Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936: Sacas esporádicas o no contabilizadas (I): Ciudad Rodrigo. Total provisional de afectados por la represión e

Después de la saca carcelaria en la noche del 15 al 16 de diciembre (croniquilla de este día) no se han comprobado claramente otras de este tipo, aunque hubo excarcelaciones en Ciudad Rodrigo hasta finales del 1936, algunas de las cuales dejan margen para la duda (Iglesias, Represión franquista: 310). Sin embargo, antes de pensar en un balance sobre la represión sangrienta del verano y otoño de aquel año, dado que la encuesta en modo alguno puede darse por concluida, conviene echar un vistazo atrás, para comprobar los olvidos y casos esporádicos que afectan a vecinos y forasteros en Ciudad Rodrigo y su comarca. Son bastante numerosos y ello obliga a una descripción desdoblada entre los afectados de la cabecera y los del partido judicial.  

En Ciudad Rodrigo, hasta abril de 2016 se habían contabilizado 69 personas (no incluidas por nosotros con represaliados de otra localidad) entre naturales, vecinas  o forasteras represaliadas aquí, sin tener en cuenta los casos dudosos (Represión franquista: 576), a los cuales hay que añadir tres víctimas mortales indirectas. De estas últimas no se ha tratado en las croniquillas hasta ahora y entre las primeras se comprueba el olvido de algunas (el olvido más llamativo es el de Félix González Cabrera, presidente de la Sociedad Obrera). Esta deficiencia se corrige a continuación, aunque, aparte de la identificación nominal, las fuentes utilizadas ofrecen escasos datos. Por esta razón, ahora más si cabe que al principio, se espera que los eventuales lectores ofrezcan la información detallada que les parezca oportuna.

 

Victoriano Gómez Iglesias, jornalero, casado, padre de una hija. Según ésta fue fusilado. La ASMJ no ofrece otros datos de su expediente de huérfanos (AMRC, 10-3).

Félix González Cabrera, de 31 años, presidente de la STT (Viudas / Desaparecidos), casado, sin indicación de filiación, nombre de la esposa y eventual descendencia, domicilio y profesión. Había ingresado en la cárcel del partido judicial, como “detenido [militar]”, el 31 de julio de 1936, y salió el mismo día; reingresó el 1º de agosto de 1936 y fue excarcelado el 15 de septiembre de 1936 (Desaparecidos 1936), en una saca clandestina (descrita en la croniquilla del pasado 15 de septiembre). Falleció “en la dehesa de Aceñuelas de este término municipal [de Ciudad Rodrigo] el día de hoy [15 de septiembre de 1936] a las 5 horas y 30 minutos”, “a consecuencia de heridas producidas por arma de fuego”, y fue enterrado en el cementerio municipal de Ciudad Rodrigo (RCCR, act. def. 15/09/1936, “en virtud de oficio dirigido a este Registro Civil de fecha de hoy por el Cap. Instr. Marcelino Ibero”). Se menciona entre los responsables políticos y sindicales que asistieron a las reuniones del Ayuntamiento los días 18 y 19 de julio de 1936 (Ju.Sum.265/36: f. 18). Y según la certificación de una declaración del concejal Francisco Oliva Pastor (04/08/38) en el Procedimiento sumarísimo 84/37, Félix González fue destinatario de uno de los tres revólveres que el 19 de julio fueron entregados por el jefe la Policía Urbana, ninguno de los cuales sería usado.

[X] López Andrés, hijo de Celedonio López “el Barrendero” (asesinado el 12 de mayo de 1936). Fue víctima de una saca en fecha indeterminada de los primeros meses del Alzamiento y en lugar desconocido, según el expediente de su hermana Francisca (AMRC,  450). Datos incompletos en el listado de la ASMJ.

Juan Martín Prieto, de 54 años, natural de Fregeneda, hijo de  Raimundo y María, vecino de Ciudad Rodrigo, “viudo en primeras nupcias de Adoración (¿?) del Río, de cuyo matrimonio existen tres hijos (…), mayores de edad los primeros y menor el tercero, y casado en segundas nupcias con Aurora Prieto Rubio, de cuyo matrimonio no existe descendencia”. “Falleció en el término de San Felices de los Gallegos el día 10 de septiembre de 1936”, sin indicación de la causa y lugar de enterramiento (RCCR, act. def. 11/08/1939, según “expediente tramitado a instancia de Doña Aurora Prieto Rubio”). En la causa seguida contra Agustín Calzada, Jefe comarcal y local de Falange, Emeterio Martín García, agente del juzgado de 1ª instancia de Ciudad Rodrigo, declara que dicho jefe le pidió a Aurora Prieto Rubio 3.000 pesetas, para no matar a su marido, quien tres días después “desapareció”, según rumor público (02/07/38, C.2133/37 : f. 421).

Isidro Moro Francisco, de 32 años, hijo de Juan Antonio y Joaquina, jornalero, casado con María Morán Cepa, con quien tenía cuatro hijos. Falleció el 9 de setiembre de 1936 en San Felices de los Gallegos, víctima de una presumible saca (act. def. 27/04/1944 y 02/06/1957, ASMJ).

Juan José Román García, vecino de CR, casado con Asunción Benito, víctima de una saca en fecha indeterminada y lugar desconocido, según datos insuficientes de los expedientes de viudas y de huérfanos (AMCR, 458 y 10-3) recogidos en la base de datos de la ASMJ.

Ángel Sierro Díaz, vecino de CR, jornalero, casado con Salud Perancho, víctima de una saca el 16 de septiembre en lugar ignorados (expediente personal de su viuda, 460, AMRC). Datos incompletos en el listado de la ASMJ.

Francisco Soto Rico, vecino de CR, carpintero, casado con Esperanza Sánchez víctima de una saca el en fecha y lugar ignorados, aunque según el expediente de su viuda habría sido “condenado a muerte como elemento de izquierdas”  (AMRC, 460, y expediente de huérfanos, 10-3). Datos incompletos en el listado de la ASMJ.

 

El necrologio mirobrigense provisionalmente se completa con tres víctimas indirectas.

 

Victoriano Cabrera Hernández, de 24 años, hijo de Julián y Antonia, jornalero, soldado. Falleció a sus 28 años, de enfermedad contraída en la cárcel (31/08/41). Había sido procesado cuando servía en el  en Rgto. La Victoria, nº 28,  por efectuar un saludo “puño en alto”, dirigido al cabo José Moreiro Acosta, que le correspondió con una sonrisa (C. 875/37). Las explicaciones de Victoriano y de José no bastaron para evitarles, después de la detención en el Cuartel de Infantería (11/03/37), el procedimiento que pondría en evidencia su pasado izquierdista y los llevaría al Consejo de Guerra (23/06/37), en el que fueron condenados ambos a la pena de 12 años de prisión mayor y destino al Cuerpo de disciplina para los dos durante el tiempo de la condena. Los condenados ingresaron en la Prisión Provincial (02/09/37), procedentes del Cuartel de Infantería. La notificación (1944) de la conmutación de la pena de 12 años por la de 6 años y un día  nunca le llegaría a  Victoriano, pues había fallecido en Ciudad Rodrigo (31/08/41), donde la muerte quizá le sorprendería “en libertad condicional”, sin que conste la importancia que tuviera en este destino fatal su paso por los Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares un año antes (02/12/40), adonde había sido trasladado de la Prisión de Salamanca, según oficio de ésta (07/05/44).

Martina Iglesias Molinero, de 29 años, natural de Espeja, vecina de Ciudad Rodrigo Espeja, hija de Nicolás y Petra (vecinos de Espeja, ambos represaliados), ama de casa (“sus labores”), casada con Leonardo Ángel García González, madre de tres hijos menores. Oficialmente falleció de enfermedad (25/03/40) en la prisión de Saturrarán (C.1591/37), aunque también se ha especulado con la posibilidad de que fuera ejecutada. Este aspecto se evoca y su trágico destino, así como el ensañamiento de sus represores que después de muerta la sancionaron con 100 pts de multa aun siendo insolvente (AHPS: 414), se describe con cierto detalle en La represión franquista (Iglesias 2016b: 573-575). Pero aquí puede ser de interés pedagógico la descripción del proceso que se le siguió, porque ilustra bien el ambiente que se vivía en la retaguardia franquista dentro de aquel sistema represivo y policial en que se asentaba el estado franquista.

El 5 de agosto de 1937 Agustín Calzada Hernández, jefe local de Falange, denunció a su vecina Martina Iglesias por unos gritos subversivos presuntamente pronunciados unos días antes por un hijo suyo de corta edad (4 años), sin que ella se lo reprendiera. La denuncia le atribuía “ideas extremistas”, expresadas antes del Movimiento en mítines, manifestaciones y reuniones, particularmente con el intento de aviso a los obreros para que castigaran a los hermanos Domínguez, a raíz de la muerte del famoso “barrendero” (Iglesias, en Carnaval 2016: 385). Según el atestado instruido por José Boada Marcos, jefe de la Policía Gubernativa en Ciudad Rodrigo, esta denuncia se hacía eco de las acusaciones de varias vecinas de Martina en la calle del Rincón de la Pasión: Magdalena Blanco Regato, Felicidad Jiménez Cruz, Antonia Mederos Cañada y Antonia Jiménez Cruz; pero el mencionado responsable de la represión en la Ciudad tergiversaba los hechos evocados, ocultando la identidad de los agentes y pacientes, pero  sin olvidar de poner en el saldo negativo de Martina su escaso entusiasmo por el “triunfo de los Nacionales”, que a ella le parecía “dudoso”.

Aunque las vecinas mencionadas rivalizan en entusiasmo por acusar a Martina Iglesias, la más explícita es Magdalena Blanco. Para empezar, trae a colación una manifestación de júbilo de la denunciada por la muerte del general Sanjurjo, siendo además, a pesar de su analfabetismo, referencia informativa de alguna de las otras denunciantes, como Felicidad Jiménez. Esta última, esposa del mencionado jefe de Falange, cree saber por aquélla que Martina había confeccionado “banderas marxistas” para Espeja, pero también conoce, como testigo directo, la falta de entusiasmo de la misma por el éxito del Ejército nacionalista en la toma de Bilbao (19/06/37), así como los gritos subversivos del niño (Antonio García Iglesias) porque éste juega con uno de la declarante. La hermana de esta última, Antonia Jiménez Cruz, tratará de implicar en la tolerancia de dichos gritos al padre del niño, aunque el testimonio de un agente de Seguridad lo dejará fuera de sospecha.

Estas rencillas y comidillas entre vecinas y vecinos, que tendrán graves consecuencias para la denunciada, vienen a ser  una especie de cuento de nunca acabar, pues las declaraciones de unos acarrean las de otros, así como ratificaciones redundantes. Magdalena Blanco insiste en el desafecto de Martina por el Ejército, manifiesto desde la llegada de soldados de Salamanca, para proclamar el estado de guerra, circunstancia en que Martina incluso habría proferido amenazas contra quienes los aplaudían. Felicidad Jiménez describe un caso análogo con la llegada de soldados heridos en el frente de Brunete, sin que Martina respondiera a los gritos nacionalistas ni saludara “a la romana” (C.1591/37: f. 9). Los nuevos declarantes confirman en todo o en parte las acusaciones contra Martina: María Aranda Río sólo recuerda las frases sobre la muerte del general Sanjurjo; Faustina González Aranda está al corriente de todos los cargos, incluido el izquierdismo de Martina, visible en todas las manifestaciones y mítines; Teresa Domínguez García confirma el episodio de los hermanos Domínguez y el asunto de las banderas; pero las declaraciones de Valeriano Encinas no aparecen en la copia del expediente. Es muy desfavorable el informe del Sargento Jefe del Cuerpo de Seguridad, que por añadidura pone de relieve que Martina no dejaba descansar a un guardia, con “cantares que sólo son insultos para él”, como el guardia en cuestión, Ildefonso García, viene a confirmar más tarde, corroborado por otro agente, que con más o menos pertinencia recuerda que Martina antes del Movimiento era contertulia de la maestra Antonia García Martín, que también había sido detenida (Iglesias 2016: 541)

De la instrucción de la C.1591/37 en el juzgado militar nº 1 de los do que funcionaban en Ciudad Rodrigo se encargó Antonio Cordobés Pacheco, capitán de Infantería retirado, En las sucesivas declaraciones ante este juez militar, Martina Iglesias se limita a negar todos los cargos que se le imputan, contradiciendo algunos testimonios adversos, pero sin molestarse en dar muchas aclaraciones, aparte del caso de la “bandera roja”, sobre el cual ofrece una explicación coherente en la segunda declaración. Había sido un encargo de Nicolás Méndez Álvarez, un vecino de Espeja, para la Sociedad Obrera local, con el fin de que se estrenara el primero de mayo (f. 20vº). Dicho vecino de  Espeja a la sazón estaba preso en Salamanca, en relación con este asunto, así como Vicente José Juan, “elemento de la directiva” y hermano del presidente de dicha Sociedad, aunque la bandera  no había sido hallada en las pesquisas efectuadas por Guardia Civil al comienzo del Alzamiento, porque los sindicalistas la habrían quemado (f. 37). La confección corrió a cargo de una modista de la Colada, que Martina designa por el mote de “la Cubana”, siendo su verdadero nombre Aurelia Sánchez Álvarez, que, por ser natural de Fuenteguinaldo y llevar los mismos apellidos, cabe suponer que era hermana del alcalde republicano, Francisco Sánchez Álvarez, quien por esas fechas estaba procesado también. Esta modista corrobora la declaración de Martina, sin entrar en demasiados detalles, pero revelando que la bandera se destinaba a la “Sección de la Tierra del pueblo de Espeja”, inscripción que ella misma bordó, habiendo sido remunerada por ello (f. 24). Tampoco son muy pródigas en sus declaraciones las otras personas que la propia Martina menciona como testigos: Fernanda Romero Gomezcaro, Amalia Parra Regidor, María Martín Ramos y Ángeles Ortega Soler. Todas ellas muestran una gran discreción, conforme a una estrategia prevista para no dar motivo a nuevas preguntas capciosas. No saben o no han oído nada de lo que se cuenta de Martina, si bien la más notable por su falta de curiosidad es Ángeles Ortega, quien, refiriéndose a los sucesos del día 13 de mayo de 1936, afirma que, después de asomarse con sus hermanas al balcón al oír las campana del reloj y los gritos obreristas en la calle, lo cerró y se fue a descansar, sin enterarse de lo que pasaba, porque “con motivo de oír decir U.H.P. tomaron miedo” (f. 23).

Martina Iglesias Molinero tenía las ideas obreristas bien arraigadas, sin duda adquiridas en su casa natal de Espeja, de donde partió para servir en Ciudad Rodrigo a sus 14 ó 16 años, según el informe de la Guardia Civil (21/08/37). Éste señala que el padre, Nicolás Iglesias Vicente (a) “Puchana”, perteneció y fue vicepresidente de la sociedad de “La Tierra y Oficios Varios” y trabajó por el triunfo del Frente Popular, y su madre, Petra Molinero Sánchez, era “mujer habladora y provocativa”, asidua de actos y manifestaciones izquierdistas, y por ello ambos estaban detenidos en la cárcel de Salamanca. Pero los dichos atribuidos a Martina Iglesias, cuya veracidad era difícil de comprobar, no habrían pesado tanto en su destino a no ser por el asunto que realmente importaba en este expediente. De hecho, la hostilidad de sus convecinos remontaba al asunto de “la muerte del Barrendero” el 12 de mayo de 1936, más arriba evocada, que había obligado a los implicados a esconderse. Martina Iglesias había querido denunciarlos ante los compañeros de la víctima. En la instrucción del proceso los jueces e instructores militares, fieles al mecanismo que protegía la impunidad de los represores, no identifican a la víctima ni a sus agresores, pero en este caso ya se conocían de antes.

A Martina la detuvieron el 6 de agosto de 1937. Después del atestado, el juez ordenó su procesamiento, que terminaría en un Consejo de Guerra (Salamanca, 25/09/37), presidido por Federico Acosta Roldán, coronel de Infantería. La condenaron a 20 años y un día de prisión por “adhesión a la rebelión”. En seguida fue devuelta a la cárcel de Ciudad Rodrigo, donde había estado detenida durante el proceso. Por estar embarazada, ingresó en la Casa de Maternidad (16/01/38) hasta dar a luz a una niña (16/03/38), después devuelta a su cautiverio (31/03/38). Sus avatares carcelarios terminaron en Saturrarán (Guipúzcoa). Nunca le llegaría allí la notificación de que la pena inicial le había sido conmutada por 12 años de prisión (12/02/44), pues estaba muerta desde hacía casi cuatro años, según un oficio del centro penitenciario: “falleció en la enfermería de dicha prisión el 25 de marzo de 1940”. Pero, como se apuntó al principio, la veracidad de tal aserto está en tela de juicio.

Amador Moreno Matilla, de 25 años, natural de Ciudad Rodrigo, vecino de Salamanca, peluquero. Falleció de enfermedad (31/03/42) en la cárcel provincial, donde había ingresado en 1941 (López-Delgado 2007: 176).

 

El total provisional de personas afectadas por la represión cruenta y otras modalidades en Ciudad Rodrigo (naturales, vecinos o forasteros represaliados en esta localidad no contabilizados en otros listados locales) asciende a 188:

-víctimas mortales: 72 (tres de ellas indirectas)

-víctimas carcelarias: 95

-víctimas de la depuración: 25 (dos de ellas asesinadas y 6 también presas)

-sancionadas: 10 (una víctima muerta y 5 también presas).

 

En Ciudad Rodrigo, como en las otras localidades, existe una represión ignorada o no reconocida, que es una inmensa y dificultosa labor que está por hacer, aunque se tienen algunos indicios que se pueden exponer aparte. 

 

 

 

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