados los trabajos, aprovecharon un día festivo para poner un candado a la entrada de la propiedad y ya no se pudieron reanudar. De modo que, después de lo que se ha visto en otros casos similares, hay motivos para dudar incluso de la permanencia in situ de los cadáveres o sus restos. El juzgado del partido judicial, por su parte, se inhibió cuando se le notificó el caso, que recogieron los medios de comunicación provinciales e incluso la prensa nacional (El País, 16/08/2012).

 

Entre los cadáveres abandonados en la citada finca de Pedrotoro se cita a un vecino de Gallegos de Argañán:

 

Graciliano Hernández Tomás, de 35 años, natural de Puebla de Azaba, hijo de Jesús y Luzdivina, jornalero, casado con Herminia Martín García, padre de dos hijos menores. Apareció cadáver en Pedrotoro el 16 de octubre de 1936, sin constancia del lugar de enterramiento (act. def. 4/10/1944, ASMJ). El 24 de julio de 1936 había recibido un tiro en el muslo izquierdo, efectuado por uno de los ocupantes de una camioneta que transitaba por el pueblo, llevando guardias civiles y soldados (Sum. 141/36). El mismo agredido explicó al juez de instrucción de Ciudad Rodrigo, Fausto Sánchez, cómo la agresión fue debida a un gesto de saludo ambiguo o mal interpretado, cuando se le invitaba a levantar los brazos:

 

(...) Que en la tarde de ayer [24/07/36] regresó al pueblo de Gallegos de Argañán desde la dehesa de Marialba donde había estado dedicado a las faenas de la recolección; que cuando estaba bajando un haz de hierba que llevaba en una caballería pasó un camión con guardias y soldados, dando gritos de “Viva España”. Que le mandaron que alzara los brazos, y sin duda por haber cerrado los puños sin darse cuenta le hicieron un disparo causándole la lesión que padece en la pierna (Sum.141/36: f. 3).

 

Fue conducido al Hospital de la Pasión, donde lo reconoció el médico forense, Marcelo Sánchez Manzano, de cuyo informe se deduce que le dispararon por detrás y el tiro le dejó una rozadura en las bolsas escrotales. Dado que la autoría del delito sólo podía atribuirse a un guardia civil o a un soldado, el juez de instrucción, siguiendo la normativa que emanaba del general Mola, dictó el auto de inhibición, considerando que competía a la jurisdicción militar interesarse por “los delitos cometidos en servicio de armas” (Sum.141/36: f. 5). De hecho, la justicia militar, aun reconociendo dicha competencia, no quiso saber nada de dicha autoría, pues el auditor de guerra, José Bermejo, después del informe del fiscal, Félix Ochoa, decidió suspender el procedimiento y el archivo definitivo de la causa en la Comandancia Militar de Salamanca (19/08/36). Después de ser curado ingresó en la prisión del partido judicial, donde se registra su entrada el 8 de agosto de 1936, como “detenido [militar]”, y la salida el 16 de octubre de 1936 (Desaparecidos 1936) en la saca indicada.

 

Por las razones arriba avanzadas, no se ha podido comprobar la existencia de otros afectados por esta forma de represión extrema, por lo que Graciliano sería el único vecino que con certeza puede figurar en el necrologio de Gallegos de Argañán. Pero descontado el forastero conocido por “el Pernales”, Benito González Gómez que apareció cadáver en el puente de la rivera de Azaba (croniquilla del pasado 6 de agosto), también existe la posibilidad de que fuera sacado otro vecino:

 

Isidoro Hernández Fonseca. Había ingresado en prisión el día 24 de julio de 1936 y fue, excarcelado el 23 de septiembre (croniquilla).

 

Mientras no se pueda efectuar una consulta del archivo municipal y recoger testimonios, hay razones para sospechar que pudo haber otras víctimas, pues Gallegos de Argañán era una localidad donde algunos líderes derechistas bien implantados se oponían a los planes reformistas republicanos. En la primavera de 1936 los sindicalistas y sus familias, apoyados por un numeroso vecindario, efectuaron repetidas ocupaciones de fincas expropiables. De ello es consecuencia probada la aplicación de otras formas de represión, que se refleja en el total provisional de afectados en este pueblo, una decena:

-          Víctimas mortales: 1 ó 2

-          Víctimas carcelarias: 4

-          Depurados un maestro (también preso)

-          Sancionados o embargados : 5 (uno de ellos también preso).

 

 

 

 

 

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mié

12

oct

2016

Fiesta de la Hispanidad: el maniqueísmo “nacional” de la raza y la horda. Ángel Iglesias Ovejero

Angel Iglesias Ovejero
Angel Iglesias Ovejero

Una fiesta señera en el calendario de la “formación del espíritu nacional”, o catecismo de la propaganda franquista, era el día de la Hispanidad”, que venía a ser un eco del “día del Caudillo” (1º de octubre), porque éste era en definitiva el centro de toda aquella parafernalia verbal e iconológica, que se denominaba por antonomasia “la Política”. Era una superchería que pronto descubrían los mismos escolares, cuya estrategia para aprobar esa asignatura en los exámenes consistía en “soltar mucha paja”.  Quizá en ese descubrimiento esté la base del desprestigio que hoy, al cabo ya de casi cuarenta años de democracia, arrastran la política y los políticos, en una gran parte de la opinión colectiva asociados, respectivamente, con “la picaresca” y “la corrupción” (un sambenito, dicho sea de paso,  llevado con todo merecimiento por algunos representantes del Pueblo). 

El día 12 de octubre concentraba una multiplicidad de referencias épico-religiosas “nacionales”, que se traducían en la polionomasia correspondiente. De hecho las designaciones festivas tenían una antigüedad relativa y siguieron más o menos vigentes en el tardofranquismo: Día de la Hispanidad” (1926, 1931, 1935, 1958)Día de la Raza (1913, 1918)Día del PilarDía de la Fiesta Nacional (1892, en el 4º centenario del “descubrimiento de América”, 1987). Franco no inventó nada, pero supo hallar el sincretismo de todas estas corrientes para llevarse el agua a su molino, donde se moldeaba su ansia de poder, durable y sin límites. “El Caudillo” era el último y definitivo eslabón de las “Glorias Imperiales” (libro de lecturas). 

De un modo más o menos visible (como era la denominación del “Día de la Fiesta Nacional”) el motivo aglutinante era “el Descubrimiento”, alusivo a la llegada a las Bahamas de la expedición de Colón, a quien en los manuales escolares de Historia y sobre todo en “la Política” se procuraba nacionalizar, buscándole orígenes gallegoscomo los del “Caudillo”. Para los jóvenes estudiantes de antaño, la hazaña deportiva (convenientemente encarnada por los mitos vivientes del cine), con el grito del marinero al avistar la meta del mar proceloso, no debítener más parangón que la Redención en la historia de la Humanidad. Hasta la misma letra de Pemán para la “Marcha real” (1928) lo recordaba (2ª estrofa: Gloria a la Patria / que supo seguir / sobre el azul del mar / el caminar del sol”), cuando al modo militar, los niños en fila cubriéndose con la mano derecha sobre el hombro del compañero, la cantaban antes de entrar en la escuela. Franco había convertido esta marcha en himno nacional por decreto (27/02/1937). 

Los efectos directos o indirectos del Descubrimiento y la Conquista sobre la población indígena y su cultura no entraban en el programa de “la Política” o se ponían en la cuenta de la “Leyenda negra”, fraguada por los enemigos históricos de España; y, de paso, se recordaba que esos países no habían sido modelos de conducta colonial. En este sentido la referencia religiosa del “Día del Pilar”, en cuya leyenda dorada se insertaba la aparición “en carne mortal” de la Virgen al apóstol Santiago, para animarle en su laboriosa predicación del cristianismo, justificaban implícitamente los excesos de los conquistadores, como un mal necesario para la Evangelización, como el orden público servía de excusa a los desmanes de la Guardia Civil, que también celebra su fiesta en la misma fechaNo de otro modo se justificaba (y se justifica) la guerra civil y los desastres que le son inherentes, pretendiendo curar males sociales con otros males peores, con el falaz espejismo de que los fines justifican los medios. Así funcionaban siempre estos patronazgos, cuya retórica (escandalosa) se reduce a utilizar la motivación religiosa como escudo de la violencia armada. Para muestra basta el simbolismo de la cruz de Santiago (patrón del Arma de Caballería y del Ejército de Tierra). Decían los “formadores del espíritu nacional” que era a la vez “cruz y espada”, y no había más que hablar.  

El gran defensor de la Hispanidad, Ramiro de Maeztu (1931), tuvo un precursor que era obispo (Zacarías de Vizcarra Arana) en 1926, pero fue él quien ofreció el argumentario más aprovechable para la propaganda fascista, en la que se convirtió en referencia obligada. En La defensa de la Hispanidad se trata de justificar la desconfianza ante el progreso y el racionalismo, la galofobia y anglofobia, el republicanismo, todo ello contrapuesto al ideal católico y el modelo monárquico de los Reyes Católicos; y, claro está, se defiende la colonización de América, impregnada de unos principios morales, que deben pervivir en el Nuevo Mundo y no se respetan en los dos grandes imperios del momento, el de los Estados Unidos y el de Rusia, respectivamente saturados de una “fascinación por la riqueza” y por la tentación de “la revolución”. Durante el período republicano ya se celebró esta fiesta “de la Hispanidad” (1935). Pero fue el Caudillo” quien, después de hacer suyo el ideario del ensayista (cuya obra se reeditó en 1938), reguló la fiesta en 1958.  

Antes la guerra ya se había se había celebrado el “Día de la Raza”cronónimo propuesto y empleado bajo la Monarquía (1913, 1918). La referencia cultural también servía de coartada para esta designación, aunque con el paso del tiempo resultaría molesta la posible alusión clasista y biológica de raza aplicada al género humano, precisamente por emplearla quienes la emplearon para referirse a la para ellos superior raza aria. Hoy el término tiene unas connotaciones que quizá no tuviera en el primer tercio del siglo XX, y por ello se recomienda el término etnia para referirse a comunidades humanas que tienen características físicas o lingüísticas y culturales propias.  Pero está claro que el cambio de etiqueta, por sí solo, no borra los prejuicios sociales de la comunidad mayoritaria contra las minorías. Que se lo pregunten, sin ir más lejos,  a los gitanos, moros, rumanos, etc., a quienes seguramente no les convence el tópico de que “los españoles no somos racistas” 

 Ya terminada la guerra civil y bien entrada la segunda guerra mundial, Franco no debía de sentir escrúpulo alguno en el manejo de dicho término. Tanto es así que entre 1939 y 1941, con el seudónimo de Jaime de Andrade, escribió Raza. Anecdotario para el guión de una película, que en su primera versión llevó al cine José Luis Sáenz de Heredia en 1941 y se estrenó en 1942. Entonces se editó como novela y después se hizo otra edición en 1945 (para detalles, cf. Rafael Utrera Macías, “Raza, novela de Jaime de Andrade, pseudónimo de Francisco Franco”, Anales, 21, 2009, pp. 213-230). Quizá resulte superfluo añadir que el Caudillo (autor “observador, militante  e intérprete” [R. Utrera 2009: 215]), a través del personaje principal, se proponía a sí mismo por paradigma del buen español, esforzado, valeroso y fiel al ideario nacional-católico de la esencia patria, aunque no tenía empacho en referirse a los almogávares como guerreros ejemplares, que, además de ser catalano-aragoneses (por quienes el general Franco y los suyos no sentían una particular simpatía), no debían de caracterizarse por un marcado refinamiento cultural. El final de la contienda mundial no sería el que Franco esperaba, y el tufillo fascista, clasista, xenófobo y antiamericano en concreto, que desprendía Razaya no encajaba en el contexto europeo. Su propio olfato le llevaría a practicar una autocensura, que empezó por retirar las copias de la primera versión fílmica (sin conseguirlo del todo) y a proponer un título menos llamativo, no Raza, sino El espíritu de unraza, dirigida por el mismo JL. Sáenz de Heredia (1950). Y en consecuencia, en 1958 decretó que la fiesta nacional se llamara “Día de la Hispanidad” y no “de la Raza”. 

Durante la guerra civil las autoridades militaristas, que hacían eco a la voz de su amo, insistían en la solemnidad con que era celebrada la “fiesta de la Raza” en su vecindario. Así lo hacía el alcalde de Retortillo (donde serían eliminados cinco sindicalistas y cargos republicanos), Nemesio Matías, notificando al gobernador civil el empeño que había puesto en que dicha fiesta se celebrara “con todo esplendor (…) y manifestaciones de amor a España y gran religiosidad”. Ello había dado también ocasión de rendir homenaje a “la heroicidad de los bravos combatientes [que estaban liberando a España] de las hordas salvajes” (AHPS: 191/36). El Alcalde olvidaba que muchos de aquéllos bravos combatientes eran antiguos socios de la Casa del Pueblo, pero este olvido era necesario para la grosera oposición maniquea de la propaganda franquista. En efecto, la contraposición entre los mesiánicos soldados del “Glorioso Movimiento Salvador de España” y las “hordas salvajes” de los soldados del Gobierno legítimo de la República era una cantinela habitual en las declaraciones derechistas para la jurisdicción militar, no sin que metiera la mano la Guardia Civil en los atestados. En ellas presentaban las ocupaciones de latifundios expropiables como asaltos bélicos de un ejército aguerrido y salvaje (como los almogávares que “el Caudillo” admiraba). Así lo hacía el comandante del puesto de Peñaparda, al describir la entrada de los vecinos en el previsto asentamiento de la dehesa de Perosín, liderados por un “organizador e instigador de las masas”, secundado por otro que “pasaba lista”, un tercero que “daba instrucciones a las hordas para la ejecución de los trabajos de roturación”, etc. (Iglesias 2016: 224). Al final los jornaleros aspirantes a colonos quedaban asociados a profanadores de la sacrosanta propiedad privada. 

Algo de todo esto se rastrea detrás de los discursos en “la Fiesta de la Raza más sonada de todas en la provincia de Salamanca, celebrada en el paraninfo de la Universidad. En aquella asamblea casi multitudinaria, aparte de Franco y otros mandos militares, estaba lo más granado de los enemigos de la República, los fascistas y militaristas convencidosintelectuales y hombres de letras (Pemán), jerarcas de la Iglesia (Pla y Deniel), el general Millán-Astrayla esposa de Franco, Carmen Polo. En ella participó Miguel de Unamuno, anti-azañista y repuesto rector, que presidió el acto (y era portador de una carta de súplica de la esposa de Atilano Cocopastor protestante, que sería asesinado), con un protagonismo sorprendente, dada su adhesión a los promotores de la rebeliónLa celebración, que se había iniciado con laprevisibles glosas sobre “el Imperio español y las esencias históricas de la raza, tomó un derrotero más escabroso con la intervención de F. Maldonado de Guevara, quien se pronunció contra el separatismo catalán y vascopara él “anti-España” y cánceres de la nación que el fascismo debía curar cortando por lo sano. Estos propósitos recibieron la censura de Unamuno, que se enzarzó en una áspera diatriba con los más cerriles contrincantes. 

Son de sobra conocidas aquellas frases lapidarias (“venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis…”) con que el Rector, que pronto dejaría de serlo, se erigió en paladín de la razón, de la inteligencia, de la cultura y de la convivencia nacional frente a los fantoches sectarios y siniestros que, como Millán- Astraycon sus necrófilos y bárbaros gritos (“Viva la muerte”, Muera la inteligencia negaban aquellos valores. Cuesta trabajo creer que el sabio rector, poeta y filósofo, pudiera haberlos tomado hacía tres meses por los representantes y salvadores de “la civilización occidental” (que tiene mucho que hacerse perdonar, en España y en América, para empezar). Cuando se celebraba “el Día de la Raza” en universidad de Salamanca, ya habían sido eliminados por sentencia de consejo de guerra las autoridades y líderes políticos de Ciudad Rodrigo (que estaban lejos de ser todos personas incultas y no tenían antecedentes penales), entre otros, cuya ejecución no podía pasar desapercibida, porque se efectuaba cerca del cementerio, con estruendosas descargas en la madrugada. En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales y los hallazgos de centenas de cadáveres, eran del dominio público. Don Miguel, al parecer, no se había dado por enterado hasta entonces, ni tampoco después (y esto ya era cantar mal y porfiar) parece que renunciara a la idea de que la salvación de España estaba en manos de los militares (“el movimiento salvador que acaudilla el general Franco”, “hay que salvar la civilización occidental cristiana [contra] las inauditas salvajadas de las hordas marxistas”, etc.)Probablemente murió sin percatarse de que Franco y Millán-Astray eran lobos de la misma manada. No es cosa de mostrarse cruel con el recuerdo  del admirado Miguel de Unamuno, deseándole una larga vida sólo para que le hubiera permitido comprobar la violencia de la dictadura franquista como estado permanente desde su principio hasta su fin. Así lo prueban, por ejemplo, la presencia de la Policía a las puertas de la universidad Complutense de Madrid, entre otras, para vigilar, asustar y golpear a los estudiantes en el recinto universitario al final de los años sesenta o, ya con Franco decrépito, el famoso proceso de Burgos contras activistas vascos (1970) e incluso, poco antes de su fallecimiento, otro proceso que también se terminó con la ejecución de otros activistas (1975), acusados de prácticas terroristas como aquéllos.. 

En todo caso, aquel discurso entrecortado redimió a D. Miguel, si es que realmente lo necesitaba, pero también prueba que los intelectuales no siempre tienen una perspicacia a la altura de su inteligencia y cultura. Aquel descubrimiento personal del 12 de octubre de 1936 sobre la calaña de algunos “redentores” no devolvió la vida a los pobres, analfabetos e ignorantes, que no lo eran por elección propia ni por ello eran forzosamente unos bárbaros asesinos (como sí lo eran sus propios ejecutores)al menos en la provincia de Salamanca. Miguel de Unamuno podía haberse dado cuenta de que la instrucción de las capas sociales menos favorecida(y no solo de las más pudientes) formaba parte de las preocupaciones de la República y ésta trataba de curar males que arrastraban de antes y de los que no era responsable, para lo cual necesitaba tiempo y colaboración, nunca prestada por los reaccionariosEl sabio D. Miguel, en cierto modoviene a ser un precursor de la teoría de la “equiviolencia” (término que Robledo emplea para referirse a quienes reparten la responsabilidad de los hechos en 1936 entre “los dos bandos” por igual), a lo que parece referirse con una de sus habituales piruetas verbales (“los hunos y los hotros)como si con esto ya estuviera todo dicho. Es una cómoda posición, bastante extendida, por cierto, en el mundillo de los escritores que ven en la memoria histórica materia para ejercicios literarios y no una necesidad de reconocimiento y reparación moral de las víctimas, a pesar del tiempo transcurrido. De hecho responde a una deriva derechista, pues con esa teoría se deja en el olvido que los sublevados militares fueron quienes abrieron la caja de los truenos con unos objetivos nada altruistasEn el trasfondo también se percibe un sustrato clasista, como si por ser ignorantes, pobres y desconocidas, aquellas personas fueran menos dignas de respeto que las célebres y poderosas.  

Quizá no estaría demás aprovechar el “día de la Fiesta Nacional” (antaño de la Hispanidad) para reflexionar sobre temas análogos de la historia española.  

 

 

 

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dom

09

oct

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936. Los “desaparecidos” y perfectos “olvidados”: recordatorio de responsabilidades. La reducida saca del 9 de oct

Hay una categoría de víctimas mortales que han pasado por la vida sin dejar apenas huellas. En cierto modo, son los “desaparecidos” perfectamente “olvidados” o ignorados, como en general pretendían los responsables y ejecutores de las sacas. Casi con seguridad se puede afirmar que eran solteros y pobres, cuyos cadáveres quedaban secuestrados en lugares apartados y su recuerdo borrado con el tiempo. Sin hijos y sin bienes, nadie echaba de menos el testamento y nadie reclamaba sus actas de defunción. Sus padres quizá hubieran asistido a la detención con angustia y llorado su ausencia en vano, pero en 1979 ya habrían muerto probablemente y no ejercerían los derechos que les concedían las leyes (decreto-ley 35/1978). Los hermanos y sobrinos tampoco parecen haberse interesado por ellos (aunque parezca irreverente y cruel asociación, no estará demás recordar el refrán que corre por estos pagos: “Parientes pobres y burros viejos, lejos”). 

Los responsables directos del secuestro de los cadáveres y la desmemoria de estas víctimas, como la de todas las otras en este territorio, son ya de sobra conocidos. Eran mandos militares y paramilitares. En concreto, manejaban la tramoya dos oficiales de los Institutos armados (los capitanes de la Guardia Civil y de Carabineros, respectivamente, Juan Sáez Chorot y Marcelino Ibero Barceló), mientras que la organización de las faenas mecánicas de las ejecuciones extrajudiciales principalmente corría a cargo del jefe de las Milicias Fascistas, un alférez del Ejército (Ernesto Bravo Rivero), y el jefe de Falange de la zona (J. Agustín  Calzada Hernández). Por delegación actuaban otros (alguna vez Fausto San Dámaso, teniente de la Guardia Civil, sustituye “P[orO[rden” al cap. Sáez). Hasta el 8 de octubre, Juan Sáez y Marcelino Ibero se repartían el protagonismo de aquella pantomima en cuya representación intervenían personajes reales (agentes y pacientes). J. Sáez, como “Comandante Militar de la plaza de Ciudad Rodrigo”, firmaba las órdenes de ingreso en la prisión del partido judicial (las cuales suelen llevar en la parte superior un sello: “Guardia Civil – 2ª Compañía – 19º Tercio”). M. Ibero, como “Capitán Juez del Juzgado Militar de Ciudad Rodrigo”, daba  la orden de “poner en libertad” a los detenidos, que también lleva en la parte superior la indicación del Instituto a que pertenece (“Comandancia de Carabineros. Juzgado de Instrucción”). Hasta la saca del 8 de octubre, uno u otro capitán alternan a veces en la emisión de las órdenes y Marcelino Ibero ejerce de “Comandante Militar” (quizá en ausencia de Sáez), pero es siempre “el Capitán Juez Instructor”. A partir de esta saca inclusive “el Capitán Juez, Marcelino Ibero” ordena el ingreso en prisión y también ejercía de “Comandante Militar”.   

Estas alambicadas triquiñuelas se comprueban en la saca de los vecinos de Bodón (11 de septiembre), donde también queda al descubierto el trampantojo (“El burro tapado y las orejas fuera”). En efecto, contrariamente a lo que los responsables pretendían hacer creer, la orden de la falsa puesta en libertad antes de ser entregados los detenidos a las fuerzas de Falange (con lo que los mandos pensaban quedar exculpados e impunes), de hecho se firma después de la “orden de entrega” a dichas fuerzas. De modo que los detenidos del día 11 de septiembre fueron recogidos, uno individualmente y los otros en grupos, entregados por el Jefe de la Prisión (y sin duda llevados al cuartel de Falange) por dos “jefes de la fuerza, que firman la entregaJesús Rodríguez, cuatro detenidos a las 16.45 horas, un detenido a las 18.45 horas y otros diez a las 19.30, e Isidro Santiago [citado entre los victimarios de Peñaparda], tres detenidos a las 18 horas. El traslado duró casi tres horas y la orden de “poner en libertad a todos los presos, menos Ramón Barragués” no se aplicó nunca, pues los detenidos pasaron de la prisión del partido al local carcelario de Falange y de éste fueron conducidos al matadero. No hay constancia de este complicado protocolo en las sacas posteriores. 

Indirectamente, como ya se ha sugerido, a la desmemoria de estas y otras víctimas han contribuido los encargados de los archivos y los registros civiles, con el hermetismo de la documentación que guardan. E incluso, también tienen su parte de responsabilidad los familiares más o menos cercanos de los “desaparecidos” que, sin duda a causa del miedo, han optado por la política del avestruz, sucumbiendo a la tentación del silencio, el olvido y la ignorancia real o supuesta de los hechos. Una actitud pasiva que, aunque comprensible, no deja de ser lamentable, porque “no querer saber nada” ha resultado cómodo, pero es el mejor servicio que se le ha prestado a los represores franquistas y el peor desprecio a sus propios familiares  asesinados (“No hay pero desprecio que no hacer aprecio”). 

El doble objetivo de la eliminación física y el expolio de su memoria no se ha cumplido del todo con los asesinados de El Bodón y de Fuenteguinaldo, que sucumbieron en las dos sacas carcelarias más numerosas, pues los testimonios permitieron la exhumación de sus restos mortales n 1979 y 2006, respectivamente. En los otros casos la jugada dio casi el resultado apetecido por los verdugos: sacas del 9 y del 16 de octubre, del 25 de noviembre y del 16 de diciembreEn la del 9 de octubre, al día siguiente de la saca masiva de vecinos guinaldeses y casillanos, fueron excarcelados dos de los primeros detenidos en la cárcel de Ciudad Rodrigo, sobre los que se tienen pocos datos, debido a la perfidia de sus verdugos y quizá a alguna circunstancia de las señaladas. 

Antonio de Julián Márquez, de 34 años, natural de Córdoba, hijo de padre desconocido y Carmen, jornalero, casado con María Isidora González Aranda, sin indicación de eventual descendencia (act. def. 14/08/1945, ASMJ). Había ingresado el 3 de agosto en la prisión de Ciudad Rodrigo, de donde salió al mes siguiente (18/09/36), pero reingresó el día 8 de octubre y salió al siguiente en esta presumible saca (AMCR, Desaparecidos 1936) 

Manuel Durán Sánchez, sin otros datos, aunque la condición de víctima mortal parece confirmada por testimonios de un sobrino (ASMJ). Había ingresado en la cárcel el día 26 de julio, el mismo día que los nueve primeros detenidos de El Bodón. Después siguió los mismos avatares carcelarios y destino final que Antonio de Julián. 

 

Un mozo de Casillas de Flores ejemplifica a la perfección la falta de reconocimiento que se cierne sobre los jóvenes solteros sacrificados hace ochenta años: 

 

José Martín Lanchas, de unos 20 a 22 años, hijo de Francisco y María, jornalero, soltero. En la tradición familiar no se han transmitido detalles concretos sobre la motivación de la detención y sus circunstancias, ni de la fecha y lugar de la ejecución extrajudicial, así como del lugar de enterramiento de su cadáver. Hasta ahora solo se tenían rumores contradictorios sobre “(…) el hijo de una tal María “la Casquella”, la cual insultaba a todos [los represores] porque le habían llevado un hijo” (CdF 2009).  

Su identificación nominal, gracias al testimonio de una sobrina, se produjo en el marco del  homenaje dedicado a las víctimas de este pueblo, con la colocación de una placa en el cementerio local el domingo 17 de julio, sin asistencia ni colaboración alguna de la corporación municipal. La víspera se adelantó una croniquilla con el necrologio, que propiamente debería haberse publicado el día de ayer y del que estas notas sirven de recordatorioY esto permite corregir el olvido en aquella ocasión de otra víctima ya identificada: 

 

Antonio Hernández Rastrero, de 37 años, hijo de Manuel y Narcisa, casado con Petra Bernal Martín con quien tenía cuatro hijas. Según el acta de defunción, tardía, falleció el 31 de agosto de 1936, en el término municipal de Ciudad Rodrigo, de “muerte violenta”, sin indicación de otras circunstancias (RCCR, act. def. 29/07/1980, inscripción practicada por orden del Juez de 1ª Instancia del Partido, derivada del expediente tramitado a instancia de la viuda). Pero esta fecha de fallecimiento es errónea, pues Antonio fue detenido en Casillas e ingresó en la prisión del partido de Ciudad Rodrigo el 10 de octubre de 1936, fecha posterior a la de su presunta muerte y salió de la cárcel el 16 de octubre de 1936 (AMCR, Desaparecidos 1936). Los testimonios añaden que la detención se produjo en el campo, adonde los captores lo fueron a buscar, y, según alguna versión, fue muerto y enterrado en lugar incierto (“en El Bodón o pa’ahí”. Entre las causas de su muerte, se da una agarrada que había tenido con otro vecino, que “era de derechas y tenía mal careo” (CdF 2008). 

 

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sáb

08

oct

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936. La saca del 8 de octubre: fosa del camino a Gazapos. Necrologio de Fuenteguinaldo Ángel Iglesias Ovejero

Después de casi dos semanas sin sacas carcelarias comprobadas, las operaciones macabras colectivas se reanudaron en octubrecon vecinos de Fuenteguinaldo, pueblo importante en el contorno, situado entre El Rebollar y el Valle de AzabaLos presuntos motivos para el inmerecido castigo eran los mismos que en otras localidades vecinas. En el pasado más reciente, los intentos de oponerse a la sublevación mediante procedimientos rudimentarios: corte de la carretera a la entrada del pueblo, guardia nocturna encargada de mantener el orden. Sin remontar mucho en el tiempo, también tenían que ver con los proyectos reformistas de la última corporación republicana, que no solo atañían a varios latifundios enclavados en el término del pueblo, sino a las gestiones para la roturación de los terrenos comunales, sobre todla dehesa boyal, cuya ocupación fue denunciada por los labradores riquillos guinaldeses.  

Como ya hace algún tiempo se expuso (Iglesias 2010b), una operación en todo análoga a la de El Bodón (croniquilla del día 11 de septiembre) se produjo con los detenidos en Fuenteguinaldo el 7 de octubre, oficialmente puestos en libertad en la madrugada del día 8pero de hecho entregados a las fuerzas de Falange para su ejecución a la vera del camino de Gazapos, cerca del antiguo monasterio de La Caridad, de donde fueron exhumados sus restos mortales en 2006 (Iglesias 2008a). En ambos casos, de la detención mediante llamadas al ayuntamiento de las futuras víctimas, y no cazas al hombre como en Robleda, se encargaron los Institutos armados y no las Milicias Fascistas, aunque éstas participaran en las actuaciones de las sacasSegún la información oral, los detenidos el 7 de octubre de 1936 fueron más numerosos todavía que en El Bodón, entre 18 y 22 personas, principalmente miembros de la Casa del Pueblo y cargos del Ayuntamiento, que fueron puestos en un camión para su conducción a Ciudad Rodrigo bajo la custodia de los Carabineros y la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo (FG 2007a), aunque el protagonismo atribuido a esta última no parece corroborado por la información documental. Los había convocado el alguacil o detenido la Guardia Civil y los Falangistas. En Ciudad Rodrigo, gracias al valimiento de personas influyentes y del llamado “Monsagreño”, que tenía fábrica de harinas en Fuenteguinaldo, tres de ellos se librarían de la subida al camión de la muerte: Adrián Vicente Herrero, Alfonso Salicio Sánchez, ambos socios de la Casa del Pueblo y concejales, y Bonifacio Sánchez Méndez, fundador de la Casa del Pueblo, primer alcalde republicano y padre del alcalde en funciones antes del golpe militar, Francisco Sánchez Álvarez. Este último estaba huido en la dehesa del Potril y, antes o  despuésfue sorprendido y amenazado de muerte en su casa, pero en última instancia fue salvado por el secretario del ayuntamiento, Cipriano Ferreira (FG 2005, FG 2007b), circunstancia que no se recoge en la causa que se les instruyó a ambos en 1938 (C.84/38). En ausencia del alcalde, murió en detención sangrienta el teniente de alcalde, Esteban Carreño Tendero (croniquilla del 14 de agosto).  

Los testimonios familiares añaden que, al día siguiente de la detención, a excepción de los tres vecinos mencionados, los detenidos de Fuenteguinaldo fueron conducidos por carabineros a La Caridad, que los facciosos utilizaban como cárcel (aunque no hay constancia oficial de que fuera así por entonces), y no muy lejos de allí serían fusilados. El lugar más o menos exacto se supo por el testimonio de una persona a quien conocía Alejandro Zato Salicio, natural de Ciudad Rodrigo, y con la que éste conseguiría hablar desde el camión macabro. Así quedaría constancia del paradero de aquellos guinaldeses, viajeros ya por un camino sin vuelta. Las viudas y otros familiares, sin embargo, no pudieron ver los despojos de estas personas asesinadas, después de haber hecho el camino a pie, pues no los dejaron acercarse (FG 2007a). Otro testigo, desde un teso, observó la ejecución y contó entre 20 y 22 disparos (FG 2005). Si esto último es cierto y el número de disparos correspondiera al número de víctimas, ello supondría que en aquella ocasión hubo fusilados procedentes de otras detenciones, pues la mencionada relación contaba 17 detenidos y tres de ellos se habían librado de los disparos a quemarropa. Ahora bien, por la relación de entradas y salidas de la cárcel de Ciudad Rodrigo, hoy sabemos que el día 8 de octubre de 1936 salieron otros tres detenidos que nunca volvieron a sus hogares, uno de Fuenteguinaldo y dos de Casillas de Flores, respectivamente: Nicolás Marcos Morán, Antonio Álvarez Martín y Antonio Cánovas Mesa. Pero la conjetura más probable es que éstos fueran ejecutados o, al menos, enterrados en una fosa de Aldeanueva de Portanobis (croniquilla del pasado 16 de julio pasado).  

Por la documentación del archivo municipal de Ciudad Rodrigo (AMRC, Desaparecidos 1936) hay constancia de que los detenidos ingresados en la cárcel de Ciudad Rodrigo eran 17 personas. Sus nombres coinciden en las listas correspondientes a las órdenes de entrada y de salida de la cárcel, emitidas por la Autoridad Militar: 

  

1 Timoteo Feliciano Mateos Ríos (vecino de Casillas de Flores) 2 Alfonso Salicio Sánchez, 3 Evaristo Sánchez Pérez, 4 Ramón Castaño Durán5 José Alfonso González6 Adrián Vicente Herrero7 Juan Valiente Salvador, 8 León Herrero Galán9 Valentín Rodolfo10 León Pacífico Flores Aldehuelo11 Simón Moreiro Herrero12 Bartolomé Mateos Alonso13 Nicolás Sánchez Martín14 Bonifacio Sánchez Méndez15 Matías Mendo Mateos16 Agapito Carreño González17 Alejandro Zato Salicio. 

 

En la lista de entrada se indica la fecha y la hora: “Ingresaron a las 21horas del día 7 de octubre de 1936”. Y se añade la fecha de salida: “Fueron puestos en libertad el día 8 de octubre de 1936”. En dicha documentación aparece también el Expediente personal de los detenidos, con la lista de éstos, y al final la misma indicación de la fecha y hora de entrada y de salida: “21 horas del día 7 de octubre de 1936” y “4 horas del 8 de octubre de 1936”, respectivamente. En el apartado de “vicisitudes, de un modo uniforme  para todos y cada uno, se mencionan la procedencia de los detenidos, la fuerza encargada de la conducción, el concepto del motivo de la detención y la responsabilidad jurídica militar. Todo ello a la altura de la indicación de la hora de entrada (aquí se escribe en cursiva la información manuscrita inserta en el formulario): “Ingresó en esta Prisión procedente de Fuenteguinaldo, entregado por fuerzas de carabineros, en concepto de detenido a disposición del Juzgado Militar con oficio del Sr. Juez Instructor militar que se une a este expediente. 

A la altura de la indicación de la hora de salida: “Es puesto en libertad en esta fecha el sujeto de este expediente en virtud de orden del Sr. Juez Instructor que se une a este expediente”.  

Debajo: “El Jefe. Jerónimo Maíllo”, con la firma ilegible de este jefe (director de la prisión). Y a la izquierda del nombre y la firma, un sello: “Prisión de Partido Ciudad Rodrigo” (está borrado u olvidado en el expediente de Alejandro Zato Salicio). 

 

De estos expedientes se deduce que las personas detenidas estuvieron en la cárcel siete horas. Es de suponer que “el Sr. Juez Instructor [Militar]” practicara interrogatorios individuales o colectivos, muy expeditivospero suficientes para formarse una opinión, si es que no la tenía ya formada. Ningún detenido tenía “antecedentes” (aparte de León Herrero Galán, de quien, probablemente por error mecánico, se dice que tiene, pero no se especifican esos antecedentes) y era la primera vez que todos y cada uno de ellos estaban en prisión. En consecuencia, el Capitán Juez, Marcelino Ibero”, daba la orden a dicho Jefe de la Cárcel de Ciudad Rodrigo para la puesta en libertad de los presos:  

 

Sírvase poner en libertad a los detenidos a mi disposición, vecinos de Fuenteguinaldo, que al respaldo se relacionan, por no encontrar cargo alguno contra los mismos; y otro de Casillas de Flores. Dios guarde a V. m[ucho]s a[ño]s. Ciudad Rodrigo, 8 octubre 1936. El Capitán Juez. (Firmado) Marcelino Ibero. 

 

Como era ya sabido por los testimonios, la mayor parte de estos detenidos no fueron puestos en libertad sino muertos “por arma de fuego”, conforme al protocolo macabro de las sacas (Iglesias, Represión franquista: 116)A ello se alude en otros documentos de expedientes incoados a instancia de determinados familiares en 1978-1979. Así sucede con el Informe del Jefe de Policía Municipal (21/05/1979), a instancia de Visitación Medina Vicente, viuda de Simón Moreiro Herrero (infra): 

 

Según resulta de datos obrantes en el Archivo del Depósito Municipal procedentes de la extinguida Prisión del Partido, Simón Moreiro Herrero ingresó en referida Prisión a las 21 del día 7 de octubre de 1936, siendo puesto en libertad a las 4 de la mañana del día 8 del mismo mes y año, en unión de los diez y seis restantes que ingresaron. Al ser puestos en libertad a la puerta les esperaba una furgoneta [en] que fueron trasladados al paraje de La Caridad según es público y notorio y al igual que otros fueron ejecutados y enterrados en fosa común, donde en la actualidad yacen” (AMCRViudas, en Desaparecidos 1936). 

 

El paraje aludido sería el camino de Gazapos, donde fueron exhumados los restos de las víctimas allí enterradas y trasladados al cementerio de Fuenteguinaldo. Entonces se les dedicó una placa conmemorativa en un acto de homenaje organizado por el ayuntamiento (presidido por el alcalde Jesús Vicente) y algunos familiares de aquellos muertos, con participación masiva de los vecinos del pueblo. Un ejemplo casi único, que no ha tenido mayores ecos ni imitadores después por parte de las autoridades, ni siquiera en esta localidad. 

 

El necrologio de Fuenteguinaldo es de los más amplios de la comarca mirobrigense. Incluye vecinos que ya han sido mencionados en estas croniquillas: 

 

Esteban Carreño Tenderode 28 años, hijo de Juan y Cándida, jornalero, casado con Juana Santos Castaño, padre de tres hijos. Falleció en detención sangrienta en el mismo ayuntamiento (croniquilla del pasado 14 de agosto). 

Nicolás Marcos Morán (a) “Calderero de 37 añoshijo de Tiburcio y Mónica, jornalero, casado con Trinidad Palos Hernández, de cuyo matrimonio quedaban dos hijos. Según el acta de defunción, tardía, falleció en el término de Ciudad Rodrigo el día 7 de octubre de 1936, a consecuencia de “heridas de arma de fuego”, sin indicación del lugar donde fue enterrado (RCFG, act def. 15/03/1944)pero algunos de estos datos pueden ser erróneos, a juzgar por la documentación del archivo municipal de Ciudad Rodrigo (Desaparecidos 1936). Ingresó en la prisión de Ciudad Rodrigo, como “detenido militar”, el 24 agosto de 1936 y salió el 8 de octubre de 1936 en una presumible saca, con dos vecinos de Casillas de Flores, cuyos restos estaban en una fosa de Aldeanueva de Portanobis (Castillejo de Martín Viejo). Allí se practicó una exhumación en 2010sin que fuera posible la identificación de los restos de tres personas (croniquilla del pasado 16 de julio). 

 

La mayoría de los guinaldeses sacrificados sucumbieron en la saca carcelaria de la madrugada del día 8 de octubre de 1936, ejecutados y enterrados en los aledaños de La Caridad, indicación que no suele figurar en las actas de defunción, todas ellas tardías (entre 1940 y 1944) y redactadas conforme a la misma fórmula (fallecimiento consecuencia de “heridas recibidas por arma de fuego”, sin indicación precisa del lugaren el término de Ciudad Rodrigo”, ni de enterramiento).  

 

José Alfonso González, de 37 años, hijo de José y Luisa, jornalero, vocal de la STT, casado con Ascensión Carreño Sánchez, de cuyo matrimonio quedaba un hijo. Dos personas con los apellidos de esta víctima, Ricardo y Arsenio, figuran en el atestado de una reyerta notificada por el sargento de la Guardia Civil al Gobernador, en la que habían intervenido siete personas el 8 de enero de 1936 (P.Incidencias 1935-36). Pero no se tiene constancia de la relación que pudiera existir entre este incidente y el asesinato de José. 

Agapito Carreño González, de 25 años, hijo de Sixto Doroteo y Calixta, jornalero, concejal, casado con Gumersinda Palos Salvador, de cuyo matrimonio quedaban dos hijos; sería cuñado de Juan Valiente, pues lleva los mismos apellidos que la esposa de ésteEl secretario Cipriano Ferreira, que era de los que habían participado en las denuncias y formación de expedientes, declaró que este vecino y Nicolás Sánchez habían sido detenidos por la Guardia Civil y “en noviembre de 1936 no habían vuelto por el pueblo” (C.84/38: f. 27). 

Ramón Castaño Durán, de 24 años, hijo de Justo y Melchora, jornalero, casado con Mariana Plaza Martín, de cuyo matrimonio quedaban tres hijos. 

León Pacífico Flores Aldehuelode 34 años, hijo de Esteban y Joaquina, jornalero, casado con Cristina Martín Hernández, de cuyo matrimonio quedaban cinco hijos. 

León Herrero Galán, de 37 años,  hijo de José y María Antonia, jornalero, presidente de la STT, casado con Martina Flores Aldehuelo, de cuyo matrimonio quedaban cuatro hijos; debía de ser cuñado de León Pacífico Flores, pues su esposa lleva los mismos apellidos que éste. Un hijo de ambos, Hilario, transmite el testimonio de la viudaya fallecida (informe, 2004). No se le conocían actividades políticas. La pareja de guardias civiles irrumpió en el domicilio familiar y, en presencia de su esposa y de sus cuatro hijos, sin acusación ninguna, lo llevó al ayuntamiento, donde estaban otros detenidos, que de allí condujeron a la cárcel de Ciudad Rodrigo. “[Al día siguienteel suegro fue a llevarle [a la cárcel de Ciudad Rodrigo] zapatos y tabaco, el carcelero le dijo que los habían sacado temprano y se habían oído disparos en el término de la yugada Cantarranas, hoy conocido como La Caridad”. 

Bartolomé Mateos Alonsode 34 años, natural de Esporlas de Mallorca (provincia de Baleares), hijo de Laureano y Ciriaca jornalero, soltero, sin antecedentes penales (ExpedFG). 

Timoteo Feliciano Mateos Ríos, de 29 años, hijo de José y Adela, vecino de Casillas de Flores, jornalero. Fue detenido el 7 de octubre con los vecinos de Fuenteguinaldo (ver croniquilla del pasado 16 de julio). 

Matías Mendo Mateos, de 39 años, hijo de Andrés y Juana, jornalero, casado con Petronila Sánchez Corral, de cuyo matrimonio quedaban dos hijos. 

Simón Moreiro Herrero, de 29 años, hijo de Domingo y Valentina, jornalero, concejal, casado con Visitación Medina Vicente, de cuyo matrimonio quedaban dos hijos. 

Valentín Rodolfo, de 41 años, natural de Ciudad Rodrigo, de padres desconocidos (expósito, indicación que se toma por apellido), jornalero, casado en segundas nupcias con Eusebia Corral López, de cuyo matrimonio quedaban dos hijas. Una de éstas, Emiliana Rodolfo Corral, afirma que tenía actividades sindicales (informe, 2003). Ella misma fue testigo de la detención de su padre, que también presenciaron su madre y los vecinos. Lo subieron al camión, con otros, y no volvieron a saber más de él, aunque suponían que los falangistas lo habrían detenido en el monasterio de La Caridad y asesinado en sus aledaños. 

Nicolás Sánchez Martín, de 33 años, hijo de Miguel y Eladia, jornalero, casado con Magdalena González Morán, de cuyo matrimonio quedaba un hijo. 

Evaristo José Sánchez Pérezde 29 añoshijo de Martín y Efigenialabrador (quizá jornalero)concejal, casado con Manuela Sánchez Álvarez, de cuyo matrimonio quedaban dos hijas; sería cuñado del alcalde republicano, a juzgar por los apellidos de su esposa. Su hija Josefa (informe, 2003) fue testigo de la detención, que también presenciaron la esposa y los vecinos de Evaristo. La efectuaron “las fuerzas militares de los falangistas”, lo subieron para un camión y no lo volvieron a ver. 

Juan Valiente Salvador, de 32 años, hijo de Jerónimo y Juliana, jornalero, casado con Irene Carreño González, de cuyo matrimonio quedaba una hija; sería cuñado de Agapito Carreño, pues su esposa lleva los mismos apellidos que éste. Quizá tuviera el empleo de sereno, que le concedió la corporación municipal republicana, después de una votación, a Juan Valiente, sin otro apellido (AMFG, act. ses 20/06/36). 

Alejandro Zato Salicio, de 32 años, natural de Ciudad Rodrigo, hijo de Manuel y Encarnación, jornalero (“hojalatero”), casado con Eusebia Benito, de cuyo matrimonio quedaban dos hijos. Según su hijo José (2003, 2005), Alejandro Zato fue detenido por los falangistas y la Guardia Civil, cuando estaba poniendo cristales en la iglesia, en presencia de su esposa y de los vecinos  (FG 2006). Lo subieron por la fuerza para un camión, junto con otros, y ya no tuvieron noticias de él por parte de quienes se lo habían llevado ni de las autoridades. Afirma que hubo varios testigos de que a su padre y a otros veinte aproximadamente los echaron en una fosa próxima al monasterio de La Caridad. No se le conocían actividades políticas, pero el pretexto de la detención fue que, siendo hojalatero y por encargo, había fabricado un remate para el asta de la bandera sindical de la UGT, constituido por una a hoz y un martillo (que José Zato conserva). 

 

Como es sabido y se ha evocado más arriba, los restos efectivamente se hallaron en el otoño de 2006. José Zato Benito, asesorado y ayudado por Bonifacio y Teresa Sánchez, hijos del alcalde republicano Francisco Sánchez Álvarez, fue promotor incansable de esta búsqueda, fundada en los frágiles testimonios de un carretero que, casualmente, encontró su padre y con quien habló, ya camino del matadero, y de algún pastor que oyó los tiros. Un testimonio bien transmitido, gracias al encargado de la finca de La Caridad, Alfonso Gómez. 

Dos años después de ejecutados, por las declaraciones e informes en la causa seguida contra el alcalde republicano Francisco Sánchez y el secretario municipal Cipriano Ferreira (C.84/38), se supieron las acusaciones que presumiblemente se habían vertido en el otoño de 1936 contra los gestores y sindicalistas sacrificados entonces (Iglesias 2010c). Casi todos ellos, al caer la tarde del domingo 19 de julio, habían participado en un servicio de vigilancia denominado “guardia roja”, junto a la ermita del Cristo, cuya misión era sin duda impedir la entrada de los fascistas en el pueblo. Para ello habían atravesado en la calle dos carros  (pertenecientes al vecino Pablo Mateos Casillas), provistos de “una farola encarnada”, y “seis u ocho hombres [fueron] armados de escopetas”. Al frente de éstos se hallaba el Alcalde en persona, también provisto de una escopeta, que le había prestado y enseñado a manejar el Secretario. Entre los componentes de esta guardia, algunos declarantes recordaban a Agapito Carreño y Nicolás Sánchez. La Guaria Civil señaló a otros: Nicolás Marcos, Juan Valiente, Valentín Rodolfo, Matías Mendo, Simón Moreiro y Bartolomé Mateo. Y, por último, algún testigo creyó haber visto a Esteban Carreño 

 

Se podría incluir en este necrologio Victoriano Gómez Hernándeznatural de Fuenteguinaldo, que a efectos de estadística se ha contabilizado con los vecinos de Ciudad Rodrigo (croniquilla del día 30 de agosto). Se completa con dos víctimas mortales indirectas hasta ahora identificadas, aunque seguramente son más numerosas:  

Juan José Francisco Alfonso, alguacil. Según testimonios, después de haber sido utilizado para que, con dos carabineros, avisara a los detenidos, fue detenido él mismo y subido al camión. Finalmente fue golpeado a culatazos, de lo cual quedó malherido. Y de resultas de todo ello, vuelto a su casa, se metió en la cama y vino a morir. 

Alejandro Zato Benito,  de 19 meses, hijo del citado Alejandro Zato Salicio. 

 

La amplitud de la violencia sangrienta en Fuenteguinaldo, como en Robleda, ahorró trámites procesales a los represores encargados de la represión la vía judicial militar. Solamente el Alcalde y el Secretario fueron procesados y condenados a 25 años de prisión “por rebelión”. También hubo un maestro depurado y cinco vecinos sancionados por el Capitán General de la VII Región Militar con unas multas descomunales, tanto que alguno de ellos quedó arruinado de por vida (Iglesias 2011b). 

 

El total de vecinos afectados por la represión en Fuenteguinaldo es de unas 25 personas hasta ahora identificadas: 

  • Víctimas mortales: 17 (2 indirectas) 

  • Víctimas carcelarias: 6 

  • Depurados: 2 (uno de ellos también preso) 

  • Sancionados, embargados: 5.  

 

En esta fecha debería conmemorarse la saca carcelaria de algunos vecinos de Casillas de Flores, cuyo necrologio se avanzó al día 16 de julio (croniquilla). Puede dejarse para mañana el recordatorio, con el añadido de otra víctima identificada.  

 

 

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sáb

01

oct

2016

El “día del Caudillo”: la simbiosis de los  señores de la guerra y los señores de la tierra   Ángel Iglesias Ovejero

En la última semana del mes de septiembre y en la primera de octubre de 1936 amainaron un tanto las sacas carcelarias y domiciliarias en el entorno mirobrigense, pero todavía estaban lejos de desaparecer, como se prueba con la matanza de una quincena larga de  vecinos de Fuenteguinaldo y de otros pueblos en la noche del día 7 al 8 de este mes.  La razón de aquella tregua asesina quizá sería que por aquellas fechas los mandos rebeldes y sus principales valedores andarían muy ocupados en echar los fundamentos del Nuevo Estado, cuyo principal beneficiario sería el mismísimo Franco. Los escolares de hace más de medio siglo, que recibían aquel lavado de cerebro oficialmente titulado “Formación del Espíritu Nacional”, no pueden haberlo olvidado, pues era una de “las tres Marías” que acompañaban al joven estudiante desde el primer curso de secundaria hasta el último de carrera universitaria: “la Política, la Gimnasia y la Religión”. Dentro del calendario nacional-católico octubre comenzaba por “el Día del Caudillo”. Era mejor tenerlo bien presente, sobre todo si había docentes falangistas de por medio, como era habitual.  

En efecto, hoy se cumplen ochenta años del nombramiento de Franco como “Generalísimo”, “Jefe de Estado” y “Caudillo” (tres sobrenombres para tres facetas de una sola persona), gracias a su innegable astucia y a que sus teóricos adversarios en las aspiraciones al mando entre la cúpula rebelde desaparecieron o anduvieron algo tardos en las maniobras que, en apariencia, sus propios valedores le sirvieron en bandeja al futuro dictador. Obviamente, el pequeño gran hombre contribuyó a su propio engrandecimiento de manera sustancial con su habitual desparpajo. En cambio, recordaba G. Soria (1975), algunos teóricos aspirantes al mando supremo, miembros de la Junta de Defensa Nacional (JDN), entre ellos Mola, tuvieron que hacer de tripas corazón y dar por bueno aquel casi autonombramiento, propiciado por un golpe de mano estratégico llevado a cabo, además del principal interesado, por el general monárquico Kindelán y otros oficiales superiores afines, Orgaz, Yagüe, Millán Astray y Nicolás Franco, su hermanísimo. 

Las maniobras que precedieron a dicho nombramiento tuvieron lugar en Salamanca y su entorno entre el 21 y el 30 de septiembre. Son de sobra conocidas, aunque a los escolares de antaño no se les revelaran las intrigas que posibilitaron aquel meteórico encumbramiento. Propiamente los miembros de la JDN se reunieron en la finca de San Fernando, sita en el término de Matilla de los Caños, a unos 32 kilómetros a la izquierda de la carretera de Salamanca a Ciudad Rodrigo. Básicamente, el primer día se trataba de unificar el mando del ejército “nacional”, cuyo jefe sería “el Generalísimo”, quien el día 28 fue confirmado como tal y, por añadidura, “Jefe del Gobierno” durante la guerra. Esta limitación desapareció en el texto del decreto, a cargo de José Yanguas Messía (jurista del círculo salmantino que había estado exiliado), y Franco por su cuenta empezó a autodenominarse “Jefe de Estado” en la firma de documentos. Y el día 1º de octubre recibió esta investidura en Burgos, que fue acompañada de la disolución de la JDN, cuyos miembros recibieron por premio palabras elogiosas, y se creó la “Junta Técnica de Estado”.   

El nuevo Jefe de Estado enseguida empezó a promover su propaganda con el sobrenombre de Caudillo. En principio, se trata de uno de tantos términos derivados formales y semánticos del lat. caput y capitia ‘cabeza´ que, a través del rasgo de /eminencia/, por metáfora, se han habilitado para designar a quien ejerce el mando (cabocabeza y otros, incluido jefe, a través del fr. chef): caudillo, del diminutivo lat. capitellu ‘cabeza pequeña´. Es el equivalente perfecto de cabecilla, pero como al Generalísimo (título concedido a Manuel Godoy, aunque al parecer portado antes por don Juan de Austria como jefe de la Armada en Lepanto) no le quedaría tiempo para las disquisiciones histórico-semánticas, le debió de parecer que la auto-designación de Caudillo podría igualar o emular las del Füher alemán y del Duce italiano, cuya protección empezaba a experimentar. Por encima estaba la ayuda, si no divina, por lo menos de la jerarquía eclesiástica, mediante la carta pastoral del 30 de septiembre, enviada por Enrique Plá y Deniel, el obispo de Salamanca, titulada Las dos ciudades, en la que calificaba de Cruzada la sublevación contra la República. No se le puede negar que fue un acierto propagandístico, aunque algo esperpéntico y contradictorio, habida cuenta de que los soldados de Franco, precisamente al principio de la contienda, eran musulmanes en gran parte.  

No se ha tratado mucho del papel que tuviera en aquellas reuniones el presunto anfitrión, Antonio Pérez Tabernero, dueño de la finca de San Fernando. Allí se había instalado un campo de aviación con fines militares, al que tenían acceso la aviación alemana e italiana. A juzgar por lo que cuentan sus biógrafos, este señor presumía de sus dotes comerciales, de modo que es de suponer que el préstamo de este servicio en su finca, sobre el que no hay constancia que fuera obligado, no sería ruinoso para él. Aunque, bien mirado, el hospedaje gratuito de aquellos señores de la guerra ya era rentable para ellos, pues (como sugería Laureano “Roque” en Robleda) defendían “lo suyo”, exponiendo vidas ajenas de pobres soldados, que tal vez antes hubieran frecuentado la Casa del Pueblo. Era una refinada (y cruel) ofrenda por parte del “Caudillo” y los otros señores de la guerra, pues conseguían que antiguos aspirantes al reparto de los beneficios de la tierra se convirtieran en guerreros armados para eliminar a sus compañeros de clase social.  

También está por ver hasta dónde alcanza la casualidad de las analogías que se comprueban entre la prestación a los sublevados por parte de Antonio Pérez Tabernero y la de su homólogo Ventura Sánchez-Tabernero, en cuya finca de Pedro Llén (Las Veguillas) se instaló un centro de formación para falangistas a principios de 1937 (López-Delgado 2001: 274). Este personaje entre julio y agosto de 1936 había prestado otros servicios como delegado del gobierno civil militarista (croniquilla del 21 de julio). Y, sin que exista relación comprobada de causa a efecto, en la noche del 14 al 15 de agosto habían sido asesinadas nueve personas en el término de  Las Veguillas, siete de ellas en la finca de Pedro Llén y dos en el sitio de “Barrueca”. Una ejecución análoga, extrajudicial, afectó a ocho vecinos de Matilla de los Caños (entre ellos el alcalde republicano, Gerardo Pescador Pescador, hijo de Tomás Pescador Criado, vecino de El Bodón, “desaparecido” en la prisión de La Caridad hacia 1940-41). Sus cadáveres fueron abandonados en La Rad, agregado de Galindo y Perahuy, donde se registró su defunción el 7 de diciembre de 1936. Quizá este sacrificio colectivo tuviera relación con la confesión a un periodista (negada después) de Gonzalo de Aguilera, titular del condado de Alba de Yeltes y dueño del latifundio de Carrascal de Sanchiricones, ubicado también en el término de Matilla de los Caños. Según la versión de Preston (2011: 29), este terrateniente, al enterarse del Alzamiento, fusiló a seis braceros para que los demás escarmentaran (la cronología propuesta es incompatible con la de las actas de defunción). 

Personajes como Antonio Sánchez-Tabernero y Gonzalo de Aguilera eran señores de la tierra que dieron señales de desequilibrio mental, sin que esto fuera óbice para que los señores de la guerra los utilizaran en servicios de represión del Campo Charro. Al parecer, los grandes propietarios del entorno cercano de Ciudad Rodrigo fueron más discretos en sus prestaciones represivas. 

 

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sáb

24

sep

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936. La memoria fragmentaria o perdida. Necrologio de Puebla de Azaba.  Ángel Iglesias Ovejero

En bastantes pueblos de la comarca no se ha llegado a tiempo de recoger la memoria colectiva de las víctimas mortales o no se han conseguido  más que retazos de la misma, pero no hay que desesperar de obtenerla algún día, cuando existen indicios claros de otras formas de represión. Entre otros pueblos, ha sucedido así en Puebla de Yeltes, donde hay constancia de una represión económica, comprobada el 17 de septiembre de 1936, a través de las extorsiones de Ernesto Bravo y Agustín Calzada, jefes respectivos de las Milicias Fascistas y de la Falange en la comarca, denominadas “donativos” por los extorsionistas, y, poco después, las multas impuestas por falangistas de Fuenteguinaldo y Casillas de Flores (Iglesias, Represión franquista: 355). Estos últimos pretendían así cobrar así jornales “excesivos”, que no habían sido ningún abuso, sino la mera aplicación de la normativa laboral republicana en vísperas del Alzamiento. Era el trasfondo habitual de enfrentamientos entre los patronos que no aceptaban esa normativa y los jornaleros que la reivindicaban. Los primeros se cobraron con creces los presuntos “abusos” salariales, con denuncias que, en otros pueblos cercanos, como Campillo e Ituero de Azaba, no se tiene constancia de que pasaran de procesamientos, prisiones y sanciones. Pero en Puebla de Yeltes poco días después de aquellas multas aparecieron los cadáveres de dos vecinos. De uno de ellos (mal identificado) no se tienen datos sobre la motivación y las circunstancias de su ejecución extrajudicial.   

 

Demetrio Juan Salicio, de 24 años, hijo de Silvestre y María, casado, sin mención del nombre de la esposa y eventual descendencia. Falleció en Ciudad Rodrigo y fue enterrado en lugar desconocido, según el acta de defunción, muy tardías (22/10/81, ASMJ). Según esto, podría haber sido víctima de la presunta saca carcelaria del día anterior (croniquilla de ayer, día 23), aunque su nombre no se registra en la relación de la cárcel del partido judicial, por lo que su alevosa excarcelación se habría realizado en otro local carcelario. También cabe la posibilidad de que su esposa fuera Carmen “la Merenga”, cuyo marido, según testimonios, fue sacado, pero esta persona quizá se llamara José (PdA 2009) y, en consecuencia, los referentes respectivos de estos nombres serían víctimas diferentes. 

Antonio, sin constancia de apellidos, casado, padre de  tres hijas, que habrían sido recogidas por un tío sacerdote domiciliado en Ciudad Rodrigo (E 2015). 

 

A día de hoy no se sabe si el necrologio de Puebla de Azaba es más extenso o no. Descontados los naturales contabilizados con los vecinos de otras localidades (como Graciliano Hernández Tomás, víctima mortal; ver croniquilla de Gallegos de Argañán, prevista para el 16 de octubre), provisionalmente el total de afectados por la represión franquista  es de una docena aproximada: 

  • Víctimas mortales: 2 ó 3 

  • Presos o detenidos: 2 

  • Depurados: 2 (también presos) 

  • Sancionados o embargados: 10 (2 por partida doble). 

 

 

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vie

23

sep

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936. La opacidad de los registros civiles. La posible saca colectiva de la cárcel de Ciudad Rodrigo el 23 de septi

La orden del general Mola del 6 de agosto de 1936 (ver croniquilla) sentaba las bases de una feroz represión extrajudicial mediante la opacidad sobre agentes y pacientes, lo que de hecho se traducía en la impunidad  de los victimarios y la falta de reconocimiento de las víctimas. El mecanismo ha dado resultados que perduran hasta hoy, debido a la política de la memoria y la actitud pasiva de la justicia española, que se manifiesta en la falta de colaboración para la investigación por parte de algunos juzgados, empezando por la cabecera del partido judicial. En Ciudad Rodrigo la ASMJ pudo fotocopiar las actas defunción. Con ello se resolvía una parte del problema, en sentido positivo, con la identificación de los afectados por las sacas domiciliarias o carcelarias (el señalamiento de “desconocidos” al menos dejaba constancia del crimen). Pero las sacas perfeccionadas estaban previstas para que no hubiera identificación posible: ni nombres, ni cadáveres enterrados en lugar conocido, ni siquiera crímenes reconocidos oficialmente (los padres, las viudas y los huérfanos experimentaban la falta del familiar, cuyo recuerdo era tributario de eventuales testimonios y rumores). 

La consulta exhaustiva de las actas de defunción en los registros civiles (desde 1936 hasta finales del siglo XX) habría posibilitado un reconocimiento negativo. Si el nombre de los hipotéticos afectados confirma que fallecieron de muerte natural, los referentes no deben ser reconocidos como víctimas. Si el nombre de las personas en cuestión no figura entre los muertos “naturales”, no por ello los referentes deben, sin más, ser incluidos ni excluidos de tal reconocimiento. Los indicios de la información oral cobrarían más peso, con toda la labor de cotejo que ello implica. La consulta sería laboriosa, cierto, pero no tendrían que asumirla los encargados del registro civil. Bastaría con que se dejara hacer su trabajo a los investigadores, lo que no sería mucho pedir en países que pretenden ser estados de derecho, como España, donde se supone que existe la libertad de consulta de los archivos, dentro de una normativa, por supuesto. Hasta ahora no siempre ha sido así.  

Mientras no se lleve a cabo dicha consulta, persistirán las dudas sobre aquellos excarcelados de quienes, por las fechas de salida y el modus operandi de los represores, se puede presumir que fueron asesinados, aunque no se tengan otros datos que claramente lo confirmen. Es el caso de algunos de los nueve presos que, habiendo ingresado en la cárcel de Ciudad Rodrigo entre los días 24 y 31 de julio, salieron de ella el día 23 de septiembre de 1936. Cinco de ellos reingresaron y fueron sacados los días 8 o 16 de octubre. Los otros cuatro no volvieron a la cárcel y su destino posterior es incierto (Iglesias, Represión franquista: 301). Por la relación de la cárcel se conoce su naturaleza y su condición de detenidos por orden militar, pero se ignora todo lo demás. Uno era natural de Gallegos de Argañán: 

 

Isidoro Hernández Fonseca. Había ingresado en prisión el día 24 de julio de 1936.  

 

Los otros tres eran naturales de Ciudad Rodrigo: 

 

Justino Román Hernández. Había ingresado en prisión el día 25 de julio de 1936.  

Francisco Hernández Martín. Había ingresado en prisión el día 26 de julio de 1936. 

José Manuel Sangalo Martín. Había ingresado en prisión el día 26 de julio de 1936. 

 

Su temprana detención, en la segunda semana del Alzamiento, prueba que eran señalados de antemano como “elementos peligrosos” por los denunciantes afines a los sublevados en el ámbito de la Ciudad, pero quizá ello no sea motivo suficiente para darlos por asesinados en esta presunta saca colectiva, como sucedió poco después con sus compañeros de prisión y provisional excarcelación. De modo que, como se viene exponiendo, estos hombres siguen en el limbo de los “dudosos”, que no se pueden incluir entre las víctimas mortales (mientras no existan documentos o evidencias materiales que lo prueben) ni excluir del todo (mientras tampoco existan pruebas en sentido contrario). A efectos de estadística no se cuentan en los totales de afectados por la represión. 

Así pues, en general, bastantes errores que, por inclusión o exclusión, se cometen en los listados de ejecutados extrajudiciales hay que ponerlos en la cuenta de la gestión de los archivos locales  (a veces perdidos y otras impedido el acceso), tanto a nivel municipal como de los juzgados de 1ª instrucción, y no solo en la del perverso modus operandi de los represores. 

 

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vie

16

sep

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936. La pertinacia delatora. Necrologio de Villar de Ciervo Ángel Iglesias Ovejero

Los indicios de algunos tímidos actos de oposición al Movimiento (corte de carreteras) el día 19 de julio en Villar de Ciervo determinaron una represión análoga a la de otros pueblos fronterizos, sobre todo a la de Aldea del Obispo. Pero en este caso tuvo mayor calado por la vía jurídica militar, debido al empeño de los denunciantes locales, que incluso desde el frente de guerra seguían ejerciendo con tesón la predisposición delatora (Iglesias, Represión: 487-490). Sin duda la comezón remontaba a la original pedagogía del alférez Ernesto Bravo en julio y agosto para el cobro de “donativos” obligados (multas) con destino al “ejército nacional” en principio (croniquilla del 31 de julio).  

  El número de víctimas mortales cervatas no es muy elevado. Tres en total, dos de ellas afectadas por las sacas: una quizá a consecuencia de una detención  domiciliaria el 16 de septiembre; la otra en una excarcelación alevosa. La tercera murió en la fuga del Fuerte de San Cristóbal (Pamplona), donde se hallaba a causa de una condena en consejo de guerra, que venía a ser el corolario de las denuncias. 

 

Nicolás Hernández Muñozde 27 años, hijo de Manuel y Autora, jornalero, casado con María Calvo Limón (o ¿Simón?). Apareció cadáver el 16 de septiembre de 1936,  a consecuencia de heridas por arma de fuego, y fue enterrado en el cementerio municipal (act. def.16/09/36, ASMJ). No se dispone de datos sobre presuntos motivos de su asesinato. 

Matías Andrés Ballesteros Lorenzo (a) Trincalo”, de 68 años, hijo de Antonio e Isidora, albañil, consejero y depositario de la STT, casado con Tomasa Ferreira Montero, sin hijos. Fue excarcelado en la saca del 25 de noviembre de 1936, siendo  enterrado su cadáver en una fosa de Campanilla (ver croniquilla), con otros seis detenidos. Se menciona con morfología errática en el primer apellido (Vallesteros o Velasco) en la causa seguida contra su esposa Tomasa Ferreira y otros tres vecinos (C.1071/36). Según esta fuente, Matías fue detenido el 29 de julio de 1936 y estaba preso cuando se iniciaron las acciones judiciales de esta causa (17/10/36). Esto se confirma en la relación de presos de la cárcel del partido de Ciudad Rodrigo, según la cual Matías Ballesteros ingresó el 29 de julio de 1936 y sal el 25 de noviembre del mismo año. También parece confirmada la hipótesis de que fuera sacado de ella y asesinado, empezando por su acta de defunción, registrada al año siguiente (30/05/38, ASMJ). Poco después (16/07/38), daba por “fallecido” a Matías el secretario del ayuntamiento de Villar de Ciervo, Laureano Álvarez Macías, al informar sobre la multa impuesta a la viuda, Tomasa Ferreira (C. 2133/37).  

Emiliano Pizarro Ferreirade 38 años, hijo de Diego y Emilia, jornalero, socio de la STT, concejal republicano, casado con Ángela Zamarreño, sin constancia de eventual descendencia. Murió en la fuga del Fuerte de San Cristóbal (Pamplona), que tuvo lugar el 22 de mayo de 1938, cuando cumplía condena impuesta en consejo de guerra (19/12/36). Allí había otros penados de la zona mirobrigense, entre ellos un convecino de Emiliano, Valentín Lorenzo Bajo, uno de los dos afortunados que, de los 800 fugados, consiguieron llegar con vida a la tierra prometida de Francia (ver croniquilla prevista entre el 24 y 31 de octubre). Emiliano había sido acusado de participación en el corte de la carretera de Villar de la Yegua el 19 de julio, una vez desplazada la Guardia Civil del puesto a Ciudad Rodrigo (donde “ya imperaba el Fascio”), por lo que fue detenido el 15 de octubre y trasladado a Salamanca para ser procesado con otros 12 vecinos (C.884/36). La muerte de Emiliano Pizarro presenta analogías con la de las sacas carcelarias. 

 

Está claro que el asesinato y la temprana detención de los dos primeros sacrificados no dejaban satisfechos a los responsables de la represión, cuyos objetivos eran ambiciosos y para alcanzarlos contaban con la pertinacia de los denunciantes cervatos. En efecto, a pesar de que la delación es una constante en “la sociedad del castigo” deseada y fomentada en el Nuevo Estado franquista, la evidencia de la de Villar de Ciervo es realmente llamativa. Ya resulta muy significativo el ensañamiento contra Tomasa Ferreira, procesada por el hallazgo de unos cuadernos con datos sindicales o con unas cuantas hojas arrancadas al principio. Pertenecían a su marido, Matías Ballesterosun hombre ya mayor que estaba detenido y poco después sería asesinado. Hasta los mismos militares que la juzgaron no se atrevieron a condenarla, aunque sería multada (C.1071/36). Pero esto no enfriaba los ardores patrióticos de unos bravos y jovencísimos soldados en el frente de Robledo de Chavela, que antes, en la retaguardia, se habían ejercitado como falangistas en servicios de represión menos arriesgados para ellos. Desde allí remitieron una denuncia contra una treintena de vecinos, clasificando “la peligrosidad" de los denunciados y especificando sus presuntos delitos, sin dejar de insistir en la truculencia verbal de alguna mujer: “[a una vecina], innumerables veces se le ha oído frases como la siguiente, que tenía que preparar chuletas de guardia civil, cuya comida rociaría con sangre de cura” (C.884/36).     

Esto explica el total de afectados de la represión, que (descontados los naturales, contabilizados en las localidades donde estuvieran avecindados, como Nemesio Ferreira en El Bodón y Gabriel Zato en Robleda) se eleva a mencionad treintena de personas identificadas:  

  • Víctimas mortales: 3 

  • Víctimas de represión carcelaria: 25 

  • Depurados : 1 (también preso) 

  • Sancionados o embargados: 8 (7 de ellos, también presos).   

 

No hay constancia de que las autoridades locales hayan efectuado diligencia alguna para averiguar la existencia de otras víctimas ni el menor gesto de reconocimiento de las ya identificadas

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jue

15

sep

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936. La saca carcelaria de Ciudad Rodrigo el día 15 de septiembre: la fosa de Las Aceñuelas.   Ángel Iglesias Ovej

Una vez bien probado el protocolo de las sacas colectivas carcelarias con la redada de El Bodón (crónica del 11 de septiembre), aquéllas se convirtieron casi en una rutina en Ciudad Rodrigo, pues al menos hubo media docena hasta Navidad. Pero esto no significa que los represores renunciaran a las operaciones macabras habituales (lo que el jefe de las Juventudes de Acción Popular denominaba “el clásico paseo”). A lo largo de todo el mes de septiembre, antes y después del día 11, aparecían los cadáveres individuales o por parejas de “desconocidos” junto a las carreteras y caminos aledaños en los términos de El Bodón, Carpio de Azaba, Fuenteguinaldo, Muñoz, El Payo, Peñaparda, Robleda y Zamarra (croniquilla del 6 de agosto). Septiembre fue realmente un mes sangriento.  

La siguiente saca carcelaria de la cabecera del partido no se hizo esperar mucho. El 15 de septiembre fueron excarcelados 13 presos, siete de los cuales, según el informe del jefe de la Policía Municipal en 1979 fueron ejecutados y enterrados en la fosa de Las Aceñuelas (Iglesias, Represión franquista: 300). Al ser efectuada la matanza a las puertas de la Ciudad, las víctimas, elegidas por sus cargos municipales, sus responsabilidades políticas o sus presuntas actividades izquierdistas, pudieron ser identificadas desde el principio. De ese modo, si la operación perdió en opacidad, como pretendían los represores, la pedagogía del terror resultó más explícita. Ángel Grimaldos y Victoriano Gómez habían sido gestores municipales. Desiderio Criado y Santiago González eran de los representantes políticos presentes en las reuniones del Ayuntamiento los días 18 y 19 de julio de 1936 (J.sum.265/36). 

Habían ingresado en la cárcel del partido el día 1º de agosto. Fueron sacados con el habitual pretexto del traslado carcelario (“salieron para Salamanca el día 15 de setiembre”), para lo cual fueron entregados a la Guardia Civil (Viudas, expediente de Eladio Pulido), pero no llegaron a su destino, pues fueron asesinados apenas salidos de Ciudad Rodrigo. Aparecieron cadáveres aquel día en la dehesa de Las Aceñuelas (CR), a excepción de Santiago González, a quien no se le señala esta circunstancia. En la respectiva acta de defunción de cada uno se consigna el fallecimiento en dicha finca, la fecha y la hora (5.30  horas de la mañana), la causa (heridas por arma de fuego) y el entierro de su cadáver en el cementerio municipal (RCCR, def. 15/09/1936, “en virtud de oficio dirigido a este R.C. de fecha de hoy por el Capitán Instructor Marcelino Ibero”). A veces faltan datos sobre la filiación, profesión, nombre de la esposa y eventual descendencia de los hombres casados. 

Desiderio Criado Barés, de 24 años, natural de Mogarraz, hijo de Esteban y Ángela, jornalero, presidente de las Juventudes Socialistas, soltero, Como representante de las JS asistió a las reuniones del Ayuntamiento los días 18 y 19 de julio de 1936. Por ello lo citó a declarar el juez de instrucción Fausto Sánchez (J.sum.265/36). 

Constantino Domínguez Guerra, de 24 años, soltero, sin indicación de filiación, domicilio y profesión. 

Santiago González de la Iglesia, de 34 años, natural de Pereña de la Ribera, curtidor, presidente de la agrupación socialista, viudo, sin constancia de filiación, nombre de la esposa y eventual descendencia (ver croniquilla del 30 de agosto). 

Ángel Grimaldos Múgica, de 29 años, natural de Madrid, ferroviario, concejal, de Izquierda Republicana, soltero, sin constancia de filiación (ver croniquilla del 30 de agosto). 

Segundo Lobato Plaza, de 55 años, natural de Pastores, casado, sin indicación de filiación, profesión, nombre de la esposa y eventual descendencia. 

Marcelino Marcos Martín, de 30 años, natural de Salamanca, casado, sin indicación de filiación, nombre de la esposa y eventual descendencia, domicilio y profesión. 

Félix Martín Moro, de 50 años, casado, sin indicación de filiación, profesión, nombre de la esposa y eventual descendencia. 

Eladio Pulido González (a) “El Ratónde 31 años, hijo de Ángel e Isidora, jornalero, revisor de cuentas del PS, casado, sin indicación de nombre de la esposa y eventual descendencia. En el expediente de Germán Repila Tetilla se le da por “desaparecido”, muerto, sin explicar la motivación y circunstancias. Según las declaraciones de algunos testigos en abril de 1936, incluidas en dicho expediente, se habría visto implicado en la agresión al derechista Modesto Hernández Villarroel el 5 de marzo anterior, en la calle del Sol, por alguien de un grupo de borrachos que eran conducidos por guardias de Seguridad a la Inspección. Entre ellos iban Germán Repila, Eladio Pulido González (a) “Ratón” y José López (a) “Garabayo”, que negarían ser los autores del palo que el derechista recibió en la cabeza (P.sum.139/37). Es un indicio de la procedencia de la presunta denuncia contra estos vecinos mirobrigenses. 

 

Algunos de estos jóvenes son de aquellos a quienes, sin pruebas, los depositarios de rumores derechistas señalan como activistas y autores de daños materiales contra instalaciones pública, que principalmente serían fruto de su imaginación, pues, de haber sido reales, la copiosa literatura procesal y de archivos locales no habría dejado de ponerlas de  relieve, corregidas y aumentadas, lo que hasta ahora no se ha comprobado.   

 

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mar

13

sep

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936.  La colaboración necesaria de los denunciantes locales. Alberguería de Argañán   Ángel Iglesias Ovejero

Por su situación fronteriza, La Alberguería de Argañán fue uno de los pueblos cuyo control fue objetivo militar prioritario, en el que colaboraron guardias civiles, carabineros y soldados, con un destacamento al mando de un alférez de caballería, Antonio Magdaleno, que era de los oficiales que participaban en la imposición y cobro de extorsiones, denominadas “donativos” por el ingenioso jefe de Milicias Fascistas, el alférez Ernesto Bravo (croniquilla del 27 de julio). Una vez usurpado el poder municipal, las detenciones y sacas represivas corrieron a cargo de los milicianos fascistas, sin duda forasteros al principio, y por ello tributarios de la necesaria colaboración de los denunciantes locales. La información no ha permitido establecer un inventario definitivo de víctimas mortales. De las actas de defunción fuera de plazo, fechadas en 1940, se deduce que las detenciones de Alberguería de Argañán tuvieron lugar el 10 de septiembre de 1936. La informante Tina, niña de 8 años entonces, recuerda que un día, cuando iba a comprar un abanico en la tienda de la Plaza, vio a Manuel “el Panadero” y otros cinco o seis jóvenes detenidos en “el camión”, custodiados por falangistas que cantaban el “Cara al sol”: Carlitos y Samuel (AdA 2009). Pero además de Manuel, solo otro asesinado ha sido claramente identificado: Gaspar Alfonso.  Agustín Pino, que era vecino de El Bodón, ya fue contabilizado con las víctimas bodonesas (croniquilla del pasado día 11).  

 

Manuel González Martín, de 33 años, hijo de José e Inocencia, carpintero, concejal republicano, casado con Emiliana Blanco Pascual, con quien tenía cinco hijos menores de edad, aunque el acta de defunción sólo menciona cuatro hijas, olvidando un niño que falleció tres meses más tarde que su padre (infra). Manuel González falleció en el “término de Ciudad Rodrigo el día diez de septiembre de 1936”, “a consecuencia de herida de arma de fuego”, sin constancia del lugar donde fue enterrado (RCAdA, act. def. 04/03/1940). Salvo homonimia total improbable, esta víctima sería el “industrial” de 31 años, sin indicación de naturaleza y vecindad, que habría sido expedientado y sacado de la cárcel (sin especificar) el 9 de diciembre de 1936, que registran López y Delgado (2007: 170). 

Gaspar Alfonso González, de 26 años, hijo de Francisco y Fernanda, casado con Josefa Córdoba, con quien tenía dos hijos menores de edad. Falleció en “la dehesa de Fonseca, término de Carpio de Azaba, el día once de septiembre de 1936”, “a consecuencia de haber aparecido muerto sin saber de qué”, sin constancia del lugar donde fue enterrado, pero se consigna que “desapareció de su domicilio en este pueblo el día diez de septiembre de 1936, y nació el 02-01-1910” (RCAdA, act. def. 21/09/1940).   

Hubo también otros capturados, desaparecidos y apaleados. Entre los detenidos militares se cuenta más tarde a Luciano Álvarez Rodríguez, recluso de la prisión del partido judicial, donde ingresó el 14 noviembre de 1936, como “detenido [del] Juzgado militar”, y salió a los tres días (17/11/36); después ingresó de nuevo (12/12/36) y salió al cabo de una semana larga (AMCR, Desaparecidos 1936), sin que esta libertad sea garantía definitiva de su vida; pero tampoco se ha comprobado de manera fehaciente que fuera víctima de una saca. 

Un caso análogo se plantea con José María Martín Sánchez, concejal republicano, en la comisión de policía urbana y rural, junto con Gaspar González Lorenzo (AMAdA, act. ses., 21/03/36, 22/03/36), a quien apoyó en la demanda para que el Gobernador delegara una persona con autoridad para la revisión de cuentas de los Ayuntamientos anteriores (AMAdA, act. ses., 03/05/36). Estuvo detenido en la cárcel de Ciudad Rodrigo 48 horas. Según testimonios, tenía dos hijos sirviendo en el ejército franquista, uno en Toledo y otro en Logroño, por influencia de los cuales fue liberado. Habría sido alcalde durante la República, pero su posicionamiento político resulta bastante ambiguo, a juzgar por el testimonio de una informante, según la cual ayudó a José Antonio Primo de Rivera a pasar de Portugal 300 pistolas. El intermediario sería un teniente de Alamedilla (CasdA 2009). 

Por ahora, sobre estos referentes es difícil pronunciarse sobre si fueron víctimas de la represión sangrienta de Alberguería. La misma duda subsiste con Antonio Rivas Neira, destituido en favor de Obdulio Sánchez González al producirse el Alzamiento. En todo caso, el necrologio de Alberguería incluye tres víctimas indirectas, dos hijos de Manuel González y un muerto en Dachau, pero seguramente se está muy lejos de la cuenta. 

 

Manuel González Blanco, de seis meses, hijo de Manuel y Emiliana. Fallecido “de sarampión” (10/12/1936), pero la falta  del padre en una fratría de cinco niños menores pesaría lo suyo en la falta de nutrición adecuada. 

Rosalía González Blanco, hermana del niño anterior, que murió pronto, según una informante de 80 años (AdA 2009), pero sin comprobar causa exacta (probablemente desamparo, enfermedad o malnutrición) ni fecha. 

Agustín Fernández Pascual, fallecido en el campo de concentración de Dachau (13/01/42), de quien no se tienen otros datos (MCU). 

 

La represión jurídico-militar y la gubernativa fueron también relativamente intensas, sin duda activadas por los denunciantes locales, entre los que se destacó el médico José Espáriz Sousa, que no se caracterizaba por el empleo de un lenguaje y unos modos muy acordes con su presunta labor humanitaria (Iglesias 2010b).  El 1º de febrero de 1938, este médico denunció a Alfredo Canillas Rodríguez, que ejercía de maestro interino en Ciudad Rodrigo, después de haber sido concejal republicano en AlbergueríaA juicio de Espáriz, Alfredo constituía una buena ilustración de los grandes obstáculos con que se encontraba “la grandeza de España” diseñada por Franco (y de la que los vecinos de Alberguería y los españoles en general pronto tendrían una cabal idea con la experiencia de los “años del hambre”). Se trataba de los bajos intereses económicos de los aprovechados “agiotistas” (C.357/38: f. 3). Para el denunciante Alfredo Canillas era sospechoso de contrabando de dinero y hasta de dinero falso, al socaire de una tienda de ropas viejas que había tenido en Alberguería, donde acudían compradores portugueses, con la colaboración o el beneplácito de otros vecinos, de paso también denunciados como implicados en el pasado izquierdista de Alfredo, miembro sucesivamente del Partido Radical Socialista y de Izquierda Republicana, con cuyo carácter había entrado en la Gestora municipal del “nefasto Frente Popular”. En ese pasado izquierdista del denunciado, acusado de propagandista, se contaba también la introducción de la lectura del Heraldo de Madrid antes del Movimiento y, sin duda lo más grave en la perspectiva de los militares, en los primeros días del mismo se había servido de una radio, regalo anterior de Villalobos a la escuela de niños de Alamedilla (que tal vez sería Heliodoro Polo Blanco, depurado), para seguir las emisiones radiofónicas de Madrid en el café de Luciano Nava Pérez, otro gestor frente-populista de Alberguería. José Espáriz no dejaba títere con cabeza, empezando por el gestor Daniel Alfonso Acosta, que sería uno de los multados por Calzada y Bravo el 17 de septiembre de 1936 y estaba detenido en julio de 1938 (C.2133/37), el teniente de alcalde Francisco Sánchez Hernández y el jefe local de Falange, Santiago Dionisio González, sin olvidar al fabricante de electricidad Pedro Lozano Crespo, sospechoso de haber favorecido a los socios de la Casa del Pueblo y acusado de tener un hijo médico que, por haber servido a los “rojos” en Bilbao, había sido sometido a expediente, y de hospedar en su casa a un cuñado vecino de Murguía (Álava), lo cual, sin otras pruebas, era un indicio suficiente de aspiraciones separatistas (C.357/38). Esto da una idea del ambiente que se respiraba  en los pueblos fronterizos de la Raya portuguesa durante la guerra, lejos de los frentes de combate. 

 De este pueblo era natural Antolín Santos, el famoso maestro de Campillo de Azaba, con cuyos represaliados se cuenta. Su reputación sulfurosa como docente (ateo) no le impidió tomar la investidura de la jefatura local de Falange, que ejerció como tiranuelo y meticuloso denunciante, antes de ser él mismo cesado y depurado.  

El total de afectados por la represión franquista en Alberguería de Argañán hasta ahora identificados (y excluidos los naturales contados en otras localidades) supera la veintena: 

  • Victimas mortales: entre 5 y 9 (3 de ellas indirectas) 

  • Presos y detenidos (procesados o no): 8 

  • Depurados: 1 (preso) 

  • Sancionados y embargados: 10 (2 también presos). 

 

No hay constancia de que las autoridades locales hayan efectuado diligencia alguna para averiguar la existencia de otras víctimas ni el menor gesto de reconocimiento de las ya identificadas. 

 

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lun

12

sep

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936. Represaliados en tierra extraña. Croniquilla y necrologio de Puerto Seguro  Ángel Iglesias Ovejero

A primera vista la represión franquista no ha dejado huellas muy perceptibles en la tradición local de Puerto Seguro. Aparte del tabú general, quizá ello se deba a que su población, por la configuración geográfica del municipio, apartado y poco apto para la explotación agrícola, siempre ha estado abocada a la emigración y ello ha dispersado algunos motivos de la memoria colectiva. Pero, por la misma razón, el cierre del mercado exterior del trabajo en Europa y América, cuyos efectos se manifestaron en España durante la República, con la vuelta de las familias emigrantes, quizá tendría que ver con la reclamación de un mejor reparto o aprovechamiento de los terrenos comunales, que, se mencionan en la información local como elementos determinantes de una situación algo conflictiva antes de la guerra civil.  

En la misma represión se refleja aquella tendencia migratoria,  pues las víctimas mortales, el padre y dos hijos de una misma familia, eran vecinos de Salamanca, y una víctima mortal indirecta, un presumible ex soldado republicano, falleció en el campo de concentración de Mauthausen (Austria). A nivel local, si no se recuerdan ejecuciones extrajudiciales en el término, sí se documenta un buen servicio de orden e información en favor de los sublevados militares. La Guardia Cívica, de la que formaban parte el alcalde, el secretario y el médico, contaba con unos efectivos de 17 individuos, relativamente bien equipados con armas de fuego. Pero en la localidad solo se registra tardíamente una víctima mortal y un herido, ambos menores, a causa del descontrol de las armas de fuego por los responsables militares.    

La represión de Puerto Seguro ofrece una buena ilustración de una característica general como es el extrañamiento de las víctimas que, no sólo resultan afectadas por el exilio, sino por otras circunstancias del contexto bélico. La guerra dejó descolocados a los miembros de las familias, fragmentadas entre la zona “nacional” y la republicana, y, al término del conflicto bélico, algunos ex soldados republicanos, sufrieron la privación de libertad en los campos de concentración franceses y la deportación en los territorios controlados por la Alemania nazi en Francia, Austria y la propia Alemania. Al parecer, algunos lectores y corresponsales del periódico “más leído” y peor informado de la Provincia no ven la relación entre estas últimas víctimas, producidas por los aliados de “los nacionales”, y los efectos de la guerra, en que se sustentaba la dictadura del general Franco, que devolvió la moneda a sus mejores valedores exteriores con el envío de “la División Azul”.  

Así pues, el necrologio de Puerto Seguro, que para que no coincida con la descripción de la saca masiva de El Bodón, se ha dejado para el día de hoy, incluye cuatro víctimas mortales, una de ellas “indirecta”. La información emana sobre todo de Luis Froufe, que en el nº 177 de la revista local Peña Rota (ofrecida por Agustina Hernández)  señala el hallazgo del acta de defunción de su padre, sacado el día 11 de septiembre de 1936 en Ferrol (Coruña). También ha ofrecido algunos retazos sobre la confusa ejecución de uno de sus  hermanos (ASMJ), mientras que la del otro está bien documentada por la información procesal, pues fue sumariado dos veces. 

 

Hipólito Jesús Froufe Espinazo, de 58 años, hijo de Agustín y Agustina, empresario, casado con Isabel Carlos, con quien tenía 10 hijos. El 11 de septiembre de 1936 fue víctima de una saca carcelaria en Ferrol, siendo enterrado en una fosa común del cementerio de “Canido”. Según el testimonio de su hijo Luis, único superviviente de la numerosa fratría, “cumplía injusta condena” (quizá por la acusación de participación en los sucios negocios del contrabandista Diamantino Hernández, que introducía billetes falsos del Banco de España [C.2133/37: f. 158] en el penal de El Dueso -Santoña, Santander-) cuando se produjo la sublevación militar. Su familia perdió poco después el contacto con Hipólito. Después le llegaron noticias de que se había embarcado en Santander, con otras 200 personas, en el mercante “Genoveva Fierro”, cuyo destino debía ser Valencia, pero el barco fue interceptado por el destructor “Velasco” y llevado a Ferrol. Hipólito Froufe, considerado peligroso para los sublevados, fue sacado con otras cuatro personas, con las que fue enterrado en el citado cementerio, hoy desaparecido y en cuyo emplazamiento se ubica el Instituto de Enseñanza Media. Los restos de Hipólito se depositaron en la cripta de la iglesia aledaña de San Rosendo (L. Froufe, Peña Rota, 2013, nº 177: 10). 

Agustín Froufe Carlos, de 22 años, hijo de Hipólito Jesús e Isabel, vecino de Salamanca, abogado, secretario de las Juventudes Marxistas Unificadas, soltero, ejecutado por sentencia de consejo de guerra  (20/06/37).  Fue procesado dos veces y en ambas condenado a muerte, obviamente conmutada su pena capital la primera vez por el Presidente de la Junta de Defensa Nacional (24/08/36). Los hechos de “excitación a la rebelión”  de que fue acusado se produjeron el 19 de julio de 1936 y fue detenido el día 21 del mismo mes, para ser juzgado con otros dos vecinos salmantinos (J.sum.334/36). El consejo de guerra se reunió el 16 de agosto siguiente, siendo condenados sus compañeros a 30 años de prisión. El otro sumarísimo afectó a otros 12 compañeros, “por rebelión” (C.333/36). Sus actuaciones habían comenzado antes, el 24 de julio de 1936, quizá para Agustín un poco después. El consejo de guerra (31/03/37) lo condenó de nuevo a la pena de muerte, con algunos otros, y esta vez fue ejecutado el 20 de junio de 1937. Matices tendenciosos aparte, Agustín Froufe fue juzgado y condenado dos veces por los mismos hechos. 

Jesús Reyes Froufe Carlos, de 21 años, hermano del anterior y también vecino de Salamanca, estudiante de bachillerato, soltero, fue fusilado en prisión, quizá en Pueblo Nuevo (Córdoba). Según el testimonio de su hermano Luis (ASMJ), fue movilizado y enviado al frente de Córdoba, a sus 18 años. Desertó al enterarse de la ejecución de su hermano, pasándose a la zona republicana. Fue detenido en Madrid y enviado a Peñarroya, donde se fugó al monte. Detenido de nuevo y llevado a la cárcel, fue fusilado en ella. La fuga de Jesús al monte, con otros, probablemente tiene que ver con las guerrillas antifranquistas (maquis). 

Según el testimonio familiar, Jesús Reyes Froufe tuvo otro hermano también en el ejército franquista, que igualmente fue desertor. Posteriormente fue detenido, procesado y condenado a 30 años de cárcel (no se ha tenido acceso a la causa). Fue sin duda uno de los otros miembros de la fratría  (quizá Aníbal) que debieron pasar por la prisión: Adela, Aníbal, Juan Manuel, Luis y María. 

 

 El necrologio de Puerto Seguro, de momento, se completa con dos víctimas mortales indirectas: 

Luis Martín, menor, muerto por “explosión de un artefacto”, que también hirió a otro menor, Modesto Manzano (P.prev.4913/39). 

Amadeo Fernández Mayo, fallecido en el campo de concentración de Mauthausen (18/01/42), sin otros datos (MCU). 

 

Habida cuenta de las otras formas de represión, el total provisional de naturales y vecinos de Puerto Seguro se eleva a 12  afectados:  

  • Víctimas mortales: 5 (dos indirectas) 

  • Víctimas carcelarias: 6 

  • Sancionados: 1 

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dom

11

sep

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936. La saca perfecta. Necrologio de la 2ª tanda de vecinos de El Bodón. Ángel Iglesias Ovejero

La represión en El Bodón fue de las más cruentas por la vía extrajudicial, aunque después se remató por la vía militar “legalizada”. A ello contribuirían varias circunstancias, antes y durante el Alzamiento. La aplicación de la Reforma Agraria, que afectaba a algunas dehesas del término (Melimbrazo y Pascualarina) y principalmente la del Collado de Malvarín, cuyos propietarios debieron de considerar crimen de lesa majestad que los vecinos impacientes se metieran a roturarla. Luego los conatos de resistencia en los primeros compases del Alzamiento, con presumibles amenazas verbales a las familias de la casa cuartel de la Guardia Civil, cuando ésta se fue concentrada a Ciudad Rodrigo yal volver para llevarse a dichas familias el día 19 de julio por la tarde, se halló la carretera cortada con carros y recibió algunos tiros de escopeta. Entre estos guardias no hubo muertos ni heridos, pero su rencor, que ya venía de atrás, sería duradero. Las detenciones se iniciaron el 26 de julio y las primeras ejecuciones extrajudiciales, entre ellas la del guardia civil retirado Ángel Acosta y de Agustín Pino, presidente de la Sociedad Obrera (croniquilla del día 9 de agosto), hasta que se produjo la saca masiva de la cárcel de Ciudad Rodrigo el 11 de septiembre (Iglesias 2008a o 2010 b, Represión franquista: 298-300). 

Esta fue la saca carcelaria perfecta que serviría de modelo a las que se practicaron después en la prisión del partido judicial. Era eficaz, masiva, no dejaba huellas de las víctimas ni de sus cadáveres, enterrados en fosas de fincas privadas (y no en los cementerios), sin acceso para extraños, sin diligencia alguna de identificación cuando aparecían huesos en los barbechos. En el caso de las víctimas de El Bodón esto quedó así hasta 1979, en que sus restos fueron exhumados en la finca de Medinilla (Bañobárez), sin que la familia de los Sánchez-Arjona, que eran los dueños (así como de la finca expropiable de El Collado), supieran nada, aunque resulta extraño que los “conductores” (entre los cuales a veces los mismos falangistas mirobrigenses mencionan a Fernando Velasco Sánchez-Arjona en la C.2133/37) dieran con el sitio, a más de 50 kilómetros del lugar de origen de los muertos. Cabe la posibilidad de que las ejecuciones extrajudiciales se efectuaran en el término de Saelices, junto a la “Encina de los muertos”, cerca de la entrada a las minas de Enusa (CR 2016).  Sus nombres figuran en una lápida del cementerio municipal, sin el segundo apellido. En las sacas de otras localidades, los restos mortales secuestrados han sido recuperados hace poco tiempo o siguen in situ hasta el día de hoy, si es que no han sido trasegados a cencerros tapados 

La gran saca de los elegidos para la muerte en El Bodón fue precedida de dos series de detenciones, una en julio y esta otra en septiembre. Se comprueba por la “Relación de entradas y salidas en la cárcel del partido judicial. El 26 de julio fueron detenidos nueve vecinos bodonesesseis de los cuales fueron sacados la noche del día 11 de septiembre, conforme al protocolo previsto: puesta “en libertad” de los presos (con presunto interrogatorio y declaración de inocencia previos) y a la salida entrega alevosa a las fuerzas armadas (Milicias Facistas) para su ejecución. Un informe policial (09/03/1979), incluido en el expediente tramitado a instancia de la viuda de José Barahona Medina, confirma que estos bodoneses fueron detenidos “el 26 de julio de 1936, por fuerzas de la Guardia Civil en Bodón”, a las dos de la tarde de dicho día ingresaron en la cárcel del partido judicial, el mismo día fueron “puestos en libertad y, con “otros más”fueron trasladados, ejecutados y enterrados en la finca de Medinilla del término municipal de San Felices de los Gallegos (AMCR, Viudas), detalle erróneo este último (la fosa en cuestión pertenece al término de Bañobarez).  

 

Alberto Gutiérrez Pino. Aparece en la lista de detenidos de El Bodón por la Guardia Civil que ingresa en la cárcel de Ciudad Rodrigo el 26/07/36 a las 2 de la tarde y es puesto en libertad el 11/09/36, eliminado clandestinamente en la saca nocturna. Entre los detenidos del día 11/09/36 iba Celestino Gutiérrez Pino, hermano suyo, sin duda. Pero con aquel nombre no se comprueban otros datos. Podría tratarse de Alberto Manuel Gutiérrez Amado, de 28 años, hijo de Jesús (labrador) y Regina (RCEB, act. nac. 08/04/1908), probablemente jornalero y soltero. 

 José Barahona Medina, de 40 años, hijo de Ricardo e Isabel, jornalero, casado con Aquilina Barragués Diego, de cuyo matrimonio quedaban cinco hijos. Su acta de defunción, tardía, situaba su fallecimiento en “San Felices de los Gallegos el día 12 de septiembre de 1936”, a consecuencia de “herida de arma de fuego”, sin constancia del lugar donde fue enterrado (RCEB, act. def. 15/09/1941, “a instancia de la viuda”).  

Rafael Ramajo Martín, de 26 años, hijo de Gonzalo y Concepción, jornalero, concejal republicano. Tenía una hermana casada con Amador “Milhombres”, líder local que promovía el reparto de tierras (EB 2007). Tuvo algún protagonismo el 19 de julio, pues fue comisionado, junto con Bernardo García Silva (sin duda hermano de Juana García Silva [infra], represaliado más tarde [C.574/40]), para informarse en Ciudad Rodrigo de las consignas a seguir contra el Alzamiento militar, lo cual se traduciría en el intento de resistencia a la Guardia Civil, según se desprende de la causa seguida contra Primitivo Román (C.788/37). Por ello, sintiéndose en el punto de mira, trató de ocultarse en La Herguijuela de Ciudad Rodrigo, donde tenía un hermano casado. Un cuñado de este hermano, David Baz Jorge, padre de la informante Mª Rosa Baz González, lo escondió al principio (HCR 2008B). En el testimonio de Ramón Barragués, en la causa seguida contra éste, se da por “desaparecido” a Rafael Ramajo (C.1861/37). 

Serapio Montero Garcíade 27 añoshijo de Leonardo y Asunción, jornalero, casado con Antonia Acosta Galán, de cuyo matrimonio no quedaban hijos. En el registro civil existen dos actas de defunción. Según la primera, Serapio, de 38 años, falleció en “despoblado en el término de San Felices de los Gallegos en donde apareció muerto el día 7 de agosto de 1936, a consecuencia de “heridas de arma de fuego”, sin constancia del lugar donde fue enterrado (RCEB, act. def. 22/10/1947, “a instancia de Faustino Montero”). En la otra acta de defunción se comprueban analogías y diferencias con la anterior (en lo que atañe al nombre, edad, fecha y lugar donde falleció, que se indican en bastardilla): Serapio Agustín Montero García, nacido el 28 de agosto de 1909 (RCEB, act. nac. 28/08/1909), casado con María Antonia Acosta Galán; falleció en “esta villa [de El Bodón]” el día 11 de septiembre de 1936, a consecuencia de “herida de arma de fuego”, y fue enterrado en el cementerio de esta villa (RCEB, act. def. 07/01/1958).  

Los testimonios posteriores dejan claro que solamente había una persona de ese nombre y edad por entonces en el pueblo, el cual encabeza la nómina de los cuatro primeros asesinados bodoneses, según algunos testimonios: Serapio nada más [había] ése. Los primeros que llevaron a matar (...). Serapio fue el primero, y tio Ángel el Guardia, tio Agustín el de la Gorda y tio Feliciano (EB 2006). La documentación escrita evidencia que no fue Serapio la protovíctima bodonesa, sino alguno de los otros tres citados: Acosta Barragués, de quien Serapio era yerno, Agustín Pino Sánchez Feliciano Galán Rodríguezque fueron asesinados un mes antes en la carretera de Salamanca (croniquilla del 9 de agosto). Pero éste no fue el caso de Serapio, que en la mencionada “Relación” figura entre los detenidos en la fecha indicada de julio y sacado de la cárcel del partido con los bodoneses enterrados en Medinilla (11/09/36).  

Felipe Santos Gutiérrez, de 22 años, hijo de Laurentino y María Manuela, sin otros datos. Su padre era primer teniente de alcalde republicano (RCEB, act. ses. 12/03/36).  

Luis Nicolás Sánchez. Aparte de la detención y la saca, con este nombre no se comprueban otros datos. Podría tratarse de Luis Santiago NICOLÁS CEPA, de 26 años, hijo de Eladio (jornalero) y María Amparo (RCEB, act. nac. 22/06/1900).  

 

Los otros tres detenidos en aquella fecha, José Agudo Gutiérrez, Germán Pino Galán y Primitivo Hernández Juan, no fueron ejecutados en la gran saca. No se mencionan como tales sacados en las actas de defunción (RCEB) ni en los testimonios orales:  

“[El informante dice que] ninguno de estos tres [Germán Pino Galán, Primitivo Hernández Juan y José Agudo Gutiérrez] (de éste último dice que si el segundo apellido podría estar mal) fue fusilado, que todos emigraron en torno a los años cincuenta hacia el Norte y que no han vuelto a venir casi nada por el pueblo, recuerda que el año pasado estuvo de visita la hija de uno de ellos y cree poder afirmar que los tres ya han fallecido” (EB 2008). 

Un hijo de  José Agudo recuerda algunos avatares represivos sufridos por su padre 

(…) estuvo un mes en la cárcel de Ciudad Rodrigo, hoy ocupada por la Diputación [donde se ubicaba el cuartel de la Falange, antiguo “cuartel de la Bomba” y después Instituto]. Gracias a un pariente que habló con el capitán de la Guardia Civil se libró de la muerte. Una noche lo sacaron y le hicieron beberse una botella de aceite de ricino y tragarse unas hojas de periódico y lo dejaron en libertad. Una vez recuperado, lo reclamaron forzoso y lo llevaron al frente. Hizo toda la guerra y decidió quedarse en el Ejército para no tener que volver a El Bodón, que no volvió a pisar, solo para cumplir una promesa de ser mayordomo cuando estaba en el frente. Fue militar, pero nunca franquista y nunca olvidó la muerte de su cuñado Ramón Gómez y del resto de sus vecinos asesinados (CR 2016). 

 

La redada del día 11 de septiembre fue más numerosa que la de julioLos detenidos ingresaron en la prisión del partido judicial a las 13 horas, “entregados por fuerzas de Carabineros”, y por la nochea excepción de uno fueron, “fueron puestos en libertad” en teoría, pero de hecho, sin indicación de la hora, “entregados a la fuerza de Falange Española por orden del Juzgado Instructor”. El  informe policial (21/01/1979) del expediente de Ramón Gómez indica que: Aparece una orden de entrega a fuerzas de Falange Española (...) fechada el mismo día de ingreso y posteriormente otra de libertad (...)” (AMCR, Viudas). En el listado de los 18 detenidos bodoneses, que precede a los  expedientes personales elaborados en 1979 (AMCR, Desaparecidos 1936), al margen y con otro caligrafía, aparecen unas indicaciones para distinguir a los nueve vecinos que fueron sacados en la noche de aquel día para ser efectivamente asesinados en Medinilla, uno de los cuales escapó inicialmente, pero solo por algún tiempo, y otro que consiguió fugarse definitivamente, así como a los seis que no fueron sacados para ser asesinados, tres de los cuales al menos estaban en vida cuando se añadió la información marginal (Iglesias 2016: 299).  

 

Isidoro Cepa Prieto, de 29 años, hijo de Juan Antonio y Mercedes, jornalero, casado con Agustina Paniagua Prieto, sin hijos. Según el actatardía, falleció en “San Felices de los Gallegos (…), en donde apareció muerto”, sin constancia de la causa ni del lugar de enterramiento (RCEB, act. def. 20/02/1945, “a instancia de su esposa”). Fue detenido en la finca de la Edesadonde fue esposado, antes de ser llevado para Ciudad Rodrigo, a pesar de que uno de los falangistas responsables era novio de una hermana, con la que se casaría (EB 2007). 

Ramón Gómez Ramajo, de 34 años, hijo de Saturnino y Asunción, jornalero, teniente de alcalde, casado con María Teresa Gómez Barragués, de cuyo matrimonio quedaban cuatro hijos. Su acta de defunción, tardía, señala que falleció “en San Felices de los Gallegos” el día indicado, a consecuencia de “herida de arma de fuego”, sin constancia del lugar donde fue enterrado (RCEB, act. def. 25/03/1941, “a instancia de la viuda”). Su hermano Ángel (de 13 años en 1936, vejado) recordaba que fue utilizado por las autoridades militaristas para avisar a Ramón, que estaba trabajando en una hondonada a la vista del pueblo, para que fuera al ayuntamiento. Ramón adivinó que era para detenerlo y matarlo, pero no había escapatoria, porque los falangistas copaban el pueblo por arriba y por abajo (EB 2004). 

Cipriano Sánchez Hernández, de 23 años, hijo de Justo y Ángela (RCEB, act. nac. 1170671913), sin constancia de otros datos. 

Nemesio Lorenzo Ferreira, de 33 años, natural de Villar de Ciervo, hijo de Ángel y Francisca, jornalero, casado con Irene Acosta Castaño, de cuyo matrimonio quedaba una hija. Según el acta de defunción, tardía, falleció en “despoblado” el día 11 de septiembre de 1936, a consecuencia de “heridas de arma de fuego”, sin indicación del lugar donde fue enterrado (RCEB, act. def. 13/03/1942, “a instancia de la viuda”). 

Vicente Gutiérrez Carrasco, de 45 años, hijo de Fermín y Vicenta, jornalero, casado con Pía Carballo Valencia, de cuyo matrimonio quedaban ocho hijos. Según el acta de defunción, tardía, falleció en “la Dehesa de Merinillas, término de Bañobarez, el día 11 de septiembre de 1936”, a consecuencia de “heridas de arma de fuego”, sin constancia del lugar donde fue enterrado (RCEB, act. def. 20/10/1941, “a instancia de la viuda”).  

Juana García Silva, de 37 años, hija de Jesús (jornalero) y Bernarda, casada con José Manuel Ramos, pero no tenía hijos. Era consideraba “la madrina de la bandera”, por haberla bordado, pues era modista, por lo cual también habría hecho camisas rojas por encargoÉstos fueron los presuntos motivos para matarla, de acuerdo con los testimonios, aunque también fue causa de su muerte el desaire amoroso que un falangista sufrió de su parte (EB 2004AEB 2004BEB 2007). 

José Hernández Nicolás (a) “El Tuerto, de 38 años, hijo de Isidoro y Abilia, jornalero, casado con Raimunda Herrero Blanco, de cuyo matrimonio quedaban cuatro hijos. El acta de defunción, tardíaseñala que falleció, “según se supone”, el día 11 de septiembre de 1936, sin indicación de causa ni del lugar donde fue enterrado (RCEB, act. def. 13/03/1942, “a instancia de la viuda”). Lo habían dejado tuerto de un tiro, cuando cogía bellota, y por este detalle una vecina pretendía haberlo reconocido cerca de la frontera portuguesa, lo que suponía que habría conseguido escapar en 1936 (EB 2007). 

Eloy Acosta Castaño, de 35 años, hijo de Claudio (sirviente) y Rufina, concejal republicano, casado con Matilde Montero, pero no tenían hijos. Debía de ser sobrino de Ángel Acosta Barragués, pues su padre tiene los mismos apellidos que éste.  

Manuel González Benito, de 37 años, hijo de Vicente y Teodora, jornalero, casado con Ángela Pereira Andrés, de cuyo matrimonio quedaban tres hijos. Falleció “en despoblado en Ciudad Rodrigo el día 16 de septiembre de 1936”, a consecuencia de “heridas de arma de fuego”, sin constancia del lugar donde fue enterrado (RCEB, act. def. 11/01/1950, “a instancia de su esposa”). De ello se sigue que, en lo tocante a fecha y lugar del asesinato, hay datos contradictorios entre el acta y la lápida. En el listado que precede a los expedientes personales (1979) lleva la indicación, marginal y posterior sin duda, ojo, aludiendo a que se habría librado de la muerte (AMCRDesaparecidos 1936), pero no parece ser el caso. 

Plácido Ramos Nicolásde 38 años, hijo de Joaquín y Magdalena, labrador jornalero, casado con Remedios Barragués, de cuyo matrimonio quedaban seis hijos. Falleció “en despoblado en Ciudad Rodrigo el día 16 de septiembre de 1936”, a consecuencia de “heridas de arma de fuego”, sin constancia del lugar donde fue enterrado, según el acta de defunción, tardía (RCEB, act. def. 11/01/1950, “a instancia de su esposa”).  

La tradición familiar y local ha retenido que Plácido Ramos fue detenido con otra veintena de hombres y una mujer el 11 de septiembre de 1936. Según su hija Magdalena, Plácido era hombre de derechas y defendió contra los jornaleros a un “señor pudiente al que había visitado Gil Robles”. El cura, José María Corral, le tomó ojeriza por un malentendido con la esposa de Plácido acerca de una procesión en que era madrina, para la cuaella no quería que se sacara una imagen a la calle y el Cura pretendía lo contrario a toda costa (EB 2004B). Cuando llevaban a los detenidos en el camión, alguien, al parecer de El Sahugo, lo desató (EB 2004A). Estuvo escondido en el monte, por Monsagro, y después en un cuchitril del corral, en su propia casa. Los niños, incluida la informante Magdalena Ramos, lo ignoraban, pero él los veía e iba a darles un beso cuando estaban dormidos. Los vecinos lo denunciaron (EB 2007) y fue llevado al ayuntamiento. Su hija Magdalena fue a verlo, pero alguien la amenazó con la culata del fusil para impedírselo. Su esposa quedó embarazada del sexto hijo. No debió de morir cinco días después de su huida (el 16/09/1936, como señala el act. def. del 11/01/1950), sino probablemente semanas o meses después, como dice su mencionada hija. Según el testimonio de un vecino de La Encina, que compró las vacas de Plácido Ramos, estaría enterrado en la cercana finca de Campanilla (término de Ciudad Rodrigo), donde habría más de una fosa (EB 2004B). 

Además de Plácido Ramos, la tradición local e incluso comarcal recuerda que también consiguió fugarse otro bodonés destinado al sacrificio aquella noche, Emeterio Pino Moreno (a) “Minguín” (del nombre de su padre, Domingo), sobre el que corre una extendida leyenda (Iglesias 2008a). Se tiró del camión macabro, operación en la que perdió dos falanges, y durante la guerra estuvo emboscado, como un maqui, aunque visitaba a los padres, que eran pastores en fincas, en un hoyo de las cuales se escondía. 

En suma, los 18 vecinos de El Bodón, según la relación de entradas y salidas de la cárcel del partido de Ciudad Rodrigo, ingresaron en ella, como “detenidos [militares]”, el día 11 de septiembre y salieron de ella ese mismo día, a excepción de uno, Ramón Barragués Orensanz, que salió el siguiente día 14. Sin embargo no parece que todos los excarcelados corrieran el mismo destino que quienes fueron víctimas de la saca y cuyos cadáveres quedaron en la finca de Medinilla. El listado mismo lleva la indicación de que algunos no murieron entonces, como señalan los testimonios: Celestino Gutiérrez Pino, Ramiro Nieto Hernández, Juan Hernández Barragués, Protasio Ramajo Sánchez (“tio Protasio”), Eugenio Acosta Castaño (“tio Eugenio”) y Jesús García Gómez (“tio Jesús”)además de los fugados, Emeterio Pino y Plácido Ramos, y del no excarcelado entonces, Ramón Barragués. La información oral señala que hubo otros agraciados, devueltos a su casacomo “tio Millán”, hermano de Eloy Acosta y cuñado de Nemesio Lorenzo, porque los detenidos habrían sido más numerosos, aunque no aparezcan en la relación carcelaria del partido judicial. La informante Hermelinda Prieto Román (de 16 años entonces y testigo de la detención de los bodoneses en el cuartel de Falange, oculta en el balcón de un piso aledaño), coincidiendo con otros testigos, recuerda que en el camión de la redada principal se llevaron a más de veinte personas, incluida Juana García. 

Algunos de estos que, por diversas razones, se libraron de la saca mortífera, fueron después procesados por “responsabilidad militar”, como el alcalde republicano Ramón Barragués (C.1867/37), que cumplió pena de prisión en la isla de San Simón de Redondela (Pontevedra). Otros, como Ramiro Nieto y Protasio Ramajo, fueron multados y embargados por “responsabilidad civil” (1937)  o “responsabilidad política” (1939), con unas cantidades tan desorbitadas que no las pudieron pagar, hasta que fueron  indultados  20 años más tarde. Entre los procesados, además de Primitivo Prieto Román (hermano de la citada informante Hermelinda), entre otros, se cuenta al secretario de José Andrés Manso, Amador Hernández Ramos (a) “Milhombres”, gran orador, casi tan famoso por estos pagos como el líder socialistaEra natural y casado en El Bodón, donde residía a menudo, pero era vecino de Salamanca, donde fue juzgado y condenado a muerte, aunque conmutado (C.486/36). 

Por último, más tarde fue víctima también de una saca carcelaria (16/12/36) Evaristo Pino Castaño, natural El Bodón, contabilizado con los vecinos de Ciudad Rodrigo 

En cuanto a las víctimas indirectas, sin duda el desamparo de los numerosos huérfanos y viudas de asesinados causó estragos (la hambruna existía de antes y se agravó con la guerra y las postguerra), pero la escasa información solo ha permitido la identificación de dos personas afectadas. De enfermedad carcelaria, sin que se pueda excluir la saca, murió un vecino bodonés de edad avanzada (Iglesias 2008a). 

 

Asunción Acosta, viuda de Serapio Montero, “murió de pena” (EB 2007) 

Matilde Montero, viuda de Eloy Acosta, murió de un ataque cuando estaba segando sola (EB 2007) 

Tomás Pescador Criado, de 70 añosnatural de Aldeaseca de la Frontera, peón camineroviudo, padre, entre otros hijos, de Gerardo Pescado Pescador, alcalde de Matilla de los Caños, ejecutado extrajudicial (01/10/36). Falleció o desapareció  en la prisión de La Caridad (1940-41) (C.204/39Iglesias 2012a). 

Para los totales de las diversas modalidades represivas se remite a la croniquilla de la primera tanda de asesinados bodoneses (día 9 de agosto).

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sáb

10

sep

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936.  La sospecha como sistema. Croniquilla y necrologio  de Fuentes de Oñoro Ángel Iglesias Ovejero

La adhesión de las fuerzas armadas a la sublevación en esta zona salmantina no fue tan unánime y precoz como se ha pintado. Algunos militares del Ejército se mostraron remolones para incorporarse al “Movimiento” (como el comandante Villaverde en Casillas de Flores), pero sobre todo los Carabineros dieron señales claras de no estar por la labor de oponerse al Gobierno de la República. En Ciudad Rodrigo, incluso el capitán Ibero, de triste memoria, en el primer momento colaboró con las autoridades municipales en el mantenimiento del orden. Pero los mandos militares rebeldes castigaron desde el principio la “pasividad” inicial, de tal manera que aquéllos que se habían mostrado remisos en la aplicación del terror, se convirtieron en peligrosos y eficaces represores, precisamente para mostrar que se habían adaptado al Nuevo Estado y ya no eran “pasivos”. Así sucedió con dicho Capitán en la Ciudad y el brigada Bernardo García en Robleda. Ahora bien, estos personajes y otros como ellos, no por traicionar sus propias convicciones, dejaron de ser sospechosos. Todo el mundo lo era, hasta el coronel del 21º tercio de la Guardia Civil, Ildefonso Blanco, a quien sorprendió la sublevación en Aldea del Obispo en ocupaciones nada patrióticas, fue acusado de pasividad por sus subordinados, como éstos lo fueron de izquierdismo e indisciplina por aquél. La sospecha se convirtió en garantía de obligada fidelidad al “Régimen”, como recordarán quienes alcanzaran a convivir con la sociedad policial de Franco, en la que nadie se podía fiar de nadie hasta en la conversación ordinaria.  

Quizá sea esta la razón que, de un modo paradójico, explique la casi inexistencia de represión sangrienta en Fuentes de Oñoro, donde los contrastes sociales eran muy marcados y la inquina de los derechistas, como el médico Ramón Domínguez, contra los izquierdistas se manifestaba en atribuir el liderazgo de éstos al policía Alfonso Navalón, en cuya cuenta ponían horribles proyectos sanguinarios (Iglesias 2016: 210). Pero los milicianos fascistas locales, que merodeaban por la comarca, no pudieron aplicar los remedios “preventivos” de las sacas contra los desafectos oñorenses. De hecho, el necrologio de esta localidad fronteriza se reduce a una sola víctima, que, además, estaba avecindada en Salamanca: 

 

Francisco Marcos Manchado, de 35 años, hijo de José y Ángela, vecino de Tejares (Salamanca). Falleció en una saca carcelaria el día 8 de septiembre de 1936 y fue enterrado en el cementerio de Salamanca (act. def. 09/09/36). 

 

En Fuentes de Oñoro había una abigarrada presencia de fuerzas armadas, encargadas del control de la Frontera y de la Aduana. Además de policías y agentes aduaneros, la plantilla de Carabineros rondaba la treintena de miembros, al mando de un brigada, sobre los cuales tenía autoridad el comandante militar de la plaza, un teniente. Para imponer el estado de guerra llegó un destacamento de la Guardia Civil, que se asentó allí durante el conflicto bélico, así como otro destacamento de soldados. Todos estos individuos estaban armados, pero no siempre bien avenidos. Los guardias civiles y los carabineros se llevaban como el perro y el gato, pues los últimos consideraban a aquéllos como intrusos y los primeros a los otros como sospechosos de desafección al Movimiento. Po otro lado, la gestión del tránsito por ferrocarril y carretera en Fuentes de Oñoro era una cuestión muy importante y delicada para los militares rebeldes. Tenían que controlar el contrabando, un mal endémico en la Raya. Los contrabandistas, sobre todo los que traficaban con el dinero en oro y plata, perjudicaban la economía de la “Nueva España” y podían prestar ayuda y servir de enlaces a los “desafectos” de este lado de la Frontera. Pero tampoco debían ponerse a mal con a las autoridades y agentes portugueses, que, si bien estaban implicados en las actividades fraudulentas  (como los agentes del lado español), facilitaban el regreso de los exiliados derechistas y la entrada de armas, sin contar los “servicios” que algunos oficiales lusos prestaban directamente a la “causa nacional”. 

En suma, los sublevados quizá no tuvieran demasiado interés en abrir la caja de los truenos, dando la venia para las ejecuciones extrajudiciales, sabiendo que no todas las fuerzas armadas locales las aprobarían. En cambio, la represión por la vía jurídica militar, si no cruenta, fue muy intensa. Los más afectados fueron los Carabineros (dos de ellos expulsados del Instituto), pero también fueron procesados el administrador y la matrona de la Aduana, así como algunos comerciantes. El total de vecinos represaliados se acerca al medio centenar: 

  • Víctimas mortales: 1  

  • Víctimas de represión carcelaria: 27 

  • Depurados: 20 (17 también presos, la mayoría carabineros)  

  • Sancionados o embargados: 13 (7 también presos o detenidos). 

 

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vie

09

sep

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936.  Las fosas de la desmemoria: Carvajales. Necrologio de El Payo

Las croniquillas de finales de agosto y principios de este mes evidencian los trasiegos macabros por el puerto de Perales, ya comprobado con víctimas cacereñas desde el comienzo de las ejecuciones extrajudiciales. La memoria colectiva de los pueblos rebollanos ha retenido, sobre todo, los enterramientos clandestinos en dos fosas de Carvajales (para detalles se remite a Iglesias 2016, La represión franquista: 288-294). Allí se dejarían cadáveres de víctimas de Robleda y Peñaparda en torno al 31 de agosto y después, aunque presumiblemente la mayoría de los allí sepultados fueran extremeños. 

La eficacia mortífera de las sacas masivas y el abandono de cadáveres, promovidos por los mandos y oficiales rebeldes, dependía de la opacidad con que estas operaciones criminales se efectuaban (croniquilla del 19 de agosto). El ocultamiento de la identidad de agentes y pacientes, que era una consigna general en la VI y VII Región Militar,  se ha visto favorecido en esta zona, primero, por la inhibición de los jueces de instrucción de Ciudad Rodrigo y, posteriormente, por la desidia de sus colegas hasta el día de hoy. Nunca se han preocupado de averiguar cuál fue el paradero o qué se hizo, por ejemplo, de los restos de cadáveres que afloraban en los barbechos de fincas aledañas de la Ciudad. De modo que no es de extrañar que fosas como las de Carvajales, sitas en los confines de la provincia de Salamanca, en una finca privada del término de El Payo, cubiertas de pinos y, robles, maleza e inmundicias, se hayan convertido en lugar de ignominiosa desmemoria. Cierto, se ha mantenido el recuerdo tradicional del sitio de sacrificio, pero las víctimas han sido ignoradas por los encargados de la justicia, las autoridades competentes y hasta las asociaciones de la memoria histórica, que nunca han hecho lo más mínimo por el reconocimiento de aquéllas y el derecho a la reparación, que también asiste a sus familiares y, por extensión, a la sociedad democrática.  

Así se da la paradoja de que El Payo se enorgullece de no haber tenido sacas en la localidad, pero lo hace a sabiendas de que oficialmente se ha ignorado el reconocimiento debido a las numerosas víctimas enterradas en el campo de su término e incluso en su cementerio (un desconocido, ver croniquilla del 6 de agosto). Por otro lado, si no hubo sacas locales, sí hubo muertos payengos, también ignorados, tanto que la información habida resulta insuficiente para identificar a todas las víctimas y las circunstancias en que fallecieron. En su necrologio se pueden mencionar dos víctimas.  

 

Carlos Alaejos Sanz, natural de Santander, hijo de Luis e Isabel, estudiante, soltero, apareció cadáver en una calle de Payo, “por disparos de arma de fuego” (actdef. 08/09/36). La ASMJ considera que fue víctima de una ejecución extrajudicial, aunque los testimonios no hablan de ello. Pudo ser afectado por un incidente debido al descontrol de armas en manos de falangistas, como sucedió en otros lugares. 

Un tal Marcelino, vecino de El Payo, sin otros datos. Fue asesinado cuando volvía de vender patatas en Extremadura, cerca de Coria, en fecha incierta de septiembre u octubre de 1936 (EP 2007). 

Salto de páginaLa represión debida a otras modalidades represivas tampoco es de las más llamativas. En total, 7 afectados contabilizados hasta ahora: 

  • víctimas mortales: 2 

  • víctimas de la represión carcelaria: 5 

  • víctimas de la depuración: 1 (también preso). 

 

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jue

08

sep

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936.  Las víctimas de la 2ª tanda de Peñaparda

(Croniquilla dedicada a todos los lectores de buena fe y, sobre todo, a mis informantes de Peñaparda, donde la familia emparentada con “tia Juana de las Ligas”, viuda de Félix Hueso Pascual, me ha acogido como amigo desde 1972). 

 

Como se apuntó en la croniquilla del día 1º de septiembre, los victimarios locales de Peñaparda, ayudados por dos de Villasrubias y algunos otros de pueblos cercanos de Salamanca y Cáceres, confirmaron su lado menos humano entre los días 8 y 12 de septiembre con la muerte de tres vecinos (otros se libraron casi de milagro), aunque de la fecha exacta de la ejecución de José Chanca no hay constancia cierta. El jefe local de Falange, Félix Rodríguez Martín, a su vez alentado por su padre, el secretario municipal Emilio Rodríguez, y poseído de una desenfrenada codicia, incitaba a sus compinches a estas actuaciones macabras y crapulosas, que acarrearían su propia desgracia  y la de otros administradores de la muerte, desenmascarados (pero no todos) en la Causa 728/37, cuyo complicado análisis se inició tiempo atrás (Iglesias 2008a y 2008c).  Los peor parados serían el propio Félix, su padre Emilio y Julián Collado, cuñado del primero y yerno del segundo, que fueron condenados a muerte, aunque Emilio, quizá en razón de su edad, sería conmutado.  

La modalidad utilizada por los verdugos en los tres casos señalados fue la saca domiciliaria individual, de evidente motivación interesada y rencorosa dentro de la propia familia para Felipe Benito y menos clara para José Chanca y Félix Hueso, pero, como ya se ha dicho, salta a la vista también la motivación ideológica. En el intenso y complicado necrologio de Peñaparda hay que incluir a los dos ejecutados por  sentencia de consejo de guerra, Félix Rodríguez y Julián Collado, en el primero de los cuales se comprueba el dicho de que “Así paga el diablo a quien bien le sirve”, mientras que en el caso de Julián parece claro que fue eliminado por su sindicalismo socialista, que permitió a los manipuladores de la jurisdicción militar deshacerse de varios aquellos indeseables “lacayuelos de la muerte”, atribuyéndoles un falso pasado izquierdista.   

 

9 de septiembre de 1936. Felipe Benito Hernández (a) “El Cubano” o “Menade 44 años, labrador, concejal, casado en segundas nupcias con Catalina Rodríguez Martín (hermana del jefe local de Falange y jefa ella misma de la Sección Femenina), de cuyo matrimonio así como del primero no quedaban hijos. Falleció en un “punto ignorado” en la fecha indicada, a consecuencia de “la anormalidad reinante”, sin indicación del lugar donde fue enterrado (RCPact. def. 04/08/39). Según testimonios, Felipe había estado en Cuba, donde habría hecho considerables ahorros (P 2007). Estaba separado de su segunda mujer, a cuya familia pertenecían algunos de sus propios asesinos, quienes lo fueron a buscar a su casa y lo obligaron a que firmara documentos de venta de vacas y tierras. “Tia Mena”, su madre, presenció todo, y fue amenazada también. De acuerdo con la información oral, fue asesinado en el Puerto de Perales, siendo objeto de actos de barbarie: “(…) le descargaron del camión vivo o muerto, no se sabe. Lo enterraron y para terminar dijeron: “Nunca quisiste levantar el brazo derecho”, y se lo dejaron fuera” (P 2006).  

Globalmente, todo ello se confirma en la documentación procesal de un juicio sumarísimo en cuya sentencia se indica quiénes fueron los ejecutores de Felipe Benito. Félix Rodríguez declaró que su cuñado Felipe en las elecciones de febrero de 1936 “trabajaba en la candidatura de izquierdas (C.728/37). Y Filomena Hernández reveló que Félix había impuesto a su hijo Felipe (a quien a principios de 1937 se consideraba “desaparecido”) ocho mil reales de multa “por sus ideas izquierdistas”, bajo amenaza de muerte, y le quitó recibos de deudas de varios vecinos por valor de noventa mil reales, hechos sucedidos el 5 de septiembre de 1936.  

9 de septiembre de 1936. Félix Hueso Pascual, de 38 años, hijo de Julián y Lorenza, labrador, casado con Juana Gata Collado (“tia Juana de las Ligas”), de cuyo matrimonio quedaban cuatro hijos. Falleció en el término municipal de Robleda en la fecha indicada, a consecuencia de “heridas producidas por arma de fuego”, sin indicación del lugar donde fue enterrado (RCP, act. def. 18/04/1940, a instancia de “la cónyuge Juana Gata”). Probablemente su identidad corresponde al “desconocido” registrado en  Robleda (RCR, act. def. 12/09/1936). Según testimonios, primero estuvo escondido en Los Bonales, hacia El Payo, donde alguien lo vio, sin denunciarlo, pero más tarde otro vecino lo delató: “Se agazapaba en un campo de escobas, cuando uno de los que le andaban buscando, G. “Palero”, lo descubre, pero disimula y le dice: “Estate quieto, no te muevas”. Pocos días después otros lo descubren y lo matan” (P 2006). Se atribuyó su muerte al “Espantao” (P 2005a). En su leyenda se resalta la mezquina motivación crapulosa: “lo mataron por veinticinco pesetas” (P 2007). De hecho el responsable de su muerte, Félix Rodríguez, reconoció que, “a raíz del Movimiento Glorioso”, multó a Félix Hueso con 25 pesetas, que él cobró y “se gastó en un viaje que tuvo que hacer a Salamanca, con motivo de un desfile” (C.728/37, Iglesias 2008a). 

Fecha desconocida de agosto o septiembre de 1936. José Chanca Sánchez (aJincapiéde 44 años, hijo de Domingo y Sofía, sin indicación de profesión (jornalero), casado, sin identificación nominal de la esposa, padre de un niño al menos. Falleció en detención sangrienta en el mismo pueblo, sin indicación de fecha. Se mencionado en la C.2133/37 (Iglesias 2008a). Los testimonios coinciden en el ensañamiento de que fue objeto. Sus verdugos lo sacaron de su casa, lo llevaron al cementerio y lo mandaron cavar su tumba (un detalle ya señalado por un declarante en la C.728/37), diciéndole que la hiciera grande “para estar cómodo”. Le cortaron la cabeza y practicaron otros actos de barbarie. Después fueron a la taberna de Domingo Ramos, para celebrar la fechoría, contando que “la cabeza daba saltos” (P 2006).  

10 de marzo de 1938. Julián Collado Rodríguez, de  de 36 años, hijo de Martín y Francisca, jornalero, socio del Sindicato de Trabajadores de la Tierra y Oficios Varios (STT), casado, sin mención del nombre de su esposa, padre de tres hijas. Fue ejecutado por sentencia de un consejo de guerra el día indicado (C.728/37). A esto se añadió una multa de 150 pts., por responsabilidad civil, pena de la que sería indultado en 1960, 22 años después de muerto. Algunos familiares suyos también fueron represaliados durante la guerra y más tarde. 

Como se explicó ya hace algún tiempo (Iglesias 2008a), Julián Collado fue víctima del contexto local y familiar, por un lado, y de la manipulación jurídico-militar de los represores, que vieron en su pasado sindical una excelente oportunidad para quitarse de encima a una decena de victimarios peñapardinos (eran bastante más numerosos), a quienes procesaron más por ladrones que por matones. Las tendenciosas actuaciones fueron rentables sobre todo en términos de propaganda, pues consiguieron crearse  una inmerecida imagen de justicieros a base de manipular la opinión de los ingenuos lugareños. Y por ello se concluía que, al menos en beneficio de la duda, Julián debía ser incluido entre las víctimas del terror militar.  

En dicha C.728/37, además de varios condenados a prisión, se mencionan tres condenados a muerte: Emilio Rodríguez Mateos, Félix Rodríguez Martín y Julián Collado Rodríguez. Ahora bien, la condena de éste último a la pena capital no parece muy justificada, pues no se aportan datos sobre su implicación real en operaciones crapulosas o como responsable o ejecutor de asesinatos (que en otros casos tampoco se condenaban, como se comprueba en los procedimientos contra el alférez Ernesto Bravo y Agustín Calzada, jefes respectivos de Milicias y de Falange en Ciudad Rodrigo, juzgados en la C.2133/37). Sólo se insiste en su responsabilidad moral, como inductor o cómplice al lado de su cuñado Félix, pero incluso esta faceta, en el momento de los hechos no resulta del todo verosímil. Las declaraciones no lo señalan explícitamente, y solamente la de un fascista local en 1937 lo describe como “cabecilla” de izquierdas y elemento de un “triunvirato de caciques” oportunistas, con su suegro y su cuñado, pero añade que estaba “aparentemente” enemistado con ellos desde las últimas elecciones en febrero de 1936, porque defendía la candidatura de izquierdas, mientras que los otros dos apoyaban la del “Centro” (derechas). Esto no impediría a Félix y Emilio protegerle después, como insinúa otro encartado, Mariano Sánchez García, porque Julián había hecho las paces con ellos:  

 “(…) manifiesta que conoce a Julián Collado cuñado también del Jefe local, quien llevaba con él y con su padre después del movimiento una gran relación y el que, anteriormente a haber estallado el Movimiento, era de los más destacados elementos de izquierdas en el pueblo, sin que pueda expresar el declarante por qué ni ha sido denunciado ni detenido ni eliminado, creyendo que únicamente puede explicarse esto teniendo en cuenta que su cuñado y suegro respectivamente hacían cuanto les daba la gana sin que hayan tenido con éste la misma dureza que con otros individuos del pueblo” (C.728/37: f. 75). 

 Así pues, a raíz de la reconciliación familiar, Julián habría empezado a colaborar con su suegro y su cuñado nada más iniciado el Movimiento. Poco antes había sido detenido inicialmente por las autoridades locales republicanas, debido a un alboroto entre la familia de Juana y estos tres individuos, según declaración del propio Félix Rodríguez y otros encartados en la C.728/37. El 18 de julio,  por “tenencia de armas”,  el trío había ingresado en la cárcel del partido judicial, de donde salió  tres días después (Desaparecidos 1936, AMCR), sin duda cuando el bando faccioso ya había triunfado en Peñaparda. Con anterioridad, según un parte de la Guardia Civil (31/01/1936), efectivamente, en la campaña para  las elecciones de febrero de 1936 Julián Collado obraba por la candidatura de Izquierdas, y lo hacía de un modo violento, pues el 30 de enero de dicho año llegó a amenazar con una pistola a Nicolasa Sánchez Torres (la hija de la asesinada Juana Torres), porque no había querido llevar bancos y sillas de su establecimiento para una reunión de propaganda socialista: “(…) Julián sacando una pistola del bolsillo, la amenazó con ella diciéndole, estáis tomando esto a broma y con esta pistola te levanto la tapa de los sexos (sic) (Gobierno Civil, partes de incidencias de 1935-36, AHPS, legajo 266). El procesado reconoció su ideología en el consejo de guerra (18/09/37), en cuya acta se hace constar que Julián Collado: “confiesa que antes del Movimiento fue de Izquierdas, pero que después comprendió su error, no estando afiliado a Falange” (C.728/37: f. 125vº). 

En suma, aunque Julián no estuviera exento de reproches y compartiera con otros la condición caciquil y en parte tornadiza, no queda probado que fuera un asesino como los otros procesados. 

10 de marzo de 1938. Félix Rodríguez Martín, escribiente, jefe local de Falange, casado, ejecutado por sentencia de consejo de guerra el día indicado (C.728/37, Iglesias  2008a). Había sido detenido por “tenencia ilícita de armas”, el día 18 de 1936, con salida el 21 de julio de 1936 (sumario 138 de 1936, AMCR, Desaparecidos 1936). Agustín Calzada, jefe local de la Falange de Ciudad Rodrigo y su comarca, lo nombró jefe local. Y en el ejercicio de este cargo fue responsable de las ejecuciones extrajudiciales de Peñaparda, sin paliativos. Más que por sus crímenes, fue juzgado por las extorsiones y robos. Obviamente, su ejecución no le da derecho a figurar en el listado de víctimas elegidas, pero es reveladora de la clase de individuos que los mandos elegían para los “servicios de represión” y de los que, una vez cumplida las sucias tareas, procuraban desmarcarse, bien haciéndolos pasar por elementos “incontrolados” o bien, mediante la manipulación tendenciosa de la jurisdicción militar, atribuyéndoles un falso pasado izquierdista.  

Las víctimas mortales indirectas de la represión cruenta en Peñaparda no se conocen bien todavía. Sin duda los muertos fueron más numerosos que los dos registrados: 

Un Hermano de José Chanca Sánchez (“Jincapié”), de trauma psíquico en fecha incierta de 1936 (P 2008). Según testimonios, le sorprendió la noticia de aquellala detención y bárbaro asesinato cuando cuando estaba cenando. Quedó tan impresionado que ya no volvió a salir de casa y murió (P 2008). 

Bernardino Mateos Toribio, de 37 años, secretario del juzgado municipal, falangista victimario, falleció de enfermedad en la  prisión de Burgos en 1938, cuando cumplía la condena 10 de años en que se le había conmutado la pena inicial de 30 años de cárcel (C.728/37). 

El descontrol de las armas por parte de los soldados franquistas causó varios heridos durante y después de la guerra, niños principalmente, sin que la Auditoría de Guerra viera en ellos motivo de “responsabilidad militar”: 

Los hermanos María y Pedro Mateos Gata resultaron heridos en 1939 por la explosión, efectuada por un soldado que estaba de permiso, de una de las dos bombas dejadas  por un  requeté  (P.prev.127/39). 

Los niños Justo Sánchez y Cipriano Collado sufrieron lesiones a causa de “haber estallado unas bombas italianas con las cuales estaban jugando” (P.prev.P/ 40). 

 

El total provisional de vecinos de Peñaparda afectados por las diversas modalidades represivas reconocidas (sin contar violaciones, vejaciones e injurias, entre otras formas de represión desconocidas o no reconocidas) se eleva a 46: 

  • Víctimas mortales: 14 (2 indirectas) 

  • Presos y detenidos (procesados o no): 32 

  • Depurados: 3 (afectados por otras modalidades represivas) 

  • Sancionados y embargados: 11 (afectados por otras modalidades represivas). 

 

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mié

07

sep

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936. Las víctimas “indirectas” de la represión en Robleda (1936-1948)

Los historiadores y sobre todo los responsables de los estragos causados por los conflictos bélicos, que en principio no son deseados pero tampoco evitados, han acuñado y abusado de una expresión eufemística: daños colaterales. Este tímido reconocimiento, que es también una cómoda manera de no considerar la guerra en sí como la causa de una cadena interminable de males, sino como un mal regido por un misterioso hado, alcanza a los daños inmediatos (muertes y destrozos materiales), que no van seguidos de una reparación por parte de quienes los producen. De todo lo demás se hace caso omiso: la orfandad, la viudedad, la pérdida de los hijos, la enfermedad, el desamparo, el desarraigo obligado no suelen entrar en estadística alguna. Es un hecho general que en la actualidad ofrece un ejemplo palpable con las ruinas y estragos de los conflictos de Oriente Medio. Nadie asume la responsabilidad, pero es evidente que incumbe en primer lugar a los señores de la guerra y  a quienes la fomentan. De igual modo en el caso de la represión franquista la responsabilidad de las pérdidas de vidas y otras calamidades humanas recae sobre todo en quienes proclamaron e iniciaron la guerra civil, los generales sublevados, Franco y sus secuaces.  

Así lo entiende Preston (2011: 17) cuando habla del  holocausto español: 200.000 hombres y mujeres asesinados lejos del frente, 300.000 muertos en los frentes de batalla, un número desconocido de hombres, mujeres y niños víctimas de bombardeos y éxodos, unos 20.000 ejecutados republicanos después de 1939 y otros muchos más que murieron de hambre y enfermedades en cárceles, campos de concentración y batallones de trabajo, medio millón de exiliados, entre los cuales varios miles sucumbieron en los campos de internamiento franceses y en los campos de exterminio nazis. Pero hay otras muchas víctimas ignoradas (por no ser reconocidas como tales) o desconocidas (por falta de datos y de interés por conocerlos). 

Los daños “indirectos” de la represión en Robleda, donde ha sido posible una verificación cercana, sirven de referencia. Los asesinatos de vecinos de Robleda  dejaron 40 huérfanos, entre ellos 5 hijos póstumos, 14 viudas (dos eliminados eran viudos) y varias personas enfermas. En un contexto de desamparo algunas de ellas fallecieron entre 1936 y 1948, como sucedió con otras igualmente afectadas por la represión en este territorio (Iglesias 2008a).  

 

16 de diciembre de 1936. Amable Cecilio González Villoria, de ocho días, hijo póstumo de Amable González, de enfermedad (RCR). 

22 de julio de 1937. Ángela Mateos Ovejero, de 4 meses, hija póstuma de José Mateos García. Murió de enfermedad y malnutrición, después de ser devuelta por la familia encargada de su lactancia (la esposa de un hermano de Aristóteles González, que tenía tres hijos), en la Casa Cuna de Ciudad Rodrigo. 

Fecha sin comprobar de 1937. Un Hijo de José Mateos Carballo, “de enfermedad de los bronquios”, en Valladolid, durante la guerra, sin otros datos (R 2011). 

Fecha sin comprobar de 1937. Juan Arturo García Sánchez, labrador, de trastornos psicológicos, en el manicomio de Salamanca. Al parecer, esta persona se vio afectada por las ejecuciones extrajudiciales de que eran responsables sus propios familiares, hasta el punto de pensar que él mismo podía ser una víctima elegida (R 2014). 

2 de febrero de 1938. Rafaela Mateos Hernández, de 18 años, hija de Fermín Mateos, solteraLa tradición familiar (R 2016) recuerda que era una de las personas encargadas de dejar escondida la comida y la ropa a su padre fugitivo. Después se sintió responsable de su hallazgo por los asesinos, un trauma psíquico que le impediría luchar contra la  septicemia de la que oficialmente murió 

21 de junio de 1938. Rafael Samaniego Toribio, de 50 años, casado, tejedor, cuñado de Ángel, Juan y Julián Ovejero y José Mateos García. Murió de edema pulmonar (RCR), pero de hecho, habiendo sufrido detención carcelaria en 1936 durante la persecución de sus cuñados, fue incapaz de superar  el mismo trauma psíquico que su esposa, a cuyo fallecimiento se adelantó en una docena de días. 

3 de julio de 1938. Juliana Ovejero Garcíade 43 años, casada, hermana de Ángel, Juan y Julián Ovejero y cuñada de José Mateos GarcíaMurió de bronconeumonía (RCR). Según su hermana Mª Antonia, fue incapaz de superar el miedo y el trauma psíquico provocado por la tragedia familiar. 

25 de marzo de 1939.  Pablo Samaniego Ovejero, de 13 años, sobrino de los cuatro mencionados ejecutados extrajudiciales. Falleció a consecuencia del mismo trauma psíquico que sus padres, aunque la causa oficial fuera una  nefritis (RCR). 

27 de abril de 1939. Pablo Marcos Mateos, de 24 años, hijo de Felipe y María, labrador, soltero. Anduvo huido en el verano de 1936, cerca del Plantío, quizá a causa de una escopeta que le hallaron escondida entre la paja. Después tuvo que incorporarse al ejército franquista y, al volver de permiso cuando ya se habían producido los asesinatos, tuvo discusiones con los falangistas, tachándolos de cobardes porque mataban a mansalva en la retaguardia. Al término de la guerra no volvió al pueblo, probablemente por temor, enfermedad y desamparo. Oficialmente murió de “miocarditis postgripal” en Palencia (Registro Civil).  

27 de marzo de 1940. Cirilo Gutiérrez Mateos, de 31 años, hijo de Eulo[gio] y Joaquina, jornalero, casado con María González García, padre de tres hijos. Falleció por disparos de Carabineros cuando practicaba un contrabando de subsistencia, en Casillas de Flores (RCCdF, 01/06/40). 

24 de marzo de 1943. Juliana Mateos Prieto, de 35 años, casada. Murió de tuberculosis (RCR), pero en la enfermedad incidieron las secuelas de la bárbara agresión de que fue objeto en su propia casa y estando su marido presente (siendo buscado) en 1936, por parte del jefe local, que, además, era primo suyo. Así lo señalan testimonios concordantes registrados desde 1973 (por personas adultas en 1936) hasta hoy (por personas menores entonces), aunque, obviamente, solamente los presuntos victimarios y las víctimas asistieron a los hechos. 

14 de agosto de 1945. Agapito Cabezas Calvo, jornalero, represor, por disparos de la Guardia Civil en el carbonar de “La Huerta de Morán”, Descargamaría (Dil.DM/45; Iglesias 2008a). Fue víctima de un mal entendido cuando dos guardias civiles del puesto y dos guardas municipales practicaban el “servicio de correrías” en el paraje de “Pasadera de las Cascajeras”, en el límite de la provincia de Salamanca, tenido por muy sospechoso, cuando observaron la presencia de ocho hombres (carboneros) que tomarían por maquis. En la tradición local se interpretó el hecho en clave de castigo divino, por la delación en 1936 contra el alcalde Fermín Mateos en un paraje cercano. 

 

En lo tocante a la represión directa, estaba tan bien rodada entre agosto y septiembre de1936, que las  efemérides del ochenta aniversario se acumulan por estas fechas. Por ello los necrologios de El Payo y de Fuentes de Oñoro, que no son de los más extensos y debían publicarse el día de hoy (7 de septiembre), se publicarán los próximos días 9 y 10. También se desplazan las croniquillas de Puerto Seguro y La Alberguería de Argañán (próximos días 12 y 13).Salto de página 

 

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mar

06

sep

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936. La tercera tanda de asesinados de Robleda

En los primeros días de septiembre se consumó el sacrificio de las víctimas elegidas de Robleda. Algunas quizá serían detenidas entonces, pero fueron eliminadas más tarde, en fecha y lugar incierto en algunos casos (Iglesias 2008a). Fue una “limpieza final” por la vía extrajudicial que, a juzgar por los testimonios de los represores en la documentación procesal y por la información oral de los familiares de los muertos, dejó satisfechos a los victimarios locales.  

1º de septiembre. Amable González Andrés, natural de Reguero (León), de 39 años, maestro nacional, casado con Isabel Villoria Esteban en Robleda, donde pasaba las vacaciones (Zato 1997). Uno de sus cuñados había sido alcalde hasta febrero de 1936 y había tomado la investidura falangista. A pesar de las advertencias, este maestro republicano, de quien por entonces la Inspección había mandado una excelente apreciación, quiso estar en la apertura de curso de su destino en Écija (Sevilla). Allí lo asesinaron, junto al cementerio. La causa de su muerte sería ocultada a las dos hijas que dejaba, hasta que fueron adultas (R 2002). Al año siguiente nació un hijo póstumo que falleció. 

 

2 de septiembre. Dos robledanos dejaron su vida en una detención sangrienta en su localidad y en una ejecución extrajudicial en Zamarra:  

 

Julián Ovejero García, de 20 años, hijo de Serafín y Claudia, jornalero y cabrero. Su identidad nominal fue ocultada por los responsables de su asesinato, que lo inscribieron en el registro civil como Desconocido“que vestía blusa de tela color azul, camisa blanca bastante sucia, pantalón de pana, abarcas de goma y botas de caña, de cuerpo y de una estatura regular”. “Falleció en el campo, el día se ignora”, “a consecuencia de disparo de arma de fuego en la cabeza”; fue enterrado en el cementerio de Robleda (RCR, act. def. 02/09/1936, por “acuerdo de este juzgado”). El acta fue redactada sin duda por Julio del Corral (juez municipal y jefe de Falange), y no por el secretario habilitado (Joaquín García Mateos), a las 15 horas, poco después de la muerte en detención sangrienta. Firmaron como testigos Agapito del Corral y Eugenio Pedraza Lozano, ambos implicados en la represión sangrienta. Todos ellos mintieron descaradamente. La persecución, la ejecución y la conducción del cadáver de Julián Ovejero fueron notorias en  el pueblo. Consiguió escapar en la caza del 13 de agosto, cuando falangistas de Ciudad Rodrigo (“los Cencerrerus”, acusados de estar en todos los fregados macabros), de La Encina, quizá de Villasrubias y sin duda de Robleda fueron a detenerlo a tiros en las eras (“cuando estaba canteando la parva”)  y ocho de ellos lo persiguieron a caballo. Después trató de esconderse con varios familiares en la Sierra de Villasrubias y finalmente se quedó emboscado con su hermano Juan en los parajes de Valdelpino y El Colodrero. En este último,  junto al camino de “Las Pocilgas”, próximo al regato de la Rojolardino, cuando huía con su hermano el día 2 de septiembre, fue alcanzado por un disparo del carabinero Moreiro, que acompañaba a una numerosa patrulla formada por decenas de fascistas y simpatizantes. Los victimarios abandonaron su cadáver en el mismo lugar del asesinato, donde permaneció hasta que su padre, Serafín Ovejero, fue a recogerlo y llevarlo al cementerio terciado en un burro entre dos sacos de paja. Su nombre fue inscrito en una placa del cementerio en una ceremonia de homenaje el pasado 6 de agosto (infra).  

Sebastián Mateos Mateosde 34 años, hijo de Francisco y Josefa, labrador, cartero, asesor de la Sociedad Obrera, casado con Juliana González Gutiérrez. Dejaba tres hijos huérfanos, a los que se añadió una hija póstuma. Era hermano de Tiburcio y Esteban Mateos Mateos asesinados en Boadilla (necrologio de la 1ª tanda, 13 de agosto). Falleció en el término municipal de Zamarra, seguramente en la noche del 2 al 3 de septiembre, a consecuencia de “herida de arma de fuego”. Su acta de defunción (16/11/40) no señalaba el lugar donde fue asesinado y enterrado. En 1938 se daba por “desaparecido” (C.2133/38). Compartió prisión en Ciudad Rodrigo con Juan Ovejero, quien, antes de su propio asesinato, entregó a la viuda el reloj y otros efectos personales de Sebastián (R 1976). Su cadáver era sin duda el que apareció en el enlace de la carretera de Ciudad Rodrigo a las dos Serradillas, junto al de Ángel González Gorjón (croniquilla del día 5 de agosto)registrado como Desconocido y enterrado en el cementerio municipal (04/09/36, Sum./36). 

4 de septiembre: Juan Ovejero García, de 22 años, hijo de Serafín y Claudia, cabrero y jornalero, soltero, hermano de Ángel y Julián Ovejero y cuñado de José Mateos (croniquilla del día 24 de agosto y supra). Se libró del servicio militar por no dar la talla. Según testimonios familiares, cuando abatieron a su hermano Julián en el campo, se sentó a la vera del cadáver para entregarse a la patrulla de los milicianos fascistas y a las autoridades facciosas locales, que lo mandaron a Ciudad Rodrigo. Allí lo interrogarían en el cuartel de Falange o en alguna otra dependencia carcelaria, le dieron de cenar y, declarado inocente y libre, le permitieron volver al pueblo, después de compartir el efímero cautiverio con Sebastián Mateos (supra), a quien esa noche del día 2 de septiembre llevaron a fusilar en Zamarra. Por tanto, pasaría en la cárcel de Ciudad Rodrigo parte de la noche del 2 al 3 de septiembre, en que volvería a Robleda probablemente a pie. Al día siguiente fue a ayudar a sus sobrinos Pablo Samaniego y Anastasio Mateos en el cuidado de las cabras de su padre y de su cuñado José Mateos, ya asesinado, mientras su hermana Mª Antonia se ocupaba del lavado de los aparejos del burro, manchados con la sangre de su hermano Julián, cazado el día anterior (R 1973R 1976). Mientras Juan y sus sobrinos ordeñaban las cabras en la majada, llegaron dos parejas de falangistas locales que detuvieron a tiros al primero y, a consecuencia del susto, dejaron momentáneamente sin sentido a Mª Antonia.  Juan fue llevado al pueblo, pasando casualmente por delante de su madre, Claudia García, a quien los captores amenazaron de muerte si no dejaba sus lamentos. En la plaza de Robleda fue vejado, atado al “pino de la capea”, con una maza de carne a la espalda (porque, siendo los milicianos fascistas los carniceros y tragones de verdad, acusaban a los fugitivos de robar ganado para comer), y fue sometido al tormento de la sed. El concejal Eugenio Pedraza se empleó en tirarle la bebida que un amigo le había ofrecido y le administró dos bofetadas. Por la noche compartió detención en el pueblo con Rosindo Calvo y el yerno de éste, Ángel Varas, detenidos por prestar ayuda a Fermín Mateos (infra), que salieron de la cárcel por mediación del párroco. Serafín Ovejero fue a casa del primero para tener noticias de Juanitu y aquél le dijo: -“Allí queó, en la carci”. Cuando Serafín fue de mañana a ver su hijo ya lo habían sacado (R 2011).  

Según la tradición familiar, su identidad corresponde al “Desconocido”, “como de unos treinta a treinta y dos años, estatura bajo, que vestía pantalón de pana negra, camisa blanca y alpargatas blancas con piso de goma”, fallecido en el término de Peñaparda el día 4 de septiembre de 1936, a consecuencia de “herida de arma de fuego” y enterrado en el cementerio de la localidad (act. def. 04/09/36). En las diligencias practicadas aquel mismo día 4, se indica con precisión el lugar de asesinato: “en el sitio del Gatuñal, en la carretera del Puente de Guadancil a Ciudad Rodrigo en el Km. 79, término de este pueblo, se hallaban dos cadáveres en la cuneta del lado izquierdo”. El informe del médico Esteban Martín Herrero precisa: “uno [que sería el de esta víctima] presentaba una herida producida por arma de fuego en el parietal izquierdo con propulsión de masa encefálica, mortal de necesidad”. En la estadística criminal de guerra franquista esta ejecución extrajudicial, realizada por milicianos fascistas de Robleda y/o de Peñaparda, al servicio de los rebeldes militares, se clasifica como “delito de asesinato” (C.230/37). 

5 de septiembre. Segundo Mateos Baz (a) “EPulgu”, de 29 años, hijo de José y de Isabel, jornalero, casado con Rosa Lucas Martín, de cuyo matrimonio dejaba dos hijas, pobres de solemnidad tras su muerte. De  su detención se tiene noticia por el testimonio de un niño de siete años entonces (R 2007). Éste era vecino de Segundo en “el barrio del Portugalillo”, y lo acompañó en burro a coger baleo en la dehesa de Fuenteguinaldo. Los falangistas de este pueblo pasaron por allí y los llevaron detenidos al ayuntamiento del mismo pueblo, atando el animal a una columna. A Segundo lo presionaron para que revelara el escondite de Fermín Mateos, alcalde huido de Robleda (infra), a quien servía de criado. Al fin soltaron a los dos detenidos, que volvieron a Robleda. Según el informante, era la víspera de Santiago, día festivo en que los mozos, como era costumbre, jugaban el partido de pelota contra la pared de la iglesia en “La Panera” en el espacio delimitado por la pared seca de un huerto. Entonces, los falangistas se acercaron por ambos lados y, al acabar el partido, se llevaron a Segundo para un destino desconocido y del que no volvió. De ser esto totalmente cierto, Segundo Mateos habría sido el primer detenido de Robleda, pero esto es poco probable. El relevo forzado del alcalde y los concejales se produjo precisamente el día de Santiago (AMR, act. ses. 25/07/1936) y Fermín Mateos huyó tras la redada del día 13 de agosto. Probablemente el informante confunde el día de Santiago con el domingo 23 de agosto. La relación de entradas y salidas de la cárcel de Ciudad Rodrigo señala el ingreso de Segundo Mateoscomo “detenido [militar]”, el 24 de agosto de 1936 y su salida el 5 de septiembre (Desaparecidos 1936), que sería la fecha en que fue eliminado clandestinamente. Según datos de la ASMJ, está enterrado y, por deducción, hay que suponer que también fue asesinado en el término de Sancti Spíritus (act. def. de fecha 05/09/36). 

6 de septiembre. Según el registro civil de Robleda, un Desconocido, “como de unos 50 años de edad”, falleció el en “el campo”, el día “se ignora”, a consecuencia de “disparos de arma de fuego”, “el sitio en que fue hallado el cadáver se denomina Regato de los Alisos”, y fue enterrado en el cementerio de Robleda (RCR, act. def. 06/09/1936, por “acuerdo de este juzgado”). La identidad de este “desconocido” se revela en el acta de defunción, fuera de plazo (29/03/1948), de Fermín Mateos Carballohijo de Francisco y María, labrador y dueño de una fábrica de electricidad, alcalde, casado con Vicenta Hernández Mateos, de cuyo matrimonio quedaban cuatro hijas; era hermano de Juan y José Mateos Carballo. En una declaración de Laureano Enrique (21/06/38) se da por “desaparecido”, después del pago de una multa (C.2133/38). Al día siguiente de la caza de hombres el día 13 de agosto, Fermín desapareció de su domicilio y anduvo escondido en los aledaños de su propio molino, en el puente del Granaeru, después en los límites de la provincia de Cáceres. Su hija Rafaela le dejaba la comida escondida en lugares convenidos. En la emboscadura de este alcalde implicarían a Gorgonia Mateos, casada en Gata (R 2005), sin que esto sea seguro. Después le llevaba la comida un vecino, Ángel Varas, antiguo empleado del ayuntamiento, quien, al ser descubierto, tendría que revelar vagamente el escondite, cerca de la sierra de Villasrubias. En la caza de Fermín, algunos de los perseguidores lo vieron, y pasaron de largo, pero no así un antiguo guarda municipal: “¡Aquí está el coneju!”. Presintiendo su destino, el Alcalde habría solicitado ver a sus hijas antes de morir, pero uno de los victimarios zanjó la cuestión golpeando en la cabeza  a la víctima con la culata del fusil y otro lo remató de un disparo. Sobre la autoría de los hechos  hay versiones divergentes. Su cadáver lo llevaron al pueblo terciado en un burro y, antes de depositarlo en el cementerio, lo expusieron en el Atrio de la iglesia, donde cuentan que los asesinos se lavaron las manos en la pila del agua bendita, mientras el cura “don José María, que lo había andado buscando también” (R 2007), interrumpía el acto de culto que estuviera celebrando. Después, para celebrar la captura y muerte del ex Alcalde, los falangistas “encargaron 10 gallos a los del Parador” y se los llevaron para el cuartel de la Falange, donde se ofrecieron la comilona ritual (R 2004). Los enemigos de Fermín demonizaron su memoria, así como la de las otras víctimas, con la intención de justificar su propia barbarie (Iglesias 2008a). El nombre de este alcalde encabeza la nómina del monumento a los republicanos asesinados en Robleda (2008) y este año (06/08/2016) se colocó una placa en el cementerio, costeada por los familiares y demócratas solidarios, con su nombre y el de Julián Ovejero, cuyos restos yacen allí con los de “otros republicanos asesinados en 1936”, compartiendo el espacio con los de familiares de sus propios victimarios. 

 

Con esta muerte los fascistas locales consideraban “pacificado” el pueblo de Robleda, aunque todavía después serían asesinados otros dos vecinos, probablemente detenidos a últimos de agosto y encarcelados en alguna prisión cacereña: José Prieto y Eduardo Gutiérrez. Testimonios recientes de Robleda y de Villasbuenas de Gata han permitido el hallazgo, la exhumación e identificación de los restos mortales de ambos, que yacían en una de las fosas sitas en el paraje de “Los Romeros”, a la derecha de la carretera de La Fatela a Villasbuenas de Gata, cerca de esta localidad cacereña. Otros testimonios recogidos en el informe de C. Ibarra (2012: 138-40) llevan a proponer la fecha del 28-29 de septiembre de 1936 para el asesinato de José y Eduardo. 

  

José Prieto Martín (a) “El Camioneto, de 30 años, hijo de Juan y Juana, transportista, casado con Esperanza Gallego Gil, de cuyo matrimonio quedaban tres hijos, a los que se añadió otro póstumo. Según el acta de defunción, fuera de fecha (01/01/40), falleció en el término municipal de Villasbuenas de Gata (Cáceres) el 6 de octubre de 1936”, a consecuencia de “herida de arma de fuego”, sin indicación del lugar donde fue enterrado. Sus familiares supieron de su asesinato en Villasbuenas, porque alguien les entregó algunos objetos personales. Según testimonios diversos, sus verdugos habrían practicado contra él actos de barbarie (R 2005). Julio del Corral, jefe local de Falange reconocería en junio de 1937 que la orden de eliminar a José Prieto, como a José Benito (Mateos) y a Juan Mateos, la había dado él mismo (C.728/37). Los fascistas y derechistas locales lo acusaron de “comunista” y de haber participado en la resistencia inicial contra los sublevados.  

Eduardo Gutiérrez Roncero (a) “de tio Pedroti” (R 1973) o “de la Maestrina (Alonso 2002), de 29, años, hijo de Pedro y de Marcela, jornalero, presidente de la Sociedad Obrera. Estaba casado con la maestra de párvulos, llamada Salustiana, pero no tenían hijos. Por la causa seguida contra Isabel Montero se sabe que estuvo implicado en un tumulto que se produjo en Robleda el 5 de abril de 1936 (domingo de Ramos), en el cual “resultó herido (...) Froilán Mateos y desarmado el guardia civil Benito” (C.857/37). Esto último se produjo precisamente porque llevaban detenido a Eduardo, y esta circunstancia sin duda pesaría en su destino.  

 

El total provisional de personas asesinadas de o en Robleda ronda la treintena, entre naturales y domiciliadas en el lugar (Iglesias 2008a). Eran varones: 

- muertos en el término del pueblo o fuera de él: 21  

- forasteros asesinados en el término: 7 u 8.  

A estas víctimas mortales elegidas hay que añadir las “indirectas”: 12. Las otras formas de represión también se aplicaron sistemáticamente desde el comienzo de la sublevación hasta después de la guerra y afectaron, a veces por partida doble, a varios vecinos. Las vejaciones, injurias y malos tratos de las familias elegidas fueron habituales, aunque, como en otras partes, no se han registrado en los anales. En cambio, hasta ahora se han identificado: 

- detenidos y presos, procesados: 6 

- depurados o cesados: 5 (algunos de ellos asesinados o/y multados)  

- multados por los jefezuelos fascistas y las autoridades militaristas: 34 (algunos de ellos asesinados o/y depurados). 

 El total de conocidos afectados por la represión franquista en  Robleda se eleva a unas 70 personas. Por no alargar, se deja para la croniquilla de mañana el inventario provisional de las víctimas “indirectas” en esta localidad. 

 

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jue

01

sep

2016

La motivación ideológica y pasional de la represión. Las víctimas de la 1ª tanda de Peñaparda

Hay una idea muy extendida, incluso en el entorno de las víctimas, sobre el interés económico, la envidia y la frustración pasional como motivos básicos de la represión a nivel local, sin que falte quien ponga todo ello en la cuenta de la mala calaña de las personas (al parecer, nadie ha dado como motivo el “pecado original”). Es indudable que esta motivación existe, pero no es menos cierto que los responsables militares y sus valedores han favorecido esta explicación, porque en el fondo parece exculparlos, al dejar de lado que fueron ellos mismos quienes se sirvieron de esas bajezas humanas para el objetivo que perseguían al declarar el estado guerra. Fueron los mandos quienes instrumentalizaron el terror, ofrecieron armas y alentaron a los jóvenes victimarios para que se ocuparan de los bajos “servicios de represión” (ver croniquilla del 21 julio, sobre la creación de las milicias fascistas en Ciudad Rodrigo). 

La localidad donde mejores resultados ha dado esta explicación, implícitamente exculpatoria de los responsables y los ejecutores militares sublevados, ha sido Peñaparda.  Esto fue posible porque el izquierdismo inicial de Julián Collado, socio de la Casa del Pueblo, mal avenido después con la gestora socialista local y reconciliado con su familia política, caciquil y ganada por la ventolera de las milicias fascistas, permitía asentar la falacia de que los victimarios tenían antecedentes izquierdistas (ver croniquilla del día 8 de septiembre). De la complicada operación se encargó el cap. Antonio Cejudo (Guardia Civil), que instruyó el atestado que sentaría las bases de la Causa 728/37. Gracias a esta, por otro lado, se conoce casi al detalle la represión cruenta de Peñaparda (Iglesias 2016: VII, 1.5.1.2.1). Sin embargo, esta evidencia documental de la implicación de los represores locales en las matanzas y la vigencia de los recuerdos en la memoria colectiva, las autoridades municipales peñapardinas no han dado la menor señal de reconocimiento de la docena larga de víctimas mortales. Quizá aquella sea  precisamente la causa de esa especie de negacionismo, porque el caciquismo y el nepotismo que favorecieron las actuaciones macabras no desaparecieron con la llegada de la Democracia monárquica, durante la cual han seguido gobernando el pueblo los mismos clanes, a lo que sin duda ha contribuido indirectamente la emigración de las familias más desfavorecidas, entre ellas las de los descendientes de las víctimas. 

La cronología de la represión cruenta de Peñaparda se imbrica en la de Robleda, porque en parte tuvo los mismos agentes victimarios. Pueden distinguirse dos series de asesinatos, la primera entre el día 31 de agosto y los primeros días de septiembre; la otra ya en la segunda semana de este último mes. A pesar de la evidencia apuntada, el conocimiento del desarrollo de los hechos macabros y sus circunstancias está condicionado por el ocultismo habitual en las ejecuciones extrajudiciales, en abierto contraste con algunas aparatosas detenciones y los actos de barbarie practicados casi a la vista del pueblo. La misma cronología resulta un tanto errática en los documentos o se ignora, como es el caso del asesinato de José Chanca, que por el modus operandi debió de llevarse a cabo en la segunda tandaEs llamativo el casi exterminio practicado en la familia del alcalde Vicente Torres y su hermana Juana, que incluye a la compañera de aquél, Francisca Ramos, y dos hijos de ésta, Hermenegildo y Francisco Sánchez Torres. Se inicia con la aparatosa detención de Juana y sus hijos, con escenas esperpénticas en la Plaza y la saca para el matadero. En este viaje también fueron embarcados Luis Domínguez Manso y Santiago Domínguez Pascual, padre e hijo, que, sin embargo, se dan por muertos el día 9 de septiembre, fecha harto improbable.  

Así que, con las salvedades que el caso requiere, estas víctimas constituirían la primera parte del necrologio de Peñaparda: 

 

Juana Torres González. Por numerosos testimonios concordantes de Peñaparda, se conoce el destino de la familia de esta mujer, trágico hasta nutrir una extendida leyenda (Iglesias 2008a y 2014b). Era hermana de Vicente Torres, el alcalde republicano, y, además de una hija (Nicolasa), era madre de Hermenegildo y Francisco Sánchez Torres, también asesinados, con los que, conforme se ha apuntado, iba en el camión macabro, junto con dos miembros de la familia de los “Morodes” (P 2006), Luis y Santiago Domínguez. Según el testimonio del cura Eduardo Sánchez en 1937, estas cinco personas y otras dos sin nombrar eran los “siete vecinos” del pueblo que sacaron “la primera noche” (C.728/37). En su desgracia confluyen motivaciones pasionales y crapulosas, sin excluir las ideológicas. Oriunda de Gata (Cáceres), como su marido (Ceferino Sánchez), Juana Torres poseía un establecimiento (donde hoy se ubica el bar de “El Rincón”), con salón de baile incluido, que sería requisado para cuartel de los falangistas. Su prosperidad relativa había provocado la envidia de algún vecino que también tenía bar, a lo cual se añadió la circunstancia de que, al quedarse viuda, el secretario del ayuntamiento, Emilio Rodríguez, le pedía unas relaciones sentimentales que ella se negaba a mantener. Este individuo se vengó, utilizando el poder de su hijo Félix como jefe local de la Falange.  

Los verdugos de Juana habrían practicado actos de barbarie con ella en su propia casa (V 2012), aunque esta ubicación casa mal con otras secuencias del relato. Presenta analogías con las sevicias de las vírgenes y  mártires de la leyenda dorada, de que suele considerarse víctima a “la maestra de Acebo” y que, obviamente, no hay que tomar al pie de la letra: violación, corte de orejas y de pechos, robo de alhajas (EP 1973). Ya detenida, en la plaza, Juana le suplicó de rodillas al secretario y cacique Emilio Rodríguez que, si la mataba a ella, perdonara la vida a sus hijos, sin resultado (P 2007). En el camión que llevaba a los detenidos, “tia Juana” consiguió desatar a su hijo Francisco Sánchez con los dientes, a la salida del pueblo, a la altura del Puente. Este hijo, muy provisionalmente, se salvó. En cambio, a Juana y a los demás compañeros de viaje los mataron entre los pueblos cacereños de  Santibáñez y Torre de Don Miguel (en posible alusión al término de Villasbuenas de Gata), junto a la carretera, según unos testimonios (R 2008), o, según otros, en Los Carvajales (El Payo). De acuerdo con esto, a Juana Torres la mataron el 31 de agosto amaneciente para el 1º de septiembre de 1936, como al mencionado hijo Hermenegildo. La declaración de su hija Nicolasa (27/01/37) confirma alguno de los detalles apuntados, pero la autoría de los hechos por parte de Félix Martín, quizá no haya que entenderla en el sentido literal, sino en el  de una responsabilidad jerárquica:  

[Que Juana Torres y dos de sus hijos fueron] vilmente asesinados por el Jefe local de Peñaparda Félix Rodríguez. Añade Nicolasa que su madre: (...) intercedió cerca del padre de Félix para que no hiciera daño a sus hermanos diciéndole que si en algo la estimaba culpable se lo hiciera a ella, cosa que la madre de la declarante le pedía de rodillas en la calle, y el citado Emilio [Rodríguez] por toda contestación le dio un empujón violento diciéndole al mismo tiempo: ya es tarde, ahora tenemos nosotros la sartén por el mango (C.728/37: f. 56). 

Hermenegildo Sánchez Torresde 28 años,  hijo de Ceferino y Juana, sin indicación de profesión, “soltero”. Falleció en el  “paraje de Carvajales” el día 31 de agosto de 1936, a consecuencia de “disparos de escopeta”, y fue enterrado en dicho sitio (RCPact. def. 12/08/1988). Es erróneo en el acta el dato de “soltero”, pues según la copia del auto, estaba casado con Polonia Toribio Collado (act. matr. 31/08/1931): 

(...) a las dos de la madrugada del día 31 de agosto de 1936 fue sacado por la fuerza de su domicilio en Peñaparda y en un vehículo que esperaba en la plaza fue trasladado al paraje de Carvajales y en la carretera de Cáceres fue muerto a tiros de escopeta y enterrado en una fosa común abierta en la margen izquierda de la carretera [en dirección norte], así como que todos extremos fueron públicos y notorios y fue visto muerto en la margen izquierda de la carretera C-526 y posteriormente enterrado en indicado paraje. 

Según el testimonio del citado párroco Eduardo Sánchez es uno de los “siete vecinos” que sacaron “la primera noche” (C. 728/37), con su madre Juana Torres. Su afiliación política no estaba muy marcada, según otros declarantes, aunque fue socio de la Casa del Pueblo, a su vuelta de Francia, dos años antes del Movimiento (ibídem). La informante Petra Lozano le atribuye el presentimiento de su muerte inminente, al solicitarlos servicios del barbero (“tio Silveriu”): Meregildu mandó a mi padri para afeitali y cortali el pelu: -“Es la última vez que me afeitas”. Lo sacarun aquella nochi. 

Francisco Sánchez Torres, de 24 años, hijo de Ceferino y Juana. Estaba casado con Catalina Acera Fuentes y a su muerte dejaba una hija (Julia). De una declaración de su viuda se desprende que era “tratante de ganado”. Las circunstancias de su asesinato constituyen el soporte de una leyenda muy conocida en la zona, de la que se tienen testimonios desde hace tiempo (EP 1973), hasta rumores recientes y confusos en Acebo (Ac 2008) y El Payo (EP 2011). Según alguna versión, después de la matanza de su familia, se incorporaría a las filas franquistas, donde sería ordenanza de un capitán en Valladolid, y al volver de permiso al pueblo le echaron mano (EP 1973). Pero la información oral y la procesal de Peñaparda dejan claro que fue detenido inicialmente al mismo tiempo que su madre y su hermano Hermenegildo.  

Estos últimos testimonios  identifican a medias por sus motes o sobrenombres a los falangistas que detuvieron a Francisco: “el del Bar”, “el Estanquero”, “el Julianón”, “el Tuerto”, “uno de Villasbuenas” y algún otro (P 2007). Y confirman su mala catadura moral, especificando que uno ellos se jactaba de que había matado a 19 personas con cuchillo y decía que “pa cien muertus le faltaba unu” (P 2008). Este tipo de fanfarronadas es detalle recurrente en la cuenta de la hybris asesina, también atribuido a un victimario de Acebo, castigado por su propia soberbia: (…) uno de estos asesinos alardeando en un baile de las personas que había matado se apuntó con su pistola en la sien y dijo «he asesinado a 99 y conmigo 100». Creía que el arma no se encontraba cargada, pero no fue así, muriendo al momento (Ac 2008). 

La detención se produjo en casa del párroco, donde también se escondía su hermana Nicolasa. Según unos, lo sacaron a pesar de que el sacerdote se puso delante de Francisco para que no lo detuvieran (P 2006); según otros, mientras el cura se reunía con los maestros de Peñaparda y de Villasrubias, lo llevaron con engaño y estando él convencido de que, por su condición de soldado, no le pasaría nada (P 2007). Como ya se indicó, su madre consiguió desatarle las ligaduras con los dientes, cuando los sacaban en el camión a la salida del pueblo. Francisco se escapó, y, desechando la posibilidad de huir a Portugal, para no ser considerado desertor del Ejército, prefirió refugiarse en Fuenteguinaldo, donde un vecino lo delató, siendo detenido de nuevo  (P 2007), detalles estos concordantes con los testimonios de la Causa 728/37. Entre tanto su esposa había ido a Ciudad Rodrigo para poner los hechos en conocimiento de los militares, pero, cuando volvió con ellos, ya los falangistas lo habían llevado por un atajo de la carretera, entre Aldeanueva (Fuenteguinaldo) y El Collado (Bodón), para Extremadura. Una vez allí, los falangistas, después de negociar con el jefe local de Acebo, lo mataron en San Martín de Trevejo, dos o tres días después que a su madre y a su hermano (EP 1973, P 2007), probablemente el 3 de septiembre. 

Félix Sánchez, niño entonces de 13 ó 14 años, que guardaba cabras, fue testigo presencial, oculto entre unos castaños, desde La Erina, en la propiedad familiar del sitio de La Rufinega, a menos de cien metros del lugar del crimen. Hacia media tarde  los victimarios llegaron de arriba (de El Payo, quizá después de volver de Acebo) hasta “El Empalme” de Villamiel, a unos tres kilómetros de San Martín de Trevejo, y siguieron en dirección de aquel pueblo. Se detuvieron pasado el puente de Los Arravises, en el ángulo del camino de Acebo a San Martín y la carretera (entonces camino vecinal) del mencionado Empalme a Villamiel, entre las montañas de la Mala Sombra y El Moncarbo (quizá Moncalvo). Allí lo mataron junto a una piedra gruesa, visible todavía a la izquierda de una cantera. Los ejecutores  se volvieron para bajar a San Martín, quizá a informar a Marcelino León, jefe de local de Falange, de quien se dice que “mató a muchos”, entre ellos a dos cuñados del informante. El cadáver lo dejaron tirado allí, hasta la mañana siguiente, en que lo descubrió “tio Gaspal”, que se lamentó del hecho (Ay, filhu, ¿andi vamus a paral?), y “tio Juan Paino” lo llevó atravesado en una yegua, para que lo enterraran en el pueblo (EP 2011). 

Luis Domínguez Manso (a) “Morodes”, de 65 años, hijo de José y María, sin indicación de profesión (quizá labrador), estado civil (casado o viudo), padre de Santiago Domínguez Pascual, también asesinado. Fue sacado con éste,  “tia Juana” y sus hijos en un camión, para un viaje del que no volvieron (P 2006), sin duda asesinados todos la misma noche del día 31 de agosto, y no el día 9 de septiembre, como indican las actas tardías de defunción de Luis y Santiago (06/07/81), y seguramente en el mismo lugar, que pudo ser en Los Carvajales o cerca de Villasbuenas de Gata. A su familia la conocían por el mote de “los Morodes”, bastante divulgado en la zona a través de una copla de ciego en la que se contaba un crimen pasional, cometido por un miembro de la familia, José “Morodes”, en la persona de su novia, Isabel, que era pariente de algún falangista que intervino en el destino de Luis y Santiago. Algunos informantes interpretan que estas rivalidades familiares pudieron motivar sus muertes (P 2007). Sin embargo, no puede excluirse la motivación política, a juzgar por la declaración de Daniel Sevillano en 1937, quien, además de afirmar que Luis y Santiago Domínguez, como José Chanca, fueron muertos por “los mismos del pueblo” que detuvieron a Francisco Sánchez y asesinaron a la madre de éste, Juana Torres, con otros de su familia (en referencia a Vicente Torres y su compañera), pero no la misma noche, dice de aquéllos que eran “izquierdistas” (C.728/37: f. 55vº). 

Santiago Domínguez Pascual (a) “Morodes”, de 22 años, hijo de Luis y Dionisia, sin indicación de profesión (labrador o jornalero), casado, sin indicación del nombre de su esposa y eventual descendencia. Fue detenido en la misma saca que su padre, Luis Domínguez, y debió de fallecer en las mismas circunstancias que éste, a consecuencia de “disparos de arma de fuego, sucesos guerra civil”, sin indicación del lugar donde fue enterrado (act. def. 06/07/1981, “en virtud del auto dictado por el Ilsmo. Señor Juez de 1ª Instancia de este partido”). 

La ejecución extrajudicial, en detención sangrienta, de Vicente Torres y su compañera Francisca Ramos, reviste el mismo carácter bárbaro. Tuvo lugar el día 1º de septiembre de 1936. 

Vicente Torres González, natural de Gata (Cáceres), de “unos 44 años a 46”, sin indicación de ascendencia, aunque podría tratarse de Gil Torres y Nicolasa González, que tuvieron un hijo el 14 de agosto de 1892, llamado Eusebio Torres González (RCPactnac. 15/08/1892), sin indicación de profesión (labrador), soltero. Falleció en Peñaparda el día 1º de septiembre de 1936, a consecuencia de “herida de arma de fuego”, y fue enterrado en el cementerio de local (RCP, act. def. 01/09/1936). Era el alcalde republicano (AMP, act. ses. 15/03/1936). Según testimonios, estuvo escondido, pero fue descubierto por medio de su compañera, Francisca Ramos, a quien los ejecutores siguieron cuando le llevaba de comer, en el Baldío de Peñaparda, saliendo del escondite: engañáus, cerca de la caseta de tio Goru Muleta, pegandu a la Sierra (P 2008). Del asesinato de ambos habría sido testigo involuntario y oculto Agustín García, de 16 años entonces (P 2006). Los cadáveres de ambos fueron llevados al pueblo en un carro (P 2007). La documentación procesal detalla el estado y vestimenta de ambos cadáveres, hallados en el “Rincón de la Sierra”, dejando caer sobre las víctimas la burda sospecha de que se enfrentaron a las fuerzas armadas:   

(...) se encontraba Vicente Torres ya cadáver y Francisca Ramos Rodríguez también cadáver (...); el Vicente presentaba una herida producida al parecer por arma de fuego en la parte izquierda de la cara y el cuello; y la Francisca otra también al parecer producida por arma de fuego en la boca; se supone que las muertes han sido causadas por las fuerzas al tener choque combativo (C.229/37: f. 1. Firman el juez de paz Simón García y el secretario habilitado Bernardino Mateos). 

De esta descripción se deduce que fueron muertos a bocajarro. Ya un declarante en 1937 afirmaba que estaban trabajando, y no equipados con armas: Vicente Torres y su mujer fueron también fusilados en el término de Peñaparda, estando trabajando en una finca suya” (C.728/37: f. 55vº). 

Francisca Ramos Rodríguez, de 46 años, sin indicación de ascendencia (quizá se trate de una hija de Cipriano Ramos y María Rodríguez, padres de una niña inscrita sin nombre el 26 de julio de 1881 en el Registro Civil de Peñaparda), de profesión sus labores (“de profesión su sexo”, en el acta), casada con Eusebio Collado Morales, de cuyo matrimonio no le quedaban hijos. Falleció en Peñaparda el día 1º de septiembre de 1936, a consecuencia de “heridas de arma de fuego”, y fue enterrada en el cementerio de Peñaparda (act. def. 01/09/1936). Por los testimonios, se sabe que era la compañera sentimental del alcalde Vicente Torres. A Francisca la llevaron engañada los victimarios, uno de los cuales (“Julianón”) estaba casado con una prima de aquélla. La reacción inicial de Vicente, al creerse traicionado, fue violenta: Ella iba llamandu: -Vicente, Vicente. El hombri salió: – ¿Vienis sola? –Tirotearun (…) Y a ella la matarun también. Y los trajun a los dos en un carru, la Casilda, hermana de Cisca” (P 2008). Debió de ser esta hermana de la mujer, Casilda Ramos Rodríguez, quien reconoció los cadáveres de la pareja en el “Rincón de la Sierra”, a unos 7 km. del pueblo. 

 

El tratamiento de estos “siete vecinos” de Peñaparda sacados “la primera noche” es muy representativo del modus operandi de los victimarios del sudoeste de Salamanca, con el doble objetivo de eliminar adversarios y asegurarse la impunidad: la elección de familias para el castigo (dos en este caso) y el intercambio de servicios macabros con los ejecutores de la Transierra cacereña. 

 

 

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mar

30

ago

2016

Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936: el delito de rebelión juzgado por los rebeldes y el complemento de las sacas extrajudiciales.Necrologios de

Al cabo de ochenta años la Corporación municipal de Ciudad Rodrigo ha tomado la decisión de rendir homenaje a todas las víctimas de la cabecera y el entorno mirobrigense en general, y en particular a los componentes de la Comisión Gestora del Frente Popular (calificado de “nefasto” por los responsables y victimarios franquistas). El acto de reconocimiento que, según la nota de prensa del Ayuntamiento, incluye un acto institucional en la Casa Consistorial en recuerdo del presidente y los gestores de aquella Comisión, represaliados en su totalidad, y un acto de recuerdo para todos represaliados de la Ciudad y la comarca, con una ofrenda floral y una actuación musical junto al monolito erigido en 2009 por la Asociación de Salamanca por la Memoria y la Justicia (ASMJ) en la rotonda de la Avenida de Arcachon, no tiene otro antecedente  que el ofrecido a la memoria del alcalde Manuel Cascón en 1987, cuando fueron trasladados sus restos a Ciudad Rodrigo. En esta ocasión, de un modo acertado, la Corporación ha previsto hacer extensivo este homenaje, no solo a otros ediles, sino también a algunos responsables políticos y sindicales o ciudadanos sin más que, por la vía judicial o extrajudicial, fueron muertos por decisión o con la venia de los responsables militares rebeldes.  

Como se ha indicado, la represión procesal y las actuaciones clandestinas, delegadas sobre todo en las milicias fascistas, resultaban complementarias con vistas al objetivo principal, que era la usurpación del poder mediante el terror inherente al Nuevo Estado. Obviamente, en esta dinámica del terror resultaban mucho más eficaces las operaciones extrajudiciales, expeditivas y sin responsabilidad alguna para los ejecutores, aunque no tenían utilidad en la propaganda militarista. En cambio, las actuaciones jurídico-militares aspiraban a ser más “presentables”. Pero esto no pasaba de la mera apariencia, pues de hecho eran una chapuza chabacana, arbitraria y perversa. Según explica el jurista Carlos Jiménez Villarejo (2007, 2010), en los sumarísimos la aplicación del Código de Justicia Militar, manipulado y retocado por la legislación franquista, era inquisitorial, sin garantía alguna para los procesados, pues se trataba  de hallar culpables a toda costa. El hecho mismo de que fueran los militares rebeldes quienes pretendieran juzgar “el delito de rebelión” constituía una aberración: “una justicia al revés”. La jurisdicción militar se asentaba en los bandos del mes de julio, sobre todo el de la Junta de Defensa Nacional (28/07/36), que, al extender a todo el territorio nacional el estado de guerrafacilitaba “una política de exterminio de los republicanos y demócratas” (Jiménez 207: 17). Su contenido se revisó en el Decreto del 31 agosto y se reestructuró en el Decreto del 1º de noviembre.  

El mecanismo perverso que consistía, no en administrar justicia, sino en hallar culpables, se analiza en el cap. III de La represión franquista, donde se ofrece como ejemplo (para no imitar) la parodia del procedimiento sumarísimo (J.sum.265/36) seguido contra los aludidos detenidos el día 20 de julio o hasta el final del mes y primeros días de agosto  (ver croniquilla del día 19 de julio y, para detalles, Iglesias 2016: III, 6.3). El cap. Gaspar Holgado Manzanera (Caballería) les instruyó en Salamanca una causa “por rebelión”, debido a su participación en los intentos de mantenimiento del orden republicano con su asistencia a la reuniones del ayuntamiento los días 18 y 19 de julio, que, a pesar de tratarse de un procedimiento colectivo contra doce personas, despachó en un mes. La “urgencia” de un castigo ejemplar (en el mal sentido), previsto de antemano, fue el motivo prioritario, tanto que en el consejo de guerra (21/08/36), presidido por el teniente coronel Luis Masip Pérez (Infantería), el único abogado defensor, un pobre alférez llamado Senén Martín Hernández, renunció a las pruebas testificales que él mismo había dejado para entonces, con el fin de ir más deprisa. Diez de aquellos procesados fueron condenados a muerte y ejecutados (30/08/36), cerca del cementerio de Salamanca, donde fueron enterrados; los otros dos fueron condenados a 30 años de cárcel, pero desaparecieron en una saca carcelaria (12/12/36). 

 

Joaquín Gaite Veloso, natural de Orense, de 45 años, hijo de Francisco y Sofía, abogado, catedrático y director del Instituto de 2ª Enseñanzapresidente de la agrupación socialista en el primer bienio republicano, casado con Francisca López Coca, padre de tres hijos (ASMJ). Fue detenido el día 20 de julio en Ciudad Rodrigo y llevado el día siguiente a la prisión de Salamanca, donde fue ejecutado (30/08/36) por sentencia de consejo de guerra (21/08/36) y enterrado en el cementerio de esta ciudad  

Luis Sánchez Rivero, natural de Peñaranda de Bracamonte, de 43 años, hijo de Marcos y Timoteaagente de Investigación y Vigilancia, casado con Cecilia Román Hernández, padre de tres hijos de un matrimonio anterior. Fue detenido, conducido, juzgado, condenado a muerte, ejecutado y enterrado en las mismas circunstancias que  Joaquín Gaite.  

Vicente Mateo Aristóteles González Riesco, de 43 años, hijo de José Manuel y Manuela, oficial del Registro de la Propiedad, militante del Partido Socialista, “gestor de la Diputación de Salamanca”casado con Andrea Antúnez Plaza, padre de una hijaFue detenido, conducido, juzgado, condenado a muerte, ejecutado y enterrado en las mismas circunstancias que  Joaquín Gaite. También sancionado por el TRP (ASMJ). 

Epifanio Cejudo Cejudo,  vecino de Saelices el Chico, detenido en el mismo día y lugar, juzgado y condenado a 30 años de cárcel, víctima de una saca carcelaria (ver necrologio de Saelices, 8 de agosto) 

Eusebio Garduño Alonso, vecino de Saelices el Chico, detenido en el mismo día y lugar, juzgado, condenado a muerte y ejecutado (ibíd.)   

Martín Cenizo Calderero, vecino de Saelices el Chico, detenido en el mismo día y lugar, juzgado, condenado a muerte y ejecutado (ibíd.)  

Vicente Gabriel Repila Tetilla, de 36 años, hijo de Vicente y Mª Ignacia, carretero, casado con Rosa Bazán, padre de tres hijos. Fue detenido, conducido, juzgado, condenado a muerte, ejecutado y enterrado en las mismas circunstancias que  Joaquín Gaite. También sancionado por el TRP (ASMJ). 

Emiliano Calvo Vallejo, natural de El Saúgo, de 31 años, hijo de Liborio y Serafina, alpargatero, “asociado a la Casa del Pueblo”, socialista, soltero. Fue detenido el día 20 de julio en Ciudad Rodrigo y llevado el día siguiente a la prisión de Salamanca, donde fue condenado a 30 años de cárcel en el consejo de guerra (21/07/36). Falleció “en el término municipal de Salamanca el día 12 de diciembre de 1936”, sin constancia del lugar de sepultura (RCCR, act. def. 15/03/1957, “a instancia de D. Antonio Calvo Vallejo”J.sum.265/36). 

Así pues, Emiliano Calvo fue uno de los dos procesados en el Juicio sumarísimo 265/36 a quienes el Consejo de Guerra no condenaría a muerte el día de 21 de agosto. Pero su vida fue un misterio a partir de ese momento. De hecho nadie parece interesarse por su existencia hasta 1943. Entonces un juez militar, Juan Rodríguez Somoza, lo busca para notificarle la conmutación de la pena de 30 años por la de 6 años, que le había sido concedida por la Comisión Central de Examen de Penas (01/06/43). Por tanto en ese momento ya tenía ampliamente cumplido dicho castigo. Faltaba dar con su paradero, que teóricamente sería la Prisión Central de Burgos, pero en ésta, al cabo de un año (17/11/44), las diligencias revelaron que en ella no existía huella alguna del paso de Emiliano por dicho establecimiento. En su pueblo de origen, El Sahugo, la familia cercana, tíos y primos carnales, no sabían nada de él casi desde que se fuera con sus padres a Ciudad Rodrigo en 1914, pues sólo había vuelto en contadas ocasiones bastante tiempo antes. Según esta misma fuente, Emiliano Calvo tenía hermanos en Ciudad Rodrigo (en cuya cárcel tampoco había trazas de su presencia), y serían éstos quienes trasmitieran al juez municipal de la Ciudad, Casimiro Moro, el testimonio familiar (26/04/43): “(…) Emiliano Calvo (…) falleció en Salamanca (…) año 1936” (f. 193). Era sin duda parte de la clave del misterio, que definitivamente revelaría un oficio de la Prisión Provincial de Salamanca un año más tarde (26/06/44):  

“(…) que el penado en la causa 265 de 1936 Emiliano Calvo Vallejo, en fecha 12 de diciembre de 1936 fue entregado a la fuerza pública para su conducción a la central de Burgos en virtud de orden del Excmo. Sr. Gobernador de la Plaza [de Salamanca]” (J.sum.265/36: f. 192).  

De hecho, Emiliano Calvo nunca llegó a su destino carcelario de Burgos, por haber sido entregado a sus asesinos, que lo ejecutarían ese día 12 de diciembre de 1936, y no unas semanas más tarde, como proponen López-Delgado (2007: 165, “01/01/37, fusilamiento ilegal”). El juez Juan Rodríguez proveyó en el sentido de dar por terminadas las diligencias: “(…) creyendo el juez que suscribe haber agotado todos los procedimientos hábiles para dar con el paradero de este penado” (f. 201vº). No consta que hiciera diligencia alguna para la identificación de la mencionada “fuerza pública”. 

Aquilino Moro Ledesma, concejal (infra).  

Domingo Leandro Hurtado Martínez (a) “El Cebado”, de 32 años, hijo de Serafín y Manuela, electricista, presidente de la agrupación comunista, soltero. Fue detenido, conducido, juzgado, condenado a muerte, ejecutado y enterrado en las mismas circunstancias que  Joaquín Gaite. También sancionado por el TRP (ASMJ). Según el informe resumen del capitán juez Gaspar Holgado, se considera responsable de codirigir la oposición en Ciudad Rodrigo a la sublevación militar: 

El presidente del Partido Comunista de Ciudad Rodrigo Don Domingo Hurtado Martín[ez], quien por las declaraciones recogidas parece ser que en unión de Antero Pérez Rodríguez eran los que llevaban el mando del movimiento, y aquél, recogiendo las impresiones de la sesión permanente daba cuenta de ellas a las masas que en número considerable llenaban pasillos e inmediaciones del Ayuntamiento (J.sum.265/36: f. 126vº). 

Manuel Martín Cascón, alcalde (infra). 

Antero Pérez Rodríguez, de 24 años, natural de Madrigal de las Altas Torres (Ávila) y vecino de Salamanca, hijo de Jesús y Baltasara, abogado, contable, presidente de las Juventudes Socialistas, soltero. Fue detenido, conducido, juzgado, condenado a muerte, ejecutado y enterrado en las mismas circunstancias que  Joaquín Gaite. Se le acusa de haber ido a Ciudad Rodrigo para oponerse al Movimiento, en delegación de Andrés Manso, aunque él asume que lo hizo por iniciativa personal. Según el informe del Jefe de Vigilancia de Salamanca (10/08/36), era “marxista furibundo”, en el marco estrecho de relaciones del mencionado Andrés Manso y otros políticos: 

Le une al Señor Manso una estrecha amistad, igualmente mantenía relaciones con todos los dirigentes de los partidos de izquierdas. Últimamente estuvo en Rusia y con motivo de este viaje constantemente hablaba del comunismo en tono altamente elogioso y de excesiva exaltación (J.sum. 265/36: f. 115).  

 El necrologio de los gestores republicanos de la Corporación Municipal de Ciudad Rodrigo incluye el elenco completo. Según la enumeración que efectúa Juan Cabezas Pérez, secretario del Ayuntamiento, la Corporación todavía en funciones los días 18 y 19 de julio estaba compuesta por: Manuel Martín Cascón, presidente, Pablo Santos Sánchez, Aquilino Moro Ledesma, Eugenio Cerezo Hernández, Ángel Oliva PastorSantiago González de la Iglesia, Ángel López Delgado, Ángel Grimaldo Múgica, Victoriano Gómez Hernández y José Montejo Hernández  (J.sum.265/36). Este último, según sus propias declaraciones, había dejado de asistir a las sesiones del Ayuntamiento y, sin duda, creería haber dimitido a tiempo,  poco antes de la sublevación militar. Todos los otros concejales fueron ejecutados por haber participado real o presuntamente en la defensa de la República (lo que los militares rebeldes y los valedores de la rebelión calificaban de “delito de rebelión”). Unos gestores fueron detenidos el día 20 de julio (croniquilla correspondiente) y condenados a muerte en consejos de guerra (J.sum.265/36), los demás en sacas domiciliarias y carcelarias, alguno después de haber escapado a una primera tentativa asesina y después capturado de nuevo, procesado, condenado a muerte y ejecutado en 1937 (P.sum.84/37).  

El necrologio de ediles mirobrigenses, en principio, contiene su identidad nominal, profesión, afiliación política o sindical y estado civil, pero faltan datos, en parte por las dificultades  halladas para la consulta del Registro Civil en el juzgado de 1ª instancia.  

 

Eugenio Cerezo Hernández, de 39 años, concejal, casado, sin otras indicaciones en el acta de defunción (12/08/36). Por otras fuentes se confirma que era industrial, dueño de un establecimiento de bebidas y bodega, presidente de la agrupación de Izquierda Republicana, casado con Amparo Cuadrado García. Era hermano de Ángel Cerezo Hernández (croniquilla del día 10 de agosto). Debió de ser eliminado en la noche del 10 al 11 de agosto de 1936, en la finca de La Giera, previa detención en los calabozos del Ayuntamiento, y fue enterrado en el cementerio de Ciudad Rodrigo, según una información testifical diligenciada en la alcaldía de Ciudad Rodrigo (14/03/1979) para el expediente de la viuda de José López Rodríguez (ibíd.):  

“[Ramón Blanco Alonso manifiesta] Que conocía a don José López Rodríguez, vecino de esta localidad en el año 1936 y le consta que referido Sr. en el mes de agosto del referido año fue detenido en su domicilio, y en unión de don Eugenio Cerezo Hernández, también vecino de esta Ciudad, estuvieron retenidos en los calabozos del Ayuntamiento y en la noche del día 11 de agosto fueron muertos violentamente por acción directa del hombre en el paraje de la finca de La Giera y posteriormente se trasladaron al cementerio, donde reposan sus restos, todo ello como consecuencia de la Guerra de 1936-39 y por ideologías políticas” (Viudas, AMCR). 

En 1941 Amparo Cuadrado seguía regentando un establecimiento de bebidas, que abastecía de vino la prisión de Sancti Spíritus (P.prev.85/41). 

Victoriano Gómez Hernándeznatural de Fuenteguinaldo, de 28 años, empleado de la Diputación, quizá afiliado a las Juventudes Socialistas, concejal, casado, sin indicación de filiación, nombre de la esposa y eventual descendencia. Fue detenido (31/07/36) y sacado de la cárcel del partido judicial, conducido por la Guardia Civil a Salamanca, adonde nunca llegó, pues fue asesinado con otros a las 5.30 horas del día 15 de septiembre de 1936 en la dehesa de Aceñuelas (Desaparecidos, Viudas), siendo enterrado en el cementerio de Ciudad Rodrigo (RCCR, act. def. 15/09/36, “en virtud de oficio dirigido a este Registro Civil de fecha de hoy por el Cap. Instr. Marcelino Ibero”). Había sido llamado a declarar por el juez de instrucción de Ciudad Rodrigo el 27 de julio de 1936: “(…) formaba parte de la Comisión Gestora” (J.sum.265/36: f. 18). Entonces quizá estaría en arresto domiciliario. 

Santiago González de la Iglesia, natural de Pereña de la Ribera, de 34 años, curtidor, presidente de la agrupación socialista, viudo, sin constancia de filiación, nombre de la esposa y eventual descendencia. Ingresó en la prisión de Ciudad Rodrigo (01/08/36), como “detenido [militar]”. Fue sacado y enterrado en las mismas circunstancias que Victoriano Gómez, el 15 de septiembre de 1936 (Desaparecidos 1936). Pero en su acta de defunción “no consta” el lugar de ejecución extrajudicial, que sería probablemente el mismo que para sus compañeros de sacrificio.  Lo había citado a declarar el juez de instrucción de Ciudad Rodrigo el 27 de julio de 1936: “(…) formaba parte de la Comisión Gestora” (J.sum. 265 / 1936: f. 16), sin que haya constancia de su detención entonces. 

Ángel Grimaldos Múgica (Mújica), natural de Madrid, de 29 años, ferroviario, concejal, soltero, sin constancia de filiación. Ingresó en la prisión de Ciudad Rodrigo el 31 de julio de 1936, como “detenido [militar]”. Fue sacado y enterrado en las mismas circunstancias que Victoriano Gómez (15/09/36). También lo llamó a declarar el juez de instrucción de Ciudad Rodrigo el 27 de julio (J.sum.265/36: f. 12).  

Ángel López Delgado (a) “El Carracedo”, natural de  Correjanes (Orense), de 33 años, hijo de José y Teresa, vendedor ambulante, concejal socialista, casado con Rosario Carracedo López, con quien tenía un hijo de un año (Nicolás), dejado por heredero en su testamento, estando ya en capilla (16/06/37). Según su propio testimonio (P.sum.84/37), el 9 de agosto de 1936 lo detuvieron unos falangistas y permaneció en una Comisaría hasta el día 11, en cuya noche fue sacado con otros dos, “El Mora” y un detenido desconocido para él, por la carretera de Saelices. Al cabo de unos kilómetros “los conductores” ordenaron bajar “al Mora”, que fue fusilado por uno de ellos, portador de insignias de brigada o sargento” (casi con seguridad el alférez Ernesto Bravo Rivero). Ángel se salvó de la ejecución extrajudicial, aunque herido, gracias a una veloz y afortunada huida. No dejarse matar, para los represores, sería su mayor delito. Estuvo escondido en Las Hurdes, donde lo capturaron los vecinos de la alquería de Riomalo de Arriba (07/10/36), incitados por el alcalde pedáneo, un maestro que también era el jefe local de los falangistas que participaron en la batida. Estuvo preso en Hervás hasta la orden gubernativa de su traslado a la provincia de Salamanca (31/10/36), en cuya prisión ingresó (05/11/36). Fue sumariado, condenado a muerte y ejecutado (17/06/37) (P.sum.84/37). También fue sancionado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. 

Manuel Germán Nicolás Martín Cascón, de 43 años, hijo de Luis y de Teresa, abogado, de Izquierda Republicana, alcalde, casado con Ángela Risueño Angoso, padre de cuatro hijos.  Ingresó como “detenido [militar]” el 31 de julio de 1936 en la cárcel de Ciudad Rodrigo, de donde salió el 1º de agosto de 1936 (Desaparecidos 1936), pero antes estaría en arresto domiciliario, quizá desde su cese  como alcalde (20 de julio). Fue llevado a la prisión de Salamanca (03/08/36), donde, acusado de haber tomado parte “en cuantos acuerdos se tomaron para oponerse al Movimiento Nacional”, fue sumariado, condenado a muerte y ejecutado (30/08/36), siendo enterrado en el cementerio municipal salmantino (J.sum.265/36). También fue sancionado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas (ASMJ). 

Aquilino Macario Moro Ledesma, de 42 años, hijo de Demetrio y Manuela, sastre,  de Unión Republicana, concejal, casado con Encarnación González, padre de seis hijos. Fue detenido en Ciudad Rodrigo y llevado a la prisión de Salamanca (20/07/36), donde fue sumariado, condenado a muerte y ejecutado (30/08/36), siendo enterrado en el cementerio municipal (J.sum.265/36). Se menciona entre los responsables políticos que asistieron a las reuniones del Ayuntamiento los días 18 y 19 de julio de 1936. También fue sancionado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas (ASMJ). 

Francisco (o Ángel) Oliva Pastor, natural de Malpartida de Plasencia (Cáceres)empleado de la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Noroeste de España, concejal, casado, sin constancia de la identidad de su cónyuge y eventual descendencia. El 31 de julio de 1936 se registra su entrada en la cárcel de Ciudad Rodrigo, de la que salió el 19 de agosto siguiente (Desaparecidos 1936). Falleció “a consecuencia de heridas producidas por arma de fuego”, enterrado en el cementerio municipal de Ciudad Rodrigo (RCCR, act. def. 20/08/1936). Ver otros detalles en la croniquilla del día 19 de agosto. 

Pablo Santos Sáncheznatural de Palma de Mallorca, socialista, concejal, sin constancia de edad, filiación, profesión y estado civil. Ingresó en la prisión del partido judicial, como “detenido [militar]”, el 27 de julio de 1936 y salió el 18 de septiembre de 1936; ingresó de nuevo el día 21 de septiembre, y salió dos días después (23/09/36); volvió a entrar en prisión el día 26 de septiembre de1936 y salió el 16 de octubre de 1936 (Desaparecidos 1936), presumiblemente en una saca, quizá en el Valle del Lagar (Pedrotoro). 

  

 

El necrologio de los republicanos naturales o vecinos de Ciudad Rodrigo es muy amplio, como ya se ha apreciado en parte se puede confirmar en las sacas del otoño. 

 

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mié

24

ago

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936: la segunda tanda de asesinados de Robleda

(Esta croniquilla está dedicada, en primer lugar, a Victoria Viñuela Valiente, que, haciendo honor a su segundo apellido, fue una informante leal y generosa, sin que fueran obstáculo para ello los antecedentes derechistas de su familia y sus profundas convicciones religiosas. Gracias a Victoria estas investigaciones dieron con el hilo que conducía a la implicación de los jefes y oficiales militares en la represión de Robleda y, en general, de la cabecera y de toda la comarca de Ciudad Rodrigo. 

En segundo lugar, renovamos nuestro agradecimiento a la prensa digital y la web del CEM y de Farinatos por la Memoria, que publican nuestras croniquillas y necrologios. Al parecer, esto no es del agrado de algunos lectores del “periódico más leído de la provincia”, aunque no el más enterado, pues, al cabo de un mes de su presentación, todavía no ha informado de la publicación de La represión franquista en el sudoeste de Salamanca (1936-1948), aunque algún corresponsal suyo estaba en Ciudad Rodrigo el pasado día 23 de julio 

Paradójicamente, este silencio o aparente ninguneo casi se podría tomar por un elogio implícito del estudio, dado que tal periódico, a juzgar por el dicho heredado de un titular homónimo (“miente más que…”) sólo publicaría mentiras, lo cual obviamente es imposible. Una prueba suplementaria de esto último estaría precisamente en la publicación de nuestros relatos. Además, así esos lectores o redactores que son adversarios recalcitrantes de la memoria histórica, sin salir de su espacio natural, podrían tratar de desacreditar o dificultar el reconocimiento debido a las víctimas del Franquismo de la zona mirobrigense con el peregrino y manoseado “argumento” de que en la zona republicana (de la que nunca formó la provincia de Salamanca) también hubo víctimas, cosa que, por otro lado, ningún historiador ha negado y la propaganda nacional-católica no ha hecho más que airear desde hace ochenta años).   

 

Entre el día  24 y el 31 de agosto fueron detenidos y asesinados varios vecinos de Robleda, que, al igual que los eliminados en septiembre, formarían parte de las víctimas previstas en la intervención militar del día 13 anterior (croniquilla), seguramente corregida y aumentada, al hacerse extensiva a los miembros y allegados de algunas familias.  

El día 24 de agosto fueron detenidos tres vecinos de Robleda. Dos de ellos fueron fusilados la noche siguiente en “La Puentita” del puerto de Perales, a la derecha de la carretera a Cáceres, término de Gata, en cuyo cementerio fueron enterrados sus cadáveres en la misma fosa. Por el testimonio recibido (y compartido por otros familiares de las víctimas) de Enrique Villoria Esteban (“el Veterinario”), se sabe que éste condujo el coche del médico Víctor Viñuela en que iban los dos prisioneros maniatados. 

   

José Mateos (Benito) García, de 34 años, hijo de Faustino Benito (Mateos), casado con Mª Antonia, hermana de Ángel, Juan y Julián Ovejero García; dejó tres hijos menores, a los que se añadió  una hija póstuma en 1937. Fue detenido en el paraje de El Batán en presencia de su esposa y dos hijos pequeños, custodiado en el cuartel de los falangistas locales, dos de los cuales recibieron y cumplieron la orden del jefe Julio del Corral para ejecutarlo, así como a Juan Mateos (C.728/37). Su defunción (“con motivo de la Guerra Civil Española”) se inscribió 44 años más tarde (07/02/1980). Sin este requisito, su esposa había contraído segundas nupcias en 1941 con Juan Iglesias Muñoz (ver detalles en Iglesias 2016: cap. I). 

Juan Mateos Carballode 43 años, hijo de Francisco y María, labrador, casado con María Mateos Mateos, de cuyo matrimonio le quedaban cuatro hijos; hermano de otros dos asesinados, llamados José (infra) y Fermín, alcalde (necrologio de la 3ª tanda). Los tres a su vez eran primos carnales de los hermanos Esteban, Tiburcio y Sebastián Mateos Mateos, ya eliminados los dos primeros y poco después el tercero (Iglesias 2008a: 167-170). Según el acta de defunción (20/04/41), falleció en “el término municipal de Gata (Cáceres) el 24 de agosto de 1936”, “según noticias”, a consecuencia de “heridas por arma de fuego”, y fue enterrado en el cementerio de dicho pueblo. Según la tradición familiar y local, estuvo escondido en las afueras del pueblo, pero, después de que los captores presionaran a su familia, amedrentando a sus hijos, torturando a uno de ellos y prendiendo fuego a enseres de la casa, fue detenido en ésta, después de renunciar a una posible fuga a instancias de su esposa, que fue engañada con el señuelo habitual de que no le “pasaría nada”. Antes de ser fusilado, los ejecutores practicaron actos de barbarie con su víctima, por haberse lanzado contra ellos con los dientes.  

 

También el 24 de agosto los represores metieron en la cárcel de Ciudad Rodrigo a Segundo Mateos Baz, asesinado el 5 de septiembre a su salida de prisión (necrologio de la 3ª tanda, 6 de septiembre).  

 

José Mateos Carballo, de 49 años, hijo de Francisco y de María, y en consecuencia hermano de Fermín y Juan Mateos Carballo, jornalero o labrador, multado, viudo de María Carballo Mateos, de cuyo matrimonio dejaba tres huérfanos, uno de ellos muerto durante la guerra en Valladolid, “de enfermedad de los bronquios”, aunque están por investigar las circunstancias exactas. Fue detenido y sacado de su casa en la madrugada de un día ignorado de finales de agosto o principio de septiembre. No se tienen datos seguros sobre el lugar de su ejecución extrajudicial, que pudo ser en Los Carvajales, o con Juan Collado Segundo Mateos, y en este supuesto lo habrían llevado para Ciudad Rodrigo antes del 24 de agosto, o quizás en Villasbuenas de Gata (Cáceres) en septiembre de 1936, según rumores (R 1973), aunque según información de tio Jesús “Palera”, vecino de Robleda que había sido guardia civil, lo habrían llevado a Villamiel (Cáceres), donde sus restos se hallarían en una cantera donde yacían los de numerosas víctimas (R 2011). Se cita entre los “desparecidos” del informe de Eugenio Pedraza (C.728/37) y en la declaración de Laureano Enrique (21/06/38) se da por “desaparecido”, después del pago de una multa (C.2133/38). 

 

30 de agosto. José Manuel Sánchez Sánchez, natural de Boada, de 25 años de edad, hijo de Florián y de Catalina, carretero, domiciliado en Robleda, casado con Felicidad Martín Tovar (nat. Navasfrías); dejaba una hija pequeña. Según el registro civil de El Bodón, falleció en “despoblado”, a consecuencia de “disparo de arma de fuego” y fue enterrado en el cementerio de la localidad (act. def. 31/08/36). Los testimonios de Robleda no hablan de esta víctima, aunque era conocida en el pueblo, quizá porque antes estaba domiciliado en Fuenteguinaldo. Según los testimonios guinaldeses (FG 2005 y FG 2007), José Manuel tenía familia en este pueblo, pero al casarse se instaló en Robleda, adonde lo fue a buscar en su coche el jefe de Falange de Casillas de Flores, acompañado del montaraz de Villar de Flores (El Payo), para eliminarlo cerca de Vadocarros (Iglesias 2008a y 2009).  

Hoy se conoce un poco mejor la biografía de esta víctima, gracias al testimonio de su hija Manuela. José Manuel nació en Boada, de donde eran naturales su padre y antepasados paternos. La madre nació en Ravida, bautizada en Pedro Toro. Un bisabuelo estuvo de encargado en la finca de La Caridad, con poderes de Luís Aparicio para que lo representara. Al casarse los padres de J. Manuel, se fueron a vivir a Fuenteguinaldo, habiendo estado antes o después en Francia y en Cuba. Aprendió con su padre el oficio de carretero, como su hermano Emilio, que se establecería en Robleda. J. Manuel Sánchez trabajaba con los Repilas en Ciudad Rodrigo, mal vistos por los fascistas mirobrigenses, que asesinarían a uno de ellos, y uno de cuyos enemigos declarados era un guardia de Seguridad, Hipólito Corral Rodríguez, natural de Boada, como José Manuel Sánchez (Proc.139/37). Los ejecutores fueron falangistas de Ciudad Rodrigo, uno de los “Cencerreros” y otro un herrero de San Cristóbal, quienes también intervinieron en los trasiegos macabros. El aludido victimario de Casillas de Flores anteriormente habría tratado de que la futura víctima le ayudara en sus actuaciones criminales, a lo que José Manuel se negó. Por ello se la tendría jurada, sacándolo para el matadero, en lo que tal vez lo acompañara sin intervenir el “Montaraz del Villar”. Lo dejaron tirado en una cuneta cerca de El Collado de Malvarín. Según rumores, cuando los victimarios se presentaron en el bar de Protasio Ramajo (que sería represaliado), en El Bodón, el tal jefezuelo falangista se jactaba de que “había caído el nº 31”, una presumible fanfarronada. Enterado el médico de este pueblo, Alfredo Encinas, que conocía a la familia de José Manuel, hizo las gestiones oportunas para que hubiera acta de defunción con su nombre y apellidos. La propia Manuela un día increparía a voz en grito en la iglesia al asesino de su padre. 

 

31 de agosto: Desconocido, cuya muerte se registró en El Bodón, “de 30 á 35 años” de edad, que “vestía con chaqueta de dril obscura, pantalón de pana y abarcas de goma y calcetines de lana”, fallecido en “despoblado”, a consecuencia de “disparos de arma de fuego” y enterrado en el cementerio municipal (act. def. 02/09/1936). Según los testimonios familiares, la víctima era  Ángel Ovejero García,  de 26 años, hijo de Serafín y Claudia, jornalero, soltero. Fue detenido cuando fracasó la caza inicial de su hermano Julián el día 13 de agosto y éste quedó emboscado. También fueron detenidos su padre (Serafín) y un cuñado, Rafael Samaniego (“el Churrín”). Estos últimos fueron soltados poco después, pero los facistas  “achacinaron” a Ángel en los aledaños de Vadocarros, a pesar de que tenía fama de “bueno”. Su hermana Mª Antonia oyó los disparos en Sageras, adonde, ya viuda, había ido a pedir ayuda para su hermano Julián a los dueños de aquella dehesa, en la que cuidaba ganado su hermano mayor, Jesús. Mª Antonia no debió de asistir a la detención de Ángel, pero sabe que dejó en la cárcel las prendas de algún valor que portaba (botas y sombrero) y siempre afirmó que fue sacrificado en una cuneta de la carretera a Ciudad Rodrigo, junto a una pared cercana a la actual salida para la presa de Irueña que da acceso al pueblo de El Sahugo.  

 

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dom

21

ago

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936: la ratonera de Portugal. Necrologio Aldea del Obispo

Los republicanos de la zona fronteriza que, por sus cargos o sus reivindicaciones obreristas, se sentían en el punto de mira de los represores creyeron al principio que sus opciones de salvación estaban al otro lado de la Raya. Así sucedió con quienes tenían amigos personales en las localidades portuguesas, mediante fugas afortunadas, como las del policía Alfonso Navalón en Fuentes de Oñoro, el alcalde León Almaraz y el concejal Ángel Ramos en Navasfrías, así como otras personas de Alberguería de Argañán y Aldea del Obispo, que  no regresaron hasta más tarde o no lo hicieron nunca. Sin embargo, en general, los perseguidos pronto comprobaron que, lejos de ser tierra de acogida, Portugal era una ratonera en toda regla, en la que varios vecinos de los pueblos salmantinos y cacereños dejaron la vida, unas veces al ser devueltos por las autoridades portuguesas, a sabiendas de que serían eliminados a su regreso a España, y otras veces eliminadas por los mismos agentes del orden lusos.  

En efecto, como es sabido, la “nación hermana” tomó partido por los sublevados contra la República de España y les prestó ayuda mediante la propaganda, el tráfico de armas y la actuación de los miembros de sus fuerzas armadas, que más o menos de forma descarada participaban en la represión franquista y con los mismos métodos, incluidos señuelos análogos a los “falsos bandos de perdón” para que se entregaran los fugitivos emboscados. Por ello la corporación municipal militarista de Aldea del Obispo envió felicitaciones a Radio Club Portugués en octubre y respondió positivamente en diciembre a la propuesta de homenaje a dicha Nación (Iglesias 2016: V, 1.2). 

Es precisamente en el necrologio de esta localidad donde mejor se comprueba la falta de hospitalidad oficial de Portugal con respecto a los fugitivos, cuyos avatares se conocen por testimonios orales, por lo cual resulta incierta la cronología de los tres afectados por la represión directa: José Hernández, Jacobo Andrés y Jacinto Vicente. Guiados por los fascistas locales, falangistas de Ciudad Rodrigo, entre ellos alguno de los “Cencerreros”, sacaron a los dos primeros a las inmediaciones del pueblo y dispararon sobre ellos, aunque al parecer no pudieron rematarlos, mientras que el tercero huyó inicialmente a Portugal. 

José Hernández Lamas, de 38 años, hijo de Juan y Bernardina, jornalero, casado con Dominica Sánchez Blanco, encinta de una niña que nació el 28 de octubre de 1936. Falleció en una saca el 21/08/36, efectuada en el término de Bocacara (actdef. 22/08/36 y 21/07/80, ASMJ). Había estado en Francia. Según testimonios, falangistas conocidos lo sorprendieron cuando estaba metiendo paja y lo llevaron a la cárcel. En el alto de San Pedro, los milicianos fascistas le dieron un tiro en el vientre, sin matarlo. Quizá otras personas lo llevaron herido a la cárcel de Fuentes de Oñoro. De allí fue sacado otra vez y rematado en una cuneta del mencionado pueblo, en cuyo cementerio está enterrado con otra víctima (AdO 2009). Su familia, como la de Jacobo Andrés, sobrevivió haciendo toda clase de trabajos, principalmente costura, y recurriendo al mísero contrabando. 

Jacobo Andrés Lorenzo, de 34 años, ebanista, teniente de alcalde, secretario de la Sociedad Obrera (STT), casado con Consuelo Ferreira Fuerte, padre de una niña. Falleció en lugar y fecha desconocida por octubre de 1936 en una presumible saca carcelaria. Según los testimonios familiares, en la dehesa de El Gardón Jacobo fue tiroteado por los falangistas, pero no muerto, solo herido en una muñeca, lo que no le impidió pasar la frontera. Familiares y amigos de Vale da Mula lo auxiliaron, mientras lo buscaba un sargento de los guardiñas. Disfrazado de mujer, fue a curarse en Guarda, donde, confiado en un presunto decreto, se entregó a las autoridades portuguesas, que lo devolvieron a España. En Ciudad Rodrigo estuvo preso en algún local carcelario hasta octubre. Su esposa, convencida de su eliminación, se consideró viuda hasta su propia muerte. Dejaba una hija, Ascensión Andrés Ferreira, quien a su vez asumió en fecha temprana la condición de huérfana de una víctima asesinada, sin esperanza de confirmación de rumores sobre el posible hallazgo de su padre en Portugal (con engaño interesado por parte de un portugués), depositaria de los pormenores de aquella paliza que los falangistas le propinaron en el cementerio para que revelara la falsa existencia de armas escondidas en el fuerte de la Concepción, antes de su huida a Portugal en busca de un asilo fallido, que incluso aconsejó a los familiares vestirse de luto, para dar por hecho que Jacobo había muerto en la saca de El Gardón. Luego la familia fue a llevarle un brasero y una manta cuando estaba preso en Ciudad Rodrigo, hasta que allí se le perdió el rastro. Ascensión también quedó huérfana de madre a los nueve años, pues Consuelo Ferreira solamente sobrevivió al asesinato de su marido seis años escasos, en parte gracias a la miserable práctica del contrabando, de lo que hay constancia escrita (cf. Dil.830/39). Entonces Ascensión quedó encomendada a la guarda principal de su tía materna Gloria, sobreviviendo ocasionalmente también con el expediente de la costura y del contrabando de hilo, café y bacalao, hasta de huevos, que a veces se  rompían por el camino (AdO 2009). 

Jacinto Vicente Duqueconcejal, casado con Asunción “Chavalina” (ASMJ), sin constancia de otros datos. Falleció en lugar y fecha desconocida de 1936.  Temiendo por su vida, huyó a Portugal cuando empezaron los asesinatos. Después de un tiempo refugiado en el país vecino, se entregó a las autoridades portuguesas, que decidieron su conducción a la frontera por Fuentes de Oñoro. Al llegar cerca de esta localidad fronteriza, adivinando el destino que le esperaba, trató de escapar todavía en territorio portugués, y los guardiñas, aplicándole criminalmente la “ley de fugas”, dispararon contra él y lo mataron. Se ignora la localidad portuguesa en que fuera enterrado (AdO 2009). 

Es posible que haya alguna otra víctima mortal directa. Entre las víctimas indirectas se cuentan: 

Víctor Calvo Martín, vecino de Cercedilla (Madrid), hijo de Cándido y María, casado, de enfermedad en la prisión de Salamanca (05/01/40) 

Consuelo Ferreira Fuerte, de agotamiento y enfermedad, tras la eliminación de su marido (supra) 

Juan Álvarez Pineda, muerto en el campo de concentración de Mauthausen (20/04/43, MCU).  

 

La presencia constante de destacamentos de las fuerzas armadas franquistas en Aldea facilitó la represión carcelaria de sus vecinos, por la vía procesal militar o la gubernativa. En 1938 fueron procesados ocho vecinos que habían desempeñado cargos durante el poder legítimo republicano, incluido Gerardo Zato Simón, que había sido alcalde más de una vez y presidente de la STT (C.1106/38). Todos ellos aceptaron una humillante abjuración de sus antiguas convicciones, a cambio de un leve castigo carcelario. El miedo arraigó de tal modo que todavía se traduce en negativas incomprensibles para homenajear a las víctimas aldeanas por parte de los miembros de la corporación municipal e incluso para tratar del tema de la represión en público. También fue represaliado un antiguo maestro del pueblo, Raimundo Etreros Sousa (López-Delgado 2007: 157), y el carabinero Máximo Vicente Duque (C.595/38).  

 

Así pues, el total provisional de represaliados de Aldea del Obispo incluye: 

  • 3 víctimas mortales directas 

  • 3 víctimas mortales indirectas 

  • 11 presos o detenidos, procesados 

  • 1 antiguo maestro depurado (también preso). 

 

 

 

 

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sáb

20

ago

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936: La segunda matanza de La Alberca

 

En la mencionada saca fallida de algunos albercanos el día 12 de agosto (ver croniquilla), además de Gregorio Cilleros,  salieron con vida otros tres vecinos, que finalmente serían asesinados el día 20 del mismo mes. Según el P. Hoyos, estos fugitivos se ocultaron en la Sierra. Se sospechaba que algunos vecinos del pueblo los proveían. El cuñado de uno de ellos fue detenido y, ante la amenaza de ser eliminado él mismo, los delató y se prestó a la captura. En un informe procesal, de fecha 22 de agosto de 1936, el alcalde militarista José Mª Hoyos declara casi explícitamente que Baldomero Calama, Braulio García y Faustino Hernández fueron primeramente sacados con el pretexto de su conducción a la Comandancia Militar, pero consiguieron fugarse a los montes aledaños, hasta que fueron capturados por falangistas de la localidad, quienes los “volvieron a entregar a los jefes de la 3ª y 4ª Falange” (C.359/36: 13). Y de nuevo con el mismo pretexto de un intento de fuga los ejecutaron clandestinamente en “la dehesa de Zarzosillo”, término de El Cabaco, en cuyo cementerio fueron enterrados sus cadáveres (act. def. 22/08/36).  

 

Baldomero Calama Hernández (a) “Chispa”, de 40 años, hijo de Ramón y Vicenta, soltero, jornalero (quizá electricista). Antes de la primera saca fue detenido por la Guardia Civil (06/08/36), que, por estar enfermo, lo dejó en arresto domiciliario.  

FormaA esta víctima y en parte a sus compañeros de infortunio les dedica unos párrafos, llenos de contrastes, el dominico P. Hoyos, que, sin aportar prueba alguna afirma: “Tuvo éste fama de matón en el pueblo. De resultas de diversas pendencias llegó incluso a estar en presidio. Ignoramos la culpabilidad, pero consignamos el hecho. A su regreso debió tal vez simpatizar con los elementos extremistas. Lo cierto es que fue detenido y se le destinó al paseo fatídico” (ibídem). El P. Hoyos, siempre dispuesto a poner de relieve los hechos admirables y providenciales, reintroduce aquí uno de ellos, con el cual se inicia este relato, para él ejemplar y para el común de los lectores quizá algo difícil de comprender. La piadosa madre del fugitivo Baldomero ya no pedía a “la Santísima Virgen de los Dolores” que su hijo escapara con vida de la persecución, sino “su conversión”. Un deseo que no tardaría en cumplirse gracias principalmente a la diligencia de sus ejecutores, quienes obligaron al vecino detenido y amenazado a que llevara las provisiones a la cabaña convenida de la torrentera del Calvario y avisara a los fugitivos con la señal de que no había peligro, mediante un farol encendido. Los tres fugados fueron sorprendidos por “la fuerza armada” mientras cenaban. Sus captores los obligaron a “una manifestación pública en medio de la Plaza”, antes de ejecutarlos. Añade un detalle de humor tragicómico o de patetismo en la conducta de Baldomero, pues cuando le mandaban dar vivas a España, a veces se los daba a Azaña. Esta gracia no le serviría de mucho, pues a los tres los condujeron hacia la carretera de Béjar, donde todavía el primer tiroteado se hizo el muerto, sin que tampoco esta nueva gracia tuviera efecto, porque los ejecutores comprobaron  que vivía, “al hacer caer las descargas sobre los otros, ya que levantó un tanto la cabeza”. Y el P. Hoyos termina poniendo nota al buen ejemplo que dio Baldomero antes de morir, no ya convertido, sino trasformado en predicador, con un santo cristo en la mano y tanta elocuencia que “enterneció a los presentes (…), al parecer forasteros” , sin que éstos le perdonaran por ello la vida. De este relato ejemplar se deduce que, según el P. Hoyos, entre los ejecutores había gente impresionable y sensible a la retórica religiosa, pero el Dominico no llega a decir que tuvieran que forzar sus sentimientos para ejecutar a los vecinos de La Alberca.  

 

Braulio García Guzmán, de 29 años, hijo de Braulio y de Lorenza Guzmán, jornalero, casado con Cristina Martín Iglesias, padre de tres hijos menores.  

Faustino Hernández Maíllo, de 31 años, hijo de Francisco y Luciana, jornalero, casado con Ignacia Cilleros Martín, padre  de dos hijos menores y otro póstumo. 

 

Según el registro civil de La Alberca hubo otro asesinado en diciembre de 1936: 

  

Rufino Anaya Expósito (quizá no fuera apellido), nat. Ciudad Rodrigo, domiciliado en La Alberca, de 39 años, hijo de padres desconocidos, maestro y jornalero, concejal, casado con Ángela Martín García, padre de cuatro hijos, además de una niña adoptada (ASMJ). Falleció en La Alberca el 19 de diciembre de 1936, “ejecutado a consecuencia de la guerra civil española de 1936 a 1939” (act. def. 22/12/79, según “auto del Juez de 1ª Inst. e Instr. de Béjar recaída en el expednº 45-79”, RCLA). Según la ficha carcelaria de Salamanca, al ponerlo en libertad quedó a disposición del Gobernador Militar. Sería víctima una saca. 

 

El necrologio albercano también cuenta con alguna víctima “indirecta”:  

 

Mauricio Gómez Gil, de 37 años, hijo de Manuel y Nicasia, albañil, casado con Teresa Torres Sánchez, padre de seis hijos (uno de ellos quizá habido en alguno de sus dos matrimonios anteriores). Acusado, casi con seguridad falsamente, de haber amenazado con una pistola al ex alcalde militarista J. Mª Hoyos, fue detenido en La Alberca (05/03/38), ingresado en la prisión de Salamanca (10/03/38) y, con presuntos síntomas de esquizofrenia (afirmaba que el ex alcalde lo había amenazado a él, como era muy probable, porque J. Mª Hoyos se había quedado con un arma al principio del Movimiento), fue traslado al manicomio provincial, donde falleció (22/12/38), sin constancia del tratamiento que recibiera ni del lugar de enterramiento de su cadáver  (Dil.LA/ ma.38, ASMJ).  

 

En la represión incruenta hubo otras víctimas albercanas: 

  • 11 presos o detenidos 

  • 2 maestros procesados. 

 

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vie

19

ago

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936: la primera saca carcelaria de la prisión del partido judicial (Ciudad Rodrigo)

Como se viene  haciendo desde el principio de estas croniquillas, se ha evitado el término paseo o mareo para designar las ejecuciones extrajudiciales de este rincón de la provincia de Salamanca. Es un eufemismo macabro insoportable con el que se han asociado las ejecuciones extrajudiciales de republicanos como algo ajeno a la responsabilidad militar de los sublevados contra la República. Pero en modo alguno eran operaciones llevadas a cabo por milicianos fascistas y señoritos descerebrados sin control. Nada de eso. Había personas de mente enfermiza, cegados por el odio y motivaciones inconfesables, y jóvenes inmaduros, ganados por una ideología violenta, hinchados por el protagonismo que la manipulación militarista les brindaba. Pero todos actuaban bajo la estrecha vigilancia de oficiales, suboficiales y jefes de puestos y destacamentos del Ejército, la Guardia Civil, los Carabineros, los Cuerpos de Policía, los jefes de las Milicias Fascistas y de la Guardia Cívica. Los mandos provinciales, en definitiva, eran militares graduados, generales, jefes y oficiales. La jurisdicción militar nunca castigó a los victimarios por los desmanes cometidos, a no ser que, mediante hábiles manipulaciones, pudiera recaer sobre dichos ejecutores la sospecha, en modo alguno fundada, de que tenían un pasado izquierdista. 

Las ejecuciones extrajudiciales se organizaban en las comisarías y los cuarteles desde el principio, como se ha comprobado en las informaciones testificales registradas en las sacas del ámbito mirobrigense desde la segunda semana de agosto de 1936. A finales de este mes en pueblos como Robleda o Peñaparda dichos locales eran estación de paso para el matadero. 

Con las sacas se buscaba la eficacia represiva contra los presuntos adversarios del Movimiento y la impunidad de los ejecutores. Así no se perdía el tiempo en vestir el proceso y los victimarios se sentían alentados en sus labores asesinas, sabiendo que no serían identificados en el caso de que el Alzamiento fuera sofocado por el Gobierno de la República. Por ello actuaban de noche, en lugares extraños, intercambiaban servicios con “camaradas” de otras localidades (así tampoco se corría el riesgo de que ablandar por los sentimientos hacia antiguos amigos o familiares, convirtiéndose en eventuales “salvadores”), abandonaban los cadáveres de sus víctimas a veces hasta 60 ó 70 kilómetros de sus domicilios. Eran precauciones que les recomendaban los mandos sublevados, aunque no siempre ni todos los ejecutores las siguieron, cegados por la vanidad o la borrachera. En las detenciones sangrientas en público, llegado el caso de que hubiera alguna información que implicara diligencias de identificación, salía al quite el auditor de guerra, como se indicó hace poco.  

Hacia el 20 de agosto los responsables de la represión en Ciudad Rodrigo perfeccionaron el método, tratando de vestir de “legalidad” los crímenes del terror en que se fraguó el Nuevo Estado, la Dictadura franquista, que por entonces echó los cimientos de una legislación a su medida. Las futuras víctimas eran detenidas en sus domicilios y llevadas a la prisión del partido judicial, donde ingresaban como “detenidos militares”. El comandante militar de la Ciudad, que era entonces Marcelino Ibero, capitán de Carabineros, daba la orden de arresto. Si éste era masivo, la peripecia carcelaria no duraba más de 24 horas, pero quedaba constancia de ella en la relación de entradas y salidas de dicha prisión, cuyo director era Jerónimo Maíllo. El Cap. Ibero, que actuaba investido con la autoridad jurídico-militar de “Capitán Instructor”, representaba una rudimentaria pantomima de actuación judicial. Simulaba que, considerando que los detenidos no tenían antecedentes penales ni delitos conocidos (que era la estricta verdad), decretaba la puesta en libertad de los presos. De hecho, los detenidos o una parte de ellos eran entregados a las fuerzas encargadas de su eliminación clandestina: las Milicias Facistas sobre todo y la Guardia Civil alguna vez. Los cadáveres se enterraban en fosas clandestinas, por lo general en fincas y dehesas pertenecientes a los “señores de la tierra”, que así colaboraban con quienes se habían sublevado para “defender lo suyo”, aunque nunca dejaban constancia escrita de una prestación inimaginable sin su consentimiento y, en todo caso, jamás denunciada por ellos. Las víctimas quedaban en el anonimato, oficialmente ni vivos ni muertos. Y a los familiares no se les permitía el duelo, condenados a no saber de su paradero, en la zozobra y la sospecha, alimentada por los victimarios, de que quizá se hubieran fugado y abandonado cobardemente a los suyos. 

En cambio, los responsables de la represión, además de quitarse de encima posibles adversarios por la vía rápida, se ahorraban las prolijas diligencias de identificación inherentes a los hallazgos de cadáveres de personas conocidas o desconocidas. No había que registrar la muerte ni tomar nota del lugar de enterramiento. Y por último, llegado el caso de que se instruyera alguna información, que solamente prosperaba si emanaba de familiares o amigos derechistas de la víctima, tenían prefabricada la coartada. El Capitán Instructor y sus adláteres podían declarar que ellos habían puesto en libertad a los inocentes (como los buenos servidores de la Justicia que pretendían ser) y de lo demás no sabían nada (como los buenos seguidores de Judas que eran).  

Así pues, la saca carcelaria era muy rentable, pues eliminaba adversarios, castigaba y amedrentaba el entorno familiar de las víctimas, sembraba el pánico en la sociedad, convertía a muchos ciudadanos en cómplices y testigos mudos del terror. Claro, para ponerla en práctica había que hacer abstracción de cualquier consideración humanitaria. Se utilizó en toda la retaguardia “nacional”. En Ciudad Rodrigo empieza a comprobarse el 19 de agosto de 1936, pero se manifiesta claramente en septiembre. 

El 19 de agosto fueron excarcelados tres presos, vecinos de Ciudad Rodrigo, que, según la “Relación” de la cárcel, estaban detenidos por orden militar (AMCR, Desaparecidos 1936). Sus cadáveres se hallaron el día 20 en lugar indeterminado, con “heridas producidas por arma de fuego”, pero fueron enterrados todavía en el cementerio municipal (RCCR, 20/08/36). Los tres se mencionan entre los gestores, responsables políticos y directivos sindicales que asistieron a las reuniones del Ayuntamiento los días 18 y 19 de julio de 1936 (J.Sum.265/36) 

 

Francisco (o Ángel) Oliva Pastor, de 29 años, natural de Malpartida de Plasencia (Cáceres),  empleado de ferrocarril en la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Noroeste de España, teniente de alcalde, casado. Ingresó en la cárcel como “detenido [militar]” el 31 de julio de 1936 y salió el mismo día; volvió a ingresar el 1º de agosto de 1936, con salida el 19 de agosto de 1936 (AMCR, Desaparecidos 1936). Antes de su detención tuvo que declarar en el Juicio sumarísimo 265/36 sobre la distribución de armas el día 19 de julio en el Ayuntamiento. Tres revólveres, entregados por Enrique García Medina, jefe la Policía Urbana, en su despacho: al propio Francisco Oliva, teniente de alcalde, Ángel Grimaldos, gestor, y Félix González Cabrera, presidente de la STT. Francisco Oliva cedió el suyo a Juan Vicente, pero la Guardia Civil efectuaba cacheos, así que encargó se devolviera al Inspector el arma y él se fue para la Estación a dormir. Huyó al campo cuando supo de la llegada del Ejército, después volvió y siguió prestando servicio hasta que lo detuvieron el día 30 y pasó a la cárcel, “a disposición de la autoridad militar”. 

Juan Vicente Sánchez (a) “Gaona”, uno de los hermanos portadores de este apodo, de 26 años, soltero, que el día 3 de agosto había ingresado en la cárcel. Falleció a las 18h 30 del día 19 de agosto de 1936 (la inscripción de defunción se efectúa por oficio “del Sr. Capitán Juez Instructor de Carabineros Marcelino Ibero”).I 

Isidro Sánchez Mateos (a) “El Calaínos”,  de 27 años, casado con Julia García Blanco, padre de un niño al menos. Estuvo preso el mismo tiempo que Juan Vicente. 

 

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mié

17

ago

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936: necrologio de Mogarraz

Los registros y detenciones comprobadas en la Sierra de Francia a finales de julio y principios de agosto se saldaron con las primeras muertes de vecinos de La Alberca y las sacas domiciliarias de Mogarraz, con resultado fallido en la de Norberto Herrera y Zacarías Maíllo y asesinato consumado en la de otros tres vecinos (Hernández 2004: 292). Como se indicó en la croniquilla del 5 de julio, esta saca cruenta, a no ser que hubiera habido dos en la localidad (y entonces se desconocería la identidad de las víctimas de una de ellas), es casi seguro que se produjo el 15 de agosto y sus cadáveres fueron hallados el día 17, a juzgar por la documentación escrita (C.464/37).  

En la versión de E. Puerto en la fiesta de las Nieves (5 de agosto) fueron sacados cuatro mogarreños, con previo paso por la cárcel de La Alberca, donde uno de ellos sería soltado: Gonzalo Chelitas (apellido o mote). Los otros deben de ser los Tres Desconocidos cuyos cadáveres se descubrieron el día 17 en el sitio de Las Datas (El Maíllo), junto al camino de El Casarito, y fueron enterrados en el cementerio de la localidad: 

 

Antonio Manuel Barrado Martín (a) “Tristrás”, de 44 años, natural de Arapiles, hijo de Juan Manuel y de Francisca, casado con María Lucas Maíllo, sin constancia de descendencia (act. def. 17/08/36 y 18/12/81, ASMJ); 

Alfonso Hernández Núñez (a) “Tunín” o “Bonino”, sin  otros datos;  

Atanasio Regaña (¿quizá mote?), sin  otros datos. 

 

Los encargados de las diligencias dieron los habituales detalles sobre la apariencia física de los muertos, su vestimenta y efectos personales, causa presumible de la muerte, etc., pero no hicieron averiguación alguna de identificación, a pesar de que unos días después de la inhumación de los cadáveres se presentaron en El Maillo tres señoras de Mogarraz, que, por las señas que dieron, podían ser las viudas de las víctimas: 

 

(…) Pasados algunos días, se presentaron en esta localidad unas señoras que dijeron ser de Mogarraz y manifestaron que los cadáveres hallados eran los de sus maridos, coincidiendo las señas que de ellos dieron, y al mismo tiempo dijeron que dos días antes de ser hallados repetidos cadáveres, sus maridos fueron detenidos por fuerzas de Falange Española y conducidos a la cárcel del pueblo de La Alberca y que, según noticias, de allí fueron sacados la noche en cuya madrugada debieron de ser muertos (C.464/37: 21vº). 

 

Natural de Mogarraz era Desiderio Criado Barés, víctima de una saca carcelaria de la prisión de Ciudad Rodrigo el día 15 de septiembre (croniquilla de este día). 

 

Otros represaliados mogarreños:  

  • 16 presos o detenidos, procesados o no 

  • 2 depurados (también presos) 

  • 2 multados (uno de ellos también preso). 

 

Eufemio Puerto Cascón identifica algunas mujeres mogarreñas a las que los represores vejaron, cortándoles el pelo, dándoles a beber aceite de ricino y sacándolas a la vergüenza pública:  

 

“Poco después, otro día en que me encontraba charlando en la Fuente de la Pila con mi tío Tomás Martín Cascón, alias Macaco, y algunos otros mogarreños, de pronto vimos aparecer un tumulto por el Banco. Rápidamente nos hicieron señas de que nos metiéramos en casa y cerramos las puertas. Enseguida supe lo que había ocurrido. Les habían cortado el pelo a tres señoras: A Josefa la Canaria, a María Maíllo, alias la Paína, y a María Lucas, y las habían sacado a pasear por el pueblo” (Hernández 2004: 291-292). 

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dom

14

ago

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936: sacas domiciliarias y detenciones sangrientas en torno al 15 de agosto. Necrologio de Agallas.

En el estricto ámbito mirobrigense no se han registrado sacas colectivas en la fiesta de la Asunción de la Virgen y los días inmediatos, a diferencia de lo que sucedió en la Sierra de Francia, donde el día 15 fueron sacados cuatro vecinos de Mogarraz. Los cadáveres de tres de ellos se encontraron  dos días más tarde en el paraje de Las Datas, término de El Maíllo (los detalles se expondrán el próximo día 17). No fue una matanza tan impresionante como la que se produjo en Las Veguillas, un pueblo situado a mitad de camino entre la Sierra y Salamanca, donde en la noche del 14 al 15 de agosto fueron asesinadas nueve personas, siete de ellas en la finca de Pedro Llén y dos en el sitio de “Barrueca”. No se sabe con exactitud el papel que desempeñara el titular de dicha finca, Ventura Sánchez-Tabernero, aunque el P. Hoyos (1946: 355) afirma que “el hijo del marqués de Llén”, que sería Ventura u otra persona de su familia, intervenía en las expediciones macabras. Lo cierto es que este personaje, que en el mes de julio había actuado como delegado del gobernador civil de Salamanca para la destitución de las corporaciones municipales republicanas y el nombramiento de autoridades militaristas en los pueblos de la Sierra de Francia y otros del antiguo partido judicial de Sequeros (croniquilla del día 21 de julio), ingresó en la Prisión Provincial el día 16 de agosto a disposición del comandante militar y de allí fue llevado el Manicomio Provincial (Fichero de Cárcel de Salamanca). Se ignora lo demás, pero estos avatares no le impidieron ceder su finca para la formación de cuadros falangistas en 1937. 

Así pues, la cumplida manifestación de culto mariano no fue motivo suficiente para la tregua de la represión sangrienta, que también dejó sentir sus efectos en la Ciudad y los pueblos cercanos, donde siguieron apareciendo cadáveres de desconocidos o forasteros, como se apuntó en la croniquilla del día 6 de agosto,  sin que faltara una detención sangrienta a la vista de numeroso público en Fuenteguinaldo el día 14 de agosto. La fuerza represora buscaría al ya ex alcalde republicano, Francisco Sánchez Álvarez, que se había escondido. Al no hallarlo, se ensañaron con el antiguo teniente de alcalde. El acta de defunción presenta tachaduras: 

 

Esteban Carreño Tendero, de 28 años de edad, hijo de Juan y de Cándida, jornalero, casado con Juana Santos Castaño, de cuyo matrimonio quedaban tres hijos; falleció en “esta villa de Fuenteguinaldo (borrado, al parecer, “Ayuntamiento”)”, a consecuencia de (rayado, pero casi legible, “heridas por arma de fuego”) y fue enterrado en el cementerio local (RCFG, act. def. 14/08/1936). En las diligencias de averiguación, que no dieron lugar a responsabilidad alguna para los autores del crimen, se especifica que Esteban murió “a consecuencia de dos disparos hechos por la Fuerza pública en la Casa Ayuntamiento de esta Villa” (Dil.FG/36). Lo mataron en la escalera del mismo ayuntamiento y tiraron el cadáver para el camión, en presencia de muchos testigos, algunos de los cuales viven todavía (FG 2005). Una muerte que para el auditor de guerra, cuando ordena se archiven estas actuaciones (16/09/36), fue “una incidencia en la vida de campaña”. Para los mandos sublevados y los responsables de la jurisdicción militar franquista, los asesinatos a mansalva de personas indefensas eran hazañas bélicas. 

 

El día 15 de agosto se halló cadáver en Ciudad Rodrigo un vecino de Tenebrón: Dámaso Robledo Sánchez (croniquilla de día 6 de agosto)Quizá a mediados de este mes se produjeran las muertes de víctimas de las que no hay constancia de exacta, como Simón Barbero, vecino de La Herguijuela de Ciudad Rodrigo (ibídem). Y otro tanto cabe decir de las víctimas de Agallas, sobre las que se tiene escasa información. 

Según los testimonios orales, el necrologio de Agallas incluye dos víctimas: 

 Feliciano Fabián Gonzalo Porras, de 30 años, hijo de Melitón y Ludivina, un hermano de “tia Felipa”. Detenido en La Torrecilla de los Ángeles (Cáceres) y asesinado en Valdespino de Abajo (Ciudad Rodrigo), en fecha incierta, sin que haya constancia del lugar de enterramiento, quizá en una fosa de la mencionada dehesa (A 2009).  

Un Hijo Tia Eustoquia, hermano de “la Isabel de tio Sidoro”, desaparecido en fecha indeterminada y circunstancias imprecisas (A 2009). 

 También hubo vecinos de este pueblo que fueron objeto de otras formas de represión:  

  • 2 presos, uno de ellos en el campo de concentración de Dachau 

  • una maestra depurada. 

 

 

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sáb

13

ago

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936: la caza humana y las primeras sacas domiciliarias de Robleda (necrologio)

La fecha del 13 de agosto fue una de las más mortíferas en la zona, debido a la redada que hubo en Robleda, quizá provocada o acelerada por un “tumulto” que se produjo con motivo de la llamada de quintos de los reemplazos de 1933, 1934 y 1935 para el ejército rebelde. Del informe del brigada Bernardo García (25/08/36) se deduce que para los militares sublevados contra la República este hecho era un rebeldía en toda regla contra ellos, en fecha muy próxima al 10 de agosto, pues hay constancia de la movilización de mozos de Robleda dicho día y al siguiente (25/08/36, Inf.R/36C.728/37C.1233/37, Zato 1997, Iglesias 2008a). Como primera medida el brigada Bernardo García intervino rápidamente, estimulado por los responsables mirobrigenses, deteniendo el día 11 a “los seis vecinos que consideró causantes de la referida protesta, y en los dos días se apresuró a efectuar la captura de dos individuos que le fue recomendado hacerlo por fuerzas de Ciudad Rodrigo, logrando la detención de uno de dichos individuos”; el otro se fugaría, sin duda Julián Ovejero (croniquilla del día 6 de septiembre). Más tarde, en una declaración procesal de 1938, Laureano Enrique (“Roque”) es mucho más explícito, revelando la identidad de los vecinos detenidos, no seis, sino nueve: Benito Montero Sánchez, Tiburcio Mateos Mateos, Esteban Mateos Mateos, Sebastián Molina Roncero (Sebastián Bonilla), Julio Calzada, Emilio Gutiérrez Pascual y Juan García Milán, todos ejecutados vilmente, además de Pablo Prieto Mateos y Francisco Pascual Ovejero, que habrían estado presos dos días. Varios testimonios familiares señalan las eras como lugar socorrido de la detención, en plena faena de la trilla. 

Según la versión del Brigada, dos días o tres después de la “protesta”, es decir el día 13 de agosto, se presentó en Robleda un capitán de Carabineros de Ciudad Rodrigo, sin duda Marcelino Ibero, con fuerzas de su Cuerpo y Falangistas (al frente de los cuales ahora se sabe que iba Ernesto Bravo Rivero, Jefe de Milicias, y seguramente también Agustín Calzada, jefe comarcal de Falange), y se llevó a cuatro de los seis detenidos, soltando a los otros dos, pero apresando las mencionadas fuerzas a otros tres “por ser de la directiva socialista”. Entre los captores, los testimonios orales también señalan la presencia de falangistas locales y de La Encina. Laureano Enrique sitúa en tal día la intervención de falangistas de Ciudad Rodrigo y dos jóvenes de Villasrubias (“hijos de Agustín de la Ceferina y de Quico el Huevero”), los cuales de acuerdo con las autoridades locales soltaron a los dos últimos presos del día 11, Pablo Prieto y Francisco Pascual, que tenían relación de amistad con el Alcalde y el Médico, llevándose al matadero a los otros siete por él mencionados.  

Estos vecinos robledanos formaron parte de la primera tanda de asesinados. Fueron sacados en dos vehículos y su destino quizá sería para todos ellos la finca de Castillejo de Huebra, a unos 50 cincuenta kilómetros de Robleda, pero los “conductores” de uno de ellos no acertarían con el paraje (Isabel Mateos 2007). De modo que cuatro cautivos fueron asesinados la noche del 13 de agosto en el término de Boadilla, en cuyo cementerio fueron enterrados (Iglesias 2008a: 166, 177). Las actas de defunción sitúan el hallazgo de cadáveres el día 13, a consecuencia de “disparos o heridas de armas de fuego”:   

  

Esteban Mateos Mateos, de 32 años, hijo de Francisco y de Josefa, labrador, concejal, casado con Isabel Lozano Mateos, padre de tres hijos (act. def. 10/07/41). 

Tiburcio Mateos Mateos, de 26 año, hijo de Francisco y de Josefa, jornalero, agente de una compañía de seguros, ¿PCE?,  casado con Rafaela Mateos Martín, padre de una niña (act. def. 18/11/40). Hermano del anterior.  

Emilio Gutiérrez Pascual, de 33 años, hijo de José y de María, jornalero, casado con Manuela Mateos Cabezas, de cuyo matrimonio quedaban dos hijos (act. def. 18/11/40). Emigrante en Francia. De los testimonios se deduce que tendría alguna actividad política o sindical (R 2007). 

Julio Calzada Blasco, natural de Gata (Cáceres), de 18 años,  hijo de Francisco y de Justa, peón de albañil, soltero. Fue de los que se manifestaron contra el reclutamiento para la guerra, por el cual se sentía afectado.  

 

Los otros detenidos el día 11 de agosto fueron llevados a Castillejo de Huebra, finca del término de Muñoz, en la cual serían asesinados y abandonados sus cadáveres:  

 

Sebastián Bonilla (por Sánchez Bonilla), de 51 años, hijo de Marcelo Sánchez y Eugenia Bonilla, jornalero, vuelto de la emigración y por ello acusado de “haber traído el veneno de Francia”, ¿ex Presidente de la Sociedad Obrera?, viudo, padre de dos hijos.  

Santiago o Benito Montero Sánchez (con el segundo nombre en el registro civil), de 36 años, hijo de Sebastián y de Teresa, jornalero, empleado municipal, sindicalista (STT), casado con María Lozano Sánchez, dejaba  una niña huérfana. Emigrante en Francia, como su hermana Isabel Montero, “madrina de la bandera”.  

Juan o Julián García Milán (Juanitu de tio Lopi), de unos 20 años, hijo de Lope y Braulia, jornalero. Sería de los afectados por la presumible llamada filas. Después de su asesinato fue declarado en rebeldía y expedientado en 1938 (Exp.R/38).  

 

Antes de su cese por “pasividad” el 22 de agosto, el brigada García (Carabineros) señala en su papel activo la detención de “El Chinas”, que tal vez sería de los señalados para la redada del día 13: 

  

Juan Collado Mateos (a) “Chinas”, de 29 años, hijo de Santiago y de María Rosa, casado con María Martín, con quien tuvo un hijo durante su emigración en Francia. Lo detuvieron cuando volvía del carbonar quizá la víspera de la Asunción (15 de agosto), en la juenti Merina (R 1973). Mª Antonia Ovejero lo vio conducir detenido por carabineros y falangistas en el pueblo. El prisionero, con permiso del Carabinero, habló con ella, pidiéndole que avisara a su esposa para que le llevara ropa limpia a la cárcel, de donde lo sacarían para el matadero. Este carabinero dice haberlo puesto a disposición del Comandante Militar de Ciudad Rodrigo (Inf. R/36). Estaría detenido en alguno de los locales carcelarios, pero no en la prisión del partido judicial, donde no se registra su entrada, y sería sacado en torno al 20 de agosto. 

 

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vie

12

ago

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936: necrologio de la 1ª tanda de La Alberca

La matanza de La Alberca se llevó a cabo el día 12 de agosto sobre todo, pero hubo vecinos albercanos eliminados con anterioridad. Es una de las pocas sacas masivas que tuvo cierta trascendencia en la historia escrita desde 1946, gracias al testimonio del dominico Manuel Mª. de los Hoyosaunque sólo menciona por sus nombres algunas víctimas. Desde entonces las autoridades locales militaristas, franquistas y democráticas han practicado una forma de desmemoria consistente en un hermético silencio, guardado por los hagiógrafos del santuario de la Peña de Francia, los sochantres de la tradición y los cronistas ocasionales de las fiestas religiosas de La Alberca, que unánimemente blasonan del tipismo de esta localidad serrana. Baste decir que, obstaculizada la consulta directa del archivo municipal y tergiversada la información solicitada, hasta 2016 fue imposible conocer la identidad del alcalde republicano, que, sin revelar su nombre, el P. Hoyos daba por ejecutado extrajudicial. Entre 1936 y 2016 las víctimas mortales de La Alberca han tenido menos reconocimiento oficial que el cerdo de San Antón. La Corporación actual, al parecer, se muestra mejor dispuesta e incluso favorecería la exhumación de los restos de vecinos albercanos enterrados en Nava de Francia, pero al ser requerida para más amplia información, ha dado la habitual callada por respuesta.     

En el registro civil de La Alberca (RCLA) se consigna el fallecimiento a causa de “disparos” o “heridas de arma de fuego” de seis personas en 1936, con su identificación nominal o bien como “desconocidos”, entre ellos un matrimonio, cuyos hijos Dionisio y Santiago López López también fueron asesinados, lo que confirma el método de eliminación por familias practicado en las represalias de la retaguardia “nacional”, bien comprobado en la provincia de Salamanca. 

 

Ángel Becerro Martín, de 28 años hijo de Laureano y Juana, soltero, obrero, asesinado en la dehesa del Alto de los Endrinales, el 28 de julio de 1936, por “arma de fuego” y fue “enterrado en el cementerio de La Somada” (act. def. 29/07/1936). 

Juan de la Cruz  Muñoz  Barés, de 36 años, hijo de Marcelino y Petra, soltero. Falleció (29/07/36) en la dehesa de Altejos, donde apareció su cadáver, término de Tamames, en cuyo cementerio fue enterrado (act. def. 30/07/36, AHPS: 197/40). 

Desconocido, cuyo cadáver apareció hacia el 5 ó el 6 de agosto, según el testimonio de Eufemio Puerto Cascón: “(…) un día después de su huida [de Zacarías Maíllo Criado] apareció un cadáver en la carretera que va de La Alberca al Soto[serrano]” (Hernández 2004: 292). 

Desconocido, “un hombre de estatura regular como de 40 a 45 años de edad aproximadamente, barba roja, vestido con pantalón de pana y en mangas de camisa (…)”, que “falleció en el Regato de las Marquesas, el día 12 de agosto [de 1936], a consecuencia de heridas de arma de fuego” y fue “enterrado en el cementerio de La Somada” (act. def., 13/08/36). En el margen del acta de defunción, con fecha de 11/02/1981, el juez delegado Fermín Martín Cambronero ofrece la identidad de este “desconocido”: Rufino De La Rúa Cortés, hijo de Juan y de Juana, nacido en Béjar el 16 de noviembre de 1896, casado, sin indicación de consorte ni de descendencia. La inscripción fuera de plazo se efectúa “en virtud de auto dictado por el encargado del Registro Civil de Béjar, de fecha 17/01/81”. 

Desconocido, “hombre (…), de 40 a 45 años de edad aproximadamente (…), de estatura regular, vestido con pantalón y chaqueta de pana, con albarcas, no pudiendo coger señas en el caracte (sic), por estar desfigurado del calor del tiempo y mala postura de la caída”. “Falleció en el Regato de las Marquesas, el día 12 de agosto [de 1936], a consecuencia de heridas de arma de fuego” y fue “enterrado en el cementerio de La Somada” (act. def., 13/08/36). La ASMJ identifica a este desconocido como Santiago López (padre), natural y vecino de Molinillo, casado con Sinforosa López. 

Desconocida, “mujer desconocida, de 45 a 50 años de edad aproximadamente (…), vestida estilo del país, con falda de percal, con labores blancas, blusa negra y delantal de percal”. “Falleció en el Regato de las Marquesas, el día 12 de agosto [de 1936], a consecuencia de heridas de arma de fuego” y fue “enterrada en el cementerio de La Somada” (act. def., 13/08/36). La ASMJ identifica a esta desconocida como Sinforosa López Gómez, de 65 años, natural y vecina de Molinillo, casada con Santiago LópezDos hijos del matrimonio también fueron asesinados (supra). 

 

La aludida monografía sobre La Alberca de Manuel Mª. de los Hoyos permite comprobar otras circunstancias o deducir la muerte de alguna otra víctima, muy lejos de la cifra de 19 asesinados en total que, según la misma fuente, hubo en este pueblo tan mariano 

 

“(…) Prontamente hicieron su aparición en el pueblo, los camiones que efectuaban la limpia de los elementos directores de la extrema izquierda. Irrumpió enérgica la época de los fatídicos paseos, lamentable desde luego. En la Alberca fue, sin duda, esta reacción la más intensa de la Sierra, acaso por haberse enrarecido más el ambiente, por la mayor obcecación de los elementos avanzados y por la significación del pueblo en la provincia. A ello contribuyó indudablemente algún otro detalle, que aún no es apto para la publicidad, pero de mucho peso” (Hoyos 1946: 354). 

Gregorio Cilleros Sanz (a) “Cachonal”, hijo de Manuel y Benita, de 43 años, casado con Petra Gómez Sánchez, padre de cinco hijos menores de edad. Falleció en su domicilio el 12 de agosto de 1936, “a consecuencia de disparos de arma de fuego”, “enterrado en el cementerio de La Somada” (act. def. 13/08/36). Habría sido tiroteado con anterioridad en El Cabaco, de donde volvió andando unos 5 km. Según cuenta Hoyos, llegó exhausto a la puerta de su casa, sin fuerzas para llamar. Los derechistas locales que montaban la guardia, después de oír los disparos, decidieron efectuar una ronda por las calles en la que descubrieron al moribundo. Entre dos de ellos consiguieron subir a Gregorio a su mísera vivienda, lo metieron en la cama y, después de una discusión, uno de ellos aceptó ir a avisar al médico, que reconoció al herido, apreciando varias heridas, una de ellas mortal de necesidad: “(…) Uno de los tiros le había entrado junto a la tetilla izquierda, con orificio de salida por la espalda”. Los derechistas convencieron al moribundo para que se confesara con un sacerdote. Esta “reconciliación” es para el P. Hoyos una prueba admirable de los “¡inescrutables designios de la Providencia!” La crónica del P. Hoyos no encuentra admirable, ni siquiera menciona, el milagro cotidiano que tendría que hacer Petra Gómez para alimentar a los cinco huérfanos menores de edad que los ejecutores de su marido le dejaron. Según el alcalde José Mª Hoyos, salieron con vida del tiroteo otros tres albercanos, cuando entregados por la Guardia Civil, eran “conducidos” por falangistas a la Comandancia Militar. 

 

La mayor parte de los albercanos fueron sacados el día 12 de agosto para el Canchal de la Fuente del Canto, término de Nava de Francia, como ya señaló el mismo Hoyos (1946: 355):   

 

“Se fusilaba, por lo general, en la desviación de la carretera a la Nava, en un lugar denominado el Canchal. En la soledad y silencio de la noche repercutía en el pueblo, imponente y tétrico, el eco de las descargas, con la consiguiente y profunda impresión de los vecinos”.  

 

Todos ellos fueron enterrados en el cementerio de dicho pueblo, según consignan las actas de defunción que llevan fecha del día siguiente (13/08/36, ASMJ):   

   

Paulino Becerro García, de 42 años, hijo de Luis y Paula, jornalero, casado con Juana González Barrado.  

Manuel Guinaldo Mancebo (a) “Potrico”, de 39 años, hijo de  Laureano y Teresa, casado con Florentina Martínez Luis, jornalero, casado con Florentina Martínez Luis, padre de dos hijos menores. 

Jesús Hernández Cilleros, de 52 años, hijo de Martín y Josefa, jornalero, casado con Victoria Salgado Angulo, padre de dos hijas. 

 Víctor Martín López (a) “El Niñete”, de 31 años, hijo de Pedro y Bonifacia, jornalero, STT, casado con Eustaquia Sánchez Sánchez, padre de dos hijos menores.  

Santiago Muñoz Barés, de 39 años jornalero, casado con Julia Becerro Martín (y por tanto cuñado de Ángel Becerro), padre de tres hijos menores.  

Leoncio Rodríguez Martín, de 38 años, jornalero, casado con Nieves Pies García, padre de dos hijos menores. 

José Manuel Sánchez García (a) “Hijo del Capi”,  de 20 años, soltero, jornalero. 

Nicolás Simón Hernández, de 51 años, hijo de Antonio y Matea, jornalero, casado con Juana Hernández Maíllo (y por tanto cuñado de Faustino Hernández), padre de dos hijas menores. Era el alcalde republicano. Sin identificarlo nominalmente, el P. Hoyos (1946: 355) señala que fue víctima de la perversa aplicación de la “ley de fugas”: “(…) al Alcalde le dieron el paseo, ejecutándolo, según rumor, en el mismo trayecto, al tratar de sublevarse”.  

 

Otros albercanos fueron sacados también el día 12, pero consiguieron salir con vida de la prueba. Fueron eliminados en otra ejecución el día 20 de agosto (cf. Necrologio de La Alberca para este día).

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jue

11

ago

2016

Necrologio (avanzado) de Martiago

Todo parece indicar que los “señores militares” tenían programadas estas sacas dentro de un plan que alcanzó a varios pueblos del ámbito comarcano, con matanzas masivas en La Alberca (12/08/36) y Robleda (13/08/36) o con eliminaciones individuales, como en Martiago (12/08/36). Se avanza aquí el necrologio de este último pueblo, que incluye el asesinato de una víctima directa de la represión la muerte de dos “indirectas”:  

 

Cipriano Hernández Vegas, de 39 años de edad, jornalero, presidente de la Sociedad Obrera, casado con Cristina Durán Sánchez, padre de dos hijos menores. Falleció el día 12 de agosto de 1936 en “despoblado”, a consecuencia de “disparos de arma de fuego” y fue enterrado en el cementerio de El Bodón (RCEB, act. def. 13/08/1936, Iglesias 2008a). Se había señalado por el intento de roturación de la dehesa comunal dentro de los proyectos de reforma agraria. 

  

La falta de control de las armas de que, en este caso, era portador un ex soldado, causó dos víctimas mortales: su antigua novia y él mismo. 

Juan Francisco Vicente Manchado, de 25 años, hijo de Aureliano y Julieta, ex soldado inútil para el servicio, soltero. Falleció en el Hospital Provincial (12/07/38), sin especificación de la causa (extracto act. def., C 2185/1937: f.36). Fue procesado, a consecuencia del asesinato pasional cometido (15/08/37) en la persona de su ex novia y a la que pretendía cortejar, María Calvo Sánchez, sobre la que hizo varios disparos con una pistola que había sustraído en el frente, a consecuencia de los cuales falleció. Después disparó contra sí mismo, sin conseguir quitarse la vida, pero quedó ciego. Por estos hechos se le siguió causa por la jurisdicción ordinaria, de la que se desglosó lo referente a la pistola para el procedimiento sumarísimo, cuyo consejo de guerra (22/01/38) lo condenó a las penas de tres años de prisión menor por el delito de tenencia ilícita de armas y a tres meses de arresto y 250 pts de multa por desobediencia grave, sin que se tuvieran en cuenta los argumentos del defensor, según el cual el procesado tenía “muy buenos antecedentes” (C.2185/37). 

Hubo varios martiagueses que fueron víctimas de las otras formas de represión:  

- 7 detenidos o presos (dos de ellos también multados) 

- un maestro depurado 

 

Natural de Martiago era Maximiano Vallejo Casado, de 20 años, hijo de Pedro y María Laurentina, estudiante, afiliado a las Juventudes Socialistas Unificadas. Consiguió evitar los primeros envites de la represión en Salamanca, fugándose a su lugar natal, adonde lo fueron a buscar los ejecutores para una saca fallida en el Risco de Martiago (aledaños del puente del río Águeda). Fue procesado en Salamanca con otros 25 vecinos de Salamanca (P.Sum.512/36). El consejo de guerra (28/11/36) falló cinco penas de muerte. Maximiano fue condenado a 20 años de prisión, que le serían rebajados a seis, que en parte cumplió en la prisión de Burgos. 

 

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mié

10

ago

2016

Las primeras sacas domiciliarias y carcelarias de Ciudad Rodrigo. Ángel Iglesias Ovejero

En Ciudad Rodrigo no se puede poner fecha segura a determinadas sacas domiciliarias o carcelarias, dada la incierta cronología de los testimonios orales, que señalan el asesinato primero fallido y después consumado de Tomás Fraile Fraile hacia el dos de agosto, cerca del pantano del Águeda; o la de algún otro mal identificado, como un “hermano de Justo Pata”, Manolo “El Cojo”, que por esta razón no hemos incluido en el cómputo definitivo de víctimas mirobrigenses. Pero este último, casi con seguridad, sería “El Confitero”, hallado cadáver en el término de Castillejo de Martín Viejo  (croniquilla del día 6 de agosto), pues informantes fiables señalan que “El Cojo” era dueño de un puesto de caramelos, con el que se desplazaba a las ferias de los pueblos. Debido a su cojera, “fue sacado a rastras por la puerta de la Colada”, siendo asesinado por Saelices el Chico y Castillejo de Martín Viejo (CR 2009). 

Las actas de defunción, aunque laboriosas y erráticas, registran la identidad de varios vecinos mirobrigenses, “detenidos por señores militares” el 9 o el 10 de agosto y eliminados casi con seguridad en la noche de este día para el día 11, en que fueron hallados cadáveres, aunque podría haber desfase de un día antes o después en algún caso. Fueron sacados por parejas o en grupo y entre ellos hubo algunos concejales mencionados en el necrologio de ediles, al que se remite, llegado el caso. 

Junto al cadáver del edil Eugenio Cerezo (necrologio de la corporación municipal mirobrigense, día 30 de agosto) apareció el de otro vecino de Ciudad Rodrigo: 

 

José López Rodríguez (a) “Garabayo”, de 32 años, sin constancia de filiación, tabernero, vendedor ambulante, casado, pero con su cónyuge y eventual descendencia sin identificar. El 27 de julio lo llamó a declarar el juez de instrucción. Falleció en La Giera, cerca de La Caridad y fue enterrado en el cementerio municipal de Ciudad Rodrigo, sin que se consignen en el acta de defunción otros datos (RCCR, 12/08/1936), pero de ella se deduce que debió de ser asesinado en la madrugada del día 11 de agosto. Según el reconocimiento del cadáver por parte del médico forense (11/08/36), la muerte sería anterior a dicho día 11 (AMCR), pero como en el caso de Luís Hernández, no parece que estas apreciaciones haya que tomarlas al pie de la letra. 

  

La misma noche, en la ejecución inicialmente fallida del concejal Ángel López (a) “El Carracedo”, sucumbieron sus compañeros de saca, Silvestre López López (a) “El Mora” y un Desconocido para él, que sería uno de los otros tres mirobrigenses cuyos cadáveres aparecieron flotando junto al Puente del Águeda en el lado opuesto del yacimiento prehistórico de Siega Verdesiendo enterrados en el cementerio de Castillejo de Martín Viejo  (actdef. 12/08/36):  

 

Antonio García Herrero, vecino de Ciudad Rodrigo, sin indicación de edad, naturaleza, filiación, profesión, estado civil, situación familiar, fecha y lugar de detención; “falleció en las aguas del río Águeda [término municipal de Castillejo de Martín Viejo], el día se ignora [10 u 11/08/36], a consecuencia de muerte violenta y disparos de arma de fuego (…)” y su cadáver recibió sepultura en el cementerio de este pueblo (C.545/37: 4vº). En enero de 1937, confirma esta identificación nominal en el juzgado de Ciudad Rodrigo su padre, Luciano García Martín, de 73 años, casado, empleado municipal, vecino de dicha Ciudad (07/01/37), de cuyo testimonio se deduce que fue detenido por el alférez Ernesto Bravo (“un militar que se hallaba en esta ciudad”) y el pretexto para la saca que afectó a su hijo y sus compañeros de infortunio fue un traslado a Salamanca. 

Vicente Díaz Sáez (a) “El Jabonero”, vecino de Ciudad Rodrigo, sin indicación de edad, naturaleza, filiación, profesión, estado civil, situación familiar, fecha y lugar de detención; falleció en idénticas  circunstancias y fue enterrado en el mismo lugar que Antonio García (C.545/37: 6). En enero de 1937, lo identifica nominalmente en el juzgado de Ciudad Rodrigo su padre, Eulogio Díaz Martín, de 64 años, casado, jornalero, vecino de dicha Ciudad (08/01/37), según el cual fue detenido “por unos señores militares de esta ciudad 

Ángel Cerezo Hernández, vecino de Ciudad Rodrigo, sin indicación de edad [39 años], naturaleza, filiación, profesión, estado civil, situación familiar, fecha y lugar de detención; falleció en idénticas  circunstancias y fue enterrado en el mismo lugar que Antonio García (C.545/37: 5). En enero de 1937 lo identifica nominalmente como Eugenio Cerezo Hernández en el juzgado de Ciudad Rodrigo su viuda, Amparo Cuadrado García, de 38 años, de profesión sus labores, vecina de dicha Ciudad (07/01/37). Pero en el auto del juez Fausto Sánchez, se refiere a Ángel Cerezo Hernández (C.545/37: 24). Existe, pues, cierta confusión, entre los hermanos  Ángel y Eugenio Cerezo Hernández, aunque el primero sería el que apareció cadáver en el Puente del Águeda, enterrado en el cementerio de Castillejo de Martín Viejo.  

Silvestre López López  (a) “El Mora”, vecino de Ciudad Rodrigo, sin indicación de edad, naturaleza, filiación, profesión, estado civil, situación familiar, fecha y lugar de detención; falleció en idénticas  circunstancias y fue enterrado en el mismo lugar que Antonio García (C.545/37: 5). En enero de 1937, lo identifica nominalmente en el juzgado de Ciudad Rodrigo su madre, Manuela López Antón, de 64 años, viuda, de profesión sus labores, vecina de dicha Ciudad (08/01/37), según la cual “por orden de unos señores militares le dijeron que se presentara en la Comisaría de Vigilancia de esta Ciudad, lo que así efectuó, donde estuvo seis días detenido y después se le halló cadáver en el término de Castillejo de Martín Viejo” (f. 23). 

 

Otros dos vecinos de la Ciudad fueron eliminados en estas fechas:  

Luis (o ¿Denis?) Hernández Rodríguez, de 24 años, soltero, enterrado en el cementerio municipal de Ciudad Rodrigo, sin que se consignen en el acta de defunción otros datos (RCCR, 12/08/1936), aunque de ella se deduce que debió de ser asesinado en la madrugada del día 11 de agosto. Sin embargo, en el reconocimiento del médico forense, fechado ese mismo día 11, se considera imposible la autopsia debido al “estado de descomposición” del cadáver y para autorizar el enterramiento estima que la muerte “parece ser data de más de 24 horas” (AMCR), y por tanto sería anterior a tal fecha, pero la fiabilidad de los detalles de estos trámites resulta escasa. 

Andrés González Gorjón (o con probable error en el orden de apellidos, Andrés Gorjón González, en el RCCR), de 39 años, casado con Purificación Hernández, padre de un niño al menos (Proc./CR abr.38: 2), enterrado en el cementerio municipal de Ciudad Rodrigo, sin que se consignen en el acta de defunción otros datos (12/08/1936). Pero de ella se deduce que debió de ser asesinado en la madrugada del día 11 de agosto. Con toda probabilidad, se trata de la misma víctima que, con error de lectura en un apellido, en dicho día registran López y Delgado (2007: 170): Andrés González Gordón. Esta víctima a su vez lleva los mismos apellidos (con el probable error de lectura en GORDÓN) que otra persona, cuyo cadáver apareció tres semanas más tarde en Zamarra (02/09/36): Ángel González Gorjón (croniquilla del 6 de agosto). 

 

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mar

09

ago

2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936. Siguen las sacas domiciliarias y carcelarias en el entorno de Ciudad Rodrigo. Necrologio de la primera tanda

Los registros domiciliarios y las detenciones que los testimonios orales señalan por estas fechas en varios pueblos, cuando las víctimas elegidas no pudieron esconderse o fugarse a Portugal, más tarde o más temprano terminaron en ejecuciones extrajudiciales, que se intensifican por estas fechas. El día 9 de agosto aparecieron dos cadáveres entre los kilómetros 62 y 63 de la carretera de Salamanca (dehesa de Castillejos, término de Martín de Yeltes), que debían de ser los de los bodoneses Ángel ACOSTA y Agustín PINO, aunque no se puede excluir que en lugar de éste se tratara de Feliciano GALÁN, según el acta de defunción eliminado en el término de La Fuente de San Esteban (ver necrologio del 11 de septiembre).

Debido a la escaramuza del día 19 de julio y a los intentos de aplicación de la reforma agraria en la primavera anterior, la represión cruenta e incruenta de El Bodón fue extensa e intensa. Se inició con la proclamación del estado de guerra, se prosiguió con las detenciones del mes de julio (croniquilla del 27 julio) y las muertes que aquí se describen y alcanzó hasta después de la guerra con procesamientos, prisiones, depuraciones y sanciones por “responsabilidad civil”. En total se han identificado varias decenas de bodoneses represaliados:

 

* 18 víctimas mortales y varios forasteros asesinados en su término

* 3 víctimas mortales “indirectas”

* 14 detenidos y presos (informados y procesados)

* 4 depurados (dos de ellos también presos)

* 4 sancionados o embargados (dos de ellos también detenidos / presos), seguramente fueron más numerosos.

 

En otras croniquillas se ofrecerán detalles. De momento ofrecemos el necrologio de la primera tanda de El Bodón:

 

Ángel ACOSTA BARRAGUÉS, de 52 años de edad, hijo de Cesáreo y de Santiaga, guardia civil retirado, casado en segundas nupcias con Juana Galán Gutiérrez, con quien tenía una hija, después de haber estado casado en primeras nupcias con Petra Galán Gutiérrez, de cuyo matrimonio le quedaban tres hijos; falleció, por “herida de arma de fuego”, en el término de Martín de Yeltes el día 9 de agosto de 1936, en cuyo cementerio fue enterrado (act. def. 09/08/36, RCEB, act. def. 02/04/40). Hoy se puede afinar y confirmar casi con seguridad que fue asesinado la noche del 8 de agosto de 1936 en el la dehesa de los Castillejos, donde apareció su cadáver junto a otro entre los kilómetros 62 y 63 de la carrera de Salamanca a Ciudad Rodrigo, término de Martín de Yeltes, donde se registró como DESCONOCIDO. En su vestimenta se encontraron las iniciales de su nombre y primer apellido, “A.A.”, de donde se puede deducir su identidad nominal. Era suegro de Serapio MONTERO, que también se creyó asesinado entonces, según se deduce de las actas y confirman los testimonios, aunque de hecho fue víctima de la saca carcelaria del 11 de septiembre (Iglesias 2008a).

Agustín PINO SÁNCHEZ, de 28 años, natural de Alberguería de Argañán, hijo de Ignacio y de Cristeta, jornalero, presidente de la Sociedad Obrera (STT), casado con Teresa

Pérez Zamarreño, de cuyo matrimonio le quedaba una hija, falleció en “despoblado” el día 9 de agosto de 1936, la causa “no consta”, fue enterrado en el cementerio de Sancti-Spíritus (RCEB., act. def. 08/01/43, “a instancia de la viuda”). A pesar de estos datos oficializados, no puede descartarse que su cadáver fuera el del DESCONOCIDO que se halló en los Castillejos (Martín de Yeltes), junto al de Ángel ACOSTA, a no ser que su descripción corresponda a la de Feliciano GALÁN. Quizá sea la misma persona que Gonzalo Pino Sánchez (a no ser que fuera un hermano), regidor de la comisión gestora nombrada por el gobierno provincial del Frente Popular (AMEB, act. ses. 12/03/1936), varios de cuyos miembros serían asesinados (Iglesias 2008a).

Feliciano GALÁN RODRÍGUEZ, de 45 años, hijo de Juan José y de Rogelia, jornalero, electricista, casado con Valentina Medina Hernández, sin hijos, falleció en Fuentes de San Esteban el día 16 de agosto de 1936, a consecuencia de “heridas de arma de fuego”, sin constancia del lugar donde fue enterrado (RCEB, act. def. 22/12/40, “a instancia de la viuda”). No se puede excluir que fuera eliminado en la misma fecha y lugar que Ángel ACOSTA, término de Martín de Yeltes, en cuyo cementerio habría sido enterrado, a juzgar por testimonios orales (Iglesias 2008a).

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08

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2016

Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936. La aplicación sistemática de la represión en Ciudad Rodrigo y su entorno. Necrologio de Saelices el Chico

La aplicación sistemática de la represión, programada en las “instrucciones” previas, los “bandos” del mes de julio y las “órdenes” posteriores de los mandos sublevados, pronto dejó evidencias de su eficacia. Al tiempo que se proseguían las detenciones por orden militar y sin ella, los cadáveres de personas conocidas o “desconocidas” empezaron a aparecer en el entorno inmediato o no muy lejano de Ciudad Rodrigo casi a diario entre el 8 y el 17 de agosto: Saelices, Sancti-Spíritus, La Alberca, Casillas de Flores, Robleda, El Maíllo, etc. (Croniquilla del día 6).

El 8 de agosto en la dehesa de Majuelos se hallaron los cadáveres de los mencionados Aquilino MATEOS y Santiago SÁNCHEZ PEINADO, vecinos de Saelices y directivos de la STT (croniquilla del pasado día 19 de julio). Según una lápida del cementerio de Casillas de Flores, el 8 de agosto fue “víctima de la guerra” José Mª MOREIRO, alcalde republicano, pero en tal fecha quizá se tratara solamente de un intento fallido de detención y fuera realmente eliminado el día 13 (necrologio publicado el pasado 16 de julio), como en Navasfrías la del alcalde León Almaraz y del concejal Ángel Ramos. En todo caso, Aquilino MATEOS y Santiago SÁNCHEZ son los primeros ejecutados extrajudiciales registrados en los aledaños de Ciudad Rodrigo. Estos directivos del Sindicato de la Tierra y Oficios Varios (STT) fueron señalados como líderes de una lapidación sufrida por el coche de los guardias civiles que iban a concentrarse en Ciudad Rodrigo al caer la tarde del día 19 de julio. Los agentes repelieron la agresión con descargas de fusil, pero no hubo entonces muertos ni heridos. El incidente fue calificado de “asalto” en la información militarista. Aquilino y Santiago fueron víctimas expiatorias que sirvieron de escudos a otros implicados y su muerte se añadió a las de los mencionados Eusebio GARDUÑO, Martín CENIZO, ejecutados por sentencia de consejo de guerra, y Epifanio CEJUDO, víctima de una saca carcelaria en Salamanca (croniquilla del pasado 19 de julio). Todos los otros socios de la casa del Pueblo o sospechosos de serlo fueron procesados, castigados algunos con prisión y otros absueltos.

Se ha identificado casi una veintena de vecinos represaliados, algunos por partida doble:

* 5 víctimas mortales

* 12 detenidos y presos (informados y procesados)

* Un ejecutado y tres condenados o detenidos en prisión fueron multados de modo redundante.

 

Las autoridades locales hasta ahora no han dejado constancia de reconocimiento alguno de estas víctimas, ni siquiera de las que fueron asesinadas. Aquí se aspira a compensar esta vergonzosa desmemoria, detallando la identificación nominal y socio-profesional del necrologio republicano de Saelices el Chico:

 

Aquilino MATEOS BLANCO, de 40 años de edad, hijo de Rafael y Rosalía, jornalero, casado con Cecilia Sagrado, con quien tenía 4 hijos; asesinado “por fuerzas al servicio del movimiento militar” a las 21 horas del día 7 de agosto de 1936, en el sitio de Majuelos, término de Saelices el Chico, en cuyo cementerio fue enterrado (Sum. 153/36, act. def. 13/08/36, ASMJ).

Santiago SÁNCHEZ PEINADO, de 42 años de edad, hijo de Agapito y Cristina, jornalero, vicepresidente de la STT, casado con Eufemia Calvo Sánchez, padre de 5 hijos; fue asesinado y enterrado en las mismas circunstancias que Aquilino MATEOS (Sum. 153/36, act. def. 13/08/36, ASMJ).

Eusebio GARDUÑO ALONSO, de 35 años de edad, hijo de Sebastián y de Regina, jornalero, socio de la Casa del Pueblo, “gestor socialista”, casado con Mariana Sánchez Zamarreño, padre de 6 hijos; fue detenido en Saelices y preso en Ciudad Rodrigo, en cuya cárcel ingresó como “detenido [militar]” el día 20 de julio de 1936, con salida el mismo día (Desaparecidos) y destino a la prisión provincial (21/07/36), para ser procesado; condenado a muerte en consejo de guerra (21/08/36), ejecutado (30/08/36) y enterrado en el cementerio de Salamanca (J.Sum. 265/36). En 1980 su viuda, Mariana Sánchez, con residencia en Portugalete (Vizcaya), presentó una solicitud de amnistía y antecedentes penales, que, con la aprobación del Auditor (Valladolid, 13/06/80), le sería concedida por el Capitán General de la 7ª Región Militar (Valladolid, 17/06/80) (J.Sum. 265/36).

Martín CENIZO CALDERERO, de 44 años de edad, hijo de Santiago y de Andrea, jornalero, “gestor socialista”, militante “en el [Sindicato de] Trabajadores de la Tierra afecto al Partido Socialista”, casado con Celedonia Sánchez, padre de 2 hijos. Fue detenido en Saelices y preso en Ciudad Rodrigo, en cuya cárcel ingresó como “detenido [militar]” el día 20 de julio de 1936; después siguió los mismos avatares carcelarios y procesales que Eusebio GARDUÑO, incluidos la condena a muerte, ejecución y enterramiento en el cementerio de Salamanca (J.Sum. 265/36).

Epifanio CEJUDO CEJUDO, de 35 años de edad, natural de Tordomar (Burgos), hijo de Restituto y de Santas, peatón de correos, militante “en el [sindicato de] Trabajadores de la Tierra afecto al Partido Socialista”, casado con Cipriana Huerta Maeso, padre de 4 hijas. Fue detenido en Saelices y preso en Ciudad Rodrigo, en cuya cárcel ingresó como “detenido [militar]” el día 20 de julio de 1936; después siguió los mismos avatares carcelarios y procesales que Eusebio GARDUÑO, condenado a 30 años de prisión en el mismo consejo de guerra (21/08/36); “en fecha del 12 de diciembre de 1936 fue entregado a la fuerza pública para su conducción a la Prisión Central de Burgos”, adonde nunca llegaría, sin duda víctima de una saca carcelaria. Después de pesquisas inútiles del juez militar Juan Rodríguez Somoza, en 1943 y 1944, para anunciarle la conmutación de la pena de 30 años de prisión por la de 12 años (01/06/43), en su pueblo de origen (Tordomar, Burgos) los testimonios revelaron que sus familiares (20/04/44) “creen desapareció en Salamanca el año 1936 cuando el Glorioso Movimiento Nacional” (J.Sum.265/936).

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