La exposición sobre el fuerte de San Cristóbal y los presos de la zona mirobrigense afectados por la fuga del 22 de mayo de 1938

Entre el 24 y el 31 de este mes está prevista una exposición sobre el fuerte de San Cristóbal en la Casa Municipal de Cultura de Ciudad Rodrigo, a cargo de “Foro por la Memoria” y que coordina a nivel local Susana Luengo (Farinatos por la Memoria). Esto da pie para recordar a algunos comarcanos mirobrigenses que estuvieron presos e incluso uno de ellos sucumbió allí. En dicho establecimiento penitenciario de Pamplona, sito en el monte Ezkaba, en mayo de 1938 había 2.497 reclusos, en su mayoría republicanos. Algunos de ellos habían planeado una fuga, que 795 presos pusieron en ejecución el 22 de dicho mes, con intención de pasar a Francia, destino que solamente lograron alcanzar tres fugados. Por lo general la aventura, por falta de previsión y diversas razones, se terminó de mala manera para muchos: 585 fueron capturados (400 de los cuales murieron de hambre), 207 fueron muertos en el campo en aquella descomunal cacería humana (como sucedió en las detenciones y sacas sangrientas) y 17 fueron procesados, 14 (o 16) de los cuales fueron ejecutados públicamente en Pamplona (08/09/38), por sentencia de consejo de guerra (como sucedió en las parodias jurídico-militares de los sumarísimos de Salamanca). Algunos muertos de este centro penitenciario fueron enterrados en un cementerio habilitado junto al Fuerte, donde los antropólogos de la sociedad Aranzadi han exhumado los restos de poco más de media docena. Al parecer, su nombre y otros datos figuraban en un papelito introducido por el capellán de la prisión, José María Pascual, en sendas botellas, pero solamente se han recuperado los de algunos. Estos detalles, según anuncia el programa, se podrán comprobar y ampliar en esta exposición durante la visita guiada de hoy día 24 y en la conferencia de Félix Sierra el día 26 (para la fuga en general, se puede consultar el libro del mismo Félix Sierra e Iñaki Alforja, Fuerte de San Cristóbal, 1938. La gran fuga de las cárceles franquistas, Iruñea, 2006 [1990]).

En la fecha de la fuga había tres presos de la comarca de Ciudad Rodrigo, que en dicha prisión cumplían condenas impuestas por consejos de guerra celebrados en Salamanca. Dos de ellos participaron en la escapada, con diversa fortuna, y el tercero se abstuvo o no le dio tiempo de tentar la odisea. Los dos primeros eran vecinos de Villar de Ciervo.

 

Emiliano PIZARRO FERREIRA, de 38 años, jornalero, socio de la STT, concejal republicano, casado con Ángela Zamarreño (croniquilla del pasado 16 de septiembre). Murió en la fuga.

Valentín LORENZO BAJO, de 36 años, hijo de Domingo y Josefa, jornalero, secretario de la Sociedad de Trabajadores, casado con Sabina Lorenzo. Fue procesado (C.884/36) y condenado a 12 años y un día de reclusión, que cumplía en la prisión de Pamplona desde el 26 de junio de 1937. Valentín fue uno de los tres afortunados fugitivos que, como él mismo tuvo ocasión de contar, después de casi diez días de camino, consiguió llegar a Francia (31/05/38), donde su aventura tuvo un largo recorrido. Antes de terminarse la guerra civil volvió a la zona republicana. Cuando ya era inminente la derrota en Cataluña tuvo que conducir una columna de 2.000 prisioneros hasta Figueras y después exiliarse a Francia (07/02/39), donde conoció el régimen de los campos de concentración en Argelès-sur-Mer (Pirineos Orientales). Luego se enroló en una compañía de trabajadores en Meyssac (Corrèze) y más tarde

fue obligado a integrarse en un cuerpo de trabajadores para la Alemania nazi (14/04/43), pero le alcanzaron los efectos de un bombardeo inglés en Burdeos (17/05/43) y tuvieron que amputarle una pierna. Se asentó en esta ciudad, donde pudo rehacer su vida familiar hasta que murió en 1986 (referencias en Iglesias 2016a: 655).

El tercer preso comarcano de Ciudad Rodrigo era un antiguo carabinero, enviado a otro destino primero y después procesado (C.925/36, Iglesias 2016a: 315):

 

Eloy ULLÁN BOTE, de 45 años, natural de Saelices el Chico, carabinero con destino en Carpio de Azaba, después trasladado a Salamanca, casado con María Álvarez, sin constancia de la eventual descendencia. Tenía una hermana (María Paz) casada con Eladio RIVERA HUERTAS, una de las víctimas de la saca carcelaria de Ciudad Rodrigo el 16 de diciembre de 1936 (croniquilla prevista). En agosto de 1936 fue destinado a Salamanca, debido a una denuncia de la gestora militarista de Carpio de Azaba, donde era comandante del puesto, acusado de izquierdismo, al igual que sus compañeros Valentín Vicente y Juan Moreno (Inf.CdA/37). En Salamanca (01/10/36) lo denunció Sebastián Martín Pérez, sargento de la Guardia Cívica, por un desliz verbal y presuntamente por un desaire, en una discusión sobre las competencias de cada uno, cuando ambos prestaban servicio de noche cerca del Puente Romano. En la Comandancia de Carabineros lo apoyarían en el sentido de que Eloy y otro compañero cumplían un servicio específico de reconocimiento de vehículos y viajeros, que no incumbía al Sargento, pero la denuncia surtió su efecto. Detenido al punto en la citada Comandancia (01/10/36), no hizo falta siquiera rastrear en los antecedentes izquierdistas del Carabinero, cuyas repetidas explicaciones sobre las motivaciones de amor propio del Guardia Cívico no convencerían a los jueces instructores. Pronto dictaron auto de procesamiento y poco después de elevación a plenario (28/10/36), cuando Eloy ya había sido trasladado al cuartel de Caballería de Calatrava. En el consejo de guerra (21/11/36), presidido el coronel Pedro Sánchez Sánchez, la sentencia fue consecuente con la petición del Fiscal, 30 años de reclusión, por “adhesión a rebelión militar”, con expulsión inmediata del Instituto. La pena le sería conmutada (10/06/43) por la de seis años y un día de cárcel, que cumplió en la prisión provincial de Salamanca y en la de Pamplona (18/01/37). Su nombre aparece en el listado de los 4.943 presos de la prisión del fuerte de San Cristóbal, con el nº 558 de la relación de 1936-1940. No habiendo querido o podido participar en la fuga, salió de allí en libertad condicional (31/05/42) antes de la conmutación de pena.

No hay constancia de que hubiera víctimas mortales entre los vecinos de Carpio de Azaba. Sin embargo se registra el hallazgo de un CADÁVER en el Canto Hincao, dehesa del Manzano, ayuntamiento de este pueblo (C.463/37). Seguramente no sería el único, pues según testimonios de El Bodón, en dicho paraje aparecieron cadáveres algunos DESCONOCIDOS en la época de la recogida de la bellota, es decir ya bien avanzado el otoño de 1936 (EB 2006). Por otro lado, es posible que algún vecino, si no fue asesinado, no estuvo lejos de serlo, pues del compañero sentimental de Balbina Lorenzo Martín se dice en un procedimiento previo contra ésta que: “fue detenido a principio del Glorioso Movimiento Nacional y se tiró de la camioneta en que era conducido” (P.prev.CdA/38: f. 1).

Todo parece indicar que en este pueblo cercano a la cabecera del Partido, donde no se comprueban conflictos llamativos en la primavera de 1936, la represión se orientó casi desde el inicio del Alzamiento por la denuncia y la vía de la justicia militar. La proximidad permitía el desplazamiento de los líderes del Frente Popular, sobre todo los del emergente partido de Izquierda Republicana. Los vecinos que no podían actuar directamente, como los citados carabineros, lo hacían a través de sus esposas, según los

represores. De modo que en Carpio se comprueba otro motivo recurrente en las denuncias: los cónyuges resultan siempre sospechosos de simbiosis política. A finales de julio de 1936 entraron en la cárcel mirobrigense Emilio Hernández, antiguo oficial de prisiones, y Esteban Arroyo García, alcalde republicano, socios fundadores de Izquierda Republicana en dicha localidad, entre cuyos simpatizantes también se incluía a la esposa del primero, María Matos Maderal, maestra, que sería cesada en el cargo.

La “limpieza política”, que ya se había iniciado en 1937 por la vía gubernativa, para sancionar la “responsabilidad civil”, de la que se encargaba la Comisión de Incautación de Bienes por el Estado (CIBE), se prosiguió en 1939 con el Tribunal de Responsabilidades Políticas (TRP). Y así se llega a un total provisional análogo al de otros pueblos cercanos y pequeños; una decena de vecinos afectados por la represión:

-sin víctimas mortales de la localidad

-represión carcelaria: 7

-depurados, cesados: 5 (dos también presos)

-sancionados o embargados: 3 (también presos).

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