Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936.  La colaboración necesaria de los denunciantes locales. Alberguería de Argañán   Ángel Iglesias Ovejero

Por su situación fronteriza, La Alberguería de Argañán fue uno de los pueblos cuyo control fue objetivo militar prioritario, en el que colaboraron guardias civiles, carabineros y soldados, con un destacamento al mando de un alférez de caballería, Antonio Magdaleno, que era de los oficiales que participaban en la imposición y cobro de extorsiones, denominadas “donativos” por el ingenioso jefe de Milicias Fascistas, el alférez Ernesto Bravo (croniquilla del 27 de julio). Una vez usurpado el poder municipal, las detenciones y sacas represivas corrieron a cargo de los milicianos fascistas, sin duda forasteros al principio, y por ello tributarios de la necesaria colaboración de los denunciantes locales. La información no ha permitido establecer un inventario definitivo de víctimas mortales. De las actas de defunción fuera de plazo, fechadas en 1940, se deduce que las detenciones de Alberguería de Argañán tuvieron lugar el 10 de septiembre de 1936. La informante Tina, niña de 8 años entonces, recuerda que un día, cuando iba a comprar un abanico en la tienda de la Plaza, vio a Manuel “el Panadero” y otros cinco o seis jóvenes detenidos en “el camión”, custodiados por falangistas que cantaban el “Cara al sol”: Carlitos y Samuel (AdA 2009). Pero además de Manuel, solo otro asesinado ha sido claramente identificado: Gaspar Alfonso.  Agustín Pino, que era vecino de El Bodón, ya fue contabilizado con las víctimas bodonesas (croniquilla del pasado día 11).  

Manuel González Martín, de 33 años, hijo de José e Inocencia, carpintero, concejal republicano, casado con Emiliana Blanco Pascual, con quien tenía cinco hijos menores de edad, aunque el acta de defunción sólo menciona cuatro hijas, olvidando un niño que falleció tres meses más tarde que su padre (infra). Manuel González falleció en el “término de Ciudad Rodrigo el día diez de septiembre de 1936”, “a consecuencia de herida de arma de fuego”, sin constancia del lugar donde fue enterrado (RCAdA, act. def. 04/03/1940). Salvo homonimia total improbable, esta víctima sería el “industrial” de 31 años, sin indicación de naturaleza y vecindad, que habría sido expedientado y sacado de la cárcel (sin especificar) el 9 de diciembre de 1936, que registran López y Delgado (2007: 170). 

Gaspar Alfonso González, de 26 años, hijo de Francisco y Fernanda, casado con Josefa Córdoba, con quien tenía dos hijos menores de edad. Falleció en “la dehesa de Fonseca, término de Carpio de Azaba, el día once de septiembre de 1936”, “a consecuencia de haber aparecido muerto sin saber de qué”, sin constancia del lugar donde fue enterrado, pero se consigna que “desapareció de su domicilio en este pueblo el día diez de septiembre de 1936, y nació el 02-01-1910” (RCAdA, act. def. 21/09/1940).   

Hubo también otros capturados, desaparecidos y apaleados. Entre los detenidos militares se cuenta más tarde a Luciano Álvarez Rodríguez, recluso de la prisión del partido judicial, donde ingresó el 14 noviembre de 1936, como “detenido [del] Juzgado militar”, y salió a los tres días (17/11/36); después ingresó de nuevo (12/12/36) y salió al cabo de una semana larga (AMCR, Desaparecidos 1936), sin que esta libertad sea garantía definitiva de su vida; pero tampoco se ha comprobado de manera fehaciente que fuera víctima de una saca. 

Un caso análogo se plantea con José María Martín Sánchez, concejal republicano, en la comisión de policía urbana y rural, junto con Gaspar González Lorenzo (AMAdA, act. ses., 21/03/36, 22/03/36), a quien apoyó en la demanda para que el Gobernador delegara una persona con autoridad para la revisión de cuentas de los Ayuntamientos anteriores (AMAdA, act. ses., 03/05/36). Estuvo detenido en la cárcel de Ciudad Rodrigo 48 horas. Según testimonios, tenía dos hijos sirviendo en el ejército franquista, uno en Toledo y otro en Logroño, por influencia de los cuales fue liberado. Habría sido alcalde durante la República, pero su posicionamiento político resulta bastante ambiguo, a juzgar por el testimonio de una informante, según la cual ayudó a José Antonio Primo de Rivera a pasar de Portugal 300 pistolas. El intermediario sería un teniente de Alamedilla (CasdA 2009). 

Por ahora, sobre estos referentes es difícil pronunciarse sobre si fueron víctimas de la represión sangrienta de Alberguería. La misma duda subsiste con Antonio Rivas Neira, destituido en favor de Obdulio Sánchez González al producirse el Alzamiento. En todo caso, el necrologio de Alberguería incluye tres víctimas indirectas, dos hijos de Manuel González y un muerto en Dachau, pero seguramente se está muy lejos de la cuenta. 

Manuel González Blanco, de seis meses, hijo de Manuel y Emiliana. Fallecido “de sarampión” (10/12/1936), pero la falta  del padre en una fratría de cinco niños menores pesaría lo suyo en la falta de nutrición adecuada. 

Rosalía González Blanco, hermana del niño anterior, que murió pronto, según una informante de 80 años (AdA 2009), pero sin comprobar causa exacta (probablemente desamparo, enfermedad o malnutrición) ni fecha. 

Agustín Fernández Pascual, fallecido en el campo de concentración de Dachau (13/01/42), de quien no se tienen otros datos (MCU). 

La represión jurídico-militar y la gubernativa fueron también relativamente intensas, sin duda activadas por los denunciantes locales, entre los que se destacó el médico José Espáriz Sousa, que no se caracterizaba por el empleo de un lenguaje y unos modos muy acordes con su presunta labor humanitaria (Iglesias 2010b).  El 1º de febrero de 1938, este médico denunció a Alfredo Canillas Rodríguez, que ejercía de maestro interino en Ciudad Rodrigo, después de haber sido concejal republicano en Alberguería. A juicio de Espáriz, Alfredo constituía una buena ilustración de los grandes obstáculos con que se encontraba “la grandeza de España” diseñada por Franco (y de la que los vecinos de Alberguería y los españoles en general pronto tendrían una cabal idea con la experiencia de los “años del hambre”). Se trataba de los bajos intereses económicos de los aprovechados “agiotistas” (C.357/38: f. 3). Para el denunciante Alfredo Canillas era sospechoso de contrabando de dinero y hasta de dinero falso, al socaire de una tienda de ropas viejas que había tenido en Alberguería, donde acudían compradores portugueses, con la colaboración o el beneplácito de otros vecinos, de paso también denunciados como implicados en el pasado izquierdista de Alfredo, miembro sucesivamente del Partido Radical Socialista y de Izquierda Republicana, con cuyo carácter había entrado en la Gestora municipal del “nefasto Frente Popular”. En ese pasado izquierdista del denunciado, acusado de propagandista, se contaba también la introducción de la lectura del Heraldo de Madrid antes del Movimiento y, sin duda lo más grave en la perspectiva de los militares, en los primeros días del mismo se había servido de una radio, regalo anterior de Villalobos a la escuela de niños de Alamedilla (que tal vez sería Heliodoro Polo Blanco, depurado), para seguir las emisiones radiofónicas de Madrid en el café de Luciano Nava Pérez, otro gestor frente-populista de Alberguería. José Espáriz no dejaba títere con cabeza, empezando por el gestor Daniel Alfonso Acosta, que sería uno de los multados por Calzada y Bravo el 17 de septiembre de 1936 y estaba detenido en julio de 1938 (C.2133/37), el teniente de alcalde Francisco Sánchez Hernández y el jefe local de Falange, Santiago Dionisio González, sin olvidar al fabricante de electricidad Pedro Lozano Crespo, sospechoso de haber favorecido a los socios de la Casa del Pueblo y acusado de tener un hijo médico que, por haber servido a los “rojos” en Bilbao, había sido sometido a expediente, y de hospedar en su casa a un cuñado vecino de Murguía (Álava), lo cual, sin otras pruebas, era un indicio suficiente de aspiraciones separatistas (C.357/38). Esto da una idea del ambiente que se respiraba  en los pueblos fronterizos de la Raya portuguesa durante la guerra, lejos de los frentes de combate. 

 De este pueblo era natural Antolín Santos, el famoso maestro de Campillo de Azaba, con cuyos represaliados se cuenta. Su reputación sulfurosa como docente (ateo) no le impidió tomar la investidura de la jefatura local de Falange, que ejerció como tiranuelo y meticuloso denunciante, antes de ser él mismo cesado y depurado.