Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936. Represión en Campillo de Azaba: la guerra incruenta del maestro Antolín Santos contra el secretario Patrocin

La represión en Campillo de Azaba fue muy similar a la del pueblo comarcano de Ituero (croniquilla del pasado día 19) o, entre otros lugares, la de Alameda de Gardón (que tal vez se describa otro día). En dicho pueblo no hubo víctimas mortales, aunque sí una saca fallida de la que, según testimonios, se libró Joaquín Félix Gómez.  Quizá en esta moderación tuvieran un papel benéfico el párroco Wenceslao Casanueva y los mismos terratenientes, que no parecen haberse ensañado contra los ocupantes y colonos asentados en Martihernando, finca de la que eran dueños proindiviso Isabel Angulo Rodríguez del Toro (marquesa viuda de Peñaflor) y Álvaro Pérez de Barradas Fernández de Córdoba (marqués de Bay) y arrendatarios Juan Cobaleda y su cuñado Atanasio Fernández, a pesar de la dura batalla legal que habían mantenido unos y otros (Iglesias, Represión franquista: 216). Como había explicado el secretario del ayuntamiento, Patrocinio Calvo, en un artículo de El Adelanto en 1933, esta finca de 2.077 ha ocupaba la mayor parte de la superficie cultivable del pueblo. Así que casi todos los vecinos eran aspirantes a los asentamientos previstos en ella según los planes del Instituto de Reforma Agraria. Patrocinio luchaba por la aplicación de esa reforma, aunque no era ningún ácrata revolucionario, pues presidía el Sindicato Agrícola Católico local. Pero se vio envuelto después del Movimiento en las denuncias contra él mismo y sus adeptos, antiguas autoridades republicanas y socios obreristas, por parte del maestro Antolín Santos y sus partidarios. No obstante, probablemente la beligerancia entre estos dos funcionarios no tenía como objetivo la eliminación física de adversarios, sino que se debía a las veleidades de poder del Maestro que le disputó al Secretario la jefatura de la Guardia Cívica, sin conseguirlo, y se resarció con la de la Falange local. Es un ejemplo interesante de la lucha de clanes en los pueblos de este territorio de la retaguardia franquista, en la que perduraba el caciquismo endémico. La literatura procesal de 1937 y 1938, de paso, revela el intenso rastreo del obrerismo campillejo, dentro del objetivo general del sometimiento de los jornaleros al poder del Nuevo Estado.

Por su abuso de poder y sulfurosa fama, Antolín Santos Alfonso, maestro y jefe de Falange de Campillo de Azaba, fue procesado en 1937 (P.sum.1876/37), pero también estuvo enredado en las informaciones que afectaban a los funcionarios e incluso a personas con cargos en la Falange y a oficiales de los Institutos armados, contra los cuales se instruyó un voluminoso procedimiento sumarísimo (C.2133/37). En 1938 Antolín residía en Terradillos (partido de Alba de Tormes) y se menciona con otros maestros depurados en la zona de Ciudad Rodrigo. La represión de que fue objeto se ha mantenido en la memoria colectiva lugareña, según la cual, “don Antolín era de izquierdas”, después trató de chaquetear, haciéndose pasar por falangista, pero no consiguió librarse de la cárcel, debido a sus antecedentes, ni siquiera con la ayuda que presuntamente le prestara un hermano comisario de Policía Secreta (CadA 2009). Tras la consulta del procedimiento a que fue sometido, se puede describir con más matices el complejo mecanismo en que estuvo envuelta su vida por aquellos años, en la que manifestó un  verdadero afán inquisidor en Campillo, que también se refleja en el procedimiento instruido contra Lorenzo Martín (P.prev.CadA/ma.38).

A primera vista la imagen del maestro de ideas avanzadas, transmitida en la memoria local, parece corresponderse con la que explícitamente se manifiesta en una denuncia del día 21 de septiembre de 1937 que, por conducto de Antonio Cejudo Belmonte, capitán de la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo, se recibió en el Gobierno Civil de Salamanca (P.sum.1876/37: f. 1). En ella se describía al detalle a Antolín Santos, más que como alguien peligroso por su mala conducta e ideas comunistas, como un hombre peligrosísimo, por ser hombre de cultura y ejercer una enseñanza corrosiva, tan antirreligiosa, que en la escuela había llegado a decir e ilustrar gráficamente el concepto de que “es preferible adorar a una encina, que al propio Dios”. Por si esto fuera poco, se había hecho con la jefatura local de Falange, posición desde la cual se permitía amenazar a los miembros de la Guardia Cívica por embarazosos, al alcalde y al Ayuntamiento por no celebrar debidamente los funerales del general Mola, al teniente de alcalde, apuntándole con un revólver, porque no le entregaba tres pistolas con que incrementar el armamento de que ya disponía, 16 escopetas, con las que pensaba equipar a los falangistas y con ellos ser capaz de oponerse a las mismas fuerzas del Ejército. Por añadidura, según la denuncia, había llegado a atracar en su domicilio a una pobre mujer portuguesa, exigiéndole, pistola en mano, que le entregase el dinero en plata que tuviera. En suma, para el vecindario Antolín era un perfecto cacique, un señor de horca y cuchillo, contra el que lógicamente, como antaño los vecinos de Fuenteovejuna, se habían alzado los padres de niños en edad escolar.

De los hechos denunciados por estos vecinos ya había tenido constancia en el mismo pueblo un sargento de la Guardia Civil, Florencio García Corral, comandante accidental del puesto de Campillo, quien el 21 de septiembre había elevado el parte correspondiente a su superior, el mencionado capitán Antonio Cejudo. La presencia accidental en Campillo de este sargento de la Guardia Civil respondía a lo que pasaba en los pueblos sin cuartel de ese Instituto o del cuerpo de Carabineros, donde las fuerzas paramilitares se hacían con el poder absoluto, o se lo disputaban cuando había más de una tendencia entre ellas, como en este caso la Guardia Cívica y la Falange. Antolín había formado parte de la primera, y se había dado de baja para ser investido de la jefatura local falangista, por el jefe provincial de Falange y no sin sorpresa por parte del mismo, en vista de que al comienzo del Alzamiento, Antolín se oponía a la presencia de dicha Milicia por considerarla innecesaria. Este mismo responsable informaba de la posibilidad de que Antolín hubiera votado al Partido Comunista, pero más por fidelidad corporativista que por convicción ideológica, pues el candidato de dicho partido era “un tal Campo Redondo”, inspector de 1ª Enseñanza. El comportamiento imprevisible del maestro lo hacía más peligroso todavía, pues para los militares Antolín sería un verdadero rebelde y, lo que era peor, un rebelde armado y dispuesto a utilizar las armas en contra del Ejército y contra las personas, en beneficio propio, opinión que venían a corroborar varios declarantes.

Todo esto, claro está, era resultado más o menos directo de las denuncias de los enemigos de Antolín, como éste trataría de demostrar, pero de momento su presunto ideario marxista y sus alardes verbales, unidos a la posesión de escopetas y otras armas de fuego, tuvieron consecuencias inmediatas. Dichas armas serían confiscadas en la primera quincena de agosto de 1937, en que Antolín fue destituido como jefe local de Falange, y esta denuncia a fines de septiembre determinaría su arresto y traslado a la cárcel provincial de Salamanca, donde ingresó el 3 de octubre de 1937. Lejos de amilanarse en prisión, Antolín se mostró muy emprendedor en sus declaraciones y empezó a enviar escritos al juez militar en noviembre y diciembre. En sus primeras declaraciones (11/11/37), después de recordar que era maestro de Campillo desde 1931, insistía en que el contenido de sus clases se ajustaba al credo de la Iglesia y a las ideas de orden, de tal modo que, a pesar de las leyes laicas del Gobierno republicano, no había retirado el crucifijo de la escuela, aunque había tenido que entregar al párroco las láminas ilustrativas de la Historia Sagrada. Después del Movimiento los niños de la escuela asistían a las manifestaciones patrióticas. El nombramiento de jefe local de Falange se lo había conferido el jefe provincial de esta agrupación, quien le había entregado las mencionadas escopetas, una vez se produjo su propia baja en la Guardia Cívica. Negaba el incidente con la mujer portuguesa y la denuncia de las autoridades por no haber asistido a los funerales del general Mola, todo ello motivado por su rigor en mantener el nuevo orden y debido a la ojeriza del secretario Patrocinio Calvo y los antiguos ugetistas.

Por entonces envió un escrito al juez, solicitando la presencia de un notario para legalizar documentos, así como el testimonio de varias personas. De tal modo que en su segunda declaración, que es de hecho una reanudación de la primera, diez días después (23/11/37), Antolín ya en estaba en condiciones de presentar documentos que, según él, probaban que las denuncias de que era objeto obedecían a enemistad personal y política de la mayoría del vecindario y particularmente del secretario del Ayuntamiento, relacionados con la antigua Casa del Pueblo. Una rivalidad ideológica y personal que también se daba por parte del alcalde, Vicente Francisco Báez, que a su vez acusaría a Antolín de “asaltar el coche de línea para ocuparle las cantidades que llevaba en plata, si bien luego las entregó en la Alcaldía”  (C.2133/37: f. 199vº). Según el Maestro, además de asuntillos particulares, todo se debía a que él era “entusiasta defensor del Movimiento”, un entusiasmo que tampoco compartía el Alcalde, porque tenía en su propia familia marxistas declarados, sus hermanos Anacleto y Juan Antonio, así como un yerno, Alfredo Martín. Ya en esta dinámica de defenderse con ataques, denunciaba a su vez una serie de actos en que había tenido que dar pruebas de su adhesión al Movimiento, frente a la pasividad de las nuevas autoridades locales: retirada de una bandera tricolor de la tablilla del estanco, disolución de una reunión de marxistas, retirada de letreros y papeles portadores de conceptos contrarios al Movimiento, detención de varios vecinos poco adictos al mismo, entre ello Felipe Fandiño y Saturnino Martín, en vista de la actitud irrespetuosa que manifestaban en las celebraciones patrióticas.

En esta tesitura de querer hacer valer su adhesión al Movimiento y la pasividad de las autoridades municipales, con el Alcalde al frente, señalaba una serie de servicios, como la presión ejercida sobre tres antiguos miembros de la U.G.T, uno apellidado Santiago, Isaac Calzada y Melchor González, para el pago de la cuota a la Comisión Recaudadora, la denuncia de los aludidos comportamientos irrespetuosos en las celebraciones patrióticas y el proyecto de fundar un hospital de sangre, que no se pudo llevar a cabo por falta de médico permanente en la localidad. Al secretario del Ayuntamiento, Patrocinio Calvo, lo acusaba explícitamente de haber ocultado datos sobre los antiguos socios de la Casa del Pueblo. Reconocía que tenía enemistad con el juez municipal, con el teniente de alcalde y con el juez suplente, Lorenzo Fandiño, el primero y el último antiguos afiliados a la U.G.T., así como un yerno del segundo. Todo ello prueba claramente que la adhesión de Antolín al Movimiento no había sido sólo verbal, sino que hizo lo que pudo como represor. Y por si hubiera dudas sobre su ideología y pedagogía sugería al juez que llamara a declarar a una larga serie de testigos. Mientras llegaban los informes que el detenido presumía favorables para su causa, Antolín Santos se defendía por su cuenta desde la cárcel, con el envío de otro escrito al juzgado militar (26/11/1937), en el cual acababa de pintar el paisaje con figuras de la política local. Revelaba quiénes fueron los fundadores y socios principales de la Casa del Pueblo, que no eran otros que sus propios enemigos, sin olvidar de retrotraer también la imagen del antiguo alcalde republicano, Alfonso Casado, que además de prestar su casa para las reuniones de los jornaleros sindicalistas, era cabezalero de la Comunidad de Campesinos y anfitrión de los socialistas notables de Ciudad Rodrigo:

La Sociedad Obrera [fue] fundada por el Ayuntamiento y Secretario, y en la que estuvieron afiliados todos los vecinos del pueblo (...), el concejal Francisco Pérez, tesorero de aquél, el concejal Juan Antonio Francisco, segundo presidente, (...) el  más significado Enrique Félix, todos los demás concejales fueron afiliados, así como el alcalde Alfonso Casado.  El domicilio de éste fue el de la Sociedad y de la Comunidad de Campesinos asentados de que él era el cabezalero; dándole con él banquetes al secretario de Manso, Aristóteles y Gaite, sus amigos (P.sum1876/37: f. 120).

En contraste con sus denunciantes, el encartado exponía al juez que él siempre había estado al lado del alcalde colaboracionista, ahora firmante de la denuncia, con el que había colaborado en las actuaciones derechistas durante las elecciones del año anterior, comportamiento que le había acarreado persecuciones y agresiones de los izquierdistas, Mateo Hernández y Nicolás Méndez, entre otros. Tampoco había lugar a dudas sobre su pronta adhesión al Movimiento, pues enseguida fue nombrado jefe de la Guardia Cívica, vocal de la Comisión Recaudadora de la suscripción nacional para el Ejército y jefe local de Falange, y accesoriamente el vecindario había sido testigo de sus vivas a España, la reposición de la bandera bicolor en la escuela y otras manifestaciones análogas. Todo esto sin olvidar de negar una vez más las acusaciones de la denuncia y de reclamar documentos del archivo municipal y declaraciones de testigos, que se añadirían a otras que, en sentido favorable, le llegarían por aquellos días al juez instructor militar. Precisamente uno de los documentos que reclamaba, “para la garantía de la justicia”, era un justificante o copia de la Comisión Depuradora del Magisterio sobre su conducta como maestro de Campillo de Azaba, lo que accesoriamente prueba que pos estos pagos ya funcionaba tal instancia represora (f. 121).

Todavía a finales de noviembre y principios de diciembre de 1937 seguían llegando al juzgado militar de Salamanca informes desfavorables que, en sustancia, lo calificaban de cacique y manipulador, irrespetuoso y caprichoso, y sus acusaciones contra vecinos eran de  motivación pasional. Pero estas informaciones ya no cambiarían el curso del proceso que empezaba a derivar en el buen sentido para los intereses del maestro encartado. Las declaraciones de los párrocos de Alberguería, Fuenteguinaldo y Espeja, respectivamente Lorenzo Martín Lagar, Florencio Carreño Merchán y  Julián Fernández Ramajo, si no todas era abiertamente favorables, estaban  lejos de avalar la imagen de un ateo convencido, concepto corroborado por otro testigo, un propietario de Espeja, quien manifestaba que “es excelente persona” (f. 139). En el mismo sentido se expresaba también un maestro de Ciudad Rodrigo, Martín Romo Sesnilo, quien insistía en los contenidos y puesta al día de la docencia de Antolín Santos, que había sido presidente del Centro de Colaboración Pedagógica de los Maestros del Partido (f. 136).

Sin duda Antolín Santos, si es que no lo conocía de antes, aprendió a manejarse en seguida por el laberinto de las actuaciones judiciales, aun en el contexto nada favorable de la cárcel, desde la cual (04/12/37) solicitó del juez militar otras diligencias para que declarasen testigos de pueblos colindantes o vecinos de Campillo residentes en otra parte, pues en el pueblo no contaba con muchos amigos. Lógicamente, si en las primeras declaraciones había solicitado a las personas menos sospechosas de laicismo e ideas corrosivas, los párrocos, ahora era preferible el testimonio de personas políticamente marcadas de derechas: Eugenio Sánchez, soldado en Salamanca, el único jornalero joven que no pertenecía a la U.G.T., un vecino de Fuenteguinaldo, “viudo de Doña Clara”, el secretario del juzgado de este pueblo, Severino Baz, antiguo miembro del Requeté, así como una vecina de Campillo y residente en Salamanca, relacionada con el Banco del Oeste, y el secretario de Alberguería, de donde Antolín era natural y de cuyo Sindicato Agrícola había sido presidente fundador su propio padre, Juan Antonio Santos González, ya fallecido. Todo ello, sin desaprovechar la oportunidad de volver a cargar contra su principal enemigo, Patrocinio Calvo, antiguo dirigente de la Casa del Pueblo, que, según Antolín, seguía ejerciendo y manipulando a otros antiguos miembros de tal asociación. De manera que él y su familia eran caciques que extendían su poder al contorno de Ituero y Castillejo de Azaba, donde contaban con el apoyo de los montaraces de las dehesas, todos ellos sospechosos de izquierdistas (f. 140).

Entre los testimonios favorables cabe señalar el de Pedro Santos del Parrado, médico de Ituero, que avala afinidades ideológicas de Antolín Santos con las de Gil Robles, de Velayos y Martínez de Velasco (f. 146). Pero de esas declaraciones una muy pertinente para entrever la significación de los hechos en el contexto local es la de una mujer residente en Salamanca, que corrobora globalmente la versión del Maestro. Josefa Sánchez Martín, antigua vecina de Campillo antes del Movimiento, y como tal conocedora de lo que allí se cocía, pues vivía en frente de la casa del alcalde republicano, Alfonso Casado, en la cual se reunían los socios de la Casa del pueblo, aspirantes al reparto de la dehesa de Martihernando. Entre los asistentes no solía hallarse Antolín Santos, una circunstancia relevante, pues está claro que la divisoria entre propietarios y gente sin tierra, derechistas e izquierdistas, pasaba por la actitud con respecto a este asunto. Por si había dudas, con esto quedaba claro que Antolín no era de izquierdas, cosa que él proclamaba desde la cárcel. Pero la mencionada Juana Sánchez acierta a explicar que el complicado conflicto en Campillo es, a la vez, una cuestión de ideología y de ambición de poder entre Patrocinio Calvo, secretario del Ayuntamiento y jefe de la Guardia Cívica, con afinidades izquierdistas, y Antolín Santos, maestro y jefe de la Falange, de perfiles derechistas, si bien ella adopta una perspectiva favorable para los intereses del encartado.

Antolín Santos, convencido sin duda de la buena marcha de su proceso, solicitó la libertad condicional pocos días después de los mencionados informes (07/12/37), que le será denegada (07/02/38). Finalmente, casi dos meses más tarde, tras del informe del juez instructor (20/01/38), el auditor de guerra acordó el sobreseimiento de la causa y la libertad definitiva del detenido (02/02/38), libertad que éste disfrutaría en Terradillos desde el día que salió efectivamente de la cárcel (07/02/38). Antolín Santos, en vista de la acogida poco amistosa que presuntamente le reservarían los vecinos de Campillo, había solicitado su traslado a dicho pueblo. Esto ya se sabe porque Antolín Santos, se diría, había tomado gusto al papeleo, y envió otro escrito al Auditor (10/03/38), solicitando el desglose de determinados documentos del expediente, los cuales necesitaba para tramitar otros asuntos. Tampoco parece que con el sobreseimiento se hubieran disipado todas las sospechas que inspiraba este personaje contradictorio, pues en su expediente se incluye un informe del Delegado de Seguridad Interior y Orden Público en Salamanca (06/03/38), en el cual se resumen los hechos que le conciernen, concluyendo que es un exaltado, sin un perfil muy marcado de peligrosidad, pero se recomienda se tomen con él “medidas de prevención” (f. 146). De hecho sería de nuevo procesado en 1941, o por lo menos debería haberlo sido, pues en esta ocasión se le dio por desaparecido, según la documentación de archivo manejada por S. López y S. Delgado (2007: 137-138).

A cara descubierta o mediante el presumible pseudónimo de “Linares” (un presunto soldado delator, nunca identificado), Antolín Santos denunció a medio pueblo. Uno de los más perjudicados fue el mencionado Patrocinio Calvo Alba, de 45 años, casado, secretario del ayuntamiento, que fue objeto de una información. Ello fue debido a la denuncia del presunto falso soldado que había sido precedida de otra análoga enviada al general gobernador militar de Salamanca, Manuel García Álvarez, por una  mujer soltera y amiga de Antolín Santos, la mencionada Josefa Sánchez (Inf.CadA/38). El contenido de esta denuncia coincide con el de las acusaciones vertidas por Antolín Santos en su declaración en el proceso casi simultáneamente seguido contra Lorenzo Moreno Gómez (P.prev. CadA/ ma.38). Aunque la firmante de la carta, Josefa Sánchez, ya había declarado en el procedimiento seguido contra el Maestro el año anterior (P.sum1876/37), la denuncia epistolar, además de estar inspirada por el mismo, si no redactada por él y copiada por ella, está más estructurada y contiene especificaciones que no conviene echar en saco roto, sobre hechos y personas, que eran los “extremistas” de siempre, “envenenados” por el “cabecilla” Patrocinio, conforme a la terminología habitual de Antolín.

Según la carta de Josefa, era el Secretario quien “había predicado” el reparto de Martihernando y generado “el foco marxista más homogéneo de la provincia”. En las elecciones de 1931 había conseguido el triunfo para las izquierdas y en las de 1933 y 1936 para el Frente Popular, llegando a darles 123 votos a los comunistas en las de Compromisarios, una verdadera campanada para un pueblo tan pequeño (f. 2). En los primeros tiempos había fundado y organizado la Sociedad Obrera, hacia 1932, la primera de la comarca, dirá después. El mismo Patrocinio era secretario y en la directiva figuraban como presidentes Enrique Félix, comunista, y Juan Antonio Francisco, concejal y juez; entre los socios se contaban: Francisco Pérez, concejal y persona influyente, Alfonso Casado, alcalde, que domiciliaba en su casa la Sociedad, a la que estaban afiliados todos los concejales. La enumeración de los “actos extremistas”, de los que consideraba responsable principal a Patrocinio, remontaban a los primeros años de la República, ocupando dos páginas de la carta, en siete puntos:

1º) Los afiliados de la Sociedad iban a echarse en la finca de Martihernando, exigiendo el jornal, como si hubieran trabajado, y molestando al montaraz, Pablo  González.

2º) Estos socios coaccionaban en las elecciones, ponían carteles marxistas traídos por el secretario y el presidente de la Sociedad; dificultaban la votación de los derechistas, impidiendo la entrada de los que presentaban a sus candidatos, como Gonzalo Santos, de Peronilla (Ciudad Rodrigo), y habían llegado a molestar al propio maestro Antolín Santos, único votante reconocido de las derechas; el alcalde Alfonso Casado y el concejal Francisco Pérez verificaban que los socios votaban a las izquierdas, bajo la tutela de Patrocinio, logrando un éxito que los directivos hacían valer ante Manso.

3º) El secretario Patrocinio se encargaba de que se presentaran en el pueblo de Campillo para hacer su propaganda los izquierdistas más notables, el secretario de Manso [Amador “Milhombres”] y Antolín Núñez, Gaite, Aristóteles González y Cascón, que dieron mítines en la Casa del Pueblo. La víspera de las elecciones de 1933, Patrocinio había participado en un mitin, dado en el ayuntamiento, en el que leyó un artículo publicado por él mismo en “El Adelanto” (19/11/33) sobre Martihernando, y una carta del comunista campillejo Vicente Vicente, oficial de Prisiones.

4º) Entre los atropellos cometidos en las siegas, se cuenta uno en la finca de Manzanillo, cuya naturaleza no se especifica en ningún caso, pero de los que no se siguió castigo para los infractores, porque los defendía Patrocinio en el Jurado Mixto,  con la ayuda de Manso y su secretario [Amador “Milhombres”].

5º) El robo de una vaca a un vecino de Alberguería de Argañán, y su venta en Ciudad Rodrigo, para fondos de la Sociedad Obrera, efectuado por afiliados a ésta; Patrocinio se ingenió para que la responsabilidad recayera sobre dos socios insolventes, Jesús Fandiño y Francisco Félix.

6º) Manifestaciones extremistas con una bandera roja, bordada por la hija de Patrocinio, en las que figuraban como abanderados el alcalde, una hija suya llamada Marina y Lorenzo Fandiño, sacristán, que tiraba los cohetes.

7º) En abril de 1936, se habían efectuado los asentamientos en Martihernando. Con este motivo el Alcalde y el Secretario amenazaron al Maestro, porque éste se oponía a que tal hecho se realizara en el local de la escuela. Entre los 60 asentados había sobre todo amigos y parientes de Patrocinio Calvo, quien, ante el descontento de los vecinos no asentados, los alentó para que solicitaran la otra mitad de la finca, que no se había repartido.

Según la denuncia, para cuando se produjo el Movimiento, Patrocinio Calvo y la Sociedad Obrera habían convertido Campillo de Azaba en “uno de los focos comunistas más importantes”; y entre los afiliados a la Sociedad se contaban vecinos que no eran obreros, como el mismo Patrocinio, Santiago Calzada y Melchor González; Vicente Francisco, alcalde en 1938, no había conseguido que lo admitieran, por su enemistad con el entonces alcalde Alfonso Casado. Después de iniciado el Movimiento, Patrocinio había mostrado su hostilidad, indicando a los asentados de Martihernando que era negativo para los intereses del pueblo. Por ello Campillo seguía siendo desafecto para el Movimiento, sin más que un voluntario para el frente, al tiempo que corría el rumor de la deserción de Francisco Félix, pasado a “rojos”. Los actos contrarios al Movimiento habían sido numerosos, también clasificados (f. 4):

1º) Los primeros días de Alzamiento, Patrocinio había enviado como emisarios a Carpio de Azaba al ugetista Felipe Fandiño y a Joaquín Félix, para que allí se enterasen de las noticias por radio; y había ordenado a los obreros que hicieran huelga, sin salir a segar, para estar dispuestos a seguir las consignas que recibieran de Ciudad Rodrigo.

2º) La noche del 6 de agosto, el Secretario avisó al alcalde, Alfonso Casado, cuando lo buscaban “policías de Ciudad Rodrigo”, para que huyera. Había dado cobijo en su casa a “marxistas de Ciudad Rodrigo”, facilitándoles la huida a Portugal, con la ayuda de portugueses conocidos; y a imitación suya se habían refugiado en el pueblo otros huidos de Carpio de Azaba y El Bodón.

3º) Las maniobras del mismo Secretario habían permitido también que quedaran sin sancionar actos contrarios al Movimiento denunciados por el que fue jefe de la Guardia Cívica y de Falange, Antolín Santos: resistencia a pagar la cuota correspondiente a la suscripción para el Ejército en agosto de 1936, por parte de los ugetistas Santiago Calzada, Isaac Calzada y Melchor González; ofensas a la bandera nacional por Felipe Fandiño; resistencia a quitar la bandera tricolor del estanco; reuniones marxistas en las eras y en el centro de la Sociedad Obrera; aparición de letreros comunistas. Más tarde, en el homenaje al Generalísimo en julio de 1937, negativa de Patrocinio y otros a firmar en el pliego; amenazas del Alcalde a la jefa de Falange femenina, Carmen González Castilla, si salía con la hucha de Auxilio Social; resistencia de las autoridades a cooperar en los actos patrióticos organizados por la Falange.

4º) Los informes solicitados por los jueces militares habían pasado por las manos de Patrocinio, y por consiguiente éste había logrado ocultar su propia actuación y la de los “extremistas”, haciendo la vida imposible a los que tenían “la valentía de ser españoles en un ambiente rojo”; los antiguos afiliados a la Sociedad Obrera seguían ocupando los puestos en el ayuntamiento: el secretario Patrocinio Calvo, el concejal Daniel Prieto, el juez Alfredo Martín, el juez suplente y sacristán Lorenzo Fandiño.  Y Josefa Sánchez, posteriormente, enumeraba los miembros más señalados de la Sociedad Obrera: Alfonso Casado, alcalde a la sazón desterrado, los hermanos Enrique, Francisco y Joaquín Félix, uno de ellos presidente, Francisco Pérez, tesorero, Juan Antonio Francisco Prieto y Lorenzo Fandiño, todos ellos activistas alentados por Patrocinio Calvo, en las elecciones antes del Movimiento, en los actos contrarios a éste después.

El declarante mejor informado y fiable era sin duda el párroco, Wenceslao Casanueva, que llevaba diez años en el pueblo. De entrada consideraba  que todo el asunto respondía a “una lucha personal y venganza de unos vecinos con otros”. Conocía el pasado izquierdista, relativamente remoto, de Patrocinio Calvo y de otros vecinos, Enrique Félix, Francisco Prieto (fallecido), Francisco Pérez, Alfonso Casado (desterrado), “de izquierdas más de nombre que de convicción”; Patrocinio había dejado la política activa en 1933. En torno al maestro Antolín Santos se agrupaban derechistas del contorno, Rafael Vicente, de Espeja, Ángel Risueño, médico de Ituero, y Anacleto Montero, la denunciante Josefa Sánchez también era amiga del Maestro. Éste, en apariencia indiferente en política, tenía un pasado izquierdista, pues en las elecciones del Frente Popular había conseguido votos para su compañero Campos Redondo, de la candidatura comunista. Las desavenencias entre el Maestro y el Secretario eran debidas al carácter autoritario del primero y su deseo de imponerse, a lo que se había opuesto el segundo. Al producirse el Movimiento, Antolín Santos quiso presidir la Guardia Cívica y al no lograrlo se dio de baja, afiliándose a Falange,  de la que consiguió ser nombrado jefe local, cargo del que fue sustituido al conocerse sus pasadas veleidades izquierdistas. En cuanto a la carta en cuestión: “cree que la firmante de la denuncia Josefa Sánchez no es en realidad la que ha promovido este procedimiento, sino más bien su amigo el Maestro” (f. 6). Y las acusaciones de éste contra el Secretario eran infundadas, en lo cual estaban de acuerdo otros informantes locales, incluidos los mismos testigos derechistas solicitados, que no se atrevían a mojarse en favor de Antolín Santos.

Este último, en persona, todavía volvería a insistir en la letanía de cargos contra el Secretario, pero su credibilidad ya estaba bajo mínimos, como se refleja en el informe del instructor militar (12/05/38), cuyo parecer seguiría el Auditor de guerra (25/05/38) y confirmaría la Autoridad Militar. Patrocinio Calvo saldría sin responsabilidad de esta información, y Antolín y su amiga denunciante Josefa serían multados por falsedad en sus testimonios, con 50 y 25 pts., respectivamente, que ambos satisfarían en papel de pagos al Estado.   

Así pues, el maestro Antolín Santos perdió en su lucha particular contra el secretario Patrocinio Calvo y algunos de sus partidarios, al menos por la vía jurídica militar. Pero sus continuadas denuncias, unidas sin duda a las de otros derechistas locales, dieron su fruto para la “limpieza política” de Campillo, pues por la vía gubernativa en 1937 fueron molestados casi una veintena de vecinos, la mayoría ya mencionados, incluido el mismo maestro:

1 Joaquín Félix Gómez, 2 Alfonso Casado Zamarreño, 3 Juan A. Francisco Prieto, 4 Lorenzo Moreno Gómez, 5 Saturnino Pérez García, 6 Enrique Félix Martín, 7 Emiliano Francisco Calzada, 8 Manuel Harvalejo Ramos, 9 Manuel Calzada González, 10 Jesús Francisco, 11 José Harvalejo García, 12 Nicolás Méndez González, 13 Jesús Fandiño Mangas, 14 Antonio González Pedraza, 15 Cándido Sánchez Matos, 16 Benedicto Sánchez Francisco, 17 Benigno Arbalejo Martín, 18 Antolín Santos (AHPS: 162/37).

 

Hasta ahora no se ha comprobado la represión exacta que sufrieran todos estos vecinos. De modo que oficialmente el total provisional de campillejos represaliados ronda la decena:

-víctimas mortales: 0

-víctimas carcelarias: 5

-depurados: 3 (2 de ellos también presos)

 

-sancionados, embargados: 7 (4 de ellos también presos)

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