Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936. Las multas impuestas en Villar de Ciervo, Robleda y otras localidades ( 31/07/2016)

La sanción económica (imposición y cobro de multas, embargos, requisas y robos) era una forma casi benigna de violencia contra los republicanos en comparación con la eliminación física, la cárcel y los trabajos forzados. Por ello ha dejado menos huella en la memoria colectiva, a no ser las terroríficas multas impuestas por el capitán general de la 7ª Región a varios vecinos de Fuenteguinaldo en 1937. En la práctica el terror del Nuevo Estado manejaba todas esas formas represivas al mismo tiempo y, en concreto, la sanción económica y los asesinatos se imbrican y resultan complementarios a lo largo del período sangriento de 1936, pero las extorsiones empezaron antes que las ejecuciones extrajudiciales sistemáticas (segunda semana de agosto). El día 31 de julio los extorsionadores fascistas se presentaron en Villar de Ciervo (donde oficialmente se ha comprobado la recogida de 1.350 pesetas, pero los testimonios aludían a 15.000 pts.) y el 1º de agosto en Robleda. Más tarde, el día 11 de agosto visitaron Puebla de Azaba, el día 14 La Fuente de San Esteban y el 19 Alberguería de Argañán; pero sin duda hubo otras visitas menos documentadas. Estas razias eran transversales y los extorsionadores foráneos, como el alférez Ernesto Bravo y el sargento Juan Vázquez (GC), recorrían amplios territorios y convergían a veces en sus objetivos, como Vilvestre, pueblo ribereño visitado repetidas veces.

El modus operandi de estas exacciones violentas responde a las consignas y cautelas de opacidad previstas por los mandos militares (Mola, sobre todo) para las actividades terroristas del Nuevo Estado: tirar la piedra y esconder la mano. Como los agentes de la represión eran sabedores de que no tenían autoridad para imponer multas copiosas, coaccionaban a las autoridades locales (que también habían sido nombradas ilegalmente por militares rebeldes) para que convocaran a los vecinos denunciados y les impusieran la sanción que ellos se llevaban. Así pensaban asegurarse la impunidad, por si el curso de la guerra cambiaba o algún juez instructor o fiscal militar se ponía pesado en caso de denuncia por parte de los extorsionados, lo que éstos hacían rara vez, pues el auditor de guerra podía proponer una segunda sanción, como sucedió en Vilvestre.

En poco tiempo el método se fue haciendo cada vez más expeditivo. Al principio, la recaudación se efectuaba por sus pasos contados. Primero los “recaudadores” imponían la sanción a los izquierdistas señalados por sus colaboradores locales y en una segunda visita exigían el pago, utilizando como argumento persuasorio malos tratos y amenazas o, con una eficacia mucho mayor, recordando las eliminaciones ya efectuadas con los sacados de la propia localidad o alguna otra vecina. Los jefes comarcales pronto se cansaron de este lento protocolo e impusieron la sanción y el pago dentro de un plazo muy limitado en una sola visita, bajo amenazas de muerte o de aumento de la cuantía. Si la operación no les parecía bastante lucrativa, para otras visitas, recurrían a subalternos locales, que ellos mismos o los jefes superiores habían nombrado. Parte de las multas de septiembre en Puebla de Azaba fueron cobradas por el jefe de Falange de Fuenteguinaldo, Ezequías Hernández, y por falangistas de Casillas de Flores; y en La Fuente de San Esteban actuaron subalternos de Ciudad Rodrigo (C.2133/37). Algunos de estos jefecillos, engreídos y ya sintiéndose impunes, aventajaron a sus maestros en osadía, como Julio del Corral en Robleda y Félix Rodríguez en Peñaparda, que, sin contar otros robos, cobraron multas a algunas de sus víctimas antes de mandarlas ejecutar, como hacía el jefe de Falange de la Ciudad.

Todo esto tiene una perfecta ilustración con las aludidas multas impuestas en Robleda el día 1º de agosto, que no todos los multados habrían satisfecho antes del 15 de agosto. Según el testimonio en 1938 del secretario habilitado del juzgado municipal,  Laureano Enrique (“Roque”), después de la caza del hombre el día 13 de agosto de 1936 la represión se prosiguió al día siguiente, 14 de agosto, ahora en forma de multas a 33 vecinos, incluido el declarante. Fueron convocados por el alguacil Joaquín García Mateos para que se presentaran en el pleno de Ayuntamiento, presidido por el alcalde, Rafael Pedraza del Corral, auxiliado por el secretario del mismo, Rogelio del Corral Lozano. Allí se les notificó la cuantía que cada uno debía pagar, la cual en total ascendía a 13.000 ó 13.500 pesetas, que bajo pena de que “les darían el paseo en coche como les había ocurrido a los del día anterior”, les exigieron para las once del día siguiente, 15 de agosto. El método del terror surtió efecto inmediato. Las multas asignadas a cada uno fueron satisfechas, a cambio de un recibo firmado en que los multados reconocían “que voluntariamente donaban aquella cantidad para el Ejército”. Pero hubo tres excepciones de notables locales que no lo hicieron: el médico Víctor Viñuela Herrero, el maestro –que en 1938 sería jefe local de Falange– Gabriel Zato Vicente y el farmacéutico Marciano Delgado García, “todos ellos izquierdistas”, que debían de haber pagado entre 1.500 y 2.000 pesetas, que eran los contertulios habituales y parientes de Rogelio y Julio del Corral. Por esta razón, la cantidad recaudada que a finales de agosto la delegación municipal fue a entregar a la Falange de Ciudad Rodrigo ascendía a 9.050 pts. El declarante, Laureano Enrique, que no tenía constancia del motivo de este trato de favor,  pagó 500 pesetas.

Estos fueron los multados en Robleda en agosto de 1936, según la relación del Ayuntamiento (Iglesias 2016: apéndice I.5):

 Baldomero Campal García, 50 pts.; Miguel Caño Santos, 450 pts.;  Laureano Enrique Aldehuelo, 500 pts.; Félix Gallego Arévalo, 800 pts.;  Fructuoso Gallego Gil, 200 pts.; Antonio García Vegas, 200 pts.; Matías Lozano Pedraza, 50 pts.; Juan Martín Mateos, 50 pts.; Víctor Martín Mateos, 100 pts.; Fermín Mateos Carballo, 150 pts.; José Mateos Carballo, 100 pts.; Juan Mateos Carballo, 50 pts.; Fausto Mateos Mateos, 100 pts.; Sebastián Mateos Mateos, 100 pts.; Benito Mateos Prieto, 25 pts.; Felipe Ovejero Sánchez, 150 pts.; Agapito Pascual Moro, 400 pts.; Agustín Pascual Ovejero, 200 pts.; Francisco Pascual Ovejero, 100 pts.; José Prieto Carballo, 100 pts.; José Prieto Martín, 200 pts.; Pablo Prieto Mateos, 250 pts.; Juan Prieto Sánchez, 100 pts.; Bautista Ramos Alonso, 450 pts.; Félix Sánchez Carballo, 50 pts.; Francisco Sánchez Carballo, 700 pts.; Francisco Sánchez Mateos (menor), 50 pts.; Sabino Sánchez Ovejero, 75 pts.; Antonio Vicente Mateos, 50 pts.; Manuel Vicente Mateos, 250 pts.; Eduardo Villoria García, 3.000 pts. (C.2133/37: 535).

 

 

Como los registros y las detenciones, la imposición y el cobro de multas, que en el lenguaje represivo oficial se denominaban “donativos”, eran ensayos para “servicios de represión” de mayor calado. Ambas operaciones, como se ha apuntado, requerían la elaboración previa de relaciones nominales de izquierdistas en los ayuntamientos, con frecuencia bastante extensas, que después constituían la base de las famosas “listas negras” de republicanos elegidos para el sacrificio. En los listados de Robleda se aprecia que, entre la veintena de víctimas mortales, figuran cinco personas que habían sido multadas el 1º de agosto con otros izquierdistas por coacción de Ernesto Bravo y J. Agustín Calzada sobre el alcalde y los gestores facciosos: los hermanos Fermín, José y Juan Mateos Carballo, Sebastián Mateos Mateos y José Prieto Martín. No se debe excluir que las multas que habían sido impuestas a estas víctimas fueran pagadas por sus viudas.

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