Croniquillas del verano y otoño sangriento de 1936: la saca carcelaria del 16 de diciembre de 1936. Ángel Iglesias Ovejero

La última saca comprobada de la cárcel de Ciudad Rodrigo tuvo lugar cuando, al cabo de varias semanas, parecía terminado el recurso a esta vía criminal expeditiva. Por la extracción social de las víctimas elegidas tiene algún carácter de “limpieza” selectiva, pues se trata de vecinos mirobrigenses, con cierta holgura económica, funcionarios o profesionales, varios emparentados entre sí o con otras personas ya eliminadas por la vía judicial o extrajudicial. Eran personas conocidas, cuyo destino trágico ha dejado huellas perceptibles en la memoria familiar y local. Tanto es así que, contrariamente a otras sacas, en esta se conocen antecedentes y consecuentes. Entre las motivaciones, la información oral y escrita confirman que algunos eliminados, por sus ideas republicanas, habían tenido encontronazos con Antonio Cejudo, capitán de la Guardia Civil, que había sido trasladado a Badajoz y ahora había vuelto sin duda resabiado. Este capitán, en la tarde del día 15, ordenó el ingreso en dicha prisión de ocho vecinos, siete de los cuales fueron sacados en la madrugada del día 16:

 

1 Serapio García Alaejos, 2 Avelino Martín Cascón, 3 Evaristo Pino Castaño, 4 Eduardo Aparicio Fernández, 5 Olegario Niño Caballero, 6 Alfredo Miguel Plaza, 7 Emilio Martín Donoso, 8 José María Sevillano Piñero.

 

A excepción de Serapio García (nº 1), que era director de la banda municipal y se libraría de la ejecución gracias al apoyo de personas influyentes, estas personas el día 16 compartieron los avatares finales en una “finca del camino de Gazapos” o en la “finca de Ravida”, pues existen versiones divergentes sobre este detalle. Antonio López en sus informes policiales de 1979 se pronuncia por el primer paradero, sobre todo en el de Emilio Martín (nº 7, de quien al parecer era yerno dicho policía), muy explícito en detalles (infra). Describe la ejecución y enterramiento de las siete víctimas en una “finca de un tal Dionisio” en el “Camino a Finca de Gazapos” (Pedrotoro), que sale a la izquierda de la carretera de Zamarra-Serradilla (y por tanto a la altura de La Caridad) a unos 300 metros. Según el testimonio de Juan José Aparicio (2004), hijo de una de las víctimas, Eduardo Aparicio, la denominación exacta del lugar del asesinato y enterramiento es la dehesa de Ravida, propiedad de la familia Casanueva, cuyo montaraz y rentero, Manuel Vicente Barrado, fue quien informó a algunos familiares de las víctimas del lugar exacto de la fosa (CR 2009). La familia de Eduardo recibió autorización verbal para llevarse su cadáver a Béjar, en cuyo cementerio fue enterrado. Los otros seis cadáveres permanecieron allí poco tiempo, en el denominado “Paraje de los Muertos”, hasta una fecha indeterminada en que misteriosamente desaparecieron, sin constancia de la autoría del hecho ni del destino de aquéllos, aunque hubo rumores de que habían sido llevados al puerto de Perales (López-Delgado 2004: 167-171). En este supuesto es posible que esta vaga indicación se refiera al paraje de Carvajales (Iglesias, Represión franquista: 288-294). En el procedimiento incoado en 1937 para la aclaración de las causas de la desaparición de Eduardo las personas implicadas se inhibieron con la excusa de que había sido “puesto en libertad” (Ibíd.: 308-311, 380-381, 161).

La identificación nominal, el perfil social y algunas circunstancias particulares de cada uno se conocen por la doble información apuntada, escrita y oral. En los expedientes personales de 1979 se añade el dato de la religión, que en otros casos no se indicaba. A excepción de Alfredo Miguel, cuya religión no se especifica, todos ellos pertenecían a la Iglesia Católica Apostólica Romana (“C.A.R.”).  

 

Avelino Martín Cascón, de 41 años, hijo de Lino y Teresa, con instrucción, agricultor, religión C.A.R., soltero (Exp.1979 / Desaparecidos 1936). Era hermano del alcalde Manuel Martín Cascón, ejecutado por sentencia de consejo de guerra (croniquilla del 30 de agosto) y primo hermano de Isabel Cascón Briega, esposa de Eduardo Aparicio, compañero de saca.

Evaristo Pino Castaño, de 62 años, natural de El Bodón, vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Luis y Agustina, con instrucción, funcionario municipal (empleado del Ayto.), religión C.A.R., viudo de Nieves González Manzano (act. matr. 13/02/1904, act. def. 11/03/1928), padre de dos hijos, uno de ellos menor (Exp.1979 / Desaparecidos 36).

Lo había llamado a declarar el juez de instrucción de Ciudad Rodrigo el 28 de julio, para que informara sobre la autoría de la requisa de coches cuyos oficios había redactado él mismo, con otros funcionarios, y fueron firmados por el Alcalde (J.Sum. 265/36: f. 46). Pero no consta que fuera detenido entonces. Posteriormente, en documentación reunida en 1987, se confirma que falleció en el término de Ciudad Rodrigo el 16/12/1936. Su acta de defunción (25/11/1938, “a instancia de D. Ladislao Rodríguez Manzano”) no indicaba la causa. En la información testifical (01/12/1987), Julián Gutiérrez Lorenzo, jubilado, declara que:

(…) le consta que en el mes de diciembre de 1936 fue detenido Evaristo Pino Castaño y sabe que posteriormente fue trasladado a esta Ciudad, ingresando en la cárcel del Partido, y al ser puesto en libertad, según consta en los archivos de la Policía Municipal de esta Ciudad, el día 16 de diciembre de 1936 fue muerto violentamente por mano del hombre y como consecuencia natural de la guerra de 1936-1939.

Y Antonio López Ramos, que en 1978 quizá sería jefe de la policía municipal, también ya jubilado en 1987, se expresa en términos parecidos, más precisos:

(…) le consta que en la noche del 15 al día 16 de diciembre de 1936, al salir de un grupo de detenidos de la Cárcel del Partido, fueron montados en una camioneta, enterándose al día siguiente que dicho grupo, entre el que se encontraba el Sr. Evaristo Pino Castaño, habían (sic) sido muertos violentamente por acción directamente del hombre en las proximidades de La Caridad, de este término municipal, todo ello como consecuencia de la guerra civil de 1936-1939” (Viudas, AMCR).

Eduardo Aparicio Fernández, de 39 años, natural de Béjar, vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Juan y María, con instrucción, director del Banco del Oeste, religión C.A.R., casado con Isabel Cascón Briega, padre de dos hijos menores (Exp.1979 / Desaparecidos 36), y, por tanto emparentado con los hermanos Manuel y Avelino Martín Cascón. A diferencia de los otros cadáveres, el suyo fue enterrado en Béjar, previa autorización verbal (supra, testimonio de su hijo Juan José; infra, cita del expediente de Emilio Martín Donoso).

Olegario Niño Caballero, de 55 años, natural de Cardenete (Cuenca) y vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Pedro y Anastasia, con instrucción, veterinario, religión C.A.R., “casado en primeras nupcias con Dª Esperanza Hernández Vallejo, de cuyo matrimonio no queda sucesión” (Exp.1979 / Desaparecidos 36). Según testimonios, Olegario Niño, veterinario municipal de Ciudad Rodrigo, era  dueño de un coche que le sería requisado. Había celebrado ostensiblemente el quinto aniversario de la República (CR 2009). Fue detenido en Malpartida y preso en Peñaranda de Bracamonte del 29 de julio al 4 de agosto. Falleció “en este término municipal [de Ciudad Rodrigo] el día 16 de diciembre de 1936”, “a consecuencia (tachado pero legible) de heridas de arma de fuego”, sin indicación de lugar de sepultura (RCCR, act. def. 22/04/1938). Lleva una nota marginal idéntica a la del acta de defunción de Alfredo Miguel Plaza (infra).

Alfredo Miguel Plaza, de 49 años, natural y vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Primo y Ana, con instrucción, industrial (comerciante), sin indicación de religión, interventor interino municipal, casado con  María Abril Contreras, padre de cinco hijos menores de edad (Exp.1979 / Desaparecidos 36). Antes de esta saca, había ingresado en la prisión del partido judicial el día 8 de octubre de 1936, como “detenido [militar]”, y salido el 16 de octubre de 1936. Falleció “en este término municipal el día 16 de diciembre de 1936”, “a consecuencia (tachado pero legible) de disparos de arma de fuego”, sin indicación de lugar de sepultura (RCCR, act. def. 13/04/1938, “a instancia de Dª María Abril Contreras”). En nota al margen del acta de defunción se indica:

En cumplimiento de lo dispuesto en la circular de los Registros y secretariado, publicada en el B. O. 10 de abril del actual se procede a tachar de oficio las palabras para precisar las causas de la muerte en la inscripción a que se refiere este folio. Ciudad Rodrigo, 30 de junio de 1939 (firma ilegible del visitador, que por cotejo de la misma se identifica con el juez de instrucción de Ciudad Rodrigo, Fausto Sánchez).

Su esposa fue llamada a declarar en la causa contra Agustín Calzada, jefe comarcal y local de Falange (C.2133/37), a quien conocía por ser cliente incapaz de satisfacer sus deudas, “por carecer de bienes”, en la ferretería de “Alfredo Corral”, como era conocido el establecimiento de Alfredo Miguel. A la familia le requisarían una bicicleta y una radio, sin vuelta. Todo ello, al parecer, antes de que a su marido los falangistas “lo mataran en una carretera próxima”, hallándose presente Calzada, y aparecieran las botas de aquél colgadas como trofeo en una taberna:

(...) que su esposo Alfredo Miguel Plaza, afiliado únicamente a la Congregación del Corazón de María y a la Cofradía del Silencio, sin pertenecer a sociedad política de ninguna clase, fue llevado un día de su casa por unos falangistas que dijeron le llevaban a dar un recado y después lo mataron en una carretera próxima, habiéndose enterado que de los que se hallaban presentes figuraba el señor Calzada y que prendas de vestir como las botas que su esposo llevaba puestas le han manifestado que han estado puestas en una taberna de esta Ciudad (…) que su esposo murió en diciembre de 1936 (Declaración de María Abril Contreras, Ciudad Rodrigo, 02/07/38, C. 2133/1937: f. 428vº).

Uno de los flechas llamados a declarar, Manuel Hernández Pérez, confirma que la requisa de la bicicleta se efectuó por orden de la Jefatura local de Falange, aunque no recuerda si emanó de A. Calzada o de E. Bravo (f. 433). Otro flecha, Víctor Guitián Fernández, ya había declarado que recogió dicha bicicleta en el Hotel Machero, por orden de Bravo (f. 433). Más tarde a la viuda le requisaron platos y cubiertos. Y esto se habría hecho por orden de Marcelino Ibero, pero de éste no se pudo recabar información (03/09/38), por estar destinado entonces en Castellón de la Plana (f. 552).

El juez instructor militar se interesó por estos asuntos, reclamando informes de la Guardia Civil, el Juzgado y la Alcaldía sobre antecedentes y actuación de Alfredo Miguel. Como era de suponer, los informes serían desfavorables, pues lo que con ellos se pretendía era ensuciar la imagen de la víctima de modo que su eliminación criminal quedara justificada. Los tres hacen hincapié en la “peligrosidad” de la víctima, enumerando casi idénticos “cargos”, seguramente partiendo de los mismos datos de archivo. Ahora bien, mientras el juez municipal Dionisio Moro (f. 529) y el alcalde Fausto San Dámaso (f. 542), sobre todo éste, acumulan los datos sin añadir alegatos esperpénticos, Florencio García Corral, brigada comandante del puesto de la Guardia Civil, no sólo especifica la andadura política y social de Alfredo, procurando cargar las tintas, sino que pinta un retrato infamante del mismo, con lo cual, paradójicamente, se adivina en su víctima el perfil de un republicano convencido y comprometido socialista. Alfredo pertenecía al Partido Socialista, ya antes de la República, y actuó en el Comité Ejecutivo de las elecciones de 1931, haciendo propaganda. Al triunfar la República fue tesorero de la Casa del Pueblo y ejerció eventualmente la presidencia de ésta en ausencia de Tomás Hernández (f. 529). Se reunía con izquierdistas y obreros en su propia ferretería y en el bar de “Barrigana”, beneficiándose a juicio del informante de la impunidad que le confería la presencia de los policías Luis Sánchez Rivero (ya ejecutado por sentencia de consejo de guerra; ver croniquilla del pasado 30 de agosto) y Ventura Moro. Anualmente festejaba el advenimiento de la República, el 14 de abril,  “fecha nefasta”, según el Brigada, quien, remontando en el tiempo, atribuye a Alfredo la intención de “alentar el espíritu revolucionario” en los sucesos de octubre de 1934, con misteriosas reuniones secretas en casa de Gaite Veloso (“fusilado”, ver croniquilla del pasado 30 de agosto), y la asistencia en Madrid a los mítines del “monstruo Azaña” en 1933 y 1936 (f. 527), todo ello como preparativo a las elecciones respectivas de dichos años, que se terminarían con el triunfo del Frente Popular. Concretamente, en Ciudad Rodrigo, Alfredo Miguel sería nombrado interventor municipal, según el informe del Juzgado (f. 529).

En este marco se produce un hecho que probablemente explica la inquina que satura el informe de Florencio García, fiel eco de la voz de su amo, uno de los más sañudos represores de Ciudad Rodrigo y su entorno. Alfredo Miguel habría asistido, en casa de Gaite, a la redacción de una denuncia contra Antonio Cejudo, capitán de la Guardia Civil, cuyo aborrecimiento de los izquierdistas vendría de lejos, pues había estado “siempre  en contraposición de esta clase de elementos revolucionarios y marxistas cien por cien” (C.2133/37: f. 527). El ministro de la Gobernación ordenó el traslado de Antonio Cejudo a Badajoz, en donde presumiblemente vería de cerca cómo se practicaba allí la represión militar, antes de volver a Ciudad Rodrigo en el otoño de 1936, en cuyo tramo final Alfredo y otros seis vecinos serían sacados de la cárcel del Partido y asesinados (15 a 16/12/36). Accesoriamente, Alfredo habría pedido el traslado de otros funcionarios desafectos al “fatídico Frente Popular”, sin que se aventure a señalar su efecto el Brigada, quien todavía señala como acto criminoso la presencia de aquél en el entierro del “Comunista” (13/05/36).

Extrañamente el informe del Brigada se deja en el tintero el detalle de que el día 16 de mayo en la ferretería de Alfredo Miguel se habían entregado una o dos escopetas de caza a los izquierdistas para defenderse de una presunta llegada de derechistas armados, un detalle que señalan los informes del Juzgado (f. 529) y la Alcaldía (f. 542). Quizá un leve temor al ridículo explique este silencio del Brigada, que, en cambio, pone de relieve la pertenencia de Alfredo al Comité Revolucionario, constituido en el Ayuntamiento el 18 y 19 de julio de 1936, para defender el orden republicano. Todo esto, para llegar a una conclusión espeluznante y esperpéntica: “se trata de un individuo peligrosísimo e indigno de vivir dentro de los pueblos civilizados” (f. 528). Todavía añade, en colofón, que “la peligrosidad de Alfredo” queda patente por su condición de lector (El Socialista, Libertad y Mundo Obrero), porque el Brigada debe de considerar la lectura como algo impropio de la civilización. Tratándose de una persona muerta, resulta patéticamente irrisorio que se la considere “peligrosísima” para el Movimiento. Ahora bien, juzgarla “indigna de vivir”, equivale a dar por justificada su muerte, sin juicio previo, y en consecuencia el brigada Florencio García casi explícitamente se solidariza con el asesinato de Alfredo Miguel.

 Emilio Martín Donoso, de 39 años, natural y vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Santiago y Filomena, con instrucción, hojalatero (industrial), religión C.A.R, casado con María de los Remedios Conde Amador, de cuyo matrimonio quedaban cinco hijos, el mayor de 16 años y el menor de dos (Exp.1979 y Viudas / Desaparecidos 36). Falleció “en esta ciudad el día 15 de diciembre de 1936”, sin indicación de causa ni lugar de sepultura (RCCR, act. def. del 11/12/1937, “en cumplimiento de lo ordenado por el Juez de 1ª Instancia de este Partido en fecha de 6 del actual, en virtud de auto dictado en 4 del mismo de conformidad con lo dispuesto en la orden de la Junta Técnica de Estado de 1º de noviembre de 1936, en expediente seguido a instancia de María Conde Amador”). En otra acta de defunción de la misma víctima (RCCR, act. def. 30/12/1938) se indica la profesión (industrial) y se aclara que la fecha del fallecimiento fue el 16 de diciembre de 1936. 

Por el informe policial de Antonio López Ramos sobre Emilio Martín Donoso (08/01/1979) del expediente tramitado a instancia de su viuda Remedios Conde Amador, se conocen otros detalles sobre la ejecución de esta persona y otras seis, así como la ubicación de la fosa en Pedrotoro:

Según se desprende de los informes fidedignos, al ser puestos en libertad por la Cárcel del Partido a las 2.30 del día 16-12-1936, a los siete y a la puerta de la referida Prisión los esperaba una camioneta con Guardias Civiles, los montaron y los trasladaron por la carretera de Zamarra-Serradilla del Llano, llegando a un camino a la izquierda de Pedro-Toro y en el lugar “hoy finca de un tal Dionisio” fueron ejecutados por un piquete que esproceso (sic) vino del puesto de Alberguería, hecha la fosa se valieron para echar tierra encima de otros señores catalogados como de izquierdas para enterrarlos, acreditándose por el vecino que vive en la actualidad entre otros, que los siete lo fueron en la tierra indicada en el Camino a la finca de Gazapos a unos cien metros de la esquina y de ésta dista a la carretera de Monsagro-Serradilla, unos 300 metros, camino que dista de esta localidad, 4.800 Km (sic). Unos dos o tres días de ejecutados, los familiares de Eduardo Aparicio Fernández y bajo su responsabilidad en las circunstancias de aquella época, exhumaron su cadáver y lo trasladaron a Béjar, enterrándolo en la referida localidad, quedando los seis en el lugar de ejecución” (Viudas, AMCR).

Testimonios familiares  recientes (CR 2016) señalan actos vejatorios contra esta víctima, similares a los practicados contra Alfredo Miguel, con quien habría salido atado y en parte despojado de sus prendas vestimentarias. La viuda de Emilio (dueño de una ferretería en la calle de Madrid) reconoció sus zapatos, usados por uno de sus presuntos ejecutores, que en esta u otras ejecuciones extrajudiciales, festejaban sus hazañas macabras en un local ubicado en la calle de San Juan.

José María Sevillano Piñero, de 63 años, natural de Villar de la Yegua, vecino de Ciudad Rodrigo, hijo de Miguel y Josefa, ferroviario jubilado, con instrucción, religión C.A.R., casado con María Vicente Antúnez, padre de una hija mayor de edad (Exp.1979 / Desaparecidos 36). Fue detenido “por fuerzas de la Guardia Civil en Villar de la Yegua sobre las 3 de la tarde del día 15 de diciembre de 1936, llevado al puesto de la Guardia Civil de esta localidad. Ingresando en el Depósito Municipal”  (Viudas / Desaparecidos, AMCR). Falleció “en este término municipal el día 16 de diciembre de 1936”, sin indicación de causa ni lugar de sepultura (RCCR, act. def. 06/07/1938, “a instancia de Dª María Vicente Antúnez, cuya orden ha sido presentada por D. Cipriano Piñero García”). Sobre la detención y lugar de asesinato se pronuncia Antonio López Ramos en su informe policial de 1979:

(...) ingresado en el Depósito Municipal, es decir en aquel entonces la Cárcel del Partido, en unión de siete más y a disposición de la Autoridad Militar, siendo puesto en libertad a las 2,30 de la mañana del 16 [de] diciembre de 1936, hora en que fue recogido por una camioneta con los indicados y en el paraje de una finca de Gazapos ejecutados y enterrados (Viudas, AMCR).

 

Así pues, “como en tantos casos señalan los testimonios, pueden rastrearse motivaciones personales. El informe policial de 1979 señala claramente la autoría de la ejecución por parte de guardias civiles. De ordinario éstos no solían dejarse ver mucho en las sucias tareas, pero en este caso el capitán de la Guardia Civil, que había dado la orden de detención, tampoco podía ignorar la llegada para la ejecución de “un piquete ex profeso del puesto de Alberguería”, donde estaba concentrada parte de la compañía de la Guardia Civil, y por tanto dicho piquete necesitaba la orden del Capitán para desplazarse. Este capitán era Antonio Cejudo, celoso represor que tenía cuentas pendientes con algunos de los integrantes de esta saca o al menos con Alfredo Miguel, a quien consideraba responsable, junto con socialistas ya ejecutados, de su anterior obligado traslado a Badajoz” (Iglesias, Represión franquista: 309).

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