Las víctimas mortales de la represión procesal en el Campo Charro. Necrologio de Cabrillas. Ángel Iglesias Ovejero

En general, la represión de los pueblos del Campo Charro, más o menos cercanos del nudo de comunicaciones ferroviario de La Fuente de San Esteban, corrió a cargo de los comandos de la Guardia Civil enviados desde la Comandancia de Salamanca (croniquilla del pasado 25 de julio). Quizá por esta razón fueran menos frecuentes las sacas extrajudiciales, porque los miembros de los Institutos armados, en previsión de una posible responsabilidad si el gobierno republicano se hacía con el control de la sublevación, exigirían que las órdenes importantes de los mandos fueran formuladas por escrito. Pero esta apreciación sobre el efecto benéfico de la implicación directa de la Guardia Civil quizá sea fruto de una falta de información suficiente. Lo cierto es que los contrastes sociales y los incidentes entre los jornaleros y los patronos del campo, relacionados con la reforma agraria y la normativa laboral, fueron similares a los de otras zonas. Y la oposición al Alzamiento mediante la huelga en período de la siega fue incluso más seguida en localidades de este territorio. Por todo ello, como sucedió inicialmente en Retortillo, la persecución contra los huelguistas se llevó a cabo por la vía procesal de la jurisdicción militar, que produjo algunos muertos en pueblos limítrofes de la comarca mirobrigense, como San Muñoz y otros de El Abadengo (Iglesias, Represión franquista: 313).

En Cabrillas, municipio en que antes del Alzamiento se habían producido incidentes parecidos a los evocados, también hubo una víctima mortal de la represión jurídico-militar, pero por razones diferentes. La única hasta ahora identificada del necrologio de esta localidad.

Maximino BENITO DE SAN GUILLERMO, de 22 años, hijo de José Antonio y Escolástica, soltero, jornalero. Falleció (23/10/36) por ejecución de sentencia de consejo de guerra (29/09/36). Lo procesaron por manifestaciones tendenciosas, debido a que no compartía el entusiasmo de otros soldados con respecto al triunfo del Movimiento e incluso llegó a sugerir la posibilidad de pasarse al frente republicano, lo que sería calificado de tentativa de deserción (C.531/36). Estuvo preso en los calabozos del Regimiento de Infantería y pasó a la cárcel provincial para la vista de la causa. Quizá por la impresión de la sentencia tuvo un síndrome “hiposistólico”, que requirió su ingreso en el Hospital de la Trinidad (12/10/36), pero fue devuelto a la prisión para ser ejecutado el mismo día que el maestro Celso Escanilla, alcalde de Bogajo, y los promotores de la huelga en Retortillo, Máximo Muriel, Cristino Martínez y Celso Moro. Y esto lleva a pensar que el 23 de octubre los mandos de Salamanca, en cierto modo programaron una saca carcelaria por ellos mismos legalizada, mediante aquellos consejos de guerra esperpénticos.

No hay constancia de que los soldados delatores recibieran condecoraciones o premio alguno, como tampoco se tiene constancia de la reacción moral que tuvieran al comprobar la condena y ejecución de un compañero. Los mandos tenían vacunados a estos hombres jóvenes contra ese tipo de alicientes y de posibles remordimientos, explicándoles que era parte del “cumplimiento del deber” (una explicación que también tuvo mucho eco entre los denunciantes civiles, sin que al parecer los haya dejado plenamente satisfechos, pues nunca han reivindicado la condición de chivatos). Hubo otras denuncias análogas entre soldados, sin consecuencias tan graves, por ejemplo la de José Moreiro Acosta (C.875/37)

La consulta de los fondos del gobierno civil en el Archivo Histórico Provincial y de la documentación procesal revela que la toma de conciencia político-social y la afiliación sindical (Socorros Mutuos, STT) estaba bastante desarrollada en Cabrillas. Los vecinos más señalados fueron molestados por los represores. Andrés Garavís García, alcalde perteneciente o simpatizante de Izquierda Republicana, se había enfrentado con el secretario municipal, que ponía dificultades para el aprovechamiento de la dehesa boyal por parte de los afiliados de la Sociedad Obrera. Longinos Corcho, concejal, como presidente de esta Sociedad en 1932 o 1933, había liderado la parcelación del terreno comunal de Las Eras y después había apoyado al citado alcalde. Hubo maestros depurados y otros vecinos sancionados económicamente. De modo que, a falta de más información, la represión arroja un balance provisional de 14 afectados:

- víctimas mortales: 1

- víctimas carcelarias: 7

- depurados: 2

- sancionados, embargados: 4.